Políticas de gobierno y prácticas de poder: estúdios de Antropología del Estado y de las instituciones desde Argentina, Brasil, Chile y México E-Book

Alejandro Agudo Sanchíz

• Herausgeber: Mórula Editorial
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 815

Veröffentlichungsjahr: 2025

Beschreibung

El germen de este libro fue un simposio organizado para el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), en noviembre de 2020. El congreso hubo de celebrarse de forma "virtual" a causa de la pandemia derivada del Covid-19. Aún a través de pantallas, sin embargo, el simposio nos dio la oportunidad de compartir y actualizar nuestras investigaciones y fortalecer, así, la red de investigadores e investigadoras del Grupo de Trabajo "Antropología del Estado y de las instituciones" de la misma ALA. Consecuente con los objetivos generales del Grupo de Trabajo, el simposio propuso partir de distintas reflexiones teóricas y experiencias etnográficas para debatir sobre las políticas de gobierno y prácticas de poder que configuran a las sociedades iberoamericanas contemporáneas. En concreto, nos interesaba confrontar propuestas que indagasen en distintos modos de producción de los objetos y sujetos de políticas en diversos ámbitos de intervención, colectividades y poblaciones. En el simposio y en este libro, adoptamos una concepción amplia de políticas que abarca planes, esquemas y programas elaborados en agencias y organismos de cooperación internacionales, organizaciones de la sociedad civil y administraciones estatales. Todas estas instituciones proporcionan medios para profundizar empíricamente en los modos en que se conforman sujeciones y subjetividades y se delimitan ámbitos sociales —sexo-genéricos, políticos, culturales o étnico-religiosos— sobre los que se dirigen las acciones administrativas y gubernamentales.

Leseprobe

Políticas de Gobierno y Prácticas de Poder

La preparación de este libro (traducción, revisión y trabajo editorial) fue financiada con recursos del proyecto «Antropología y prácticas de poder en Brasil: formación del Estado, políticas gubernamentales, instituciones y conocimiento científico» (Beca Científicos de Nuestro Estado FAPERJ Proc. n. E-26/202.65 2/2019; Beca de Productividad en Investigación del CNPq - proc. 302978/2019-4) y «Prácticas de poder, elites e instituciones gubernamentales en el Brasil contemporáneo. Antropología histórica de los procesos de formación del Estado en contextos extractivistas ultra(neo)liberales y luchas políticas contrahegemónicas» (Beca Científicos de Nuestro Estado Faperj Proc. n. E-26/200.561/2023) concedida bajo la responsabilidad de Antonio Carlos de Souza Lima, desarrollada en el ámbito del Laboratorio de Investigación Etnicidad, Cultura y Desarrollo/Sector Etnología - Departamento de Antropología-Museo Nacional-UFRJ. Está vinculado a los trabajos del Grupo de Trabajo de Antropología del Estado y de las Instituciones de la Asociación Latinoamericana de Antropología. El libro ha sido sometido a los canales de evaluación correspondientes por el ICSOH-CONICET-UNSa.

El libro ha sido sometido a los canales de evaluación correspondientes por el ICSOH-CONICET-UNSa

CONSELHO EDITORIAL

Ana Lole, Eduardo Granja Coutinho, José Paulo Netto,

Lia Rocha, Manoel Ricardo de Lima, Márcia Leite,

Mauro Iasi e Virgínia Fontes

TRADUÇÃO DOS TEXTOS EM PORTUGUÊS PARA O ESPANHOL

Federico Lavezzo

REVISÃO

Federico Lavezzo

César Zárate

DOI: 10.48073/978656128079

PROJETO E DIAGRAMAÇÃO:

Cumbuca Studio

Livro Digital:

Cumbuca Studio

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

DE ACORDO COM ISBD

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410

P769

Políticas de Gobierno y Prácticas de Poder [recurso eletrônico]: Estudios de Antropología del Estado y de las instituciones desde Argentina, Brasil, Chile y México / editado por Alejandro Agudo Sanchiz, Antonio Carlos de Souza Lima, Laura Navallo. - Rio de Janeiro; Salta: Mórula Editorial, ICSOH-CONICET, 2024.

462 p. : il. ; ePUB ; 8 MB.

ISBN: 978-65-6128-079-2 (Ebook)

1. Antropologia. 2. Políticas de Governo. 3. Práticas de poder. 4. Brasil. 5. Argentina. 6. México. 7. Chile. I. Sanchiz, Alejandro Agudo. II. Lima, Antonio Carlos de Souza. III. Navallo, Laura. IV. Título.

2024-4622

CDD 301

CDU 572

Rua Teotônio Regadas 26 sala 103

2021_360 _ Lapa _ Rio de Janeiro _ RJ

www.morula.com.br _ [email protected]

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Sumário

Hacer antropología del Estado desde las instituciones en América Latina. Una introducción a Políticas de Gobierno y Prácticas de Poder

Alejandro Agudo Sanchíz

Antonio Carlos de Souza Lima

Laura Navallo Coimbra

DISPOSITIVOS Y ENSAMBLAJES DE PATRONES DE ACCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REGULACIÓN SOCIAL

Sobre gestar y gestionar la desigualdad: puntos de investigación y diálogo

Antonio Carlos de Souza Lima

Gestión de la (in)movilidad y administración del asilo en la frontera México-Estados Unidos Una etnografía de los servicios del activismo pro migrante

Alejandro Agudo Sanchíz

Sujeción burocrática La formación de subjetividades entre aspirantes al servicio público en Brasil

Bóris Maia

LAS ARENAS DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

“Planificación” como expresión de conflictos sociales: de las reformas de base a la razón tecnocrática en Brasil (1961-1967)89

Sérgio RR Castilho

Turismo y desterritorialización en el Impenetrable chaqueño (Argentina)

Cecilia Quevedo

Carolina Soler

Mariana Giordano

La placenta es un residuo, ¡hay que regularla! Reflexiones antropológicas en torno a las políticas públicas y la normativa sanitaria

Bárbara Bustos Barrera

Los Abriles Culturales Salteños. Pro Cultura Salta, política cultural y procesos de formación de Estado

Laura Navallo Coimbra

INSTITUCIONES Y BUROCRACIAS TRABAJANDO

Institucionalización de la vejez y grupos de dependencia: un análisis antropológico sobre la retórica institucional de un asilo en la Baixada Fluminense (Río de Janeiro)

João Pedro de Oliveira Medeiros

La gestión de la judicialización de la salud en plena “crisis”: resoluciones administrativas y el derecho a la salud en Río de Janeiro

Lucas Freire

AGENCIAMIENTOS

Disputas por la identidad: delimitaciones de lo indígena y lo originario a la luz de la Constitución Política de la Ciudad de México

Luisa Fernanda Rodríguez Cortés

“Crímenes de odio”: ¿una nueva estrategia para el enfrentamiento del racismo en Brasil?

Ana Paula Mendes de Miranda

Hacia una reflexión antropológica de las violencias burocráticas en el agenciamiento forense mexicano

Andrea de la Serna Alegre

Anexo

Sobre os Autores

Hacer antropología del Estado desde las instituciones en América Latina.

Una introducción a Políticas de Gobierno y Prácticas de Poder

Alejandro Agudo Sanchíz

Antonio Carlos de Souza Lima

Laura Navallo Coimbra

DOI: 10.48073/978656128079.0001

El germen de este libro fue un simposio organizado para el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA), en noviembre de 2020.1 El congreso hubo de celebrarse de forma “virtual” a causa de la pandemia derivada del Covid-19. Aún a través de pantallas, sin embargo, el simposio nos dio la oportunidad de compartir y actualizar nuestras investigaciones y fortalecer, así, la red de investigadores e investigadoras del Grupo de Trabajo “Antropología del Estado y de las instituciones” de la misma ALA.2

Consecuente con los objetivos generales del Grupo de Trabajo, el simposio propuso partir de distintas reflexiones teóricas y experiencias etnográficas para debatir sobre las políticas de gobierno y prácticas de poder que configuran a las sociedades iberoamericanas contemporáneas. En concreto, nos interesaba confrontar propuestas que indagasen en distintos modos de producción de los objetos y sujetos de políticas en diversos ámbitos de intervención, colectividades y poblaciones. En el simposio y en este libro, adoptamos una concepción amplia de políticas que abarca planes, esquemas y programas elaborados en agencias y organismos de cooperación internacionales, organizaciones de la sociedad civil y administraciones estatales. Todas estas instituciones proporcionan medios para profundizar empíricamente en los modos en que se conforman sujeciones y subjetividades y se delimitan ámbitos sociales —sexo-genéricos, políticos, culturales o étnico-religiosos— sobre los que se dirigen las acciones administrativas y gubernamentales.

