Mucho género que cortar E-Book

Fabiola Miranda

• Herausgeber: Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual GEDIS Universidad Alberto Hurtado
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

El presente libro es parte de este primer ciclo del Programa de investigación asociativa de Género y Diversidad Sexual -GEDIS- de la universidad Alberto Hurtado de Chile. Su propósito es poner a disposición de una comunidad amplia una serie de estudios sobre género y diversidad sexual, realizada por académicos y académicas, estudios que levantan temas contingentes para problematizar las distintas formas que adopta el análisis de género en el campo de las ciencias sociales en Chile. Además, nos acompaña en este intento, Blas Radi, filósofo de la universidad de Buenos Aires y creador de la primera cátedra de estudios trans en América Latina. En este libro, se plasman preguntas sobre la persistencia de la homo/lesbo/transfobia, la construcción de identidades homosexuales o no binarias y la existencia de espacios de resistencia sexual y cultural en las instituciones. El objetivo es dar cuenta del interés que existe en las ciencias sociales por mirar y comprender complejamente cómo la concepción de género se ha transformado en el Chile actual.

Leseprobe

MUCHO GÉNERO QUE CORTAR:

ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR AL DEBATE SOBREGÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN CHILE

© Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual GEDIS, 2022

© Fabiola Miranda, Carolina Rojas Lasch, María Teresa Rojas, Marcela Mandiola Cotroneo, Nicola Ríos González, aleosha eridani, Lieta Vivaldi, Nicolás Ried Soto, Javiera Aliste, Alejandra Poillot Rubio, Blas Radi, Jaime Barrientos, Ximena Poblete, Pablo Astudillo, Mario Catalán-Marshall, Antonia D’marco Carrasco, Sebastián Collado.

Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual GEDIS

Universidad Alberto Hurtado

Santiago de Chile 2022

ISBN Edición impresa: 978-956-6210-04-7

ISBN Edición digital: 978-956-6210-05-4

Imagenes de portada

© Santiago Canales, marcha feminista 2019.

© “Abrazo” Lia Bacigalupo, Viña del Mar 2019.

© Marcela Mandiola, Diversidad, Buenos Aires, 2019.

© Mural “Alicia en el país sin maravillas”. Foto Nicola Ríos, Santiago, 2019.

Diagramación digital: ebooks [email protected]

La reproducción total o parcial de este libro queda prohibida, salvo que se cuente con la autorización del editor.

Índice

Prólogo: Miriam Henríquez, Decana de Facultad de Derecho, UAH.

Introducción: María Teresa Rojas y Jaime Barrientos, miembros de Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual – GEDIS.

PARTE IREMIRAR Y DEBATIR EL GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN TORNO A CONCEPTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

1. Vulnerabilidad y justicia: Políticas del cuerpo en contexto de intervención de asistencia a mujeres que sufren violencia.

Fabiola Miranda, Carolina Rojas Lasch.

2. Políticas educativas de género e inclusión de la diversidad sexual en Chile: agenda de una incipiente justicia de reconocimiento en el sistema escolar.

María Teresa Rojas.

3. El género administrado: lecturas feministas y críticas a la reorganización de la academia y las universidades en Chile.

Marcela Mandiola Cotroneo, Nicola Ríos González, aleosha eridani.

4. Noción feminista de interdependencia ante los problemas contemporáneos del derecho.

Lieta Vivaldi, Nicolás Ried Soto, Javiera Aliste, Alejandra Poillot Rubio.

5. Responsabilidad epistémica e ignorancia culpable. Un comentario sobre la revisión por pares en filosofía práctica.

Blas Radi.

PARTE IIPRODUCCIÓN DE EXPERIENCIAS Y RESISTENCIAS EN EL CAMPO DE ESTUDIOS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN CHILE.

6. La investigación social sobre las violencias hacia las personas LGBTQ+

Jaime Barrientos.

7. El género como opresor y/o emancipador de las identidades profesionales en educación parvularia.

Ximena Poblete.

8. No se nace mujer, se aprende. El caso de la primera academia de transformismo en Chile.

Pablo Astudillo.

9. Pedagogías del dureo marica: prácticas y deseos de resistencia queer en las aulas.

Mario Catalán-Marshall, Antonia D’marco Carrasco.

10. Torcido de nacimiento: violencia hetero-cisgénero en los inicios del desarrollo de la identidad sexual.

Sebastián Collado.

Foto “Ropa”, Marcela Mandiola.

PREFACIO

Asumo con gran gusto y entusiasmo la tarea encomendada por los editores de prologar este libro que versa sobre una temática actual, insoslayable, compleja y controvertida: el género y las diversidades. Y lo hago con el convencimiento de que esta obra será un aporte para el debate académico, político y constituyente en curso, así como en la adopción de la futura legislación y de las políticas públicas.

Mi objetivo para este prólogo es doble. Por un lado, dar cuenta que el itinerario constituyente se configura – y sigue configurándose - para que el proceso constituyente sea participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad; y, bajo esas premisas, sintetizar cómo se delineó la primera Convención paritaria del mundo. Por otro lado, destacar la vigencia e importancia de la temática abordada en este trabajo colectivo y que coloca en evidencia la necesidad de contar con una Constitución con perspectiva de género y que reconozca las diversidades sexuales.

Acometiendo el primer objetivo, cabe recordar que las demandas sociales y las movilizaciones ciudadanas que acontecieron en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 se canalizaron, política e institucionalmente, a través del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El objetivo de este acuerdo - suscrito el 15 de noviembre del mismo año por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria - fue plasmar, en una nueva Carta Fundamental, un Estado más incluyente e igualitario. Lo anterior, gatillado por una grave crisis política y social originada en profundas inequidades.

