Tensiones en el Ejército E-Book

Rubén Aguilar Valenzuela

• Herausgeber: Cal y arena
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Tensiones en el Ejército es un compendio de textos críticos sobre el proceso de militarización de la vida pública ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su autor, Rubén Aguilar Valenzuela, escribió esta serie de piezas periodísticas a partir de diversos diálogos que tuvo con altos mandos militares en activo y en retiro. En dichas conversaciones, Aguilar encontró un particular descontento al interior del Ejército por las decisiones que tomó el Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cabe decir que la palabra militarización ha sido una piedra en el zapato para el gobierno obradorista y lo será para el que recién comienza. Desde el oficialismo se ha negado de forma rotunda que así sea. La realidad es que los militares acumularon poder y dinero en el sexenio. A su cargo estuvieron (y estarán) obras de gran envergadura como aeropuertos, vías ferroviarias, bancos y aduanas; y el titular del Poder Ejecutivo lo celebró en repetidas ocasiones, a pesar de las controversias y los escándalos en los que la institución castrense se ha visto envuelta en los últimos años. En medio de una grave crisis de seguridad y violencia, el gobierno de López Obrador encontró en el Ejército a su mejor aliado. Sin embargo, estos problemas no han sido solucionados. Sobre esto nos dice en su libro Aguilar Valenzuela: "Al presidente lo convencieron de que sólo el Ejército podría resolver los asuntos de inseguridad y violencia en el país y que para eso era necesario eliminar a la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, supeditada a esa dependencia. Ya en el poder, el ahora comandante en jefe vio que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, por su formación y disciplina, le iban a ser absolutamente fieles e incluso sumisas. Así ha sido".

Leseprobe

Tensiones en el ejército

Diálogo con altos mandos

Rubén Aguilar Valenzuela

Presentación

El 26 de marzo de 2019, la Guardia Nacional fue creada como “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional”. Sin embargo, duró poco su frontera con los altos mandos militares.

En septiembre de 2022, cuando se publicó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional con la que se transfirió su comandancia y recursos humanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó rumbo definitivo hacia la militarización, traicionando su promesa de regresar el Ejército a los cuarteles.

“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva Policía Federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, decía el entonces candidato a la presidencia en un video publicado en sus redes sociales en abril de 2012. Esa fue una de sus principales banderas durante aquella campaña presidencial y la siguiente. Como presidente electo, volvió a comprometerse a desvincular al Ejército de las tareas de seguridad pública.

Fiel a su narrativa decimonónica, el Presidente usó el término “Guardia Nacional” para la nueva institución, un concepto olvidado en el texto de la Constitución y que recuerda a los ciudadanos armados que junto con Juárez salieron a la defensa de México frente a la invasión francesa.

Sobre la inclusión de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional podemos precisar: 1. Hay una obscena burla a la ley suprema. No obstante que en el texto se prohíbe su carácter militar, y que la ley fue declarada inconstitucional, el gobierno ha montado una serie de triquiñuelas legales para mantener una corporación cien por ciento militar; 2. Los efectivos de la Policía Federal que debieron integrarse a la Guardia Nacional fueron despedidos casi en su totalidad y sustituidos por personal militar, no sólo por mandos, también por tropa, y 3. Parece una paradoja: el Ejército que conocemos, en términos reales está siendo vaciado, la mitad de sus efectivos fueron trasladados a la nueva corporación, y con ello recordamos aquella declaración de López Obrador de julio de 2019, en la cual manifestó su deseo por desaparecer al Ejército y convertirlo en una Guardia Nacional.

Ahora, a poco tiempo de que concluya el mandato de López Obrador, los militares no solamente se ocupan de la seguridad interior, sino que los hemos visto dedicarse a todo tipo de tareas. Estuvieron involucrados en la construcción de cuatro aeropuertos; en tres tramos de la obra insignia del sexenio, el Tren Maya; son los encargados de frenar el flujo migratorio desde Centroamérica; han remodelado hospitales, construido bases de la Guardia Nacional, sucursales del Banco del Bienestar; han atendido el robo de combustible, han vendido cachitos para la rifa del avión presidencial, que finalmente fue vendido al gobierno de Tayikistán; han contribuido con árboles al programa Sembrando Vida; han distribuido vacunas contra la covid-19; han vigilado la entrega de programas sociales, han limpiado las playas de sargazo, han entregado libros y materiales educativos para los programas escolares, han transportado fertilizantes; les fue encargado el control de las aduanas marítimas y terrestres, operaron el rescate del ex presidente Evo Morales, incluso fueron los encargados de repatriar los restos de José José tras su fallecimiento en la ciudad estadunidense de Miami. Y la lista sigue.