En nuestra definición, entonces, las políticas no son algo que “llega” o se “implementa” sin más con resultados predefinidos. Los efectos reales de las políticas han de ser socialmente producidos mediante complejas tramas de relaciones y conexiones establecidas entre diversos actores (Mosse, 2005a). Esto nos lleva a problematizar las persistentes dicotomías (como política/práctica o Estado/sociedad) y los procesos que conducen a la apariencia de independencia o autonomía, los cuales son posibles, precisamente, a partir de posiciones específicas de dominación o subordinación en relaciones de interdependencia (Eckert, 2016: 244). Esta “teorización de la sociabilidad de la diferencia” recuerda al argumento de Mitchell, para quien “la esencia de la política moderna” es “la producción y reproducción de estas líneas de diferencia”, y las oposiciones binarias sobre las que se construyen tantas teorizaciones “son ellas mismas construidas en parte en esos procesos sociales mundanos que reconocemos y nombramos como el Estado” (2006: 185).3 De forma más general, la supuesta autonomía de “lo político” es “una forma de representar las relaciones de poder que oculta sus fundamentos sociales y la manera en que operan en la práctica” (Gledhill, 2000: 12; énfasis original). Contrario a esta dimensión ideológica, un “holismo de procesos históricos” es lo que quizás distinga a la antropología “más que nada de otras ciencias sociales, entre ellas todas las versiones de la teoría de la diferenciación” y sus implícitas jerarquizaciones teleológicas de distintas formas de orden social (Eckert, 2016: 246).

Este enfoque nos lleva a un renovado interés en las instituciones que evita tomarlas como entidades autónomas, coherentes e identificables por sus normas públicas y “misiones” oficiales, sus organigramas, sus edificios y sus equipos.4 Las instituciones son parte y producto de procesos históricos disputados, en cuyo transcurso algunas normas y prácticas han conseguido prevalecer y estabilizarse; y, al hacerlo, tienden a negar su propia contingencia e historicidad. Así pueden entenderse, por ejemplo, los procesos sociopolíticos, intelectuales y cognitivos –incluyendo la imposición de un cierto “conformismo lógico” y moral (Vera, 2014)– marcados por disputas entre actores por establecer jerarquías de procedimientos, valores y reglas, que producen el efecto totalizador de las prácticas identificadas como estatales (Bourdieu, 2012). El reto para las personas practicantes de la etnografía consiste en enfocarse en estos procesos, incluso como participantes directos en ellos, para ver los entornos en que tienen lugar como espacios de producción de significados siempre en disputa, pero que adquieren la apariencia de fijeza y estabilidad que proyecta la temporalidad extendida de las instituciones.

Este no es un reto menor si tenemos en cuenta el hermetismo, la endogamia, el recelo y la opacidad de las relaciones legitimadas por jerarquías que caracterizan, especialmente, a las instituciones u organizaciones sociales encargadas de la gobernanza administrativa, económica, política o de arbitraje legal. Ganar acceso e involucrar a aquellos que tienen “el poder de excluirse a sí mismos del ámbito de lo discutible” (Cooper & Packard, 1997: 5) es uno de los problemas más conocidos de estudiar las comunidades profesionales de la política pública (Mosse, 2005a), los órganos judiciales y legislativos (Mujica, 2011; Crewe, 2021) o, de manera más general, las élites burocráticas, políticas, económicas, militares, religiosas e, incluso, académicas (Abbink & Salverda, 2013).5 La historicidad propia de cada uno de esos segmentos sociales trae matices a la investigación antropológica que, cuando se basa en etnografías sincrónicas que ignoran las consecuencias de los marcos de la coyuntura espacio-temporal sobre las que se desarrollan, corre el riesgo de insertar tales procesos en un cuadro genérico de expansión del biopoder, el “neoliberalismo” o la necropolítica.

No pocos antropólogos y antropólogas superamos los problemas de “acceso” al trabajar como integrantes de las comunidades profesionales objeto de nuestro interés, investigando sobre y desde el funcionariado de instituciones públicas, órganos de elaboración de políticas (capítulo de Bustos Barrera), equipos de consultoría en programas sociales y voluntarios o trabajadores de organizaciones de la sociedad civil (capítulo de Agudo Sanchíz). No obstante, la posición del etnógrafo como insider en estas instituciones y estos ámbitos profesionales también entraña dificultades. Nos arriesgamos, por ejemplo, a quebrar relaciones de confianza y al surgimiento de sentimientos de traición entre los compañeros de trabajo (Mosse, 2006), donde el etnógrafo aparece como un “infiltrado” tras la publicación de los resultados de la investigación —en especial, cuando éstos contradicen los marcos lógicos y las teorías causales de la política. Por otro lado, podemos no lograr la distancia requerida para el análisis crítico, por ejemplo, al quedar totalmente inmersos en los mecanismos institucionales de los que somos parte, pero también por los valores y la posición social o profesional que compartimos con los otros actores institucionales (Agudo Sanchíz, 2022a). Pese a estas dificultades, sin embargo, tal inmersión permite enunciar las “verdades posibles” de cada momento, asumiendo que nunca se produce una imparcialidad absoluta aun cuando el investigador suponga estar apenas respondiendo a las necesidades de la producción académica.

Hace más de medio siglo, Laura Nader (1972) publicó un seminal texto crítico acerca de las suposiciones de la antropología practicada en contextos donde la asimetría de la relación con los investigados era favorable a la exención de los antropólogos. En cambio, Nader propuso el estudio de situaciones etnográficas en las cuales los y las investigadoras estaban inmersas en jerarquías de poder donde ocupaban posiciones de inferioridad. De esta propuesta (practicada a lo largo de su vida académica) extrajo consecuencias no sólo éticas y morales, sino también teóricas, metodológicas y epistemológicas como las que hemos señalado arriba.

Por otra parte, en el plano de la política de la etnografía, Howard S. Becker (1977a; 1977b) nos recordaba que estamos siempre posicionados de un modo u otro, cuestión que ha estado presente en la disciplina desde hace mucho tiempo (véase Foote-Whyte, 1943) y que, desde la década de 1990, se hizo más apremiante debido al acceso de nuestros interlocutores a los productos de nuestro trabajo; esto repercute en la propia elección de qué y cómo publicar, pues existen implicaciones morales, políticas e incluso judiciales que emergen con vigor en varios contextos (Brettell, 1993). No existen fórmulas dadas, manuales de un “hacer etnográfico (más o menos) participativo”, pues cada investigación trae en sí desafíos que no son reducibles a recetas únicas. Aunque puedan existir situaciones recurrentes y reconozcamos textualmente la diversidad de situaciones enfrentadas en la práctica de la investigación etnográfica, aun cuando lidiamos con etnografías construidas con base en documentos, es importante registrar la dimensión contextual y condicionada de cada situación (Pacheco de Oliveira, 2004). En cualquier caso, más que producir protocolos de acción, es posible aprender de las mediaciones necesarias, debatir experiencias y extraer posturas y disposiciones.6

Los siguientes apartados de esta introducción ofrecen una discusión crítica de algunos referentes teóricos empleados en la literatura antropológica sobre el Estado, así como un breve panorama de los estudios de las políticas, las instituciones de poder y la gobernanza en algunos países latinoamericanos. Posteriormente, al presentar los contenidos del libro, incluiremos algunas reflexiones sobre las estrategias desarrolladas por los y las investigadoras en respuesta a los problemas señalados anteriormente. Algunos de los capítulos que componen el volumen abordan la planeación y las políticas públicas como objetos de análisis histórico y antropológico, revelando cómo sus programas y efectos son producidos y legitimados por una diversidad de actores en distintos niveles (capítulos de Quevedo, Soler y Giordano; Castilho; Bustos Barrera; y Souza Lima). Entre esos niveles se encuentra el de los proveedores de servicios, trabajadores y burócratas en contacto directo con las personas a quienes atienden. El enfoque etnográfico, tanto en el funcionamiento cotidiano de bienes y servicios como en sus proveedores —funcionarios públicos, trabajadores y voluntarios de organizaciones no gubernamentales (ONG)— caracteriza a muchos de los textos reunidos en esta obra. El interés en las normas y rutinas operativas, los patrones de carrera o los modos de designación revelan cómo los funcionarios públicos son socializados de cara a sus puestos de trabajo, cómo definen su papel en la sociedad y cómo construyen sus relaciones cotidianas con los usuarios de servicios, negociando las demandas a las que han de enfrentarse (véanse, por ejemplo, los capítulos de Maia, Freire y Medeiros). Un último objetivo de este libro es explorar las implicaciones de diversas reformas (administrativas, legales, legislativas), incluyendo los cambios y desafíos basados en arreglos, innovaciones y formas de agenciamiento locales (capítulos de Miranda, Rodríguez Cortés y de la Serna Alegre).