En el marco de este acuerdo, prontamente se estimó que el proceso constituyente debía ser participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad; y comprender deliberadamente a las mujeres en su diversidad como protagonistas del ejercicio de la función constituyente. La consideración de ambos asuntos permitiría dotar de legitimidad al ejercicio del poder constituyente en democracia y a su resultado: la nueva Constitución. Ello desembocó en la configuración política y constitucional de una Convención Constitucional con paridad de género, es decir integrada equilibradamente por hombres y mujeres, cuya tarea es proponer a la ciudadanía un proyecto de nuevo texto constitucional.

Tras un mes de protestas sociales, en noviembre de 2019, se inició un proceso constituyente orientado a reemplazar la Constitución Política de la República de Chile. Los hitos de este proceso actualmente en desarrollo son: 1) El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, de noviembre de 2019; b) La reforma constitucional que estableció en el capítulo XV de la Constitución Política un mecanismo para su sustitución, de diciembre de 2019; c) La reforma constitucional que estableció la paridad de género en el órgano constituyente, de marzo de 2020; 4) El plebiscito de apertura que fue aprobatorio por una nueva Constitución generada por una Convención Constitucional, de octubre de 2020; 5) La reforma constitucional que incorporó escaños reservados para pueblos originarios, de diciembre de 2020; 6) La elección de los convencionales constituyentes, de mayo de 2021; 7) La instalación de la Convención Constitucional, de julio de 2021; 8) La dictación de los reglamentos de la Convención, la preparación del borrador de texto constitucional por distintas comisiones temáticas y su aprobación por el Pleno de la Convención; 9) La aprobación de normas transitorias y la armonización del borrador para, así, contar con un texto Constitucional aprobado por el Pleno en julio de 2022; y 10) El plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre del año en curso. El itinerario original sufrió varios cambios con motivo de la pandemia del Covid-19, debiendo recalendarizarse en más de una ocasión.

Cada hito de este proceso es inédito y coloca a Chile a la vanguardia en la forma en que se genera un nuevo pacto político y social. La primera particularidad es que, si bien las demandas sociales que dieron origen al estallido social del 18 de octubre son multidimensionales, diversas y complejas, éstas encontraron un único cauce institucional y democrático de salida: un cambio constitucional profundo. La segunda peculiaridad es que ese cambio no supuso una ruptura ni una reforma constitucional total, sino una reforma constitucional puntual a la Constitución Política, previendo su remplazo condicionado a la decisión de la ciudadanía a través de un plebiscito de apertura, que no solo consultó por la voluntad del cambio sino por el órgano que debía concretarlo.

En el referido plebiscito de apertura, la alta adhesión a la alternativa “Apruebo” no dejó lugar a dudas acerca de la voluntad ciudadana de elaborar una nueva carta fundamental que reemplace a la actualmente vigente. A lo anterior, se suman los altos niveles de participación electoral alcanzados. Por otra parte, el órgano escogido para redactar la nueva Constitución - con el mismo amplísimo apoyo en las urnas – contiene en su diseño un factor de suyo legitimador del trabajo de la Convención: la paridad de género.

En un contexto cruzado por la pandemia del Covid-19, el 15 y 16 de mayo de 2021 se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes. Tras la elección fueron elegidos 155 integrantes, 77 convencionales mujeres y 78 convencionales hombres. La Convención constitucional chilena es así el primer órgano constituyente paritario en el mundo; y, posiblemente, la futura norma suprema procederá de una deliberación con representación equilibrada de hombres y mujeres.

Desde la instalación el 4 de julio de 2021, la Convención cuenta con nueve meses, prorrogables por tres meses más, para generar una propuesta de texto constitucional, el que quedará sujeto a un plebiscito ratificatorio. Tras su eventual aprobación, restarán las etapas de promulgación, juramento y publicación de la nueva Constitución. Son etapas eventuales porque dependen de la decisión aprobatoria que la ciudadanía asuma en el plebiscito de salida. La aprobación del nuevo texto derogará la Constitución Política; y el rechazo, implicará la pervivencia de la misma.

Conforme a un estudio del Observatorio Nueva Constitución (2021) el perfil de los convencionales electos en relación con las demandas feminista, expone que: “Del total de constituyentes (155) el 57,4% cuenta con un perfil feminista (es decir que en su programa enumera una o más propuestas que apuntan a que la igualdad entre hombres y mujeres se haga efectiva y deje de quedar en un mero reconocimiento “en papel” como ocurre con la actual Constitución). Un 7,7% de constituyentes cuenta con un perfil pro-mujer (es decir que, sin abogar por la concreción de una efectiva igualdad entre los géneros, reconocen que ciertos mecanismos deben ser aplicados para paliar la vulnerabilidad y exclusión a la que las mujeres nos vemos expuestas). Un 23,9% de constituyentes no se pronuncia al respecto o lleva a cabo afirmaciones que vienen a reivindicar la reproducción de un papel “clásico” de la mujer y la familia.”

El perfil antes reseñado (mayoritariamente feminista o pro mujer), es probablemente la causa para que, desde la instalación del órgano constituyente, los convencionales consideraron el criterio de paridad en la integración de todos sus órganos, así como la perspectiva de género y el enfoque feminista como lineamientos que guiarán el trabajo de la Convención. Como corolario, una mujer indígena, Elisa Loncon, fue la primera presidenta de la Convención.

Este prefacio se escribe mientras la Convención Constitucional está próxima a aprobar el texto Constitucional y a concluir su labor. Por estos días, el Pleno de la Convención ha aprobado las normas transitorias que darán curso a la transición constitucional y se están celebrando las últimas sesiones de la Comisión de Armonización.. En este tránsito se han despejado las dudas: la representación descriptiva de género ha supuesto una representación sustantiva Las preguntas que acechaban al inicio del trabajo de la Convención eran las siguientes ¿Las convencionales actuarán en favor de los intereses de las mujeres y las demandas feministas? ¿Las convencionales priorizarán y desarrollarán una agenda de género? ¿Cuáles son los intereses de las mujeres? Las respuestas se encuentran en los contenidos aprobados. Aproximadamente el ocho por ciento de las normas constitucionales son normas de género.

