Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales E-Book

Maristella Svampa

• Herausgeber: Editorial Biblos
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Sociedad
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2021

Seitenzahl: 707

Beschreibung

¿Es la minería un elemento dinamizador de la economía de las naciones, o solamente una actividad guiada por la necesidad del lucro inmediato aun a costa de la salud de la población y de la destrucción del medio ambiente? La investigación que se muestra en este libro demuestra la necesidad de una fuerte intervención ciudadana.

Leseprobe

MINERÍA TRANSNACIONAL, NARRATIVAS DEL DESARROLLO Y RESISTENCIAS SOCIALES

A esta altura de los tiempos, cualquier propuesta que se plantee como alternativa o modelo de desarrollo en una sociedad debe ser informada y sometida a la discusión pública. Sin embargo, en la actualidad muchos argentinos desconocen que la actividad minera, sostenida por grandes empresas transnacionales, en alianza con el Estado nacional y los diferentes gobiernos provinciales, busca extenderse desde el norte del país hasta la Patagonia, involucrando directa o indirectamente quince provincias argentinas. Lo particular de este tipo de minería (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación del medio ambiente, genera cuantiosos pasivos ambientales, requiere un uso desmesurado de recursos –entre ellos el agua y la energía– e interviene de manera violenta en la geografía, destruyendo economías locales y reconfigurando nuestros territorios. Este libro se propone aportar un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio en torno a la megaminería a cielo abierto, así como dar cuenta de las luchas y resistencias que, bajo la forma de asambleas de autoconvocados y en total asimetría de poder, se han venido generando en el país contra este “modelo de desarrollo”. Con ello, se apunta a traer a la palestra una verdadera discusión –pública y académica– sobre los niveles y sentidos que hoy recubren el término “desarrollo”.

Maristella Svampa. Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Investigadora Independiente del Conicet, con sede de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha publicado, entre otros, Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados (2001), Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras (2003, en coautoría), La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo (2005) y Cambio de época. Movimientos sociales y poder político (2008).

Mirta Alejandra Antonelli. Licenciada y profesora en Letras Modernas, magíster en Sociosemiótica por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora adjunta e investigadora del Sistema Nacional de Docentes Investigadores. Directora del proyecto “Dispositivos hegemónicos y construcción de neomapas de la Argentina actual. Territorio, conflicto, verdad y formas jurídicas en la megaminería aurífera”, con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica, UCN. Entre sus publicaciones se cuenta Cartografías de la Argentina de los 90: Cultura mediática, política y sociedad (2004), y numerosos artículos en revistas y libros nacionales e internacionales.

MARISTELLA SVAMPA / MIRTA A. ANTONELLI(editoras)

MINERÍA TRANSNACIONAL, NARRATIVAS DEL DESARROLLO Y RESISTENCIAS SOCIALES

Índice

CubiertaAcerca de este libroPortadaSiglas y acrónimosIntroducción. Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto, por Maristella Svampa y Mirta Alejandra AntonelliLa problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes, por Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola ÁlvarezFases de acumulación, modelo minero y nuevas resistenciasLas reformas de los 90 en la legislación mineraEcología, lenguajes de valoración y territorialidades en pugnaResponsabilidad social empresarial y gobernanzaMinería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura La gestión del paradigma hegemónico de la “minería responsable y desarrollo sustentable”, por Mirta Alejandra AntonelliIntroducción. El poder semiótico del capital: discurso global, estrategias glocalesLa megaminería transnacional convoca al mundo al “cambio cultural”El mundo para el oro: actores y actas fundacionalesLa episteme fundadora y su invocación al futuro: ciencia, tecnología y transferencia bajo el mecenazgo extractivoEl lento descubrimiento del daño: los límites como coartadaAlianzas de oroLa gestión del futuro global: el “desarrollo sustentable” como narrativa inclusiva para la intervención territorial extractivaLa “minería responsable”: entre la estética, la filantropía y la tardía percepción estratégica del dañoLa fabricación del crédito social. Las premiaciones y el plan alfabetizador minero: de los nuevos iletrados a los desclasados epistemológicosLa oportunidad de un premio y las redes universitariasQué voces universitarias, para qué la alfabetizaciónEl modelo discursivo de la democracia pro minera y el (nuevo) bárbaroA manera de cierreIIRSA: lógica de la interconexión, lógicas interconectadas, por María Eugenia Arias ToledoIntroducción a las narrativas del progresoSobre retóricas de la seducción para la dominaciónAlgunos proyectos IIRSA funcionales a la mineríaEnergía y mineríaTransporte y mineríaSobre la “licencia social”Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos Entre el “efecto Esquel” y el “efecto La Alumbrera”, por Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez y Lorena BottaroIntroducciónLos casos testigo: Catamarca y EsquelEl surgimiento y desarrollo de la Unión de Asambleas CiudadanasLas escalas de la lucha: entre lo regional y lo provincialLas provincias patagónicas: entre el “efecto Esquel” y el “destino minero”Las movilizaciones regionales y las “legislaciones del no” en Mendoza, Córdoba, San LuisLos casos marginales: La Pampa y Buenos AiresEl núcleo duro del modelo minero: noroeste y norte argentinoSan Juan y el destino mineroLa Rioja y el brazo largo del peronismoCatamarca y el brazo largo de La AlumbreraEl NOA: del “efecto La Alumbrera” al “efecto Esquel”Un final abierto y numerosas asignaturas pendientesEl “no a la mina” de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible, por Marcela Cecilia MarínLa fuerza del acontecimiento: Esquel dice “no a la mina”Constitución del sujeto colectivo “asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel”Glocalizando la arquitectónica del modelo consensual: manejo y control de otros mundos posiblesEl “no a la mina” en nuestros días: nicho conflictivo que debe ser neutralizadoMinería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias El caso de Minera Alumbrera, por Horacio Machado AráozAuge minero y transformaciones socioterritoriales en la provincia de Catamarca: condiciones e implicacionesMinera Alumbrera Ltd., un caso “ejemplar”Transformaciones ecoproductivas y conflictos territoriales¿Por qué protestan? ¿A qué se oponen? Luchas por el territorio y dialéctica de la expropiaciónProducción colonial de la “naturaleza”: ecología de la expropiaciónProducción colonial de la gobernabilidad: biopolítica de la expropiaciónDisputas manifiestas y latentes en La Rioja minera Política de vida y agua en el centro de la escena, por Norma Giarracca y Gisela HadadIntroducciónEl conflicto latente: el agua en el centro de la escenaLa agricultura de Chilecito y FamatinaLa minería proyectada para la regiónDos actividades, dos lógicasEl conflicto manifiesto: la asamblea de Chilecito-Famatina en el centro de la escenaEl gobierno cambia la leyClaves para comprender los conflictosEl conflicto latente de los agricultoresAlgunas reflexiones a modo de conclusiónLa construcción de San Juan como capital nacional de la minería: el concierto de voces entre el Estado y los medios de comunicación, por Silvina Giovannini, Mauro Orellana, Dolores Rocchietti y Angélica VegaIntroducciónLa minería como política de EstadoLa Argentina minera y defensora del medio ambienteSan Juan en el mundo: reubicación en un espacio hegemónicoEl discurso de los medios devenido discurso publicitarioRedes estratégicas de lo global en lo local: las publicaciones pro minería transnacionalConclusionesAnexosAnexo 1. MapaAnexo 2. Plan Minero Nacional. Discurso del presidente Néstor Kirchner, 23 de enero de 2004Anexo 3. Fragmentos del estudio de Raúl A. Montenegro sobre impacto ambiental y sanitario de las minas de oro: el caso del Cordón EsquelAnexo 4. Posición de la CAEM frente a las legislaciones que prohíben la megaminería a cielo abiertoAnexo 5. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación, 11 de junio de 2008Anexo 6. El INTI se expide sobre la “minería responsable”Anexo 7. Los secretos sucios de Barrick: las comunidades responden a los impactos de las minas en todo el mundoAnexo 8. Ley de protección de los glaciares, vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2008Anexo 9. Texto de la convocatoria a la segunda marcha ambientalista, 12 de diciembre de 2007Anexo 10. Carta de ASANOA al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 23 de octubre de 2008Anexo 11. Carta de Adolfo Pérez Esquivel a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 22 de septiembre de 2008Anexo 12. Minera Alumbrera incendió su propio camión y usó al Estado terrorista. Allanamiento de seis viviendas en Tinogasta, por Javier Rodríguez Pardo, 5 de noviembre de 2008BibliografíaLos autoresCréditos