Todo esto, no sin el desacuerdo de un buen grupo de altos mandos que no ven con buenos ojos la increíble diversificación de atribuciones, que a todas luces exceden las tareas estipuladas en los estatutos de la Guardia Nacional y la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Durante 2022, con 87 votos a favor y 40 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma al Artículo Quinto Transitorio para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El Ejército padece los cuestionables resultados de la administración federal en materia de seguridad. Vivimos en un país violento y se incumplió la promesa de paz que llevó a López Obrador al poder. Muchos mandos del Ejército saben que la historia no va a tratar bien a la institución armada y en este libro se hace evidente una clara preocupación al respecto.

Rubén Aguilar Valenzuela ha seguido el pulso de todos estos cambios desde sus columnas periodísticas. Su recuento es un informe pormenorizado de los desacuerdos que han surgido al interior de la institución castrense, al tiempo que ésta amplía su influencia en todas las aristas de la vida pública nacional.

Tensiones en el ejército. Diálogo con altos mandos tiene la garantía de una pluma inteligente. Aguilar Valenzuela, formado en la Compañía de Jesús y en múltiples experiencias políticas y personales, como la guerrilla salvadoreña, es un observador agudo de la realidad nacional. Su prestigio, y en esto cuenta mucho tenerlo, genera la confianza para construir un diálogo franco con interlocutores que poseen una valiosa información.

Tensiones en el Ejército da voz a los militares que alertan sobre los peligros del despliegue irresponsable de la SEDENA sobre la vida civil del país, mientras se encargan, prácticamente en solitario, de la complicada situación de seguridad.

El pujante proyecto de militarización de México cobra sus reales dimensiones en este libro. El análisis de Aguilar Valenzuela quedará como un informe del cambio radical al que ha apostado el presidente López Obrador, con el cual se borran las fronteras que con tanto esmero se trazaron entre lo militar y lo civil, muy a pesar de los integrantes de nuestras fuerzas armadas.

La opinión pública recibe los textos de Rubén Aguilar Valenzuela en un momento donde el país se polariza y las instituciones se debilitan. Es una más de las aportaciones al país que hace el incansable sonorense.

Rubén Moreira Valdez

Del diálogo con altos mandos

He tenido la oportunidad y el privilegio de conversar de manera regular, por más de veinte años, con algunos de los altos mandos del Ejército y la Marina. Durante el último sexenio he escuchado de viva voz su preocupación sobre la marcha del país. Varios de ellos encuentran en las decisiones del Ejecutivo federal un camino de regresión en términos democráticos. Me veo en la obligación de apuntar aquí, en el inicio de éste libro, que la información que aquí expongo y comparto viene en buena parte de dichas conversaciones. Aprovecho este espacio también para agradecer su amistad, confianza, su valor y compromiso con el Ejército y con México.

A partir de lo expuesto anteriormente puedo decir que los generales en retiro, sobre todo los divisionarios, no simpatizan con las ideas y la manera de ser del presidente López Obrador. Les molesta su discurso, pero sobre todo les parece que violenta de manera sistemática la vida institucional. Ellos fueron formados en el respeto a las instituciones de la República. Además, están bien informados sobre lo que sucede con los procesos de militarización de la vida pública. Ellos son civilistas. Dicen que en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra aprendieron la división de las responsabilidades entre militares y civiles en la conducción del Estado.

La tensión y el malestar al interior del Ejército fue creciendo a la par de las decisiones que tomó el Ejecutivo sobre esta institución. Es muy difícil, prácticamente imposible, saber la dimensión, en términos de números, de los que se ubican en este campo. Quienes no están de acuerdo en cómo se manejan las cosas en el Ejército son muy cuidadosos en expresar sus posiciones. Pueden ser sujetos de represalias. Temen, con razón, que si hacen público lo que piensan serían sancionados y podrían perder los derechos adquiridos a lo largo de una vida de servicio. Buena parte de ellos está ya al borde de la jubilación. Esto los obliga a tener mucho cuidado. Con todo, no se eliminan los niveles de descontento y desacuerdo.