Estos enfoques proporcionan una excelente entrada empírica a las prácticas mundanas mediante las que se configura, sostiene o desestabiliza al “Estado”, permitiéndonos eludir las muy generalizadas y especulativas formas de interpretación que a menudo han caracterizado a este fenómeno. Pensamos, asimismo, en la literatura antropológica sobre varios aspectos de los procesos formadores de Estado, ya sea en el continente europeo (ese cada vez más huidizo “occidente”), ya sea en estudios de África y/o Asia (India en especial). Las singularidades de la formación histórica de los países surgidos de las invasiones, las conquistas y las colonizaciones de las regiones de América y el Caribe no han recibido la misma atención. No es esta la oportunidad para resolver este asunto más ampliamente, porque en cada contexto nacional los estudios sobre políticas gubernamentales tienen genealogías y temporalidades diferentes. Sin embargo, cabe resaltar que las tradiciones de gestión (Souza Lima, 2021) surgidas a partir de las colonizaciones ibéricas conllevan cuestiones peculiares que no han sido debidamente exploradas.

Referentes teóricos de los estudios antropológicos del Estado

Este libro busca contribuir a los debates académicos sobre procesos de construcción del Estado en América Latina, aunque también a las discusiones entre profesionales e integrantes de ONG acerca del papel del Estado en políticas en áreas como el desarrollo, la migración o el reconocimiento de los derechos e identidades de determinados grupos sociales. Los capítulos reunidos aquí ofrecen estudios a menudo basados en la etnografía y caracterizados por el enfoque antropológico del “Estado en acción” (Jobert & Muller, 1987) o del “Estado trabajando” (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014c).

Respecto de este tipo de abordaje, el diálogo con la literatura internacional es amplio en todos los países donde se realizan nuestras investigaciones. Sin embargo, Pierre Bourdieu y, sobre todo, Michel Foucault aparecen en algunos de los textos aquí presentes y han sido de gran importancia como referencia en muchos de los estudios antropológicos del Estado. Esto resulta paradójico para algunos autores, quienes consideran la sociología de Bourdieu y la filosofía de Foucault poco útiles para la fundamentación empírica del “funcionamiento real de los estados” mediante el examen de las políticas públicas, las burocracias, los funcionarios públicos y los prestadores de servicios (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014b: 53-54; Olivier de Sardan, 2014: 408). Lo cierto es que el empleo de los trabajos de Bourdieu y Foucault ha generado a menudo lecturas distorsionadas y llevado a contradecir lo que ellos nunca dijeron. O, al menos, dijeron en contextos y como parte de proyectos absolutamente distintos de aquellos en que se piensa para criticarlos. Nos parece entonces oportuno clarificar ciertos puntos para que estos autores no se conviertan en una panacea o bien en “hombres de paja”, fuente de burla o descalificación.

El inicio de la trayectoria de Bourdieu estuvo marcado por la antropología (con el estudio de los cabileños de Argelia). Partiendo del estructuralismo de Lévi-Strauss, dio a su propia investigación sobre el conflictivo y dinámico escenario argelino el giro hacia una sociología de la práctica que buscaba, a través de nociones como las del campo, el habitus, la violencia simbólica y la doxa, articular lo que se había divorciado en su contexto de formación: la investigación empírica (incluso con datos agregados y análisis estadísticos) y el debate teórico. Foucault fue orientado en su doctorado por el físico y filósofo de la ciencia Georges Canguilhem (lo cual redundaría en su Folie et Déraison: Histoire de la folie à l’âge classique, 1961), sucesor de Gaston Bachelard en el Institut d’Histoire des Sciencesen la Sorbona.7 Filósofo de las formas políticas, Foucault tuvo amplios intereses en el campo de las ciencias humanas, desde el punto de vista tanto de la historia de las ideas políticas como de la acción social en varias formas de activismo. No obstante, en ningún momento se propuso ser un historiador stricto sensu y mucho menos un científico social, dato que retomaremos más adelante.

Bourdieu se opuso al empleo de categorías totalizantes (el Estado, la Iglesia, etc.) que asumen la etérea e imprecisa condición de sujetos de los procesos sociales susceptibles de observación, capaces de sujetar el pensamiento analítico al imponer las categorías que constituyen los fenómenos que se pretende analizar y de constituirse, así, en los horizontes reflexivos al nivel dóxico. La obra de Bourdieu fue muchas veces utilizada de modo nominalista (el campo de la burocracia, el campo del desarrollo), trastocándose el movimiento que yace de modo claro en muchos (pero no todos) de sus textos: el de la descripción densa, fundada en la investigación empírica y confrontada con las teorías que, a pesar de su diversidad, se encuentran en el plano de las teorías del conocimiento de lo social. En Bourdieu, la perspectiva etnográfica –en la cual la experiencia de campo debe guiarse por la objetivación participante (Bourdieu, 2003)–, presente en el análisis de documentos, de imágenes, etc., no se confunde con el supuesto “método” (Peirano, 2014), sino que puede sumarse a la sociología fundada en datos empíricos por medio del tratamiento estadístico. Confrontadas las teorías y permitiendo construir otras tantas propuestas teóricas específicas en el curso de los análisis empíricos, aquéllas no se dividen en “marcos teóricos” y “datos empíricos”: la construcción del objeto involucra una ruptura con las prenociones y el sentido común (intelectual inclusive) y la rigurosa vigilancia epistemológica, ampliamente apoyada en las ideas de (entre otros) Gaston Bachelard (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1968).

La sociología de Bourdieu es pródiga en ejemplos tan desconcertantes cuanto iluminadores, como el del análisis de las casas de alta costura en Francia como parte de una posible teoría de la magia. En el análisis del “campo de la alta costura” se muestra hasta qué punto la dimensión económica se recubre por las formas sociales de la distinción, colindante con el arte, por lo que es parte de los dispositivos productores de desigualdad social aunque vengan iluminados por el aura de la trascendencia y la belleza (Bourdieu & Delsault, 1975).

En el terreno de lo que nos interesa en especial, Bourdieu aborda, sumergiéndose profundamente en la historiografía, la socio-génesis de cómo la reproducción del poder basada en cuadros familiares pasaría al dominio de la institución escolar (Bourdieu, 1998). Con ello revela –con importantes implicaciones para América Latina– las tensiones entre ideologías de consanguinidad y afinidad, en última instancia la herencia, y aquellas cuya base es el mérito y la competencia, una supuesta oposición que surge con frecuencia recombinada en el plano de la realidad social (Bourdieu, 1997). También analizó la verdadera transustanciación fundante de la representación y la delegación políticas (Bourdieu, 2001) y la génesis social del campo burocrático (Bourdieu, 1993).

En la más reciente publicación de su curso sobre el Estado, Bourdieu (2012) demostró que, al contrario de lo que muchos de sus devotos en los países latinoamericanos predicaban como una “sociología enfocada en la práctica”, sí estaba preocupado por enfrentar analíticamente al Estado y su capacidad de capturar las reflexiones sobre los procesos de ese fenómeno constituyente. Lo hizo en un doble movimiento: 1) a partir de la inmersión en la historiografía para profundizar su visión socio-genética; y 2) mediante la investigación empírica contemporánea. En este doble movimiento, la dimensión simbólica guarda una importancia singular por la posibilidad de que la elaboración moral se decante en el meta-capital en el que localiza la especificidad de los fenómenos estatales.

Si la producción y las nociones de Pierre Bourdieu fueron tomadas de forma nominalista, la obra de Michel Foucault parece haber sido aún peor absorbida por la producción antropológica enfocada en el Estado, en las políticas públicas, en las instituciones y organizaciones, o en la ideología neoliberal, ya sea por sus seguidores o también por sus (supuestos) críticos y detractores –en América Latina y en otras partes. Aquí sólo detallaremos algunas apropiaciones, ya que en numerosos campos de investigación en ciencias sociales otros aspectos de la obra foucaultiana han sido fuente de reflexión, adhesión, rechazo o, lo que sería más razonable suponer, de inspiración en la deconstrucción de los universos mentales de los investigadores.