En el debate constitucional sobre los contenidos constitucionales, los convencionales, pero especialmente las convencionales estuvieron dispuestas e interesadas en apoyar iniciativas enfocadas en las mujeres. Es así que se aprobaron una serie de normas constitucionales de género, relacionadas con los principios constitucionales, los derechos y la organización del poder. A modo ejemplar, se constitucionalizaron como principios la igualdad sustantiva de género no binaria y la democracia paritaria. La primera, establece una obligación de garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. La segunda, la democracia paritaria, promueve la igualdad de todas las personas, desde una perspectiva formal, real y efectiva. A partir de esta norma, la democracia dejará de ser entendida solo como un mecanismo de adopción de decisiones basado en la regla de la mayoría, sino como un espacio en el que deben acceder y comparecer a adoptar decisiones de forma equilibrada hombres y mujeres.

Respecto a los derechos constitucionales, se estableció el enfoque de género a propósito de los derechos a los cuidados, a la salud, a la educación y sexuales y reproductivos, entre otros. El enfoque de género se reitera como un criterio para el diseño institucional de los órganos del Estado, el ejercicio de las distintas funciones públicas, incluidas las fuerzas armadas, las policías y los jueces. El enfoque de género no implica favorecer a las mujeres, sino que tomar en cuenta que las relaciones de género son asimétricas, y que esta asimetría afecta de manera desigual la vida de las personas; comprender cómo se produce la discriminación; y las medidas que deben tomarse para transformarla.

Asimismo, se estableció que todos los órganos colegiados del Estado estarán conformados al menos por un cincuenta por ciento de mujeres. Tal será, gradualmente, el caso de la Corte Constitucional, el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones, la judicatura, las Asambleas Regionales, los Concejos Municipales, etc. Estos son solo algunos ejemplos de normas constitucionales de género. De aprobarse el texto constitucional en el plebiscito próximo, Chile podría contar con una Constitución feminista y ser la primera Constitución en el mundo en establecer la paridad en todos los órganos colegiados del Estado.

Asumiendo muy brevemente el segundo objetivo, corresponde señalar que la presente obra colectiva no solo procura relevar los temas transcendentales de género, sino que también reúne valiosas contribuciones sobre políticas públicas de género y diversidad sexual, educación y género, identidades sexuales y disidencias. Como puede observarse, los asuntos abordados son disímiles pero las coincidencias de los autores son muchas y se proyectan en la necesidad de reconocer la subjetividad jurídica de las mujeres y de las personas de la diversidad y disidencia sexual.

Este trabajo, lúcido y novedoso en sus planteamientos, compromete al lector a reflexionar sobre la necesidad de un reconocimiento de esa subjetividad jurídica para alcanzar una ciudadanía plena y efectiva, no solo formal. No en un plano determinado, sino en varios de ellos, proyectando lo imperioso de un reconocimiento constitucional que consagre y promueva el paradigma de la igualdad y habilite a todos a ser sujetos plenos de derechos sin restricciones ni obstáculos.

Dra. Miriam Henríquez Viñas

Decana Facultad de Derecho

Universidad Alberto Hurtado

Santiago, 28 de junio de 2022

Marcha 8M. Foto: Santiago Canales, 2019

INTRODUCCIÓN

A inicios del año 2020, un grupo de académicas y académicos de la universidad Alberto Hurtado nos reunimos en torno al Programa de Investigación sobre Género y Diversidad Sexual – GEDIS. El propósito fue construir un espacio interdisciplinario de reflexión y debate en torno a estudios de género y diversidad sexual que, al mismo tiempo, sirviera para mirar las múltiples formas de pensar el género en las ciencias sociales. Durante dos años nos hemos reunidos en torno a charlas, seminarios, proyectos de investigación y discusión de temas de políticas de género de nuestro espacio universitario, así como del país.

El presente libro es parte de este primer ciclo del Programa, cuyo propósito es poner a disposición de una comunidad amplia una serie de estudios sobre género y diversidad sexual, realizada por académicos y académicas, estudios que levantan temas contingentes para problematizar las distintas formas que adopta el análisis de género en el campo de las ciencias sociales en Chile. Además, nos acompaña en este intento, Blas Radi, filósofo de la universidad de Buenos Aires y creador de la primera cátedra de estudios trans en América Latina.

Este libro pone a disposición de los y las lectores distintas maneras de comprender el género. Pues, efectivamente, tal como lo afirmó Judith Butler a inicios de los años 90, se trata de un concepto en disputa. La noción de género ha sufrido varios cismas a lo largo del siglo XX y el siglo XXI. Las ciencias sociales chilenas también han sido testigos de esa transformación. Los estudios de género, o más bien de mujeres, se consolidaron en los años 80, especialmente bajo el alero de centros de estudios y organizaciones no gubernamentales que fueron, al mismo tiempo, centros de resistencia intelectual en los tiempos de la dictadura chilena. En los años 90, los temas de género comenzaron un lento proceso de institucionalización en las universidades que acogieron temáticas sobre estudios de la mujer y, una década después, sobre masculinidades. Paralelamente, el Servicio Nacional de la Mujer, creado en el primer gobierno democrático (1990-1994), otorgó visibilidad a las problemáticas de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, así como a los temas de brechas educacionales y políticas que coartan las oportunidades a las mujeres. En ese sentido, la concepción de género nació y se desarrolló para vehiculizar la denuncia por la asimetría de poderes entre hombres y mujeres, la importancia histórica y social de la mujer y las mujeres y, también, para proponer una lectura de la realidad histórica y social que relevara la existencia de estereotipos de género, masculinos y femeninos, que están a la base de las relaciones sociales en el pasado y el presente.

Los estudios de género son herederos de estas tradiciones, tejidas en el marco del feminismo neomarxista, que otorgó a esta categoría un estatus fundamental en el análisis social y proyectó políticamente la relevancia de reivindicar el género como una dimensión fundamental en la vida democrática. Sin ir más lejos, escribimos este libro a semanas de que en Chile se vote un plebiscito para consultar la aprobación o rechazo de un borrador constitucional que declara que la perspectiva de género debe guiar la producción de todas las políticas públicas. Además, dicho texto propone que el poder político se ejerza de forma paritaria entre mujeres y hombres.

Pero esta concepción de género, anclada en las diferencias culturales y económicas entre hombres y mujeres, es interrogada con fuerza a partir de los años 90. Sin lugar a dudas, la divulgación de los trabajos de Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Paul Preciado y otros representantes de las teorías queer y, más recientemente, de Judith Halberstam o Blas Radi, estremecieron una definición que observaba exclusivamente las inequidades entre hombres y mujeres, otorgando poca presencia a los cuerpos e identidades que vivían otras formas de discriminación como las personas trans e intersex. La noción de género fue disputada, tal como indicaba la filósofa norteamericana Judith Butler, pero también enriquecida, complejizada y actualizada a la luz del protagonismo que los movimientos de personas LGBTIQ+ iban adquiriendo en la lucha de defensa de sus derechos humanos. Concepciones como “género fluido”, “no binario”, “queer” o “lenguaje inclusivo”, comienzan a consolidarse en el campo de los estudios de género hacia la segunda década del siglo XXI.

Pero, fue con la explosión del mayo feminista en las universidades chilenas, el 2018, que los temas de diversidad sexual llegan a ser visibles para una comunidad más amplia en el país. Paralelamente, se observa un lento avance en materia legislativa y regulatoria, al promover, inicialmente, una ley antidiscriminación, más tarde una ley de identidad de género y, recientemente, la ley de matrimonio igualitario.

En este libro, se plasman preguntas sobre la persistencia de la homo/lesbo/transfobia, la construcción de identidades homosexuales o no binarias y la existencia de espacios de resistencia sexual y cultural en las instituciones. El objetivo es dar cuenta del interés que existe en las ciencias sociales por mirar y comprender complejamente cómo la concepción de género se ha transformado en el Chile actual.

GEDIS es un espacio de encuentro y conversación local, nacional sobre el género. O más bien, sobre las múltiples formas de comprensión del género. Por ello, en este texto, presentamos dos grandes formas de aproximarse a los debates sobre el género, entre muchos otros que se movilizan en las ciencias sociales.

En la primera parte de este libro, las y los autores interrogan a las políticas públicas y a las instituciones universitarias; además, revisitan los conceptos de feminismo y calidad científica y proponen “objetos de investigación” que pueden ser leídos a la luz de una concepción de género amplia, compleja. Dicha concepción absorbe distintas tradiciones teóricas para entender que la acción del Estado, de las instituciones y de la academia pueden ser releídas y reorientadas en una noción de género que problematiza la violencia hacia las mujeres, los estereotipos y la discriminación y violencia hacia las diversidades sexuales.

En la segunda parte, los capítulos enfocan sus miradas en sujetos que sufren, que resisten, que viven discriminaciones, que reconstruyen sus experiencias, que ponen nuevas formas de habitar el género y, con ello, aportan comprensiones más profundas de la realidad actual del género y las diversidades sexuales. En dichos textos no solo hay intentos de comprensión, sino que, a la vez, de denuncia de la persistencia de las violencias de género hacia las mujeres y diversidades sexuales.

Casi en su totalidad, las y los autores son académicos de la Universidad Alberto Hurtado, doctorantes y jóvenes investigadores. Además, contamos con la participación de un amigo, Blas Radi, que nos acompaña desde Argentina. En este libro nos complace reunir a un grupo variado, de tradiciones disciplinares diversas, pero que convergen en su motivación e interés de participar de un debate amplio sobre temas de género y diversidad sexual. Agradecemos el trabajo y la generosidad de participar en este empeño.

Por ello, ponemos a disposición de la comunidad nacional e internacional una muestra de nuestros trabajos. No son los primeros en sus temáticas, ni serán los últimos, pero esperamos constituyan un aporte para seguir conversando. Como GEDIS consideramos fundamental conversar sobre estos temas, producir conocimiento y reflexión sobre estos temas, así como incidir desde la academia en la sociedad chilena.

Debemos recordar que son tiempos especiales para Chile. Como nunca en la historia de estas últimas décadas, la relevancia política de la igualdad de género se expresa en las instituciones y el debate público. Hoy en día las diversidades sexuales y de género demandan con fuerza no solo reconocimiento, sino que avanzar en la disminución de la violencia hacia ellas. Nos parece fundamental que la academia realice una contribución y escribamos para un público amplio e invitemos a pensar la sociedad chilena para todas, todos y todes. Nuestro papel no está solo en la academia produciendo un saber que se queda en dichos espacios, sino que consideramos que debemos también incidir en nuestros contextos sociales y colaborar en la construcción de una comunidad más justa y democrática.

María Teresa Rojas Fabris

Jaime Barrientos Delgado

Director GEDIS

Programa de Investigación de Género y

Diversidad Sexual - GEDIS

Universidad Alberto Hurtado

Santiago, Chile

PARTE I

REMIRAR Y DEBATIR EL GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL EN TORNO A CONCEPTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Foto de Carolina Rojas, Santiago, 2010.

CAPÍTULO 1

VULNERABILIDAD Y JUSTICIA: POLÍTICAS DEL CUERPO EN CONTEXTO DE INTERVENCIÓN DE ASISTENCIA A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIAS1

Fabiola Miranda-Pérez

Carolina Rojas Lasch

Resumen

Tanto en América Latina como en Chile, se han comenzado a aplicar políticas que buscan responder a situaciones de extrema desigualdad provocadas por la fuerte implementación de modelos económicos y sociales de corte neoliberal. Es en ese marco que se han desplegado, sobre todo desde los años 1990 en adelante, programas de asistencia en distintos sectores de la política pública que buscan luchar contra las desigualdades que experimentan las mujeres. Tales situaciones han sido comprendidas a la luz de la noción de vulnerabilidad social, la cual moviliza una economía moral altamente “generizada” (Rojas Lasch, 2019). En este contexto, el presente trabajo busca analizar los mecanismos estatales de apoyo a mujeres que sufren violencias. Nos interesa observar el cuerpo femenino como un objeto por el que circula y se transmite política y socialmente la condición de vulnerabilidad. Para ello, estudiaremos las estrategias de mujeres que solicitan asistencia judicial y cómo ellas movilizan en éstas, la relación con su cuerpo reproductivo y su cuerpo maltratado. Nuestras reflexiones surgen de una etnografía realizada en diferentes tribunales de familia de la Región Metropolitana. Postulamos la existencia de paradojas que se apoderan de las estrategias de mujeres, transformando el cuerpo reproductivo en un recurso que les permite acceder a la asistencia social al tiempo que las intervenciones de los sistemas de atención al maltrato femenino ejercen una fuerte regulación en las decisiones reproductivas. Del mismo modo, mostramos cómo una intervención, que promueve el empoderamiento de las mujeres pero que no actúa en un proceso dirigido a deshacerse de los patrones de género, tiende a normalizar las situaciones que las llevan a pedir intervención estatal.

Palabras clave:violencias; justicia; mujeres; vulnerabilidad.

Introducción

En América Latina, especialmente desde la década de 1990 y ante los primeros efectos de la implementación del neoliberalismo (Gaudichaud, et al, 2015), se han desplegado diversas políticas para corregir las desigualdades. Entre otras, se encuentran aquellas que están dirigidas a la asistencia de mujeres, siguiendo una interpretación técnico-operativa del género (Forstenzer, 2017). Este tipo de acciones se orientan principalmente a incentivar a las mujeres a solicitar la ayuda del Estado y a promover su empoderamiento relevando su responsabilidad en el cuidado y la auto-protección (Schild, 2007; Miranda Pérez, 2017; Rojas Lasch, 2018). Todo esto se ha desarrollado en un contexto donde las desigualdades se han entendido a la luz de la noción de vulnerabilidad, la cual ha movilizado una economía moral fuertemente generizada (Rojas Lasch, 2019).

La dimensión generizada de la acción pública se evidencia en los efectos diferenciados que tienen las acciones del Estado sobre hombres y mujeres (Jenson, 2009; Mettler, 1998), a tal punto que se ha llegado a hablar de la emergencia de políticas de género (Jacquot, 2014). Ahora bien, si bien el género surge como una dimensión estructurante de las relaciones con las instituciones (Bozec, Réguer-Petit, 2015) y de la manera que estas entienden el gobierno de sus públicos, la cuestión sobre cómo las relaciones de género condicionan la interacción cotidiana con el Estado es todavía un objeto escasamente estudiado. Poco sabemos sobre cómo, desde lo concreto, se despliegan las políticas y cómo ellas estructuran relaciones de género.

En este campo, desde un enfoque bottom up de políticas públicas, queremos analizar los efectos de la acción pública. Sin querer redefinir la categoría misma, lo cual ha sido trabajado en la literatura, entendemos que el género estructura y organiza las normas que vehiculan la acción pública. De esa manera, termina siendo una dimensión central en la recepción de las políticas (Revillard, 2017). La acción pública, por su parte, establece sectores de intervención, sujetos y públicos, definiendo los contornos y propiedades de quienes merecen la atención del Estado, lo cual está cargado de valores y asignaciones morales y políticas (Muller, 2000). Para observar cómo esto ocurre, analizaremos la experiencia de mujeres que han sufrido violencias y que han llevado sus experiencias a tribunales de familia en Chile. Ponemos especial atención, al trabajo de los equipos interdisciplinarios (compuestos por abogados/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as), quienes son los que trabajan en estos temas a partir de la reforma a la justicia implementada desde el 2005.

Nos interesa observar el cuerpo femenino como un objeto transmisor de la condición de vulnerabilidad política y social. Desde ahí, presentaremos las estrategias de mujeres que solicitan asistencia judicial, enfocándonos en la relación con su rol reproductivo y su cuerpo maltratado. Postulamos la existencia de paradojas que se apoderan de las estrategias de las mujeres que son la población objetivo de la política pública, observando dos tendencias. En primer lugar, el propio hecho reproductivo se transforma en un recurso estratégico que les permite el reconocimiento de sus derechos, pese a la fuerte regulación de las decisiones reproductivas y maternales que tienen lugar una vez que las mujeres se integran al sistema. Y, por otro lado, constatamos la presencia de discursos que promueven su empoderamiento por parte de los agentes del Estado, pero sin dotarlas de herramientas que les permitan deshacerse de los patrones de género.

Vulnerabilidad, asistencia y justicia

En Chile, lo asistencial se ha ido consolidando como un campo estructurante de la acción pública en materia de lo social de la mano con la instalación de un nuevo modelo de políticas sociales, el neoliberal. Esto se ha significado políticamente como la recomposición del Estado social, luego del brutal abandono de las responsabilidades públicas en materia de políticas sociales que se realizó durante la dictadura de Pinochet (1973-1989). Este supuesto retorno de lo social (Rojas, 2019) se ha caracterizado por una fuerte institucionalización de la asistencia y la incipiente creación de sistemas de pretensión securitarios y proteccionistas (vinculados principalmente a pensiones y, en menor medida, a salud). Sin duda, en este contexto, lo asistencial ha sido prioritario y ha estado acompañado de la implementación de sistemas altamente tecnificados de gestión y de identificación y priorización de los sujetos con derecho a recibir la asistencia.

En este marco, las formas de comprensión de las desigualdades, así como la semántica de lo social, despliegan una lógica liberal de la vulnerabilidad, promovida por entidades internacionales como el Banco Mundial. Según ésta, la focalización de los sujetos beneficiarios de la asistencia opera en base a la identificación de la dificultad que estos tienen para enfrentar riesgos futuros de acuerdo a sus condiciones de vida presente. Desde ahí, la política distribuye y asigna un estatus social considerando la edad, el cuerpo (dis)capacitado, la educación y el estado de salud de los miembros del hogar (ejemplo de esto es el Registro Social de Hogares2).

Dado que la focalización utiliza como criterio central la idea de “hogar”, las principales destinatarias de la política asistencial son las mujeres. Pero, a diferencia de lo que fueron las políticas compensatorias de los años 1990 en Chile (que se dirigían prioritariamente a la mujer en función de su rol de género), en la actualidad el derecho o mérito a la asistencia está cada vez más condicionado a la experiencia de ser madre. En efecto, el ser madre es la puerta de entrada al reconocimiento y la protección de ciertos derechos sociales por parte del Estado. Esto se relaciona, por cierto, con el rol de cuidado que hoy las políticas sociales intentan reforzar a través del trabajo de incitación y educación social de las mujeres. De este modo, se condiciona el acceso a los beneficios asistenciales a la demostración de prácticas de este tipo (Destremau y Georges, 2017).

Desde ahí, queremos pensar en la dimensión generizada de los roles sociales y de las figuras de indeseabilidad que promueve la acción pública: ¿cómo las prescripciones generizadas participan en la definición del buen o mal sujeto, del buen o mal pobre, de la buena o mala madre? ¿En qué medida dichas normas de socialización pueden ser resistidas y utilizadas por aquellos/as a quienes se pretende moldear? Mirar dicha recepción de las políticas (Revillard, 2017), entendiéndola como un conjunto de procesos co-constructivos a través de los cuales se integra a sus destinatarias, nos permite ver críticamente sus efectos sociales. En el fondo, buscamos analizar si esta recepción reproduce aquellos discursos y prácticas que busca combatir.

El género en la relación de asistencia social y justicia social en VIF

Las prácticas socio-jurídicas comportan una aparente neutralidad en materia de lo social, pero en el último tiempo, en Chile, se observa que tienen un alto contenido asistencial. En efecto, los espacios jurídicos, en un contexto neoliberal, permiten (o dan paso a) la resolución de conflictos más allá de lo propio de esta esfera. Así, terminan por substituir a instituciones del ámbito social, cuando los destinatarios/as tienen la sensación de que estas últimas no sirven en sí mismas para la resolver sus problemas. De este modo, dichas instituciones entregan la posibilidad de reconocer un derecho, de modificar un estatuto, o bien, se constituyen en sí mismas como espacios de intervención social, lo cual se observa en el caso de los casos de mujeres que sufren violencias.

La articulación de estos dos campos (jurídico y asistencial) en Chile no es evidente en los análisis. La dimensión social, efectivamente, suele ser invisibilizada en los estudios sobre los espacios jurídicos. La motivación de ponerlos en relación nace de un giro en la mirada: desde “las políticas” a las destinatarias y las prácticas de implementación de aquellas políticas.

Recordemos que, en Chile, luego del retorno a la democracia, se desplegó todo un movimiento modernizador del Estado que implicó reformar las instituciones que promovían las políticas sociales. Al alero de la creación del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), se creó en 1991 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), como un organismo que debía promover planes de igualdad de oportunidades para las mujeres, además de fortalecer e impulsar medidas en la lucha contra las violencias en los espacios domésticos. Es así que, luego de una discusión de más de tres años en el Congreso Nacional, se promulgó la primera ley de violencia intrafamiliar en 1994. Asimismo, se crearon ciertos dispositivos ad hoc para promover la protección de las mujeres en el ámbito local. Por su parte, en el mismo año, se formó una comisión encargada de gestar dos grandes reformas a la justicia, tanto del sector penal como de la justicia de familia (Azócar, 2015).

A raíz de las distintas críticas que tuvo esta primera ley (dada su falta de sanciones y lentitud procedural), y sumado al proceso de reforma a la justicia desde mediados de los años 2000, el año 2005 fue promulgada una segunda versión de la ley de violencia intrafamiliar. Esta nueva ley mandataba al Servicio Nacional de la Mujer (actual Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género) a coordinar una política nacional para la lucha de las violencias contra las mujeres (VCM). Por otro lado, también ponía a disposición de la ley tanto a los tribunales de familia como aquellos del sector penal para recibir los casos asociados a las violencias cometidas contra mujeres por parte de sus parejas.

Al amparo de esta ley, actualmente los tribunales de familia acogen específicamente aquellas situaciones que no constituyen delitos al no tratarse de agresiones físicas y reiteradas en el tiempo, como los episodios de agresiones psicológicas. Por su parte, el sector penal asume todas aquellas denuncias que sí son constitutivas de delito. Para abordar estos casos, los tribunales de familia se apoyan en el trabajo de profesionales del ámbito psicosocial (quienes componen el Consejo Técnico), quienes reciben las causas y aconsejan a los jueces para la resolución de conflictos. Y en el sector penal, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) del Ministerio Público analiza el nivel de riesgo de las víctimas con el apoyo de profesionales psicosociales y les brinda apoyos.