Siglas y acrónimos

AMPAP

Asamblea Mendocina por el Agua Pura

AOMA

Asociación Obrera Minera Argentina

APATA

Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (San Luis)

APENOC

Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba

ASANOA

Asamblea Socio-Ambiental del NOA

ASAP

Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública

Asogravas

Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos

BICECA

Biological and Cultural Diversity of the Andes-Amazon by monitoring and influencing (Conciencia Cívica Informada para la Incidencia y la Conservación en la Amazonía Andina)

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BSR

Business for Social Responsability

CAEM

Cámara Argentina de Empresarios Mineros

CAF

Corporación Andina de Fomento

CAMA

Comunidades Afectadas por la Minería

CAMMA

Conferencia Anual de Ministerios de Minería de América

CCC

Corriente Clasista y Combativa

CEDHA

Centro de Derechos Humanos y Ambiente

CENPAT

Centro Nacional Patagónico

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFI

Consejo Federal de Inversiones

Cispren

Círculo Sindical de la Prensa (Córdoba)

CMC

Cyanide Management Code (Código Internacional para el Manejo del Cianuro)

CNA

Canadian Mining Association

CNEA

Comisión Nacional de Energía Atómica

Cofemin

Consejo Federal de Minería

Conacami

Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería

Conicet

Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas

COPRAM

Consejo Provincial del Ambiente (Chubut)

CTA

Central de Trabajadores Argentinos

CTD

Coordinadora de Trabajadores Desocupados

CYTED

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

EID

Eje de integración y desarrollo

Emirsa

Empresa Minera Inti Raymi SA

FAA

Federación Agraria Argentina

Fecoagro

Federación de Cooperativas Agropecuarias

FOCO

Foro Ciudadano de Participación y Justicia por los Derechos Humanos

FONCYT

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fonplata

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata

FUCI

Fundación Ciudadanos Independientes

Fundamin

Fundación para el Desarrollo de la Minería en la Argentina

Gecomin

Prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo industrial sostenible de la minería en Iberocamérica

GMI

Global Mining Initiative (Iniciativa Global para la Minería)

GRI

Global Reporting Initiative

ICEM

International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions (Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas)

ICMM

International Council on Mining and Metals (Consejo Internacional para la Minería y los Metales)

IIED

International Institute for Environment and Development (Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo)

IIRSA

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

IMA

Inversiones Mineras Argentinas

INBEMI

Instituto de Beneficios de Minerales (Universidad Nacional de Salta)

INDEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

INIQUI

Instituto de Investigaciones para la Industria Química (Universidad Nacional de Salta)

INTA

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Intemin

Instituto Nacional de Tecnología Minera

INTI

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

IPEEM

Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera en San Juan

MACH

Movimiento Antinuclear de Chubut

MMSD

Mining Minerals & Sustainable Development (Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable)

Mocase

Movimiento Campesino de Santiago del Estero

OEA

Organización de Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OLAMI

Organismo Latinoamericano de Minería

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONUDI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PASMA

Programa de Asistencia a la Minería Argentina

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Renace

Red Nacional de Acción Ecologista

RID

Red Interamericana para la Democracia

RSE

Responsabilidad social empresaria

SECYT

Secretaría de Ciencia y Técnica

Segemar

Servicio Geológico Minero Argentino

Senasa

Servicio Nacional de Sanidad Animal

Serpaj

Servicio Paz y Justicia

Siminera

Salón Internacional de la Minería en Argentina

UAC

Unión de Asambleas Ciudadanas

UIA

Unión Industrial Argentina

UNSAM

Universidad Nacional de San Martín

UNPSJB

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UOCRA

Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina

UTE

Unión transitoria de empresas

VAPUMAS

Vecinos Autoconvocados por un Medio Ambiente Sano (Salta)

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development (Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable)

WGC

World Gold Council

Yamiri

Yacimientos Mineros de La Rioja

YMAD

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio

YPF

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

INTRODUCCIÓNHacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto

Maristella Svampa y Mirta Alejandra Antonelli

Aunque con diferente alcance y envergadura, tres parecen ser los “modelos de desarrollo” que caracterizan la Argentina contemporánea: el modelo agrario, el industrial y el extractivo-exportador. Mientras que los dos primeros han sufrido drásticas transformaciones en las últimas décadas, y continúan operando de manera explícita o implícita como narrativa social fundamental y horizonte de expectativas de nuestras sociedades, el perfil del tercero, ligado a la explotación de los recursos naturales, pese a su expansión exponencial, aparece desdibujado y apenas está presente en el imaginario cultural de los argentinos.