Foucault parte de una perspectiva agonística donde el horizonte de la guerra está dado como encuadre posible de los ejercicios de poder, por él entendidos no como sustancia o cualidad, sino como relaciones de fuerzas que se constituyen en acción sobre acciones, en una perspectiva próxima a las de Friederich Nietzche y Karl Marx, excediendo y suplantando la violencia física enfocada en los cuerpos. No hay en Foucault ni una teoría general del poder ni una sociología (o antropología, o historiografía) aplicable a relaciones concretas, y tampoco a tipos ideales en el sentido de Max Weber, pese a la proximidad aparente entre ciertos análisis de estos dos autores.8

En la filosofía histórica de las formas políticas de Michel Foucault, preocupada por las formas de establecimiento de verdad o, mejor, por los procesos de veridicción, dos “proyectos” ocuparon su labor. Uno es el que él mismo llama la arqueología del saber, es decir, la forma de recuperar históricamente los procedimientos de enunciación de saberes que se constituyeron como dominantes, y que corresponde a la mayoría de las obras publicadas en vida del autor, con Les mots et les choses (1966) como texto indispensable. El segundo proyecto identificado por el propio autor, el de la analítica del poder, tiene como base lo que llama el método genealógico o, tal como fue conocida, la idea de una genealogía del poder. Los textos clave de este segundo proyecto son Surveiller et punir (1975) y el primer volumen de la Histoire de la sexualité (1976), enfocado en el dispositivo saber-poder del sexo.

El esbozo de un tercer proyecto, centrado en una filosofía de las formas de subjetivación, contenido en parte en los dos “proyectos” anteriores pero en parte también independiente, figura en los volúmenes restantes de Histoire de la sexualité, con L’usage des plaisirs (1984) y Le souci de soi (1984) publicados en el año de la muerte del autor y Les Aveux de la chair (2018) publicado de forma póstuma. Salvo diversas entrevistas y pequeños textos, toda la producción foucaultiana sobre cuestiones de soberanía (muy presente en Surveiller et Punir), pastorado, disciplina, biopoder, gobierno y Estado –insistimos, desde la preocupación con las formas políticas bajo la mirada de la filosofía– debe verse de forma distinta a los textos efectivamente publicados por elección y decisión del autor. Este punto es de importancia no menor, conocidos el perfeccionismo y cuidado de Foucault incluso en sus clases en el Collège de France, todas previamente escritas aunque alteradas en el curso de la exposición oral.

El mencionado método genealógico, y la síntesis del proyecto que se desdobló en diferentes cursos, hoy todos publicados, figura efectivamente en Il faut défendre la société (1997) bajo la supervisión de los herederos del autor, aunque anteriormente fue publicado en español por las Ediciones de La Piqueta (Foucault, 1992). En este libro, Foucault describe los procedimientos metodológicos mediante los que exhuma discursos que, como demuestra, cedieron ante la centralización de la realeza y el ascenso burgués, ya que estaban ligados a la primera camada de la nobleza que perdía espacio en la vida política. Particularmente, el discurso de la “guerra de razas” le sirve para oponerse al pensamiento dominante en la filosofía política –el iusnaturalismo contractualista–, fundamento en sí de la ciencia política y de la reflexión de una determinada antropología del poder, trayendo la guerra como horizonte de la reflexión filosófica sobre las formas políticas. Foucault sustenta así la inversión de la formulación de Carl von Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, donde sería más bien la política la continuación de la guerra abierta.

Del léxico y del pensamiento militares, derivados de varias vertientes, el autor extrae elementos para una analítica del poder. Si pensamos en la socio-génesis del Estado burgués y de los fascismos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, y si adoptamos el punto de vista de las sociedades surgidas de las invasiones de los Estados europeos, tal perspectiva permite formular hipótesis interesantes sobre numerosas cuestiones. Se trata de una intuición que ha demostrado ser proficua, en especial respecto de la ascensión de movimientos neofascistas en varias partes del mundo. Y es cierto que las élites criollas latinoamericanas importaron, sobre la base histórica de relaciones coloniales, serviles y/o esclavistas, ideas liberales europeas cuyos principios fueron puestos en cuestión por Foucault en cursos publicados post mortem más que en monografías acabadas.

Tomar aspectos de la producción de Foucault como fuente de inspiración para formular cuestiones sobre procesos sociales mediadas por la etnografía, apoyándose en la producción sociológica, es muy diferente de encontrar respuestas sin que hayan sido evaluadas bajo la luz de la investigación empírica, ya sea para corroborarlas o para descartarlas. Esto, sin embargo, es lo que se ha hecho demasiado a menudo. Ya sea por quienes concuerdan o por quienes difieren de Foucault en sus investigaciones en América Latina, África y Asia, el empleo de este autor ha estado en gran medida despojado de las referencias históricas y la información sobre las condiciones de producción de sus textos, así como de sus intereses analíticos específicos. Como resultado, su trabajo acaba siendo desplazado de su nicho y convertido inadvertidamente en “teoría sociológica” a ser aplaudida o criticada, lo que no era ni se proponía ser.

Estas cuestiones pueden ilustrarse mediante cierta “antropología del Estado” desarrollada desde fines del siglo XX (véanse, por ejemplo, Ferguson & Gupta, 2002; Das & Poole, 2004; Gupta, 2012), cuyo principal referente teórico es, precisamente, Foucault y sus conceptos de gubernamentalidad y biopoder, aunque también Gramsci y su noción de hegemonía y, en ocasiones, el trabajo de Agamben sobre la excepción; esto es, “autores que estaban menos interesados en el estado como un conjunto de actores, instituciones y prácticas concretas, por muy poco articulado que esté, y más en amplios procesos macro-históricos con un claro enfoque en Europa” (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014b: 53).

Una de las implicaciones de las privilegiadas referencias a la filosofía política en la mencionada literatura antropológica es que, si bien resulta menos dependiente de los modelos construidos sobre el trabajo de Weber, tiende a reducir al Estado a sus prácticas biopolíticas, regulatorias y disciplinarias, ignorando otras funciones como la provisión de bienes y servicios (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014b: 53). Asimismo, la preferencia de esa literatura por los “márgenes” y “proximidades” del Estado (Das y Poole, 2004; Bellagamba y Klute, 2008) tiene el mérito de demostrar el carácter inestable y contestado de los límites del Estado, pero, llevada al extremo, corre el riesgo de dejar a la noción del “Estado” sin sentido al subsumir bajo ella a todos los actores y fuerzas políticos —¿por qué no, entonces, sustituir a la “antropología del Estado” por una antropología de los procesos de gobierno en general? (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014b: 52). Un enfoque de esta naturaleza no resulta entonces tan útil para quienes se interesan en los aparatos estatales y sus actores, sus prácticas y sus perspectivas emic.

Aun así, ha de reconocerse que, influida también por la variante de Philip Abrams (1988 [1977]) del giro cultural en sociología, parte de la antropología del Estado desarrollada desde la década de 1990 ha buscado hacer empíricamente operativa la distinción entre prácticas estatales y la “idea del Estado”. Algunos trabajos se han enfocado en las prácticas cotidianas (por ejemplo, de las burocracias y sus clientes) y las representaciones públicas de la estatalidad como modos mediante los que se produce, o contesta, la apariencia del Estado como entidad situada sobre, contra o más allá de la sociedad en el contexto de concretos encuentros sociales (Gupta, 1995; Hansen & Stepputat, 2001; Ferguson & Gupta, 2002). Estas perspectivas sobre la constitución cultural de los estados revelan la diversidad cualitativa de formas estatales posibles, ya que incluso “los estados estructuralmente similares pueden… diferir profundamente entre sí en términos de los significados que tienen para sus poblaciones” (Sharma & Gupta, 2006: 11).

Este enfoque es valioso, pues las interpretaciones específicas de la estatalidad pueden depender de experiencias históricas particulares. La dimensión cognitiva del Estado contribuye a otras dimensiones y niveles que influyen en imaginarios tanto populares como teóricos, incluyendo el ideal weberiano de una estructura política unificada (Agudo Sanchíz, 2020). No obstante, un enfoque exclusivo en el Estado “representado” puede no escapar totalmente a este modelo, concentrándose simplemente en cómo su concomitante idea se difunde a través del tejido social.