El secretario de Defensa y el Presidente

La historia que en este libro pretendo reconstruir comenzó en el año 2018, después de las elecciones federales, durante el extraño proceso de transición entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Un profesor, con muchos años de dar clases en la maestría del Colegio Militar en Popotla, me contó que en aquellos meses, el Secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, entregó al Presidente electo una lista con cinco nombres de generales de división que podía considerar como secretarios de la Sedena.

Días después, el Presidente le pidió que le entregara una lista con diez nombres más, cosa que hizo el general. El Presidente elaboró así una lista de 15 generales, en la cual hacía a un lado a algunos de los generales de mayor prestigio y reconocimiento en el Ejército. Lo único que manda la ley, para que un militar pueda ser nombrado por el Ejecutivo como Secretario de la Defensa, es que sea general de división.

El Presidente eligió a uno de los últimos cinco de la lista, el general Luis Cresencio Sandoval, un hombre con poco conocimiento y prestigio dentro del Ejército. Por la manera en que funciona esa institución, Sandoval nunca hubiera pensado que podría ocupar el cargo de Secretario de la Defensa.

El Presidente optó por una persona débil y con poco conocimiento en el Ejército. Viene de la caballería y no de la infantería. ¿Por qué lo hizo? Para tener más poder. Sandoval sabe que estar ahí se lo debe a la “generosidad” de su comandante en jefe. Tiene que estarle eternamente agradecido. Algunos de los altos mandos se molestaron con la decisión de López Obrador. Había muchos otros que, por su historia y desempeño, debían haber sido nombrados secretarios de la Defensa. Sin embargo, optaron por dar el “beneficio de la duda” al general Sandoval, al final de cuentas uno de los suyos, formado en el Colegio Militar. La expectativa de estos militares era que Sandoval defendiera la institucionalidad del Ejército, como una instancia del Estado mexicano, frente a un Presidente que a lo largo de dieciocho años los había insultado e incluso despreciado.

“Es de sabios cambiar de opinión.”

López Obrador se comprometió a enviar a los soldados de vuelta a los cuarteles en caso de llegar a la presidencia. Ya como mandatario electo, él y gente de su entorno consideraron que la única dependencia del gobierno federal, que ahora encabezaba y que podía sacar adelante sus obras prioritarias, era el Ejército.

Lo convencieron también de que sólo el Ejército podría resolver el problema de la inseguridad y la violencia en el país, y que para eso era necesario eliminar a la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, supeditada a esa dependencia. Ya en el poder, el ahora comandante en jefe vio que las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, por su formación y disciplina, le iban a ser absolutamente fieles e incluso sumisas. Así ha sido.

De manera consciente se inició entonces el proceso de militarización de la administración pública. Al Ejército y a la Marina se les dieron nuevas responsabilidades antes en manos de los civiles. El Presidente asume, como ninguno otro mandatario en el pasado, su condición de comandante en jefe, que le da poderes extraordinarios, y que ejerció de forma inmediata durante su mandato.

En una conferencia mañanera, esa tribuna pública desde donde se ha condenado a todos los que no concuerden con sus posturas, López Obrador aseguró sin pudor alguno que “es de sabios cambiar de opinión”, y que él nunca dijo lo que sí dijo. El Ejército no sólo no volvió a los cuarteles, sino que su presupuesto aumentó al 150% y su relevancia en la vida pública ha tomado dimensiones superlativas. En aquella ocasión el Presidente declaró: “Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento (y) en buena medida la creación de empleos, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.

Para López Obrador la militarización es una decisión asumida de manera plena, y en su valoración considera que ésta le ha dado muy buenos resultados. El Ejército ha violentado la ley en más de una vez. Además, en la más absoluta opacidad, ha construido todas las obras que el Presidente planeó en su larga carrera como candidato. Su sueño se hizo realidad. La militarización que impulsa tiene sólo dos posibles explicaciones. Por un lado es una decisión pragmática, sin medir las consecuencias futuras, para manejar a su antojo una institución que opera con gran eficacia. Y por otra parte, en el marco de su proyecto, llamado por él mismo y sus propagandistas, la cuarta transformación del país, quiere tener a los militares y a los marinos de su lado, para garantizar su lealtad en los proyectos futuros del partido.