Desde la promulgación de la segunda ley, se creó toda una red compleja de intercambios entre el sector de la política social (SERNAM) con aquel de las instituciones de justicia (Juzgados de Familia y URAVIT), dada la complejidad de los casos y en búsqueda de una lógica de cooperación intersectorial. En este marco, también se formaron las Casas de Acogida3 y otros dispositivos de atención jurídica, asistencial y psicológica, dependientes del SERNAM (actual Servicio Nacional de la Mujer y de la equidad de género o SERNAMEG). Los requisitos para acceder a ellos, en muchos casos, es haber pasado por alguna institución de justicia. Lo anterior ha ido creando redes de interdependencia complejas, porque muchas veces es rol de los tribunales o de la Fiscalía abrir la puerta para que las mujeres puedan acceder a dispositivos de protección o de asistencia social en el contexto estudiado.

A partir de lo hasta aquí planteado, se presentarán los casos observados a través de una etnografía, desde las aproximaciones de la observación participante, realizadas en los distintos tribunales de familia de la Región Metropolitana. Por confidencialidad, se mantendrán en reserva cuáles fueron los espacios de observación, al igual que los nombres de las personas que colaboraron con este estudio, los cuales han sido adaptados a nombres ficticios.

A través del presente análisis, nos interesa ir poniendo en evidencia las dinámicas que acontecen en estos espacios de justicia: específicamente, cómo las lógicas de asistencia en justicia se tensionan y cómo se van reproduciendo discursos en torno a roles de género para permitirle a mujeres el reconocimiento de sus derechos.

•Laura, madre joven denunciante, noviembre de 2013.

Esta mañana, camino hacia la sala de espera del sector donde ocurren las audiencias en el tribunal de familia. De lejos observo a una joven mujer con un gran bolso. Me da la impresión que carga cosas de ella y de alguien más, tal vez un niño. Me siento discretamente a su lado e intento conversarle. Me mira tranquilamente y responde frente a mi saludo. Le cuento que no soy parte del público, que estoy llevando a cabo un estudio sobre el trabajo del tribunal. No parece incomodarse, creo que está aburrida, quizás de las esperas y de las burocracias, del ir y venir. Son las 8:30 de la mañana. Al ver que parece interesarle mi presencia, le pregunto si la puedo acompañar un rato. Su nombre es Laura [nombre ficticio]. Se ve muy joven. Le pregunto su edad y me dice que tiene 18 años y en seguida la comuna en la que vive…, se ve preocupada.

Me comenta que tiene la impresión de que va a pasar toda la mañana ahí. No es la primera vez que viene (estuvo el día anterior) y tal vez ya ha estado en otros lugares solicitando ayudas, porque tiene un hijo pequeño, una relación problemática con su con su expareja y no tiene recursos para poder mantener en buenas condiciones al niño. En esta mañana, ella está en el tribunal porque el día anterior había ido a realizar “trámites” para obtener una pensión de alimentos, ya que su expareja no le ayuda de manera constante. Al parecer y desde su punto de vista, las otras instituciones “no son claras” o le piden “muchas cosas”. Ella me señala que la funcionaria que la atendió el día anterior, al escuchar su relato, detectó que su problema no solo se trataba de una problemática relativa a la situación de los alimentos, sino que existían episodios de violencias. Le recomendó que sería bueno que los denunciara para que su caso tomara más relevancia. Como ayer esperó mucho tiempo en esas otras instituciones, cuando llegó acá el tribunal estaba por cerrar y no alcanzó a pasar a audiencia. Por eso decidió venir muy temprano hoy “a ver si podía finalmente denunciar”.

Le pregunto qué quiere hacer y me dice muy segura que viene a “denunciar a su marido por violencia intrafamiliar”. Me relata que se trata de un hombre joven al igual que ella, pero que no lleva una vida fácil, que se dedica al robo, que acaba de salir de la cárcel por el delito de receptación4. Dada la intermitencia de su expareja en la cárcel, es prácticamente ella y sus padres, quienes deben mantener económicamente al hijo que tienen en común. En ese momento, me comienza a contar, sin que pueda preguntarle si trabaja o no, que de manera esporádica realiza turnos en un call center… “son pitutos, de repente me salen reemplazos” …, con lo cual intenta minimizar ante mí sus ingresos, como si hubiese un motivo para hacerlo.

Cuando me termina de contar esto, le pregunto si está bien, ya que la noto −de la nada− nerviosa, como si ya hubiese comenzado a interactuar con algún agente estatal. Ahí vuelve a tomar la palabra y comienza a contarme “ahh… Lo que pasa es que él [su expareja] siente que tiene derechos sobre mí”. Yo le pregunto por qué. “Me cela todo el tiempo, siente que le debo respeto, pero ya no estamos juntos. Si me ve con amigos, se molesta, me amenaza, y no puedo salir tranquila, ni siquiera con mis amigas de la población, porque su familia o él me gritan en la calle frente a la gente “maraca” y otras cosas que prefiero no reproducir, señorita” … ¿Te molesta mucho todo eso?, le pregunto. Ella me responde: “claro, es como me dijo la señorita de ayer [la funcionaria de atención de público]… es como violencia psicológica. Yo ando preocupá’ siempre, yo soy joven, quiero tener otro marido… Me gustaría salir a trabajar tranquila, no tener miedo de que me vayan a quitar mi hijo, no aguanto todo esto”.

Nuestra conversación es interrumpida a eso de las 9:20 a.m., porque la llaman a su audiencia preliminar5. Yo la sigo y consigo entrar con el consentimiento de todas las partes. En la audiencia, le preguntan por qué se autorepresenta y no vino con abogado o asesorada…, en una suerte de cuestionamiento, y ella admite no haber asistido a las instancias del Servicio Nacional de la Mujer [donde podría obtener representación legal gratuita]. Eso la pone un poco nerviosa, pero trata de mantenerse compuesta, porque ya está ahí y, tal vez, espera salir mejor de lo que entró.