En este libro colectivo, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, nos abocamos al análisis de una faz poco explorada de este proceso, ligada a la expansión del modelo minero en la Argentina. Ciertamente, el paradigma extractivista cuenta con una larga y oscura historia en América Latina, marcada por la constitución de enclaves coloniales, altamente destructivos de las economías locales y directamente relacionado con la esclavización y el empobrecimiento de las poblaciones. El símbolo de esta cultura de la expoliación ha sido sin duda Potosí, en la vecina Bolivia, que a partir del siglo XVI supo alimentar las arcas y contribuir al temprano desarrollo industrial de Europa. Ahora bien, pese a que la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en nuestra región, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de proyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales a gran escala. La megaminería a cielo abierto es un ejemplo elocuente. Como señala Anthony Bebbington (2007), ya en el período 1990-1997, mientras la inversión en exploración minera a nivel mundial creció 90%, en América Latina aumentó 400%. En consonancia con ello, durante los 90 la mayor parte de los países latinoamericanos involucrados llevaron a cabo una profunda reforma del marco regulatorio, para conceder amplios beneficios a las grandes empresas transnacionales, que ya vienen operando a escala global. Esa reforma fue respaldada por diferentes organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros), a fin de facilitar, promover y garantizar el auge regional de la nueva minería.

En este marco, la expansión del modelo extractivo-exportador (como la relativa al de agronegocios) no puede comprenderse sin involucrar también la perspectiva histórica y, muy especialmente, la política de privatizaciones. En efecto, es necesario recordar que la política de privatizaciones estuvo orientada no sólo hacia los servicios públicos sino también hacia los hidrocarburos y, de manera más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales. Así, por ejemplo, mediante diferentes reformas constitucionales y legislativas las nuevas normas jurídicas institucionalizaron la autoexclusión del Estado como agente productivo y la consecuente exclusividad del sector privado como único actor autorizado a explotar los recursos naturales.

Se sentaron entonces las bases del Estado metarregulador, lo cual implicó la generación de nuevas normas jurídicas que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. En menos de diez años, las grandes compañías transnacionales hegemonizaron el mapa socioproductivo en el sector minero, pesquero, petrolero, entre otros. El fenómeno de reprimarización de la economía, basado en la explotación de los recursos naturales no renovables por parte de actores transnacionales y sus socios locales, estaba en marcha.

En este sentido, resulta importante destacar cuatro cuestiones mayores, que recorren y dan encarnadura específica a este libro. En primer lugar, aclarar a qué tipo de minería hacemos referencia cuando hablamos de nueva minería o minería a gran escala. Aun si las consecuencias económicas pueden ser homologadas, lejos estamos de aquella minería de socavón, propia de otras épocas, cuando los metales afluían en grandes vetas, desde el fondo de las galerías subterráneas. En la actualidad, los metales, cada vez más escasos, se encuentran en estado de diseminación y sólo pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, luego de producir grandes voladuras de montañas por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otros) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene. En suma, lo particular de este tipo de minería (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles aun mayores de afectación del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto un uso desmesurado de recursos –entre ellos el agua y la energía, imprescindibles para sus operaciones– como la intervención de manera violenta en la geografía de los territorios para la explotación.

En segundo lugar, si las implicaciones socioambientales son ciertamente gravosas y nos colocan ya en el centro de un paradigma productivista, sumamente cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política, indigenismo, economía social), a esto hay que añadir que lejos también estamos de asistir a la expansión de un modelo “nacional” de desarrollo. Antes bien, en nuestro país la expansión y el control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los 90 y confirmado por las sucesivas gestiones (desde Carlos Menem, pasando por Néstor Kirchner, hasta Cristina Fernández de Kirchner). Así, la reprimarización de la economía auguraba que, en el curso de pocos años, el Estado nacional consagraría a la megaminería, incluida la uranífera destinada a energía, “planes estratégicos” declarados de interés público por el gobierno argentino.

La continuidad de la política, el involucramiento de la estructura del Estado nacional y, por supuesto, el compromiso aún mayor de sus homólogos provinciales demuestran hasta qué punto este tipo de minería se ha convertido en política de Estado. Como se afirma en uno de los artículos de este libro, un ejemplo por demás elocuente de ello es el veto presidencial producido a fines de 2008 a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, y que constituye de parte del actual gobierno un claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso en favor de la compañía Barrick Gold. A través del proyecto binacional Pascua-Lama, compartido con Chile, esta empresa se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana. Asimismo, en diciembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaraba de “interés nacional” la explotación de potasio en Mendoza, por parte de la transnacional Rio Tinto; antes de conocerse el informe de impacto ambiental, y de manera simultánea en diciembre último, entregaba a esa empresa 60 hectáreas en el puerto de Bahía Blanca. En tal sentido, y sin minimizar el papel protagónico de los estados provinciales, no cabe duda de que ha sido y es el gobierno nacional el que ha ratificado y fortalecido la megaminería, poniendo todo el aparato del Estado, sus instituciones, al servicio del modelo minero.

El tema no es menor porque si bien, como hemos dicho, lejos estamos de cualquier tipo de “modelo de desarrollo nacional”, esto no ha sido impedimento para que el Estado asumiera una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una “responsabilidad social”, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos. Claro que esta narrativa desarrollista no es exclusiva de la Argentina. En efecto, en los últimos años, la expansión vertiginosa del modelo extractivoexportador, del modelo de agronegocios y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA han traído consigo en gran parte de la región latinoamericana una suerte de “ilusión desarrollista” (Svampa 2008a), habida cuenta que, a diferencia de los años 90, las economías se han visto favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), como se refleja en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. La eficacia simbólica de esta narrativa puesta al servicio del “desarrollo” no puede ser desestimada, muy especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. Antes bien, ella propiciará el despliegue de nuevos esquemas binarios, que buscarán retrazar una distancia entre el ayer de la crisis y el presente productivo, devenido futuro promesante (Antonelli, 2007a). De modo que, en esta coyuntura favorable, a menos hasta la actual crisis económica internacional, no son pocos los gobiernos de la región que han relegado en un segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así el retorno en fuerza de una visión productivista.1

Convengamos que se ha escrito mucho acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados por una fuerte retórica antineoliberal. Incluso se ha criticado la visión simplificada y, por momentos, dogmáticamente autonómica de movimientos y organizaciones sociales, proclives a ignorar las ambivalencias y los dilemas que afrontan aquellos gobiernos que hoy supuestamente se proponen como objetivo un cambio en las relaciones de fuerza social. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la narrativa desarrollista que hoy sobrevuela el continente, asociada especialmente al paradigma extractivista, y del ocultamiento de las consecuencias que estas dinámicas conllevan tanto en términos de reconfiguración productiva como de horizonte de expectativa social.

Hay que destacar que la Argentina no posee un pasado minero importante, como efectivamente sucede con otros países latinoamericanos, como Chile, Bolivia y Perú. Sin embargo, debido a las posibilidades de explotación que ofrecen estas nuevas tecnologías, en la actualidad nuestro país ocupa el sexto puesto en el mundo en cuanto a su potencial minero, y los informes consignan que 75% de las áreas atractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. No obstante, pocos argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por toda la larga franja cordillerana, precordillerana y zonas montañosas, desde el norte del país hasta el extremo sur de la Patagonia. Si hemos de seguir los escasos datos aportados por la Secretaría de Minería, visiblemente interesada en mostrar el crecimiento espectacular del sector (la mirada productivista), pero ocultando información fundamental sobre la descripción y el estado de avance de los proyectos, entre 2003 y 2007 el total de inversiones acumuladas en el país fue multiplicado por más de ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones de dólares. El crecimiento acumulado de proyectos fue más increíble todavía: aumentó un 740% en esos cuatro años, para llegar en 2007 a un total de 336 proyectos, en diferentes grados de avance. De este modo, aunque en el presente el modelo minero posee un rol “subordinado” o “secundario”, su proceso de implementación presenta características vertiginosas y muy similares a las de otros países latinoamericanos, hechos que favorecen la desinformación y dificultan, por ende, la discusión pública sobre la problemática.

En esta misma línea, en la medida en que nuestro país no proviene de una economía minera a gran escala, el modelo minero presenta una particular producción sociodiscursiva y cultural a nivel de todos los actores involucrados. Ésta es una diferencia cualitativa que aporta una especificidad al escenario de las transformaciones en la Argentina, y que abordamos en este libro. Por ello, a diferencia de otros “modelos de desarrollo” que, más allá de sus transformaciones, se sitúan en la “continuidad imaginaria” (un país agrario) o en el “retorno de la normalidad” (la Argentina industrial), el modelo ligado a la megaminería a cielo abierto requiere no sólo inscribirse en las significaciones del presente modelando visiones de futuro sino fundar un linaje, una genealogía honorable y unos mitos de origen, para volver deseable y razonable la “Argentina minera”. En función de ello, como afirmamos en uno de los capítulos de este libro, el de Mirta Alejandra Antonelli, adquieren especial importancia las estrategias narrativas, argumentativas, retóricas y dramatológicas (o de puestas en escena) mediante las cuales se construye, enuncia y visibiliza la legitimidad dominante del modelo minero y su autorización estatal en discursos público-mediáticos de actores hegemónicos.

Por otro lado, muy poco se ha hablado de las resistencias sociales que han venido generando los emprendimientos mineros a lo largo de nuestra extensa geografía. Así, uno de los datos novedosos, al compás del crecimiento de los conflictos ambientales, es precisamente el surgimiento de numerosas organizaciones de autoconvocados, en más de quince provincias argentinas, organizaciones que adoptan un formato asambleario. En la actualidad, existen unas setenta asambleas de base, nucleadas desde 2006 en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y erigidas hoy en verdaderos territorios de resistencia. Como será dicho en varias oportunidades en este volumen, la primera experiencia –exitosa, por cierto– desarrollada por una población para evitar la instalación de una explotación minera fue protagonizada por los vecinos de Esquel, provincia del Chubut, en 2003. Sin embargo, la experiencia que tuvo el mérito de colocar en la agenda pública la nueva cuestión socioambiental, a nivel nacional, fue Gualeguaychú, entre 2005 y 2006, a causa del conflicto por la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, que trajo como correlato un enfrentamiento sordo entre el gobierno argentino y el de la República del Uruguay. Recordemos que este conflicto fue considerado por el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2006, como una “causa nacional”; pese a que luego el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsaría activamente el cuestionamiento y hasta la demonización de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, muy especialmente a inicios de 2009, con el objeto de que levantaran el corte al puente internacional que une la Argentina con Uruguay, luego de casi dos años de bloqueo. Por paradójico que pueda parecer, la instalación de la agenda socioambiental, capitalizada políticamente por el gobierno de los Kirchner, lejos estuvo de servir a la apertura de la discusión de otras causas socioambientales; antes bien, sirvió para el ocultamiento y la denegación de otros conflictos que ya comenzaban a recorrer a diferentes provincias argentinas, a raíz de la introducción del modelo minero.

Como afirmamos en este volumen, los nuevos movimientos contra la minería a cielo abierto son conscientes de que han sido arrojados a un campo de difícil disputa y de posiciones claramente asimétricas, en el cual los adversarios van consolidando cada vez más una densa trama articulada, con efectos multiplicadores y complejos, en pos de la legitimación del modelo minero. Así, el correlato del dispositivo hegemónico, puesto al servicio de un modelo de desarrollo, va desde el avasallamiento de los derechos de las poblaciones –entre ellos, los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, reconocidos por los más diversos tratados internacionales incluidos en nuestra Constitución Nacional–, la destrucción de patrimonios arqueológicos, la instalación de explotaciones en zonas protegidas, hasta las más diversas estrategias de disciplinamiento, que incluyen desde la violación de procesos ciudadanos, por ejemplo, a través de la derogación de leyes prohibitivas de la minería o el silenciamiento a la población, impidiendo u obturando la posibilidad de llevar a cabo consultas populares en las comunidades afectadas. En este contexto, la megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat.2

En este sentido, resulta interesante destacar que, en los últimos años, este tipo de minería ha sido prohibida en Turquía (1997), República Checa (2000), Nueva Gales del Sur, Australia (2000), estado de Montana, Estados Unidos (1998) y los condados de Gunnison (2001), Costilla (2002) y Summit (2004) del estado de Colorado, Estados Unidos, y República de Alemania (2002). En América Latina, el único país que ha sancionado una ley prohibiendo la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas es Costa Rica (2002). La lucha iniciada en 1997 contra la instalación de una empresa minera en Cotacachi, Ecuador, hizo que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”, por ordenanza municipal. Luego, le siguieron mediante la vía de la consulta popular, Tambogrande, Perú (2002, el primer plebiscito por este tema en América Latina) y Esquel, Argentina (2003). En años recientes, se han realizado dos consultas más en Perú, Piura y Cajamarca (ambos en 2007) y tres en Guatemala: Sipacapa (2005), Huehuetenango (2006) e Ixtahuacan (2007).

Como veremos en este volumen, en nuestro país, luego de la consulta popular de Esquel, y gracias a la articulación de las resistencias, siete provincias argentinas han sancionado una legislación que prohíbe la minería, con algún o varios tipos de sustancias tóxicas. Sin embargo, como lo muestra de manera escandalosa el caso de La Rioja (donde la ley de prohibición a la megaminería fue sancionada en 2007 y derogada un año más tarde, por el mismo gobernador), en la Argentina las diferentes leyes provinciales lejos están de constituir una garantía absoluta, frente a los grandes intereses económicos en juego. Así, pese a la preocupación que existe en medios empresariales por la multiplicación de las resistencias y las nuevas legislaciones del no, las inversiones en minería han aumentado notablemente en el último año: como señalaba un medio especializado, en enero de 2009, con un lenguaje claramente productivista:

La exploración de riesgo en la actividad minera argentina marcó un nuevo pico histórico durante 2008. De acuerdo con datos oficiales, se perforaron 665.945 metros en todo el país, alcanzando un crecimiento del 11% respecto del año 2007 […] El volumen de reservas minerales desde 2003 a la actualidad se cuadruplicó, encontrándose nuevos potenciales yacimientos en las provincias de Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Jujuy y Salta, entre otras. (http://puestaenobra.blogspot.com/2009/01/mineria-nuevo-record-para-el-sector-en.html)

Por último, la reticencia calculada desde el ámbito político-empresarial respecto de no propiciar condiciones para el debate público sobre el modelo extractivo exportador minero nos plantea preocupantes interrogantes sobre el escenario democrático argentino en relación con cuestiones centrales. La primera de ellas concierne a los procesos electorales, las prácticas de representación delegativa y la capacidad de injerencia y presión de las corporaciones sobre las decisiones ciudadanas y judiciales. La segunda involucra a la opacidad del Estado en cuanto a su obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho al acceso a la información de interés público. Este aspecto reviste particular gravedad, por ejemplo, en lo que a las obras de infraestructura de IIRSA respecta, puesto que su carácter velado inhibe que se puedan producir y dar a conocer estudios de derechos humanos y medio ambiente. Asimismo, permite mantener en un cono de sombras los endeudamientos internacionales para su realización y el otorgamiento de fondos que los superpoderes destinan al ministerio de Obra Pública e Infraestructura, a cargo de Julio De Vido, para las obras que las empresas transnacionales requieren. Esta opacidad es la que posibilita, además, retóricas políticas y usos coyunturales: la del progreso y la celebración del Bicentenario, primero, y “el desafío para afrontar los efectos de la crisis internacional”, actualmente. Por último, preocupa también el casi monolítico silencio estratégico del Poder Ejecutivo Nacional ante los numerosos y fundados pedidos de informes sobre distintas problemáticas y hechos relevantes sobre la megaminería, en los que están involucrados actores empresariales, políticos y funcionarios públicos de distintas jurisdicciones y áreas del organigrama del Estado nacional y provinciales. En tal sentido obra en el Congreso Nacional un conjunto significativo de estos pedidos, elevados por diputados y senadores nacionales de distintas provincias y diferente extracción partidaria.3

El escenario así esbozado nos confronta, a manera de “termómetro de la democracia”, no sólo con la administración sesgada de la información por parte del Estado sino también con la capacidad de manejo de la información por parte de las empresas transnacionales. Más allá de la colonización del discurso público y la descalificación hacia las asambleas ciudadanas –constatación no menor para dar cuenta de los obstáculos para la construcción de agenda y el debate públicos–, resulta preocupante, a la vez que sintomático, el rol que están cumpliendo para la construcción de consenso social acrítico, empresas de medios de comunicación, tanto de alcance nacional, como de las provincias de la “Argentina, haciéndose minera”.

Sobre este libro

Los artículos presentados aquí buscan abordar los aspectos reseñados. Así, los primero cuatro capítulos tienen un carácter general, en la medida en que se proponen realizar una primera aproximación a la problemática, dar cuenta de los diferentes procesos de construcción de consenso, la evolución de los proyectos mineros y su relación con el IIRSA, y por último, los avatares de las resistencias sociales.

Así, el primero de los artículos, de Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez, “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”, es un texto introductorio que da cuenta de las características generales del modelo minero, la legislación que lo ampara, al tiempo que presenta una serie de conceptos que atraviesan el lenguaje de los movimientos socioambientales (la valoración del territorio) y de las empresas transnacionales en alianza con el Estado (desarrollo sustentable, responsabilidad social empresarial, gobernanza).

El segundo artículo, “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la «minería responsable y el desarrollo sustentable»”, de Mirta Antonelli, analiza el discurso transnacional sobre la megaminería como poder semiótico del capital, con eficacia simbólica global, tal como se viene consolidando luego de la sanción de la nueva legislación minera, y las condiciones de asimetría en las que, desde hace poco más de un lustro, se establecen campos de tensiones y se ejercen las disputas y conflictos en torno a los sentidos del desarrollo y el modelo de sociedad deseable. Como parte de las estrategias centrales, se abordan conceptos como el de “desarrollo sustentable”, “minería socialmente responsable”, “responsabilidad social empresarial” y “gobernanza”, que aparecen como condensadores de sentido en torno a pobreza, género, inclusión, biodiversidad, integración, entre otros. En el marco nacional, también analiza estratégicas voces universitarias y de agencias científico-tecnológicas públicas para que autoricen el modelo extractivo, coimplicando en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y réplicas a los movimientos socioambientales y de descalificación de la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto y con sustancias tóxicas en numerosas provincias argentinas.

