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Durante el inicio de la época contemporánea, el capitalismo agrario se desarrolló en tierras valencianas de manera peculiar. En las zonas de agricultura más dinámica, una masa importante de labradores desposeídos accedió al cultivo a través del arrendamiento de tierras y se desarrollaron unas complejas relaciones entre los dueños de la tierra y sus colonos. En ellas se entremezclaban las variaciones del mercado, las prácticas cotidianas y diferentes formas de conflicto y cooperación. En esta obra, galardonada con el Premi Senyera de Investigaciones Históricas 2005 del Ayuntamiento de Valencia, se intenta abordar, a través del estudio de la gestión agraria del Hospital General de Valencia, las complejas relaciones entre un gran propietario y sus distintos arrendatarios en diferentes comarcas.
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Seitenzahl: 727
Veröffentlichungsjahr: 2011
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TIERRA Y COLONOS
LA GESTIÓN AGRARIA DEL HOSPITAL GENERAL
DE VALENCIA (1780-1860)
José Ramón Modesto Alapont
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Este trabajo recoge las líneas generales de la Tesis Doctoral presentada en la Universitat de València bajo el título Crisis y transformación en la gran propiedad rentista valenciana. La gestión agraria del Hospital General de Valencia (1780-1860) dirigida por D. Jesús Millán a quien le doy las gracias por su acompañamiento, confianza y generoso esfuerzo. El tribunal estaba formado por D. Lluís Torró, D. Salvador Calatayud, D. Enric Tello, D. Ricardo Robledo y D. Ramon Garrabou en calidad de Presidente. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por sus sugerencias que ayudaron a enriquecer esta investigación.
Este libro obtuvo el Premi Senyera de Investigaciones Históricas (2005) concedido por el Ayuntamiento de Valencia.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.
© José Ramón Modesto Alapont, 2008
© De esta edición: Universitat de València, 2008
Coordinación editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Inmaculada Mesa
Cubierta:
Imagen: Misa en la ermita, de José Benlliure.
Museo de Bellas Artes de Valencia. Colección Real Academia de San Carlos.
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Pau Viciano
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN: 978-84-370-6894-7
A Elvira, mi mujer, y a Irene y Jorge, mis hijos.
A quienes este trabajo ha robado demasiado tiempo
y con quienes estoy en deuda por su generosidad.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
I. EL HOSPITAL GENERAL COMO INSTITUCIÓN
1. EL HOSPITAL GENERAL: UNA INSTITUCIÓN DE BENEFICENCIA
2. LOS INGRESOS
3. LAS RENTAS FIJAS
II. EL HOSPITAL COMO PROPIETARIO DE TIERRAS
1. ORIGEN DEL PATRIMONIO Y VÍAS DE ACUMULACIÓN Y PÉRDIDA
2. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO: UN LLAMATIVO PROCESO DE ACUMULACIÓN
III. EL HOSPITAL COMO RENTISTA
1. UN PATRIMONIO EXCLUSIVAMENTE RENTISTA
2. MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL DEL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
3. LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DEL ARRENDAMIENTO
4. LA COSTUMBRE Y LA «ECONOMÍA MORAL»
5. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO: LOS ADMINISTRADORES
IV. LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES Y LA COYUNTURA ECONÓMICA: PRECIOS, RENTA Y ENDEUDAMIENTO
1. LOS PRECIOS AGRARIOS
2. LA RENTA Y EL ENDEUDAMIENTO
2.1 Las series del regadío
2.2 Las series del secano
3. LAS DIFERENTES COYUNTURAS ECONÓMICAS
3.1 El fin del crecimiento (1780-1807)
3.2 La profunda crisis agraria (1808-1840)
3.3 La recuperación (1840-1860)
4. ALGUNAS CONCLUSIONES EN TORNO A LA EVOLUCIÓN DE LA RENTA
V. CRISIS AGRARIA Y CAMBIO EN L’HORTA DE VALÈNCIA*
1. LA DIVERSIDAD DEL ESPACIO AGRARIO DE L’HORTA DE VALÈNCIA
2. DOS TIPOS DE EXPLOTACIONES
3. DOS FORMAS DE GESTIÓN DIFERENTES EN LOS AÑOS FINALES DEL SIGLO XVIII
4. EL CRECIMIENTO DE LA RENTA Y LAS RESISTENCIAS DE LOS COLONOS (1780-1807)
5. LA CRISIS AGRARIA EN L’HORTA (1808-1840)
5.1 La crisis en las pequeñas parcelas
5.2 La crisis en las grandes parcelas de l’Horta
5.3 Una vía de transformación e intensificación
6. EL PERIODO DE RECUPERACIÓN: ABOLICIÓN DEL DIEZMO, ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD
VI. CRISIS Y TRANSFORMACIÓN EN EL REGADÍO DE LA POBLA DE VALLBONA (CAMP DE TÚRIA)
1. LAS EXPLOTACIONES DEL HOSPITAL
2. LAS TIERRAS DEL HOSPITAL ANTES DE LA CRISIS
3. LA CRISIS: ENDEUDAMIENTO, PLEITOS Y SUBDIVISIÓN DE LAS EXPLOTACIONES
4. EL PROBLEMA DEL DIEZMO
5. RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VII. LOS INICIOS DEL NARANJO EN LA RIBERA DEL XÚQUER: LA TANCADA DE SAN ANTONIO
1. LOS PRIMEROS AÑOS DE EXPLOTACIÓN DE LA TANCADA
2. LA INTRODUCCIÓN DEL CULTIVO DEL NARANJO
3. EL USO DE SUBASTAS Y LA PRESENCIA DEL SUBARRIENDO
4. LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS: DE LA MORERA AL NARANJO
5. EL INICIO DE LAS DIFICULTADES Y LAS MODIFICACIONES EN LA GESTIÓN
6. UN NUEVO FRACASO DE LA OPCIÓN POR EL GRAN ARRENDATARIO
7. LA CONSOLIDACIÓN DEL NARANJO Y LAS NUEVAS PLANTACIONES
8. MEJORA ECONÓMICA PERO CON DIFICULTADES
VIII. LA EXPERIENCIA DEL SECANO EN EL CAMP DE MORVEDRE: LA ALQUERÍA DE GURRAMA
1. LA ALQUERÍA DE GURRAMA: UN EJEMPLO DEL POLICULTIVO DE SECANO
2. EL ÉXITO DE LA EXPLOTACIÓN Y LAATENTA ORIENTACIÓN DEL PROPIETARIO
3. LA CRISIS: TARDÍA PERO IMPLACABLE
4. LA ORIENTACIÓN VITÍCOLA Y LAS DIFICULTADES DE RENOVACIÓN
5. LAABOLICIÓN DEL DIEZMO EN GURRAMA: UN CIERTO MARGEN DE APROPIACIÓN PARA EL PROPIETARIO
IX. LAS ZONAS MARGINALES DEL PATRIMONIO: LAS HUERTAS DE ALGEMESÍ Y LOS ARROZALES
1. LAS TIERRAS DEL HOSPITAL EN ALGEMESÍ: UN ESPACIO MARGINAL
1.1 Las tierras de Algemesí
1.2 Los problemas de explotación y la crisis agraria (1790-1843)
1.3 La recuperación en las tierras de Algemesí
2. LAS DIFICULTADES DE EXPLOTACIÓN EN LAS TIERRAS DE ARROZ
2.1 Los problemas para aterrar las parcelas y el subarriendo
2.2 Los problemas con el agua
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES
APÉNDICE
PRÓLOGO
Mucho y de calidad se ha publicado en los últimos años sobre la crisis del Antiguo Régimen y la implantación del capitalismo agrario en el País Valenciano. Con ello disponemos de un conocimiento bastante más sólido y preciso de este complejo proceso, superando así los esquemáticos y simplistas planteamientos iniciales. Estos trabajos han mostrado que el mundo rural valenciano a fines del Antiguo Régimen no se podía reducir a unas organizaciones sociales resultado de una mera polarización entre señores y campesinos. Si bien el señorío y el privilegio y determinadas formas de cesión de la tierra como la enfiteusis, continuaban marcando profundamente la sociedad valenciana ya no eran el único, ni probablemente el instrumento principal de estructuración del mundo rural valenciano. La propiedad burguesa y parcialmente la antigua clase propietaria feudal, que conjuntamente controlaban una buena parte de la tierra, se orientaron hacia nuevas formas de explotación del trabajo campesino y fue emergiendo una estructura agraria más compleja y marcada profundamente por la presencia de una masa importante de campesinado sin tierra dispuesto o forzado a contratarse como cultivador. Así surgieron nuevas relaciones entre los grupos oligárquicos que controlaban una porción importante de la tierra disponible y una masa importante de campesinos sin tierra. Conocer estas estructuras sociales y su funcionamiento a fines del Antiguo Régimen resulta crucial para la comprensión de las formas específicas de desarrollo del capitalismo agrario en el País Valenciano.
El interés del libro de José Ramón Modesto está precisamente en que nos aporta una nueva visión de la estructura de clase del mundo rural de las comarcas centrales del País Valenciano, en particular de la emergencia de un potente grupo de pequeños arrendatarios, de su funcionamiento y de su evolución durante una etapa decisiva de la implantación del capitalismo agrario, fines del siglo XVIII-mediados siglo XIX. La explotación laboriosa e inteligente de una fuente extraordinariamente rica como la documentación del Hospital General de Valencia permite analizar desde nuevas perspectivas la historia del campesinado no propietario dominante en las comarcas analizadas. No es la primera vez que se utilizan los archivos patrimoniales y conviene recordar que una buena parte de los avances de nuestros conocimientos sobre la transición se han alcanzado mediante la utilización de este tipo de fuentes, pero en pocas ocasiones contenían la cantidad y la calidad de información sobre este grupo social como en este caso.