La cuestión fundamental sigue siendo: ¿qué es la “cultura” en este contexto? Este problema puede no resolverse subsumiendo las “representaciones” y “prácticas cotidianas” bajo la categoría de la cultura, o trasladando el problema de su definición a la categoría del “significado” (Bierschenk, 2009). En algunos trabajos centrados en la idea de Estado, a la cultura se le permite valerse por sí misma como una “variable independiente” (Chabal & Daloz, 2006: 69) o, según critica Greenhouse (2012: 165), como “algo que explica, pero permanece fundamentalmente abstraído del tiempo, el espacio, los intereses y las relaciones sociales”. Siempre dependiente de particulares espacios y momentos históricos, la cultura, al menos en parte, es cómo se viven o experimentan el poder y la desigualdad. Así, podemos usar el término para denotar las ideas mediante las que se justifica o contesta la desigualdad, siempre y cuando entendamos que tales ideas están incorporadas en las actividades prácticas y relaciones sociales que producen desigualdad (Crehan, 2002: 2, 174ss.). Esta noción permite un enfoque etnográfico sobre la diversidad cultural de las formas políticas, incluyendo “la cuestión de cómo participa la gente en la reforma del poder estatal (en sus propias mentes o en las calles)” (Greenhouse, 2012: 168).

Una perspectiva empíricamente orientada sobre cómo la gente comparte el poder y el acceso a recursos, además de participar en la legitimación y las representaciones, es esencial para examinar cómo “el Estado” surge —o no— de las prácticas de los actores en lugar de tener una realidad propia. Inspirados también por la crítica de Abrams (1988 [1977]) a las teorías neomarxistas del Estado, Migdal y Schlichte (2005: 14-19) han reformulado las distinciones entre los enfoques escépticos, idealistas y empíricos del Estado en términos de la diferencia entre, por un lado, “una idea del Estado” homogeneizadora —coproducida y “compartida por perspectivas normativas opuestas, estatistas y anti-estatistas”— y, por otro lado, las heterogéneas “prácticas del Estado” que pueden reforzar o debilitar dicha imagen estatal (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014a: 14-15). Esta distinción puede emplearse, entonces, para reorientar la atención desde el Estado como unidad de análisis hacia las prácticas mediante las que “se hace —y deshace— el Estado”, vinculadas con instituciones públicas y privadas, burocracias y prestación de servicios (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014a: 15).

Volvemos así, en cierto modo, al argumento sobre la relacionalidad de la diferencia que mencionamos en el apartado anterior. Puesto que el Estado puede verse como resultado de condensaciones históricas y geográficamente específicas de intereses conflictivos en complejos campos políticos, el enfoque analítico ha de dirigirse a las estructuras de poder entrecruzadas y al “enmarañamiento de lógicas sociales” revelados por la antropología contemporánea de las organizaciones, la política pública y los programas de desarrollo (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2014b: 48).

Antropología, Estado, políticas públicas y burocracias estatales en Latinoamérica

Antes de que las políticas públicas fuesen aclamadas como un “nuevo campo de estudio para la antropología” (Shore & Wright, 1997), la relación entre antropología, programas de desarrollo y políticas públicas había sido estrecha a lo largo del siglo XX. México ofrece numerosos ejemplos de dicha relación, entre los que se encuentran el proyecto para la población del valle de Teotihuacán dirigido por el antropólogo Manuel Gamio entre 1917 y 1922 (Gamio, 1979 [1922]); los esfuerzos antropológicos y arqueológicos de la Secretaría de Educación Pública durante las décadas de 1920 y 1930; y la participación de muchos antropólogos en los proyectos de desarrollo industrial impulsados por el presidente Miguel Alemán entre 1946 y 1952, así como en la concepción y el empleo de las políticas indigenistas (Lagarde, 1979; Oehmichen, 1999).

Este último ejemplo reveló la trascendencia política del papel de los antropólogos como voceros privilegiados de las necesidades concernientes a las poblaciones indígenas. Durante el periodo nacionalista posterior a la revolución de 1910-1920, el indigenismo se convirtió en la principal expresión política de la antropología mexicana. Vinculado orgánicamente a la ideología oficial, el conocimiento antropológico fue considerado un instrumento clave en la solución del llamado “problema indígena” —esto es, la “heterogeneidad cultural” del país—, siendo empleado para asistir en el diseño y la instrumentación de programas de educación y desarrollo económico dirigidos a las poblaciones originarias (Calderón, 2002).

Las primeras críticas a este programa de “asimilacionismo” y “homogeneización cultural” provinieron de una nueva generación de antropólogos surgida del movimiento estudiantil de 1968 (Warman et al., 1970), la cual se dividió pronto en dos tendencias contrastantes. Contra la ideología del mestizaje, algunos rechazaron la visión de los pueblos indígenas como fuente de atraso, celebrando su activa “resistencia cultural” como algo que debía promoverse en aras de una sociedad más justa (Bonfil Batalla, 2019 [1987]).9 En cambio, otros críticos minimizaron cuestiones de diferencia cultural e identidad indígena, alentando debates entre distintas perspectivas marxistas sobre la relación entre el sector agrario y el urbano-industrial, en particular la capacidad de la economía campesina para adaptarse a la modernización capitalista (Warman, 1976; Hewitt de Alcántara, 1978; Margulis, 1979; véase también Palerm, 2008 [1980]: 197-327). Para los académicos y activistas de esta segunda vertiente —quienes terminaron a menudo incorporados en la política institucional, en los programas de desarrollo del periodo “neoliberal” o en la burocracia creada para gestionar la cancelación de la reforma agraria durante la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994)—, los problemas específicos de las comunidades indígenas habrían de resolverse mediante reformas dirigidas a los problemas del conjunto de la sociedad mexicana, especialmente la pobreza, la desigualdad y el autoritarismo del decrépito régimen posrevolucionario.

Fruto de la sustitución de la “des-indianización” por la “des-campesinización” en las preocupaciones de la generación posterior al viejo indigenismo oficial, se desarrolló un (relativamente tardío) interés en lo urbano en la antropología mexicana, la cual prestó particular atención a la migración del campo a la ciudad (Arizpe, 1975; 1978) y la supervivencia y reproducción de grupos domésticos marginados, con un enfoque en cuestiones de clase y género (Lomnitz, 1975; González de la Rocha, 1986; 1988).

De los intereses temáticos anteriores, y de la preocupación general por cuestiones prácticas de bienestar social, se mantuvo un interés por las políticas públicas por parte de una antropología mexicana ya liberada de sus pasados servicios al proyecto de construcción e identidad nacionales. No pocos trabajos surgen de la participación de antropólogos y antropólogas en consultorías, especialmente en investigaciones destinadas a las evaluaciones cualitativas de programas de “desarrollo” y combate a la pobreza a partir de la década de 1990 (Escobar & González de la Rocha, 2000; Valencia, Gendreau & Tepichín, 2000; González de la Rocha, 2006). Mucha de esta producción está enfocada en los programas de transferencias condicionadas (Hevia, 2011), consecuentes con la disminución del gasto público y su focalización en la “pobreza extrema” tras las crisis de deuda de las décadas de 1980 y 1990, en un contexto de debates académicos acerca del “Estado empequeñecido” y la “gubernamentalidad neoliberal”. Las etnografías de estas políticas sociales supuestamente globalizadas se centran en demostrar sus diversas facetas, lógicas y efectos en diferentes lugares a lo largo del sur global, lo cual ha llevado a antropólogos y antropólogas de países como México y Brasil a colaborar con especialistas en otras áreas geográficas (véase el volumen editado por Olivier de Sardan & Piccoli, 2018). En el caso de México, estas perspectivas vienen acompañadas por el desarrollo de una auto-consciente “antropología de las políticas públicas”, centrada no sólo en los efectos no intencionados de los programas sociales en las comunidades receptoras de las ayudas, sino además en las instituciones y comunidades profesionales de dichos programas (Agudo Sanchíz, 2015).

Sin embargo, la cuestión indígena seguiría figurando entre las preocupaciones centrales de la antropología mexicana, la cual recibió un nuevo impulso con el movimiento por los derechos y la autonomía de los pueblos originarios y, sobre todo, con el estallido de la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas. Desde sus orígenes como levantamiento liderado por una guerrilla influida por maoístas urbanos e integrantes de la Teología de la Liberación (Leyva Solano & Ascencio Franco, 1996), la rebelión evolucionó a un movimiento por la autonomía e identidad indígenas que impulsó un diálogo con amplios sectores de la sociedad mexicana y una alianza con otros movimientos sociales. Estas circunstancias revivieron el debate público acerca del “problema indígena” en México.

A raíz de la rebelión de 1994, fue posible ver la publicación de estudios detallados sobre los orígenes y el contexto de distintas formas de movilización indígena, así como de análisis históricos y etnográficos de las contrastantes respuestas al zapatismo y sus formas precursoras de conflicto y organización en diversas regiones y localidades de Chiapas (Viqueira & Ruz, 1995; Leyva Solano & Ascencio Franco, 1996; Legorreta, 1998; Hernández Castillo, 2001; García de León, 2002; Viqueira, 2002; Vos, 2002; Agudo Sanchíz, 2008; Escalona Victoria, 2008; Estrada Saavedra & Viqueira, 2010). Algunos de estos trabajos dialogaron con estudios anteriores sobre la formación y el funcionamiento del Estado mexicano, los cuales habían demostrado la construcción regional y culturalmente diferenciada de la política del régimen posrevolucionario en distintas partes del país (Lomnitz-Adler, 1992; Rubin, 1996). Una premisa clave fue que, en la muy regionalizada sociedad mexicana, el dominio del Estado moderno había de entenderse “desde abajo” y, por ende, como algo que inevitablemente hubo de negociarse entre las diversas configuraciones de intereses y actores locales que intentaron llevar a cabo sus propios proyectos de construcción estado-nacional (Joseph & Nugent, 1994). Ya entrado el siglo XXI, tras la histórica derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (el cual se había mantenido en el poder desde 1929), surgieron debates adicionales acerca de las transformaciones del Estado mexicano a partir de fenómenos tanto globales (reestructuración neoliberal) como locales y regionales (nuevas formas de relación entre ciertas poblaciones y el Estado-nación) (Maldonado Aranda, 2001).10

Los trabajos posteriores sobre antropología del Estado en México dialogan con todos estos estudios y derivan parte de su inspiración de la mencionada literatura en inglés, en especial la dirigida a los “márgenes” y la naturaleza contestada de los límites del Estado,ya sea en regiones donde la presencia de instituciones estatales ha sido irregular o ambigua o en situaciones de violencia, criminalidad, migración y frontera (Maldonado Aranda, 2010; Agudo Sanchíz & Estrada Saavedra, 2011). No obstante, este proyecto se enfrentó a dos retos importantes. El primero de ellos consistió en no perder de vista los dispositivos de poder y las formas de organización social que pueden llegar a hacer efectivas ciertas modalidades de dominación; a partir del distanciamiento crítico frente a la noción del Estado como “maquinaria” coherente y centralizada, el problema consistía en revisar y sustentar empíricamente los análisis “descentrados” del Estado sin caer en sus excesos y perder de vista cómo puede tener lugar de hecho la dominación (Escalona Victoria, 2011).

El segundo desafío fue traer a la superficie aquellas dimensiones estatales que, en muchos estudios, se hallaban en segundo plano. Por ejemplo, el examen de las expectativas creadas por ciertas formas de movilización social hubo de vincularse con estudios sobre la formación del Estado, enfatizando el proceso mediante el cual dichas expectativas se traducen en, y son a su vez estructuradas por, determinadas instituciones jurídicas; asimismo, aquellos autores que trabajaban sobre corrupción, tráficos clandestinos y migración indocumentada hubieron de plantearse cómo las instituciones de la ley crean sus propias contrapartes y zonas de ambigüedad e ilegalidad, así como a percibir la violación de la ley como uno de los efectos clave de la burocracia estatal (Agudo Sanchíz & Estrada Saavedra, 2014; Agudo Sanchíz, Estrada Saavedra & Braig, 2017).

Estos enfoques empalman con una vía de entrada empírica al examen de “la vida cotidiana del Estado” y las prácticas mundanas mediante a las que se “hace al Estado”, a través de la etnografía de las normas y quehaceres rutinarios de las burocracias, incluyendo aquellas dedicadas a la provisión de servicios. Estos intereses de investigación recuperan, asimismo, la mencionada preocupación por los efectos de las políticas públicas y las formas sociales que éstas adoptan mediante las prácticas de los ciudadanos y sus interacciones con funcionarios, invirtiendo incluso el foco de atención en las discusiones sobre implementación de planes y programas: mediante sus innovaciones y arreglos informales en la provisión cotidiana de bienes y servicios a la población, los “burócratas a nivel de calle” hacen las políticas que están encargados de “implementar” (Lipsky, 2010).

Puede mantenerse, sin embargo, que las organizaciones, la administración y los servicios públicos, así como el trabajo de las burocracias, han recibido comparativamente menos atención antropológica en México que en otros países como Brasil. Aunque existen notables excepciones, la visión dominante en la disciplina a menudo consideró este tipo de estudios como algo demasiado contaminado por las teorías de la administración y las relaciones humanas en las organizaciones.11 Los textos recogidos en una antología publicada recientemente en México sobre las burocracias en contacto directo con el público, inspirados por el trabajo de Michael Lipsky (2010), fueron escritos por autores basados en otros países y procedentes de disciplinas como la ciencia política y los estudios sobre administración y políticas públicas (Dussauge Laguna, Cejudo & Pardo, 2018). Otros trabajos recientes sobre las burocracias a nivel de calle y el funcionamiento cotidiano de ciertas instituciones públicas, caracterizados por un importante componente etnográfico, ilustran los cruces entre la antropología, la sociología y los estudios urbanos (Luján Verón, 2023; Leal Martínez, Crossa & Díaz, en prensa).

Más frecuentes en México, sin embargo, han sido los estudios antropológicos que contribuyen a nuestra comprensión de las identidades y experiencias de los policías, así como de la economía moral del trabajo policial y su implicación en la reorganización de la vida social, con un enfoque en el tipo de relación que la policía tiene con ciertos públicos, la influencia de determinados incentivos y presiones políticas en las prácticas de los agentes policiales, o los discursos mediante los que estos justifican sus propias conductas (Azaola, 2006; Azaola & Ruiz Torres, 2009; Suárez de Garay, 2006; Agudo Sanchíz, 2022b). Estos estudios han cobrado un nuevo impulso ante la preocupación por la criminalidad, la inseguridad y la violencia que no han hecho sino incrementarse en el país durante las dos últimas décadas (véase el capítulo de Andrea de la Serna en este volumen). Al respecto, el interés se ha desplazado a la difuminación de fronteras entre lo público y lo privado con base en investigaciones sobre las complejas interacciones entre el crecimiento de la militarización y el control policial, el paramilitarismo, las actividades ilegales y el dominio ejercido por grupos criminales en diversos ámbitos y regiones (Maldonado Aranda, 2018). En los últimos años se han sucedido esfuerzos, a menudo colectivos e integrados por especialistas en antropología, sociología política, historia y geografía, no limitados a estudios de caso mexicanos, por encontrar los conceptos y estrategias más adecuados para dar cuenta del desbordamiento de límites entre lo legal y lo ilegal, así como de la dialéctica entre des-estatalización y re-estatalización de prácticas de gobernanza y seguridad (Maldonado Aranda, 2021; Zamorano, Capron & Díaz, 2023). Un problema de fondo en las recientes preocupaciones sobre las “soberanías disputadas” es el cuestionamiento del Estado como única modalidad de gobierno o fuente de poder, donde el análisis se dirige a los complejos traslapes e interacciones con otros “órdenes” como el narco-criminal o el constituido por los grupos armados de autodefensa comunitaria (Estrada Saavedra, 2024).

En lo respectivo a México, en suma, el panorama reciente es el de un conjunto heterogéneo de aportes interdisciplinares que, si bien no suponen necesariamente el surgimiento de un campo científico específico —mucho menos de una teoría unificada—, convergen a menudo en preservar una cierta centralidad del Estado para la explicación de los fenómenos políticos, aunque sin “ontologizarlo” como entidad independiente de fuerzas sociales y políticas más amplias. Los enfoques en la “idea del Estado” y en las dimensiones disciplinarias y regulatorias tienden a sustituirse por el interés en las prácticas mundanas en instituciones y burocracias, mediante estudios que pueden poner al Estado “en pausa” o incluso no tenerlo necesariamente como punto de llegada.

De manera similar a lo sucedido en México con el indigenismo oficial, la relación entre antropología y Estado ha sido constitutiva en el caso de Brasil, pero de una manera bastante distinta de la de otros contextos nacionales. Lejos de la idea de un distanciamiento de la esfera pública, durante la primera mitad del siglo XX la investigación antropológica en Brasil estuvo vinculada con las discusiones relativas a la construcción nacional (Corrêa, 1988; Peirano, 1981; 1992) en un país de pasado colonial pero, sobre todo, esclavista. De forma relativamente reciente, la antropología estuvo también involucrada en procesos de formación del Estado (Elias, 2006), bajo la égida de la acción gubernamental hacia los pueblos indígenas (Souza Lima, 2018 [1995]) o en acciones gubernamentales como las políticas inmigratorias (Seyferth, 1985; 1996) o los servicios de identificación civil (Carrara, 1985; Cunha, 2002). La disciplina ha estado así aliada a las élites en la formación del régimen republicano y en las más variadas formas en que se presentó el hecho social del mestizaje racial (Souza Lima & Gonçalves Días, 2020; véase el capítulo de Souza Lima en este volumen).

Un cambio de dirección se iniciaría en la década de 1950, el cual correspondió sobre todo a la implementación de un formato moderno de posgrado en antropología. A fines de la década siguiente, sufriría sin duda el impacto de la dictadura empresarial-militar, cuya inversión en la formación de una tecnocracia terminó sin embargo fomentando el desarrollo de las carreras de posgrado, lo que, con prudencia y limitación, consiguieron también aprovechar las ciencias sociales (Corrêa, 1995; Souza Lima & Gonçalves Dias, 2020). A la expansión de los sistemas universitarios y, sobre todo, de los programas de posgrado se sumaron las percepciones de los efectos nefastos del desarrollismo tanto en contextos urbanos como rurales. Bajo la expansión gubernamental para la región amazónica (Davis, 1977), las cuestiones indígenas cobraron importancia bajo la influencia de la Declaración de Barbados (Chirif, 2021; Pacheco de Oliveira, 2021), dando lugar a una amplia crítica a la dictadura en la que los jóvenes formados en nuevos cursos de posgrado tuvieron notable protagonismo (Souza Lima & Barroso-Hoffman, 2002).

Fue sin embargo el contexto de la redemocratización del país después de 1985, con los procesos electorales de gobiernos democráticamente elegidos a partir de 1990, y los derechos sociales y civiles reconocidos a segmentos culturalmente diferenciados por la Constitución Federal de 1988 —con sus desdoblamientos en demandas por políticas de reconocimiento—, que aceleró las investigaciones de lo que se llamó una antropología de la política enfocada en los procesos electorales, en los rituales que constituyen la performatividad política estatal y en la violencia en los procesos políticos (Palmeira, Peirano y Leite Lopes, 1998). Proliferó asimismo el estudio de temáticas en torno a las elecciones, el Congreso Nacional (Teixeira, 1998), la intrincada relación entre congresistas, municipios (sus “bases electorales”), contratistas de las grandes obras de ingeniería y sectores de la administración pública (Bezerra, 1999), las prácticas corruptas (Bezerra, 1995) o los profesionales del “marketing político” (Castilho, 2014).

Otras vertientes de investigación enfatizaron el estudio etnográfico de las acciones gubernamentales (Souza Lima & Castro, 2015), dialogando con la sociología y la ciencia política y, sobre todo, apoyándose en una lectura constructivista y no nominalista de autores clásicos de las ciencias sociales, la filosofía política y la historiografía. Otros estudios aún se ocuparon de los segmentos sociales que habían desempeñado papeles dominantes en el régimen dictatorial en la vida social y política brasileña, como los militares (Castro, 1990, 1995; Leirner, 1997; Castro & Leirner, 2009), la burocracia fiscal (Miranda, 2015) o la relación entre consumidores e instituciones (incluso estatales) en el mercado (Bevilaqua, 2008). A estos enfoques se suman los estudios sobre la mediación de conflictos, las instituciones policiales y el poder judicial, que han sido liderados por Roberto Kant de Lima (2011; 1995, entre otros) y Luis Roberto Cardoso de Oliveira (2011; 2023, entre otros). A ellos se suma una vasta red de investigadores que mantiene un diálogo permanente con equipos de Argentina y México, así como de otros países, que hoy se agrupa en torno al Instituto de Estudios Comparados en Gestión de Conflictos (INCT-InEAC), del programa Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología.12

El intenso diálogo entre antropólogos y juristas también ha llevado a la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) a invertir en la facilitación de este diálogo a través de iniciativas como cursos y publicaciones (Souza Lima, 2012, entre otros). La ABA también ha propiciado espacios de diálogo y producciones conjuntas con investigadores mexicanos sobre el tema de la violencia (Souza Lima & García-Acosta, 2014).

Tanto el espectro sobre el cual los antropólogos se inclinaron como sus concomitantes propuestas analíticas (Bevilaqua & Leirner, 2000; Miranda, 2005; Souza Lima, en este volumen), sin la perspectiva de constituir un “subcampo” stricto sensu, demuestran la riqueza de las investigaciones que se hicieron de forma paralela a muchos otros trabajos, ya sea como tesis académicas o como estudios surgidos de procesos de intervención.13

Aunque se diferencian por los propios contextos regionales y nacionales, en Argentina las inquietudes en torno al Estado, las prácticas de poder y las instituciones mantienen afinidades analíticas con estudios hechos en Brasil, debido a que muchas investigadoras e investigadores argentinos obtuvieron su formación doctoral en este país y dialogaron con trabajos como los de Palmeira y Heredia (2010), Neiburg (1997) y Souza Lima (1995; 2002; 2012; 2021). Entre los grupos de trabajo surgidos al respecto se encuentran el Equipo de Antropología Política y Jurídica (radicado en la Universidad de Buenos Aires) y el Programa Sujeciones y Subjetividades Contemporáneas. Otra línea de investigación, inscrita como una antropología de la política, se vincula con el estudio sobre facciones, partidos políticos y alianzas. También podríamos señalar otro conjunto de investigaciones que retoman lo político con respecto a un conjunto mayor de problemas sociales, entre ellos el trabajo, la vivienda, el acceso a la tierra, los movimientos sociales, las reconfiguraciones estatales, la construcción de hegemonía y las formas de movilización, resistencia y organización política por parte de grupos subalternos, así como las maneras en que estos sectores sociales realizan demandas al Estado.14

Esta revisión, lejos de ser exhaustiva, se encuentra marcada por algunas trayectorias investigativas y deja de lado las antropologías hechas en las universidades de distintas provincias. Con dolor, reproduce la “centralidad” de las instituciones de mayor reconocimiento en Argentina, lo que resulta un indicador de las desigualdades de la producción de conocimiento y las políticas de fomento a la educación e investigación, a pesar de los intentos por reducirlas en las últimas décadas. En este sentido, nos sirve retomar la noción desarrollada por Claudia Briones sobre formaciones nacionales de alteridad (Briones, 2005), en la medida en que permite considerar que esas distribuciones desiguales también son producto de procesos sociales, históricos y culturales de larga duración y característicos de la conformación de los estados provinciales.

Partiendo entonces de un recorte arbitrario y asumiendo su sesgo, podrían delimitarse temáticas, intereses, líneas y grupos de investigación que abarcan distintas generaciones de investigadoras e investigadores. Desde 1993, el Equipo de Antropología Política, posteriormente denominado Equipo de Antropología Política y Jurídica, ha promovido sus investigaciones a través del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras).15 Entre los temas abordados por este grupo se encuentran las diferentes formas de violencia de Estado como las debidas a la policía, el sistema judicial, los gobiernos dictatoriales y las modalidades en que aquéllas se encuentran instaladas en las burocracias estatales (Oliveira & Tiscornia, 1990; Tiscornia, 2004; Tiscornia & Pita, 2005; Pita, 2010; Garaño, 2020; Garaño & Concha, 2022; Villalta, 2012; Villalta & Martínez, 2022). Además del interés por conocer las burocracias estatales, se da cuenta de las acciones políticas llevadas a cabo por “movimientos y grupos sociales que demandan derechos y demandan ‘justicia’” (Tiscornia et al, 2010: 8; véanse también Pita & Pereyra, 2020). Para esto último reconocen la influencia que tuvieron en sus investigaciones el movimiento y las organizaciones que pusieron en la agenda pública conflictos sociales en clave de violaciones a los derechos humanos.

En 2014, en Quehaceres (revista del departamento de Ciencias Antropológicas, FFyL-UBA), el Equipo de Antropología Política y Jurídica reafirma la importancia del trabajo etnográfico para la comprensión del Estado como un conjunto heterogéneo de instituciones históricamente situadas. Uno de los campos temáticos en que el Equipo resume sus propósitos comprende etnografías que reconstruyen el funcionamiento de diversas instituciones estatales durante la dictadura militar, indagando en continuidades y rupturas con el período democrático. Un segundo conjunto de etnografías se relaciona con “las instituciones y formas de actuación policiales, judiciales y administrativas y las formas en que se administran y gestionan los conflictos”, mientras que una tercera área de estudio se vincula con la demanda de justicia y las maneras en que los actores emergen debatiendo las tramas burocráticas en las que se encuentran inmersos, y con “el análisis de las acciones del activismo legal y de los derechos humanos, y su capacidad de intervención en la ampliación de derechos” (Tiscornia, Pita & Villalta, 2014: 51).