El tercero, de María Eugenia Arias Toledo, “IIRSA: lógica de la interconexión, lógicas interconectadas”, analiza cómo los proyectos de IIRSA se enmarcan en planes de infraestructura destinados a facilitar el tránsito transfronterizo y a asegurar la circulación de ciertos bienes (como la energía) indispensables para esta industria minera. En este sentido, da cuenta del paralelismo existente entre la narrativa del desarrollo de IIRSA y la narrativa del desarrollo del Estado argentino con relación a la industria minera.

El cuarto artículo, de Maristella Svampa, Marian Sola Álvarez y Lorena Bottaro, “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el «efecto Esquel» y el «efecto La Alumbrera»”, aborda la compleja y nunca acabada reconstrucción de los diferentes territorios de la resistencia, su evolución, sus estrategias, sus luchas, en las diferentes regiones y provincias argentinas. Un verdadero descenso a la geografía más profunda de nuestro país y la gramática de sus luchas, que da cuenta del carácter ineludible de estas resistencias que hoy convocan a mujeres y hombres de las comunidades amenazadas y, en algunos casos, ya afectadas, sin distinción de clase social, etnia o experiencia política, unidos por la experiencia vital de defender un estilo de vida y un territorio, en nombre del principio de autodeterminación de los pueblos. Basta recordar que a fines de 2008 existían aproximadamente setenta asambleas de base, en más de quince provincias argentinas, agrupadas en torno a la UAC, para dar cuenta de la envergadura de este nuevo fenómeno.

Los últimos cuatro capítulos abordan de manera específica los casos más resonantes que hasta ahora han signado la nueva cartografía minera del país, tanto en lo que se refiere a las resistencias como a los discursos y las prácticas de las empresas transnacionales y los estados provinciales. Así, el artículo de María Cecilia Marín, “El «no a la mina» de Esquel como acontecimiento: otro mundo posible”, aborda uno de los casos emblemáticos, suerte de referente o faro de los movimientos contra la megaminería a cielo abierto en nuestro país. Si bien el de Esquel es uno de los pocos casos hasta ahora tematizado por la bibliografía académica y reconocidos por la liturgia mediática, Marín recorre una vía poco explorada al realizar, desde una perspectiva sociodiscursiva, un análisis de las diferentes estrategias llevadas a cabo, de un lado, por el gobierno, a través de la propuesta avanzada de “zonificación”, y de otro, por la empresa Meridian Gold, para explicar el fracaso del referéndum de 2003 en términos de fallas en la “estrategia comunicacional”.

Por su parte, Horacio Machado Aráoz aborda el caso testigo por antonomasia, el de la mina Bajo La Alumbrera. En efecto, en su artículo “Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera (Catamarca)”, realiza un estudio detallado de las transformaciones socioterritoriales de esa provincia, a partir de la instalación de La Alumbrera, la primera explotación a cielo abierto en el país. Ésta se constituye en un caso ejemplar, en la medida en que, a diez años de su establecimiento, es posible realizar un balance acerca del impacto que en diferentes registros –económico, social, territorial– ha producido. Esto permite avanzar, como lo hace Machado Aráoz, en una serie de hipótesis explicativas más generales acerca de las diferentes dimensiones del proceso expropiatorio al que se ven sometidas las poblaciones.

El séptimo artículo, de Norma Giarracca y Gisela Hadad, “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena”, presenta los principales acontecimientos desde la formación de la asamblea de Chilecito-Famatina hasta finales de 2008. Como sostienen las autoras, la hipótesis central afirma que existen dos tipos de conflicto: por un lado, el conflicto explícito entre los pobladores con el emprendimiento minero y los funcionarios políticos que lo impulsan; por el otro, la disputa implícita y latente (en el sentido de “potencial”) entre esta actividad extractiva y la agroindustrial, imbricada con las ciudades y poblados. Esta disputa potencial, en torno del agua, como bien escaso en una zona semiárida, da cuenta de las características propias del modelo extractivo, que lo torna incompatible con el desarrollo de economías regionales, entre ellas las actividades agrícolas. Es importante destacar que el artículo da cuenta también de cómo el informe de impacto ambiental realizado por la empresa Barrick Gold oculta la importancia de la economía regional, verdadero nodo de la vida de las poblaciones, a fin de minimizar los efectos socioeconómicos y territoriales del emprendimiento.

El último artículo, “La construcción de San Juan como capital nacional de la minería: el concierto de voces entre el Estado y los medios de comunicación”, un trabajo de Mauro Orellana, Silvina Giovannini, Angélica Vega y Dolores Rocchietti, se centra nada menos que en el núcleo duro del modelo minero, la provincia de San Juan. Así, el texto analiza la reubicación de San Juan en el espacio hegemónico, cuyo gobernador José Luis Gioja ha sido uno de los impulsores de la ley minera durante los 90. Discurso productivista, conceptos de resonancia global, redes estratégicas, apelación a la historia en clave no sólo argentina sino también latinoamericana alternan en el centro de una narrativa estatal, que tiende a instituir un discurso único (el monolingüismo) al servicio de la difusión y defensa acérrima del nuevo modelo minero.

* * *

Antes de cerrar esta introducción, quisiéramos señalar ciertas preocupaciones y posicionamientos que recorren al conjunto de los autores y autoras de este libro. En primer lugar, nos interesa dejar en claro que ésta no es una compilación azarosa en torno de un tema específico. Los autores, si bien provienen de disciplinas diferentes –que van desde la sociología política, la sociológica rural hasta el análisis sociodiscursivo–, se proponen dar cuenta de un proceso complejo, cargado de hondas resonancias sociales, con una serie de categorías compartidas –como las de territorio, territorialidad, discurso global, modelo extractivo-exportador, narrativa del desarrollo, movimientos socioambientales–. Estas categorías abarcan y recorren el conjunto de los temas que dan el título a este libro, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales.

Esta perspectiva compartida forma parte de un diálogo sostenido por los cuatro grupos de investigadores intervinientes, a lo largo de casi dos años, y cuya labor se desarrolla en diferentes universidades públicas: Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Buenos Aires. Nuestras respectivas investigaciones han sido financiadas exclusivamente por el sistema público de investigación (universidad nacional, Fondo Nacional de Investigación Nacional de Ciencia y Técnica –FONCYT– y Conicet). Asimismo, este libro ha contado para su publicación con el financiamiento parcial del proyecto “Actores sociales, demanda de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea”, Área de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, financiado por el FONCYT (2006-2009) y dirigido por Maristella Svampa.

Gran parte de nosotros nos hemos conocido en el marco de nuestra participación como investigadores/as en los encuentros de la UAC, llevados a cabo entre 2007 y 2008: así, San Rafael de Mendoza, Chilecito y Famatina, Catamarca capital, Concepción del Uruguay, Capilla del Monte y Tunuyán fueron las ciudades convocantes, en las cuales, a la par que nos sumergíamos en las abigarradas problemáticas de las asambleas ciudadanas, empezamos a compartir e intercambiar hipótesis de trabajo, preocupaciones intelectuales y posicionamientos públicos. A lo largo de ese período y muy especialmente en los últimos tiempos hemos organizado y participado en diferentes jornadas de discusión académica, tanto en la Universidad Nacional de Catamarca (octubre 2007 y 2008), en la Universidad Nacional de Córdoba (septiembre de 2008) en la Universidad Nacional de General Sarmiento (octubre de 2008), así como dos encuentros de discusión y divulgación de la problemática en la Universidad de Buenos Aires (octubre y noviembre de 2008), lugares todos ellos en los cuales confrontamos nuestras hipótesis de investigación con diferentes actores académicos y sociales, entre ellos miembros de las propias asambleas ciudadanas, en el marco de un diálogo complementario y constructivo. Asimismo, algunos de los participantes hemos desarrollado otras actividades de divulgación (especialmente periodística) sobre estas temáticas.4

En segundo lugar, respecto del lugar de enunciación, cabe aclarar que ninguno de los trabajos aquí presentados está escrito desde una supuesta neutralidad valorativa o del distanciamiento propio de los “expertos”. Parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, estos textos se proponen una objetividad propia del trabajo académico, pero de ninguna manera abogan por un lugar de supuesta neutralidad, discurso detrás del cual por lo general se esconden intereses de los más variados espacios de poder (económico, político, religioso, entre otros). Nuestra propuesta se inscribe así en el campo de la tradición de las ciencias sociales críticas. En una época en la cual muchos no dudan en convertir las universidades –tanto públicas como privadas– en verdaderas unidades de negocios, la nuestra es así una apuesta que busca retomar y afirmar el rol crítico que, creemos, debe jugar la universidad pública en la producción social de saber, así como en la discusión de los temas que recorren nuestra sociedad, en este caso, acerca de los modelos de desarrollo hoy vigentes.

Por último, creemos que, a esta altura de los tiempos, cualquier propuesta que se plantee como alternativa o modelo de desarrollo en una sociedad debe ser informado y sometido a la discusión pública. Éste no parece ser, sin embargo, el caso en nuestro país, donde tanto la ciudadanía como los intelectuales y la comunidad universitaria solemos llegar tarde a los debates, cuando la implementación de los modelos de desarrollo se presentan como hechos consumados. Así sucedió con el modelo sojero, más allá de las solitarias voces de advertencia incansablemente machacadas durante una década por Jorge Rulli y Adolfo Boy con su Grupo de Reflexión Rural (GRR) y algunos contadísimos académicos como el agrónomo Walter Pengue, o Norma Giarracca y Miguel Teubal, animadores, junto a alumnos y activistas, del Foro de la Tierra y la Alimentación. En realidad, la apertura de una discusión pública sobre ese modelo (el alcance de sus transformaciones, su relación con el Estado, sus consecuencias sociales, económicas y ambientales) fue más bien tardía y parcial, tal como hemos podido ver entre marzo y julio de 2008 (y sus reediciones posteriores), a causa del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los diferentes sectores agrarios, como producto del aumento de las retenciones al sector, entre otros factores emergentes.

Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento, omisión o complicidad activa dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, cuya puesta en marcha se viene realizando de manera vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas. De este modo, la emergencia y la multiplicación de territorios de resistencia –tanto el de las “comunidades del no” como el de los movimientos socioambientales– se han ido cristalizando en un contexto de obscena asimetría y frente al ocultamiento –político, mediático, empresarial– de las consecuencias socioambientales.

En suma, este libro sobre la megaminería en la Argentina –que sin duda constituye una primera exploración de un proceso todavía abierto– se propone aportar un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio, así como traer a la palestra una verdadera discusión –pública y académica– sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término “desarrollo”. Con ello esperamos poder contribuir, aunque sea modestamente, a abrir el necesario debate público que exigen estas problemáticas.

Buenos Aires-Córdoba, enero de 2009

1. Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas”. Dentro del gobierno de Rafael Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por el influyente Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energía y luego presidente del la Asamblea Constituyente. La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, declarar a Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró el 18 de abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008), “la reversión de las concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente un asocio con el Estado (para lo cual se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería)”. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista, desconociendo la oposición y el derecho a consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, subalternizando en la lucha política el debate acerca de los graves efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

2. El caso más dramático en América Latina lo constituye Perú, donde las protestas de los comuneros, agrupados en la Conacami, contra los megaproyectos de minería, ya han dejado un saldo de varios muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados (Palacio Paéz, Pinto y Hoetmer, 2008).

3. Un ejemplo de ello es dado por el diputado Eduardo Pastoriza, quien en otros tiempos integró el directorio de YMAD y en su reciente libro Catamarca, el gran despojo (2008), realiza numerosas denuncias y documenta esos pedidos parlamentarios sobre la Minera Alumbrera.

4. Véanse en la bibliografía los artículos de Norma Giarracca y Maristella Svampa.

La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes

Maristella Svampa, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez*

No existe un solo ejemplo a lo largo y ancho del mundo en el que, luego de la explotación minera de las transnacionales, las poblaciones tengan el ansiado progreso, hayan elevado su calidad de vida, exista la remediación ambiental prometida; todo lo contrario, lo único que queda son las migajas de pequeñas donaciones, mayor empobrecimiento ambiental y humano.

Declaración del Encuentro de Pueblos por la Vida, Ecuador, enero de 2007

Pobre este gobierno que no puede generar otro desarrollo para nuestra provincia que el saqueo de nuestros bienes naturales vía la minería a cielo abierto. Pobre de ideas, pobre de gestión… pobre de vida.