A menudo se ha atribuido a este tipo de grandes propietarios privilegiados una actitud poco eficiente por el hecho de actuar como meros rentistas, de desatender la explotación directa y de ceder en arrendamiento a pequeños agricultores el cultivo de sus tierras. El autor nos muestra la lógica de esta opción preferente por el arrendamiento en el contexto de la agricultura valenciana del momento. El marco legal le garantiza la plena disposición de la propiedad y unos derechos de propiedad consolidados y evita los problemas de control y supervisión que comportaría la explotación directa de un patrimonio tan disperso y extenso. A pesar de que el contrato es a corto plazo en la práctica se tiende a estabilizar al colono en la parcela con lo que se evita la degradación patrimonial y con frecuencia se consigue implicar al colono en las inversiones necesarias para el mantenimiento y mejora del potencial productivo de la parcela arrendada (infraestructuras de regadío y reposición y plantación del arbolado principalmente), aunque en algunas ocasiones las tiene que asumir el propietario. Como contrapartida el propietario percibe una renta monetaria cuyo nivel dependerá del tipo de cultivo, de la calidad del regadío y del nivel de competencia entre colonos. Es interesante la observación del autor de que los administradores Hospital asumen el principio de que la renta exigida debía basarse en el justiprecio y que debía tener un cierto grado de moderación si se quería evitar conflictos y tensiones.
Además de las informaciones sobre el comportamiento del propietario resultan de gran interés las aportaciones del autor sobre el precio de la tierra, la renta monetaria que genera y rentabilidad del capital. Dado la escasa información disponible sobre estos parámetros fundamentales de cualquier agrosistema, las estimaciones que los peritos del Hospital realizaron en 1820 sobre precio de las distintas parcelas y la renta que podía esperar tienen un enorme interés. A partir del análisis exhaustivo de estos datos el autor nos muestra un primer hecho significativo: profundas diferencias tanto en el precio de la parcela como en la renta. Por ejemplo en la vega de Valencia el precio de una hanegada de tierra oscila en los años veinte del siglo XIX entre un máximo de 266-200 libras por hanegada y un mínimo de 70-45 libras y la renta puede variar entre las 7-8 libras hanegada y las 2-3 libras. Un diferencial parecido se encuentra en las otras comarcas aunque sin alcanzar niveles tan elevados como en la vega. El capital invertido en la compra de una parcela da una rentabilidad similar en todas las comarcas estudiadas y oscila entre el 3-4 %. Sólo algunas parcelas de arrozal se obtienen rentabilidades superiores que pueden alcanzar hasta un 7 %. Pero no se queda en esta constatación, atribuyéndola a las imperfecciones del mercado sino que lejos de cualquier planteamiento simplista el autor muestra la complejidad de factores que interactúan, sin que ninguno de ellos pueda considerare como determinante. En un contexto de fuerte demanda de tierras y oferta limitada por la importancia de la propiedad amortizada y privilegiada, la cercanía de los mercados y de los núcleos de población, el peso de las cargas señoriales, la eficiencia del regadío y el tipo de cultivo suelen tener un peso importante en la formación de los precios de la tierra, pero no todos ellos inciden de la misma manera. Por ejemplo, la distancia no acostumbra a ser determinante, mientras que tipo de cultivo y de forma especial la dotación adecuada de recursos hídricos, juegan un papel fundamental. Así, para el autor, la renta vendría infl uenciada por un conjunto de condicionamientos sociales y físicos que definiría el margen que puede soportar cada colono. La renta alcanzaría lo que el colono esta dispuesto a pagar en función de una serie de factores, pero existen tres variables principales: el tipo de cultivos, la mayor disponibilidad y competencia de los cultivadores en condiciones de arrendar tierras y el control y seguridad sobre el riego.
La recopilación y elaboración de series sobre la renta y los niveles de endeudamiento o impago de una muestra representativa de parcelas del conjunto del patrimonio para un período de cambios profundos como fue 1780-1859, tienen también un enorme interés. El análisis de estas variables (renta y atrasos) que constituyen indicadores fundamentales de un sistema agrario articulado en torno a la gran propiedad y colonos permiten al autor plantear desde nuevas perspectivas y de forma más compleja la interpretación convencional del proceso de la crisis del Antiguo Régimen y la transición hacia el capitalismo agrario. El equilibrio alcanzado en las últimas décadas del siglo XVIII entre la propiedad que impuso una importante elevación de la renta nominal y los colonos que aceptaron estas alzas empezó a romperse desde principios del siglo XIX. Dificultades en los mercados, conflictos bélicos e incremento de la presión fiscal provocaron un estancamiento en la renta y acabaron creando problemas a los colonos con procesos de endeudamiento, retraso en los pagos e intentos de embargos y desahucios. A partir de los años veinte, a pesar de que continuó la situación de endeudamiento del campesinado y actuaciones judiciales y expulsiones se optó por la rebaja de la renta nominal, el alargamiento de los contratos y de hecho la tácita reconducción. La evolución de la renta se convierte en un poderoso instrumento para conocer mejor la fase depresiva de la agricultura, todavía mal conocida al mostrar cómo afectó a propietarios y cultivadores y las respuestas que ambos le dieron. A partir de fines de 1836-40 las series de la renta tienden a estabilizarse y a la altura de los años cuarenta registran un ligero incremento, coincidiendo con una disminución del endeudamiento y los retrasos en el pago, atribuible a la abolición de las cargas señoriales y a la recuperación de los mercados.
Finalmente me referiré a la aportación en mi opinión más innovadora, la que estudia la actuación de los colonos y los principios que la regían. Mediante una inteligente utilización de las fuentes, el autor consigue reconstruir la formación y la práctica social de este colectivo desvelando cómo operan factores que van mas allá de los elementos estrictos del contrato. La naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento es sin duda importante y por ello es analizada atentamente, pero lo que cuenta, lo que da especificidad y define a este colectivo es el marco de relaciones sociales en donde se inserta el contrato y sobre todo cómo en su definición resulta decisiva la confrontación-negociación con la clase propietaria. También resulta innovador en el panorama historiográfico español la importancia que concede el autor a la existencia de actitudes reiteradas y conflictivas que, en la práctica, influían en la aplicación de este tipo de contratos. En la perspectiva thompsoniana rescata de la documentación evidencias de una economía moral que guiaba la actuación de los colonos. El justiprecio de la renta y la estabilidad en la tenencia, siempre que se cultivara a uso y costumbre de buen labrador, eran sus elementos más importantes y cuando se violaban, por ejemplo ante un desahucio o con alza de la renta considerada excesiva y alcanzada con la subasta, aquellos principios y normas eran utilizados por los labradores, para reclamar una rebaja de la renta o para rechazar al nuevo colono. Esto no implica que no se dieran alzas de la renta ni interrupciones en el arrendamiento. Como hemos visto anteriormente la renta nominal creció de forma significativa entre las últimas décadas del siglo XVIII y la guerra de la Independencia y también se practicó la subasta y hubo más de un desahucio a pesar de la existencia de unos principios morales-económicos ya que su aplicación dependía de la cohesión social y de la capacidad colectiva para hacerlos cumplir, y probablemente fueron factores importantes para reducir la renta y estabilizar la situación en las décadas inmediatas. Poner de manifiesto estos principios de economía moral permite también superar las visiones simplistas tan frecuentes que presentan a los colonos como víctimas pasivas de unas relaciones de explotación impuestas por la gran propiedad. El monopolio de los derechos de propiedad sobre la tierra de una minoría generaba una explotación del trabajo campesino sin duda alguna, pero la capacidad de explotación de la clase propietaria se veía limitada por lo que estaba dispuesto a aceptar el campesinado y estos límites los fijaba lo que se consideraba moralmente justo. Cada parcela tenía una renta que se consideraba justa y si se superaba se pedía que los peritos certificaran que transgredía una norma aceptada por la comunidad. Este análisis del colonato enriquece nuestro conocimiento sobre la dinámica del mundo rural en la fase final del Antiguo Régimen y también ilumina la forma específica de desarrollo del capitalismo agrario tras la abolición del régimen señorial. En particular quería referirme a uno de los episodios que marcaron la zona de la vega de Valencia durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando el colonato rechazó el aumento de la renta y la no renovación del contrato, alegando que tenían derechos históricos para transmitir a sus descendientes el uso de la parcela. Esta actitud del campesinado provocó un profundo malestar entre los propietarios de la vega valenciana que consideraban que cercenaban sus derechos de propiedad, que precisamente el nuevo orden liberal se comprometía a defender. A pesar de que no existiera una base legal para mantener este comportamiento, el campesinado resistió durante décadas y al final buena parte de ellos accedió a la propiedad a principios del siglo XX. Parece indiscutible que la capacidad de resistencia del campesinado tuvo mucho que ver con la cohesión social que generaba los principios de una economía moral.
RAMON GARRABOU
I. EL HOSPITAL GENERAL COMO INSTITUCIÓN
Omito algunas cosas dignas de atención en la ciudad, pero no puedo menos de contar algunas particularidades de su hospital general. Lo vasto del edificio, la limpieza, el buen orden y cuidado que se advierte en todos sus ramos, forman un conjunto admirable, y un modelo digno de imitarse. Locos, expósitos, enfermos de qualquier dolencia, nación y religión que sean, todos hallan refugio en aquella casa de piedad. No están en sus propias casas tan bien cuidados los enfermos como en el hospital.
ANTONIO JOSEF CAVANILLES (1795)
1. EL HOSPITAL GENERAL: UNA INSTITUCIÓN DE BENEFICENCIA
La lectura de estas líneas de Cavanilles nos ayuda a comprender la importancia que el Hospital General tenía en la Valencia de finales del XVIII. La ciudad fue pionera en sus instalaciones hospitalarias desde el siglo XV. En 1409, el padre Gilabert Jofré, de la orden de la Merced, fundaba el Hospital dels Inocents. Era el primer hospital para dementes del que se tiene noticia. La obra nació con la idea de recoger a todos los dementes (inocents i furiosos) que deambulaban cotidianamente por la ciudad, expuestos al hambre, al frío y a los malos tratos. De esta manera, la población urbana quedaba también a salvo de los dementes más violentos. Para el mantenimiento del Hospital dels Inocents, un grupo de diez comerciantes de la ciudad, al mando de Llorenç Salom, formaron una cofradía. Los comerciantes acudieron pronto a la protección del rey y las autoridades de la ciudad. Ya en 1410 consiguieron el permiso para comprar casas, tierras, censos, alquerías y otros bienes para dotar de rentas a la institución.
En 1512 volvía a producirse una importante innovación en el ámbito asistencial. En Valencia existían varios hospitales, creados de forma particular en momentos distintos y con diferentes finalidades, pero la inexistencia de un asilo donde recoger a los niños abandonados provocó una reunión entre los diversos hospitales.[1] De esta iniciativa capitaneada por el cabildo eclesiástico, el Ayuntamiento y los diputados del Hospital dels Inocents, se originó la unificación de los diferentes hospitales, que añadiría la creación de una inclusa. Nacía entonces en 1512 el Santo Hospital General fruto de la confluencia de intereses de la Iglesia, la corona y las autoridades de la ciudad de Valencia.
Inicialmente la Junta Rectora se formó con miembros del cabildo, dos jurados del Ayuntamiento y uno de los diputados del Hospital dels Inocents. Pero en 1668 la corona creó la figura del visitador real, con la finalidad de que la monarquía pudiera supervisar su actividad y racionalizar su gestión. Durante las diversas reformas de su funcionamiento a lo largo del siglo XVIII (principalmente las de 1752 y 1785) se intentó fortalecer la presencia de las clases adineradas y notables de la ciudad. El Hospital General tenía pues en el siglo XVIII las características de las instituciones de beneficencia del Antiguo Régimen: se salvaguardaba el papel esencial de la Iglesia en estos asuntos, se potenciaba la presencia de los intereses de la monarquía y se buscaba el apoyo de las clases acomodadas.[2]
En el momento de iniciar nuestro estudio, el Hospital se gobernaba mediante una Real Junta de Gobierno formada por consiliarios de cuatro tipos: caballeros (nobles y cargos municipales), hacendados (propietarios de inmuebles o tierras), eclesiásticos y comerciantes. Mediante esta configuración se garantizaba la implicación, junto a las autoridades eclesiásticas y políticas, de los sectores nobiliarios y burgueses de la ciudad de Valencia. Como todas las instituciones benéficas, tenía una gran autonomía de actuación, recortada únicamente por la supervisión real de algunos aspectos administrativos. En el último cuarto del siglo XVIII se detecta una intensificación en el control de la monarquía, pero el amplio margen de autonomía que tenía la institución se mantuvo hasta la construcción del Estado liberal.
La entrada en vigor en 1836 de la Ley de Beneficencia de 1822, que había tenido una breve vigencia, supuso la conversión del Hospital en una entidad de beneficencia pública adscrita a la órbita de la autoridad municipal (Díez, 1993). Esta ley reflejaba la implantación del un modelo liberal progresista, en el que los municipios asumían importantes responsabilidades y descentralizaban en su beneficio amplias parcelas de poder. En este caso, se aplicaba este modelo progresista a la beneficencia y el Hospital pasó a depender de la Junta Municipal de Beneficencia, que gobernaba todos los establecimientos asistenciales de la ciudad.