Un segundo conjunto de intereses por el Estado viene dado por las problemáticas indígenas en la relación/tensión entre la nación y las configuraciones provinciales. Podemos mencionar aquí al Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación (GEAPRONA), cuyas investigaciones se centran en las problemáticas específicas de diversos grupos indígenas (Mapuches, Huarpes y Wichi) localizados en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén, Salta y San Juan.16 El interés se dirige al conocimiento de “las políticas del estado federal y las construcciones hegemónicas en arenas nacionales” que se (re)producen con diferencias en los estados provinciales, con el objetivo de comprender las “formas históricamente específicas de la relación provincia/nación” y la relación “provincia/alteridades internas”, a partir de las semejanzas entre “producciones culturales y procesos organizativos de distintos pueblos indígenas” y “variaciones en la organización de un mismo pueblo indígena según las distintas provincias” (Briones, 2005: 6).17 Esta línea de investigación muestra una cuestión crucial en torno al estudio del Estado en Argentina: la relación con los estados provinciales, no sólo en el tratamiento de la alteridad, sino en los procesos históricos, económicos, sociales, políticos e identitarios (Briones, 2005: 6-7). Dichas formaciones estatales (provincias/Estado nacional) fueron posibles mediante un genocidio fundante (Lenton, 2010), o más bien, por el sistemático exterminio y genocidio de la alteridad y la diferencia a lo largo de la historia. Apuntar a los procesos de conformación estatal/provincial en tensión con una geografía simbólica hegemónica nacional, que se sustenta en la fuerza del Estado como idea, como diría Abrams (1988), ha resultado un gran aporte e inspiración para comprender los contextos locales.

En términos de procesos políticos y Estado, podemos identificar otro grupo de investigación centrado en el estudio de los comicios, procesos eleccionarios y partidos políticos (Boivin, Rosato & Balbi, 1998; Rosato & Balbi, 2003; Balbi, 2004, 2007; Balbi & Boivin, 2008). Sus integrantes dialogan con profesores del Museo Nacional/Universidad Federal de Río de Janeiro, donde algunos se formaron o trabajan hoy. El tránsito entre Brasil y Argentina generó que se diera continuidad a una “antropología de”, es decir, sobre una temática particular, en este caso la política institucional. En palabras de Frederic y Soprano, las influencias de “autores, textos y programas de investigación y formación de posgrado de la antropología social del Brasil entre los antropólogos de la Argentina, facilitaron la introducción de una nueva definición programática en la comprensión de las relaciones entre antropología y política” (Frederic & Soprano 2008: 131). En su diagnóstico, los cambios de intereses se debieron a que la política pasara a ser reconocida como objeto de estudio en sí misma, distanciada de un modo de hacer antropología ligada al compromiso militante.

Existe otro conjunto de indagaciones en torno a distintos modos de hacer Estado, o a lo que Steinmetz (1999) llama procesos de formación de Estado, manifiestas en problematizaciones sobre representaciones y prácticas políticas, tutela y políticas públicas, reglamentaciones jurídicas, normas sociales, prácticas artísticas o celebraciones públicas, las cuales se hacen cuerpo performativamente en diversos agentes sociales (Blázquez, 2012a, 2012b; Lugones, 2012; Lugones, Díaz & Tamagnini, 2024; Bruno, 2022; Díaz, 2022; Tagmanini, 2010). Estas investigaciones se preocupan por los modos en que se articulan las sujeciones a normativas y las maneras en que éstas producen subjetividades, y se inscriben en su mayoría en el Programa de Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas, codirigido por Gustavo Blázquez y María Gabriela Lugones en el marco del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba.18 Según la hipótesis general del programa, “las performances sociales y/o artísticas, en virtud de su carácter repetido y repetible, ‘gestan’ performativamente corporalidades y subjetividades a la vez que ‘gestionan’ modos específicos de sujeción y en este sentido operan como ‘transformances’”; la apuesta del programa es “conformar un observatorio de las intensas transformaciones de los regímenes de verdad, poder y saber y, consecuentemente, en las corporalidades, subjetividades y sujeciones producidas en las últimas décadas en Córdoba”.19 Este enfoque también comparte intereses analíticos con investigaciones semejantes desarrolladas en otras universidades nacionales (Navallo, 2007; 2010), como el abordaje del Estado y las preocupaciones por las formas de hacer política mediante sus dimensiones festivas y celebratorias. Como resultado de estos intereses, y en referencia a Victor Turner (en conmemoración de los 100 años de su natalicio), se lanzó el libro Celebrar. Una antropología de la fiesta y la performance, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba (Blázquez & Lugones, 2020).

El conjunto de investigaciones descritas encuentra un espacio de diálogo e intercambio en mesas y grupos de trabajo como los de la Asociación Latinoamericana de Antropología, la Reunión de Antropología del Mercosur, el Congreso Argentino de Antropología Social, la Asociación Brasileña de Antropología o la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Los trabajos resultantes observan, describen y explican los modos en que se hace Estado y política a través de prácticas que no siempre son reconocidas ni identificadas como propiamente políticas o estatales. Sin embargo, sus contribuciones son fundamentales para comprender los procesos históricos sociales y locales en la Argentina contemporánea.

En suma, el enfrentamiento de los procesos sociales concretos en juego en las variadas coyunturas históricas recientes, así como la amplia inserción de antropólogos y antropólogas en la esfera pública en países como México, Brasil y Argentina, muestra la importancia y extrema actualidad de las diversas líneas de investigación en torno al Estado, sus políticas y las instituciones de gobierno (Souza Lima & Facina, 2019). Al mismo tiempo, no obstante, la (con)fusión de horizontes entre tradiciones históricas ibéricas, formas idealizadas franco-británicas y prácticas sociales arraigadamente coloniales parece más que nunca suscitar controversias y exponer algunas dimensiones más perversas de América Latina. Dado el carácter de esta compilación como proyecto realizado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Antropología, nos parece que abordar las coyunturas presentes, pensando los escenarios de ascenso de violencias, autoritarismos y proyectos neo-extractivistas bajo ideologías ultra neoliberales (Svampa, 2019), es parte imprescindible de una antropología del Estado enfocada tanto en las políticas de gobierno como en las prácticas performativas y simbólicas, las cuales producen imágenes de unidad en medio de intereses cada día menos anclados en las fronteras de los Estados nacionales.

Presentación del libro

Las personas autoras de este libro proceden de cuatro países —Argentina, México, Brasil y Chile— y, si bien dialogan en muchos casos con la filosofía política, la historia y diversas ciencias sociales, son todas antropólogas, lo cual explica la preponderancia de la investigación y el género de escritura propios de la etnografía.20 Las condiciones en que realizaron sus estudios difieren de manera considerable: en algunos casos son fruto del trabajo colaborativo o de proyectos más amplios, mientras que en otros casos los capítulos resultan de la investigación individual, en ocasiones doctoral o posdoctoral. No obstante, en respuesta a los objetivos del mencionado simposio para el congreso de ALA que los convocó, todos los trabajos reunidos en este volumen ilustran una u otra de las perspectivas discutidas anteriormente respecto del estudio de diferentes áreas de acción estatal, así como de las respuestas de diversos grupos sociales.

Hemos decidido agruparlos en cuatro bloques que dan cuenta de esa diversidad. El primero de ellos contiene textos que abordan diversas facetas de la reproducción de desigualdades sociales y sujeciones políticas mediante prácticas de gobernanza, gestión y administración. El segundo bloque está dedicado de manera más detallada a la planeación y las políticas públicas, y reúne trabajos que examinan desde procesos más amplios en perspectiva histórica hasta los acontecimientos y relaciones de políticas específicas mediante la etnografía, tomándolas a menudo como vía de entrada a la comprensión de las prácticas mediante las que se configura el Estado. Los capítulos del tercer bloque se ocupan de forma más explícita de la antropología de las instituciones y están caracterizados por un enfoque etnográfico sobre burocracias específicas. Los textos del último bloque entran en el terreno de las respuestas de diversos grupos sociales a las acciones estatales; dichos grupos articulan sus formas de organización y movilización en complejas interacciones con instituciones, normas y procedimientos burocráticos en principio orientados a asistirlos o garantizar sus derechos, exponiendo a menudo sus inconsistencias. Ofrecemos a continuación un mapa de lectura más detallado de los contenidos de cada bloque temático.

Dispositivos y ensamblajes de patrones de acción y procedimientos de regulación social