El juez lee la denuncia que ella realizó el día anterior en la oficina de atención de público [donde se reciben las denuncias en este tribunal]. Efectivamente, en la denuncia se reproduce la historia que ella me acaba de contar, incluyendo todo el lenguaje que ella se autocensuró de reproducir por vergüenza ante mí. Laura, sigue todo el ritual del juicio, y asiente muy tranquila cada vez que le preguntan si está todo bien. Le preguntan si quiere agregar algo a lo expuesto y señala que sí: “necesito vivir tranquila y hacer mi vida. Con todo lo que me pasa, no puedo salir y, al no poder salir y trabajar, no puedo mantener a mi hijo. Mi ex no me ayuda con nada, solo me da problemas. No quiero que se acerque a mí ni a mi hijo”. El juez le responde: “Gracias, aquello va a quedar registrado, pero usted vino por violencia intrafamiliar. Y está también el tema de la pensión, pero nosotros en esta audiencia no podemos ver el tema de los alimentos, porque es otra materia y tiene otro procedimiento. Eso es otra cosa, ¿me entiende?”, “aquí y ahora vemos el tema de la violencia”. Ella vuelve a asentir. La audiencia sigue y el juez, con un tono muy paternalista, le reprocha el hecho de haber tenido un hijo con un hombre relacionado con el delito: “Señora, ¿su pareja siempre tuvo este tipo de conductas delictuales?”, sin dejarla responder, “¿por qué no se cuidó si no era su pololo?”. Laura se avergüenza y le explica vagamente que siempre quiso tener un hijo. El juez pronto la interrumpió, para decirle lo que resolvió.

La audiencia es muy rápida (5 minutos aproximadamente). Ella obtiene una medida de protección que implica una orden de alejamiento por parte de su expareja hacia ella. La derivan a la asistente social de su municipalidad, para acceder a algún apoyo para el niño, ya que el proceso de mediación y juicio por alimentos en su caso podría ser bastante “complicado”.

Cuando salimos, nuestra conversación continúa, ya que la noto abrumada, un poco nerviosa. Le pregunto cómo lo va a hacer... y si viven cerca... “Sí, la verdad es que vivimos cerca, somos vecinos. Se va a tener que ir no más… No creo que lo haga, pero ahora me protege la ley”, “yo quiero que queden antecedentes que es un mal padre”, “que, por culpa de todo esto, yo no puedo trabajar”. Agrega que ella recibe la leche y las conservas de duraznos que a veces le dan…, pero que eso es una burla. Y cuando le pregunto por qué si vino por violencias no pide ayuda en SERNAM. Me dice “es que yo no voy a ir a seguir un tratamiento por violencias, porque eso no me va a dar de comer a mí ni a mi hijo. No me sirve”. Se despide de mí y me dice “bueno, intentaré ver cómo solucionar las cosas, pero… Si al final una es la tonta por fijarse en gente así” …

•Claudia, mujer adulta, asesora del hogar, diciembre de 2013

Hoy acompaño a una funcionaria del Consejo Técnico6, una psicóloga. Son casi las 11 a.m. y pronto comenzará la hora en que este tribunal recibe personas para las entrevistas. A la hora puntual, la funcionaria llama a la primera persona en espera de atención, Claudia. Se trata de una mujer adulta que acude muy arreglada al tribunal. La funcionaria procede a realizar todas las preguntas que permiten caracterizarla: nombre y edad. Ella indica tener 37 años. Ocupación, señala ser asesora del hogar. La funcionaria pregunta “¿dónde vive usted, señora? Ella indica su comuna. “¿Dónde trabaja?”. “En las Condes, pedí permiso para venir”. “¿Está casada?”, “sí, hace mucho tiempo”, “¿tiene hijos?”, “sí, 3, pero solo 2 viven con nosotros”.

La funcionaria va al meollo de la consulta: “bueno, señora, ¿por qué está aquí?, ¿qué pasó?, ¿es su primera vez?”. Claudia comienza a contar que hace casi 20 años está casada, que tiene una hija mayor de edad que se fue apenas pudo del hogar… y que hace unos 15 o más años ella sufre violencia junto con sus hijos por parte de su cónyuge. “¿Qué tipo de violencias?, pregunta la funcionaria, y ella responde “yo creo que todas”.

En su relato, Claudia cuenta haber ya asistido a las instancias del Servicio Nacional de la Mujer, pero que nunca termina los tratamientos psicosociales, ya que no confía en la gente que trabaja ahí. Cuando relata su experiencia en el SERNAM, la caracteriza como negativa, incluso desde el punto de vista de la asistencia legal. Sobre esto último, dice: “se nota que tienen abogados jóvenes sin experiencia”, o que ellos nunca quieren ayudarla en todo lo que necesita. La funcionaria profundiza: “¿qué es todo lo que necesita?”. “Yo necesito que, al hombre con el que decidí tener hijos, lo castiguen por todo el daño que me ha hecho, que nos ha hecho…”.

Claudia relata que su marido tiene problemas psicológicos y que nunca se ha querido tratar, que antes justificaba su mal carácter con eso, pero que esta situación se volvió insoportable. “Nos trata pésimo, nos grita, nos hace pasar vergüenzas… a mis hijos que van al colegio”. Y que últimamente, sumado a todo eso, “le ha dado por el vicio… Se va a las máquinas [de apuesta] y cuando le va mal llega curado”. “Ahí sí queda la grande, nos ha tirado el pelo, nos insulta, los vecinos escuchan los gritos. Me da vergüenza… Donde yo vivo se escucha todo de una casa a la otra” … “Yo me quiero separar”.

La funcionaria le pregunta: “¿qué edad tienen sus hijos menores?”. Claudia responde “una tiene 8 y el otro 12”. La funcionaria, con voz entre seria y molesta, le insiste: “bueno, usted me cuenta que hace 15 años que vive violencia, ¿por qué siguió teniendo hijos, si a usted le pegaban o maltrataban?”. Claudia dice: “Bueno, de enamorada, porque le creía, pensé que iba a parar”.