Pero el moderantismo posterior adscribió el Hospital definitivamente a un modelo diferente, dibujado por la Ley de Beneficencia de 1849 y el reglamento de 1852. La orientación centralizadora que imprimió la burguesía moderada al naciente Estado liberal alcanzaba también el ámbito de la beneficencia y ligaba las instituciones asistenciales al control de los órganos de gobierno de la provincia. El Hospital adquirió carácter provincial y pasó a depender de la Junta Provincial de Beneficencia. Esta Junta era una nueva amalgama de diferentes intereses, pues estaba controlada por el gobierno central, la Diputación provincial y el arzobispado, pero ahora bajo la supervisión del Estado.[3]
Tras la ley de 1849 el Hospital mantuvo también una cierta autonomía a través de su Junta Administrativa, pero siempre supervisado por la Diputación. Además los cuadros administrativos, tanto del Hospital como de la beneficencia provincial, estuvieron intensamente ligados a las familias del liberalismo moderado. Personajes influyentes de la nobleza y burguesía liberal, y expertos conocedores del mundo agrario, como el conde de Ripalda, el barón de Santa Bárbara, el marqués de San Joaquín o D. Joaquín Roca de Togores formaron parte de los órganos de gobierno del Hospital, lo que induce a pensar que la ley de 1849 fue también el instrumento para orientar la asistencia publica en función de los nuevos intereses del moderantismo.[4]
Dentro de la polivalencia que caracteriza las grandes instituciones de beneficencia del Antiguo Régimen, en la Valencia del XVIII los dos grandes establecimientos existentes se habían especializado y separaban los enfermos de los individuos considerados socialmente indeseables. La Casa de Misericordia, nacida en 1673, era una institución de carácter asilar que recogía y disciplinaba a los mendigos y la población más pauperizada (huérfanos, ancianos, viudas sin recursos, disminuidos físicos, etc.). El Hospital General recogía la población que necesitaba una atención sanitaria, dedicándose a cuatro grupos con preferencia: dementes, expósitos, enfermos pobres y soldados. Esta polivalencia, si bien permitía una flexibilización en la dotación de recursos de cada tipo de población atendida, era también el resultado de la incapacidad del sistema para generar instituciones especializadas más adaptadas a las necesidades de los diferentes colectivos de atención.
Los enfermos eran tratados de dos formas: ambulatoria o residencial. La «cura de puertas» realizaba una asistencia ambulatoria a la población pobre que acudía al Hospital. La atención a los enfermos que quedaban internados se organizaba según las dolencias y los sexos. Había una sección de hombres y una de mujeres, y dentro de ellas había salas para sifilíticos (mals de siment o galicados), para fiebres y para enfermos contagiosos. En la sección de mujeres había además una sala para parturientas. La sección de expósitos tenía una inclusa donde eran atendidos y alimentados los lactantes abandonados, y un sistema de lactancia externa que enviaba los niños a diferentes familias, fundamentalmente de las poblaciones cercanas a Valencia, donde eran alimentadas por nodrizas pagadas por la institución. Los dementes, por su parte, eran organizados también por sexos y según su agresividad. Paralelamente existía un espacio destinado a la atención de los soldados heridos o enfermos. Esta condición militar del Hospital se mantuvo hasta 1838 en que se separó definitivamente la sanidad militar de la institución.
Como ha planteado Fernando Díez, en el Hospital se atendían los sectores más pauperizados y marginales de la población valenciana, rodeados frecuentemente de un fuerte estigma social. En el caso de los enfermos y dementes acudirían al Hospital como último recurso. La población enferma carente de apoyos familiares o de recursos para afrontar la situación se remitiría al Hospital como última opción nunca deseada. Allí, demostrada su condición de pobreza, son atendidos gratuitamente. Algunas de las enfermedades por su carácter contagioso, su cercanía a la locura o su procedencia venérea provocaban con facilidad el rechazo social.
En el caso de las mujeres y los niños el estigma era posiblemente aún mayor. Entre las mujeres un número nada despreciable de pacientes se habían dedicado a la prostitución. Existía además una sección de ocultas, un asilo para dar a luz, reservado a mujeres que sufrían un embarazo fuera del matrimonio. La inclusa se destinaba a hijos ilegítimos y población infantil abandonada o entregada al Hospital a causa de su orfandad o simplemente por la pobreza de sus padres. Para entregar a los lactantes existía un torno en una de las puertas del Hospital que permitía hacerlo de forma anónima, evitando la vergüenza de ser reconocidos.
2. LOS INGRESOS
El mantenimiento de una institución tan grande necesitaba de una movilización de recursos considerable.[5] A finales del siglo XVIII las principales fuentes de ingresos eran los censos cargados a la ciudad y a los particulares, los arriendos de tierras y casas, los derechos dominicales, las limosnas, las pensiones apostólicas y las subvenciones reales en forma de dinero o de derechos. A mediados del XIX los ingresos principales eran fundamentalmente los mismos, aunque se observaron modificaciones importantes: los derechos dominicales y las pensiones eclesiásticas habían desaparecido y a partir de 1848 el presupuesto provincial asumió una parte importante de la financiación.
La parte más importante de los ingresos (cerca del 45 %) fue siempre la correspondiente a las rentas fijas. Estas eran el resultado de los arriendos de las casas, las tierras, el teatro de comedias y algunas otras propiedades como una posada, una carnicería o los morerales del foso de la muralla. Estas propiedades eran fundamentalmente fruto de herencias y donaciones o compras del Hospital. Junto a ellas la institución había heredado o instituido censos sobre la ciudad, diferentes instituciones y particulares. Algunos censos enfitéuticos de pequeña cuantía y los derechos dominicales del lugar de Benicalaf de les Valls (hoy el término municipal de Benavites), que el Hospital había heredado en 1755, completaban estas rentas fijas.
Los legados testamentarios eran limosnas en metálico. Su cantidad era variable en función de las donaciones realizadas, aunque posiblemente fuera una pauta generalizada en los testamentos. Existían también algunas herencias consistentes en suscripciones anuales de cierta cantidad. Así mismo, se recibían limosnas de particulares o recogidas a través de diferentes mecanismos: colectores de limosnas, aguinaldos, limosnas extraordinarias, etc.
Como apoyo de la monarquía, el Hospital gozaba desde finales del siglo XVI del privilegio de explotar diferentes fiestas y espectáculos públicos. Se dedicó fundamentalmente a la Casa de las Comedias y los espectáculos taurinos, pero recibía también ingresos de la celebración de juegos de pelota, peleas de gallos, representaciones cómicas en las calles, etc. A finales del siglo XVIII dejó de regentar la Casa de las Comedias y arrendó su explotación a particulares. Los espectáculos taurinos, la parte más sustancial de estos ingresos por su carácter masivo y popular, siguieron siendo explotados hasta que fueron asumidos por la Diputación.
Las subvenciones eclesiásticas eran también una parte importante de los ingresos, especialmente el Fondo Pío Beneficial y las pensiones de las Mitras de Valencia, Segorbe y Orihuela. De esta manera, además de las variadas colectas religiosas, se implicaban los estamentos eclesiásticos en el mantenimiento de la institución. Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia contribuía a través del suministro diario de una cantidad de carne y una aportación en metálico gravada sobre los bienes de propios (Díez, 1993).
La asistencia a los enfermos era gratuita para aquellos internos que demostraban su pobreza. Pero existían enfermos con posibilidades de pagar su atención, bien por su cuenta o bien a través de alguna Hermandad o Sociedad de Socorros Mutuos. La estancia de los enfermos que provenían de las prisiones y los militares era sufragada por el erario público. El Hospital tenía capacidad para quedarse los efectos de aquellos enfermos que morían y no habían pagado su estancia. En el caso de los dementes podía incluso quedarse con sus propiedades inmuebles, caso de que durante estancias largas su familia no los hubiera mantenido. Con estos efectos el Hospital realizaba frecuentes subastas o almonedas. Existía también un conjunto de ingresos menores, como el arriendo del estiércol producido por los residentes, la venta de la leña de sus explotaciones o de las limosnas recibidas en especie en lugares lejanos o en productos que no consumía el Hospital (salvado, seda, algarrobas, etc.).
Para hacernos una idea de la importancia de las diferentes partidas de ingresos y de cómo varió su cuantía a lo largo de los años que estudiamos, hemos realizado un sencillo análisis agregando a los datos ofrecidos por Fernando Díez para el periodo 1830-1836 los obtenidos por nosotros en los quinquenios 1838-1842 y 1849-1853. El resultado puede verse en el cuadro 1.1.[6]
Según plantea Fernando Díez, el Hospital General mantuvo su capacidad de asistencia durante el siglo XVIII. La afirmación se basa en que la institución aumentó el número de enfermos asistidos al mismo ritmo que lo hacía la población de la ciudad, su principal ámbito de asistencia. Pero el panorama en el siglo XIX cambió sustancialmente. Las diferentes crisis experimentadas por los ingresos del Hospital supusieron una reducción importante de su capacidad de asistencia. Las dificultades económicas de la institución le impidieron mantener su capacidad asistencial al ritmo de la población. Si a esto añadimos que el Hospital en 1849 pasó a tener una clasificación provincial, con lo que aumentó el porcentaje de ingresos de enfermos de las poblaciones de la provincia, e incluso de Alicante y Castellón, podemos entender las razones que llevan a este autor a plantear la «desasistencia» del sistema benéfico del XIX (Díez, 1990 y 1993).
La primera crisis de ingresos que se detecta tras los difíciles años de la Guerra del Francés, tiene lugar en la década 1820-1830. Esta crisis se debió a la reducción de las rentas fijas fruto de las dificultades generales que vivió el País Valenciano. La segunda se detecta entre los años 1836-1842. La causa está en la desaparición definitiva de los derechos dominicales, de las rentas eclesiásticas y el impago por parte de la hacienda de los numerosos heridos atendidos por el Hospital durante la Primera Guerra Carlista. El paso de la beneficencia al control municipal con la ley de 1836, la desamortización eclesiástica emprendida por Mendizábal ese mismo año y las dificultades del cobro de los diezmos hasta su definitiva abolición debieron sumarse para que las subvenciones de tipo eclesiástico, que ya venían reduciéndose a lo largo de las primeras décadas del XIX, desaparecieran de los ingresos del Hospital en 1838, como puede verse en el cuadro 1.1. A la pérdida de estas importantes rentas, el 8,6 % durante el periodo 1830-1836, se sumaron el impago por parte de la hacienda pública de los gastos ocasionados por la atención prestada a los soldados heridos o enfermos a causa de la contienda civil.[7] La separación del Hospital Militar y el Hospital General a partir de 1838, el pago de los atrasos y la asunción de los déficits presupuestarios de las instituciones benéficas por las diputaciones tras la Ley de Beneficencia de 1849 supusieron una inyección económica que sacó al Hospital del bache.
La tercera gran crisis de ingresos se dio a partir de 1858 fruto de la desamortización de Madoz (Pons, 1991). La desamortización civil, decretada en 1855, trajo consigo las ventas de los patrimonios de las instituciones benéficas, que en el caso del Hospital fueron vendiéndose a partir de 1858. Esto supuso la liquidación del patrimonio y por tanto de gran parte de su capacidad económica.[8] A partir de entonces dependió enteramente de los ingresos procedentes de la Diputación que asumió la beneficencia como uno de los gastos más importantes (Laguna y Martínez, 1995).[9]
3. LAS RENTAS FIJAS
Como hemos visto, las rentas fijas, formadas por los arriendos de tierras y casas, los derechos dominicales y los rendimientos de los censos, eran una parte muy importante de los ingresos del Hospital. Los ingresos por arrendamiento de tierras, que suponían hasta 1849 más del 30 % de los ingresos totales, son la parte que más nos interesa. Pero antes resulta clarificador comparar la evolución de las diferentes partidas de las rentas fijas que podemos seguir en el cuadro 1.2.
Tres conclusiones se extraen con facilidad viendo las cifras. La primera que el arriendo de casas y tierras, que ya era a finales del siglo XVIII uno de los pilares económicos del Hospital, se potenció como la fuente hegemónica de financiación hasta su integración en la Diputación Provincial a mediados del siglo XIX. En este proceso destaca el fuerte crecimiento que tanto los ingresos por arriendos de tierras como de casas tuvieron entre 1786 y 1798 (el 73 % las tierras y el 122 % las casas). Tras la ligera bajada y el estancamiento que se detecta en las tres primeras décadas del siglo XIX, volvió a crecer con fuerza a partir de 1838. En esta ocasión el crecimiento volvió a ser especialmente intenso en las casas que crecieron un 130 % mientras los ingresos de la tierra lo hicieron solamente el 27 %.
La segunda conclusión clara es que el cambio de siglo trajo también el declive de otros dos pilares de la institución: los derechos señoriales y los censos consignativos y enfitéuticos. El seguimiento de los derechos dominicales del lugar de Benicalaf de les Valls, lugar cercano a Sagunt, muestra como tras un destacado crecimiento de los ingresos a finales del siglo XVIII (entre 1787 y 1803 crecerían un 35 %) entrarían en un fuerte declive hasta su desaparición con la ley de señoríos definitiva en 1837, lo que confirma el escaso éxito de las rentas feudales para soportar las reformas del liberalismo.[10] La abolición del diezmo y el efecto de las desamortizaciones sería también determinante para la reducción de las subvenciones eclesiásticas que provenían de las rentas de la Iglesia.
Una reducción similar sufrieron los recursos procedentes de censos tanto enfitéuticos como consignativos, que habían sido una de las piezas clave de la economía de la institución en el XVIII. Como veíamos en el cuadro 1.2, tras un aumento del 27 % de 1786 a 1798, muy inferior al de las tierras o casas, los ingresos por este concepto inician una decadencia, que lleva a reducirlos un 82 % en 1849.
En el caso de los censos consignativos el Hospital General seguiría la misma dinámica que muchas de las instituciones eclesiásticas que conocemos durante el siglo XVIII: optó por la inversión en tierras en lugar de la inversión en censales, que había sido el sistema preferente durante la Edad Moderna.[11] Así, las cifras manejadas por Mercedes Vilar para finales del XVII muestran una superioridad de los ingresos producto de los diferentes censales. Estos ingresos alcanzaban en 1700 las 4.100 libras, superando con creces los ingresos por arrendamientos de tierras (402 libras), de casas (288 libras) y los censos enfitéuticos y luismos (531 libras). Los datos reflejados en el cuadro 1.2 dejan patente el cambio y muestran la supremacía del arrendamiento de tierras que en 1798 supera con creces el producto de los censos.
La causa del fuerte descenso de los censos que observábamos entre 1798 y 1849 fue el aumento de las dificultades para su recaudación, por la grave crisis de principios de siglo XIX y por la ineficacia de los sistemas de cobro. Esta situación cambió sustancialmente con la vinculación del Hospital a la Diputación, que permitió reclamar las deudas por vía judicial sin necesidad de autorización ministerial y posteriormente a 1853 a través de la vía de apremio administrativo, mucho más rápida y eficaz.[12]
En el caso de los censos enfitéuticos, que según algunos indicios no llegaban a 220 libras en la década de 1840, la causa de su descenso fue la dificultad de su recaudación a consecuencia de la fuerte devaluación que sufrieron durante el inicio de siglo. A mediados del XIX era frecuente que muchos de ellos ni si quiera se reclamaran judicialmente, pues era más costoso hacer la reclamación que la cantidad que se esperaba recaudar.[13]