Red Puna y Quebrada. Movimiento Nacional Campesino Indígena. Vía Campesina-Argentina, octubre de 2008

Fases de acumulación, modelo minero y nuevas resistencias

Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Será que los gobiernos y las grandes transnacionales mineras no transmiten correctamente las “ventajas” y las “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que las poblaciones involucradas no están en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas provincias pobres y relegadas de nuestra geografía? Éstos parecen ser los principales argumentos que repiten algunos funcionarios, técnicos nacionales y provinciales y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar el modelo.

Como hemos visto en la Introducción, para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, hay que aclarar que la minería a cielo abierto es bastante diferente de la minería subterránea tradicional. Como explica el periodista y ambientalista Javier Rodríguez Pardo (2008a): “En 1900, Estados Unidos extraía minerales de cobre con una ley promedio del 5%, que en la actualidad es inferior al 0,4%; diferencia abismal que indica la escasez del «recurso». Este ejemplo se repite en casi todas las geografías y tipos de minerales. Los minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, razón por la cual es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería tradicional. En su reemplazo, la industria minera ideó un método extractivo acorde a las nuevas condiciones: detecta por satélite aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor concentración relativa de minerales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones kilométricas”. Una vez localizado el mineral, se realizan mapeos topográficos y geológicos (trabajos geofísicos, investigaciones hidrogeológicas, aperturas de zanjas y pozos de reconocimiento). Se toman muestras para identificar la forma en la que se encuentra diseminado el mineral y mediante el cateo se define el área donde se localizará la explotación. Más tarde, se prepara el terreno, se abren caminos de acceso y se montan los campamentos para los empleados de la empresa.

Durante la explotación, “para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicárseles una sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca (proceso de lixiviación). Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente” (Rodríguez Pardo, 2008a).

Asimismo, la minería a cielo abierto no requiere únicamente la utilización de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente y deja cuantiosos pasivos ambientales sino también un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía. En efecto, a causa de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral (la concentración de oro, plata, cobre, etc., presente enlas rocas y en el material mineralizado de un yacimiento), mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere. Esto explica la utilización de miles de litros de agua dulce por minuto, generalmente extraída de los ríos cercanos, los glaciares y los acuíferos. Como explica Horacio Machado en este libro, Minera Alumbrera obtuvo del gobierno de Catamarca un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día) que obtiene de una reserva natural de agua fósil cercana. Lo mismo sucede con otro insumo básico de la minería actual, la energía. Así, en 2003, para La Alumbrera el consumo de energía fue de 764,44 GW, lo cual equivale al 170% del total del consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de la de Tucumán. Por supuesto, todos estos datos, que no son incluidos en el costo final de la producción y son subsidiados por el Estado, presagian nuevos problemas: desde la escasez de agua a la demanda de construcción de nuevas represas hidroeléctricas, enteramente al servicio de las compañías mineras, algo ya previsto para los futuros emprendimientos.

Bien cabe preguntarse cuáles son las razones que explican el carácter tan vertiginoso del nuevo modelo minero, en un país donde tradicionalmente la minería ha sido una actividad secundaria. Como hemos indicado en la introducción, la implementación del actual modelo forma parte de un movimiento mayor, que involucra al conjunto de la región latinoamericana. En efecto, recordemos que el impulso del capitalismo neoliberal posdictaduras ha conocido diferentes fases en América Latina: un primer momento, en los 90, estuvo marcado por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y de los hidrocarburos), así como por la introducción del modelo de agronegocios. Esta primera fase, en la cual se sentaron las bases del Estado metarregulador,1 implicó la generación de nuevas normas jurídicas, que favorecieron no sólo la implantación de capitales extranjeros sino que garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales. Al mismo tiempo, estas orientaciones contribuyeron a consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos, al tiempo que profundizaron las bases del Estado patrimonialista (Svampa, 2005), de cara a la fuerte imbricación entre los gobiernos, en sus diferentes niveles, con los grupos económicos privados.

En continuidad con el momento anterior, en la actualidad asistimos a una segunda fase, caracterizada por la generalización del modelo extractivo-exportador, basado en la explotación de recursos naturales no renovables, necesarios para alimentar el nivel de consumo sostenido y el modelo de acumulación vigente. En otros términos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los países desarrollados hacia los países dependientes, en términos de materias primas o de bienes de consumo, lo cual aparece reflejado en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera agrícola, del petróleo, de la minería, de la energía, de las plantaciones celulósicas (Martínez Allier: 2004). Tal expansión genera transformaciones mayores, en la medida en que reorienta completamente la economía de pueblos enteros y sus estilos de vida, y amenaza en el mediano plazo la sustentabilidad ecológica. La minería a cielo abierto, el modelo de agronegocios, la construcción de grandes represas, los proyectos previstos por Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y prontamente los llamados “agrocombustibles” ilustran cabalmente esta nueva división territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual.

Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones pobres, que presentan una mayor vulnerabilidad. Esta situación es ejemplificada por los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras o el boom de la soja transgénica. En términos de David Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de “acumulación por desposesión”,2 proceso que ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión acerca del territorio y el medio ambiente. Asimismo, la nueva etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesinos.

En este contexto, uno de los hechos más notorios del período ha sido el surgimiento y la expansión de movimientos socioambientales, entre los cuales se destacan los movimientos en contra de la minería a gran escala y a cielo abierto. En efecto, desde 1999, sobre todo en la larga franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde Guatemala y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile y Argentina, se han originado una multiplicidad de resistencias, movilizaciones campesinas y asambleas de autoconvocados frente a la expansión de grandes proyectos mineros que amenazan con afectar severamente las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones.

Estos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y la tendencia a la autonomía.3 Una dimensión central que atraviesa a los movimientos contra la minería a cielo abierto es la multiescalaridad4del conflicto, que tiene lugar en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos (actores locales, regionales y/o provinciales, estatales y globales). En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone.

Las reformas de los 90 en la legislación minera

La minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo.

Julián Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera, en Panorama Minero, 277, noviembre de 2002

Es por eso que el compromiso de nuestra gestión, y eso han debido escucharme decir muchas veces, se cimienta en la defensa irrestricta y en el respeto por las condiciones mediante las cuales los inversores decidieron invertir en nuestro país y nuestroEstado les fijó reglas que nosotros deseamos que se respeten.

Jorge Mayoral, secretario de Minería, Seminario Oro Argentina 2002