Hay sectores de generales en activo y buena parte de los generales de división en retiro que no están de acuerdo con este proceso de militarización. Aseguran que las ambiciones del Presidente han “distorsionado” a la institución castrense, por lo cual ésta ha dejado de cumplir sus tareas sustantivas señaladas en la Constitución. La identidad que el Ejército construyó a lo largo de décadas se encuentra amenazada.

El Ejército distorsionado

En la medida que pasaron los meses y los años el “beneficio de la duda” empezó a gastarse. Para un grupo de altos mandos, Sandoval ha cedido ante el comandante en jefe. Se le sometió y no defendió la esencia misma del Ejército, el mandato preciso que le da la Constitución. La Secretaría de la Defensa perdió, y se convirtió en una secretaria que hace de todo, y que incluso ahora es parte del campo de los negocios privados.

Desde los primeros dos años, a los generales con los que he podido dialogar les ha quedado claro que el general Sandoval no estuvo a la altura. Ha actuado como un empleado del Presidente y no como un militar institucional. A partir de entonces su análisis se hizo cada vez más crítico, siempre con base en una visión informada que se propone ser objetiva. Para ellos su máximo orgullo es ser “generales de la República”, siempre dispuestos a defenderla. Desde ahí, siempre más allá de simpatías o antipatías personales, es desde donde hacen su análisis crítico.

Consideran que el general Sandoval se somete al comandante en jefe en detrimento de la institucionalidad del Ejército como órgano del Estado mexicano. En su concepción de la doctrina militar, el cumplimiento irrestricto a la Constitución está por encima de las órdenes del comandante en jefe y piensan que en la actual gestión la Sedena el ejército ya no es lo que era antes, tanto en su concepción como en su modo de acción, que se ha extraviado el centro de su misión histórica, la razón para lo que fue creada, que es la garantía de la seguridad nacional, la defensa de la Constitución y la democracia. Su identidad histórica se ha distorsionado.

A partir de esa distorsión, el Ejército asume una serie de responsabilidades y actividades que lo convierten en una institución “mil usos”, al servicio discrecional del comandante en jefe. Su misión se ha desdibujado y tiene asignadas más de 250 tareas. Ahora, dicen, la Sedena es una oficina de la presidencia de la República al mando directo del comandante en jefe, no del Secretario de la Defensa, que la utiliza como más le conviene en el marco de sus planes y proyectos personales. En los hechos, su nueva concepción e identidad es la de una super secretaría que funciona como un comodín. El Secretario de la Sedena es sólo un operador de su superior jerárquico, el general de cinco estrellas.

El Ejército en las tareas de los civiles

Los altos mandos con los que platiqué no están de acuerdo en que militares activos asuman cargos en la administración pública, para dedicarse a tareas que deberían estar en manos de civiles. El Presidente ha utilizado a los militares para poder sacar sus proyectos “estrella”. Una importante cantidad de integrantes del Ejército ahora realizan muchas tareas, que van desde construir bancos, aeropuertos y vías férreas, hasta administrar aeropuertos, aduanas y centros de migración. Esto distorsiona, dicen, las funciones propias del instituto armado.

Tampoco están de acuerdo en que el Ejército se comprometa en negocios privados. Como hombres informados conocen muy bien la historia de los ejércitos de Centroamérica y de Sudamérica que están metidos en negocios. La corrupción campea y México no es la excepción. La corrupción es el mayor enemigo que pude tener el Ejército. Los militares deben mantenerse alejados, al margen, de actividades que puedan prestarse a la corrupción. Los negocios propios abren el espacio para que ésta se pueda dar. Hablan de datos que demuestran cómo ya está sucediendo eso.

El presidente desprecia al Ejército

Los altos mandos con los que conversé coinciden en señalar que el Presidente desprecia su institución. A lo largo de toda su vida política siempre tuvo una posición en contra del Ejército, al que descalificaba e incluso agredía. Están seguros que ésta sigue siendo su posición. Ya en el poder supuestamente la cambió, pero sólo para aprovecharse de la institución y de su capacidades, para lograr las obras que se había propuesto (cosa que realmente no logró). Una vez que había ganado la presidencia vio que la única institución del Estado, que por su disciplina y capacidad, podría sacar adelante lo que se proponía, en aras de su proyecto, era el instituto armado.

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De uno de los diálogos que sostuve con altos mandos del Ejército y la Marina, tuve la oportunidad de conocer algunos de sus principales malestares. Intento ser fiel a lo que me dijeron: