UCD-Valencia E-Book

Patricia Gascó Escudero

• Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Oberta
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2011

Beschreibung

La Transición a la democracia es sin duda uno de los procesos que más interés ha despertado no sólo entre los investigadores sino también entre el público general. Su complejidad se hace evidente si tenemos en cuenta que el propio proceso acabó por engullir a la elite que lo había orquestado. En este libro el lector encontrará un análisis que contempla la evolución de la UCD valenciana, y proporciona algunas de las claves para comprender mejor su disolución, a consecuencia de factores exógenos pero también endógenos. Desde una perspectiva sencilla se estudia no sólo la incorporación o abandono de sus más destacados componentes, sino también su influencia sobre el desarrollo de las estrategias políticas del partido, resquebrajando la idea de UCD- Valencia como un bloque homogéneo.

Leseprobe

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Patricia Gascó Escudero, 2009

© De esta edición: Universitat de València, 2009

Coordinación editorial: Maite Simón

Maquetación: Arantxa Pérez

Corrección: Pau Viciano

Cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-370-7477-1

Depósito legal: V-2467-2009

ePub: Publidisa

PRÓLOGO

Un viaje a nuevos mundos en los que aprender

Este primer libro escrito por Patricia Gascó Escudero contiene su viaje particular a una de las muchas transiciones políticas que en el mundo se han producido: como en un libro de viajes, se observa, se describe y se analiza el modo en que se produjo el cambio desde el autoritarismo a la democracia. La narración se hace de manera desapasionada. Al tiempo que observamos que la investigación ha llegado a buen puerto, no por ello dejamos de ver que dicha investigación no ha llegado a su destino, dado que la expedición continúa en la que será en un futuro no muy lejano su tesis doctoral «La transición política en España. UCD-Valencia».

Así pues, este volumen, que contiene el estudio realizado para llevar a cabo el proyecto de fin de carrera, es un trabajo impregnado de esfuerzo e ilusión; no sorprende, pues, que mereciera la calificación de sobresaliente. Quienes conocen a la autora saben lo exigente que puede ser consigo misma, como demuestra el hecho de que no sea esta la primera vez que Patricia recibe premios a su excelencia.

Leyendo el libro se observará que la autora, que es licenciada en Geografía e Historia, parece que lo fuera en Biología. Del mismo modo que un entomólogo va desmenuzando lo que ha sido un ser vivo, y lo hace para conocer su funcionamiento orgánico, así en este libro se van desmenuzando las estrategias políticas de los líderes de UCD, lo que nos permite conocer el funcionamiento de lo que fue aquella historia política, la española, lo que fue una transición pacífica, desde la dictadura de Franco a la democracia de Juan Carlos I.

A partir de esta publicación, la especialidad de Historia Contemporánea cuenta con una estudiosa incansable de la cultura política y la modernización de España. Su manera de aproximarse al tema se hace desde una perspectiva bien diferente a la que nos tienen acostumbrados otros estudiosos. No busca clichés en los que verse protegida, avanza sin parti pris y eso es lo que caracteriza este libro y espero que así sea en entregas sucesivas.

Estamos algunos tan cansados de que los jóvenes estudien tomando partido por unos u otros, por poner un ejemplo, catalanistas y anticatalanistas, que cuando leemos trabajos valientes, buscando la independencia intelectual, como en el presente caso, nos sentimos reconfortados.

En el curso de su viaje Patricia ha contado con mi más que merecida confianza, en calidad de directora de su trabajo, y ha contado sobre todo con la generosidad intelectual del profesor Marc Baldó y de la profesora Teresa Carnero, que han conversado y dialogado con ella tras leer y releer sus borradores que finalmente han llevado hasta aquí. Asimismo, debo recordar la gran admiración y respeto que siente Patricia Gascó por la obra de sendos profesores así como por la obra del profesor Ramiro Reig, con el que se ha entrevistado y del que ha podido aprender en un tema que le preocupa: el populismo. El profesor Reig le ayudó a mejorar su concepción del populismo y parte de los argumentos y razonamientos han sido incorporados a las conclusiones del presente libro.

Si bien es cierto que formar a los futuros estudiosos debe ser, y lo es, responsabilidad social y cultural asumida por los profesores de universidad, no es menos cierto que en ciertas ocasiones los profesores se desentienden de quienes no forman parte de sus proyectos, y también lo es que algunos investigadores se alejan de quienes podrían formarles. Se explica a veces por temores ideológicos o por cierta prevención a quienes forman parte de aquellas escuelas historiográficas que podrían facilitarles una beca de estudios, un puesto, una publicación, un congreso científico...

En ninguno de estos supuestos se encuentra Patricia Gascó. En primer lugar porque la investigación la realizó a sus expensas; en segundo lugar porque su aproximación a este mundo de investigadores que configura toda universidad se ha llevado a cabo desde la más estricta ingenuidad moral y la más sencilla actitud, la del esfuerzo personal y la amplitud de miras. Su única pretensión es la que siempre ha sido su guía en la vida, utilizando sus propias palabras, la de realizar un viaje «a la búsqueda de nuevos mundos en los que aprender, en los que ir completando lo ya conocido».

Los profesores no siempre somos conscientes de ello, no siempre nos percatamos de que la universidad amplía el horizonte de los estudiantes que proceden de otros mundos: el pueblo, el barrio, la familia, los amigos de siempre. Me congratulo de esta publicación, que es ciertamente un reconocimiento de la editorial de la Universitat de València (PUV) al trabajo silencioso, ilusionado, discreto y serio de muchos investigadores noveles. Desde aquí aprovecho estas palabras para felicitar al director de publicaciones, Antoni Furió, y su equipo, que han hecho posible una colección de libros como el que ustedes tienen en las manos, que arropa, que viste de tiros largos, a historiadores que lo merecen.

Una «democracia a la española»

Como ha señalado el profesor Ferran Gallego en su libro El mito de la transición (reseña de Patricia Gascó en www.ojosdepapel.com, 2 marzo 2009), fueron muchos quienes lideraron el cambio político. Sin embargo los estudiosos han hecho hincapié en un puñado de actores principales, como el rey Juan Carlos o como Adolfo Suárez. Con este libro de Gascó se rompe esa tendencia que se apunta en el libro del profesor Ferran Gallego. Aprendemos, y mucho, acerca de las estrategias desplegadas por políticos valencianos entre los que la autora ha seleccionado los que a su parecer son los más relevantes, como Abril Martorell, Attard y Broseta, sin olvidar la trama, la tramoya y los tramoyistas que se movían a su alrededor: muchos de ellos miembros del partido y en otros casos centristas y liberales de índole diversa: Albiñana, Monsonís, Lamo de Espinosa, Gámir Casares, Manglano, Pin Arboledas, Noguera de Roig, Ruiz Monrabal, Burguera, Palafox, Muñoz Peirats, Zaplana, entre otros. Como dijo en su día F. P. Burguesa, «La Unión del Centro Democrático (UCD) se configuró antes de las elecciones del 15 de junio, como una coalición electoral con partidos de diversas ideologías e, incluso, con personas independientes. Pasadas las elecciones y a la vista de los resultados, se consideró la conveniencia de convertir UCD en partido unitario» («El caso de UCD en Valencia», Valencia Semanal, 10 diciembre 1977)

Todos ellos desde posturas conservadoras colaboraron en la transición a la democracia, sin romper con la legalidad del régimen franquista y a la manera en que el profesor Gallego nos lo cuenta: con una democracia a la Española, tal como deseaba Arias Navarro. De modo que se contentaba a unos españoles, gente corriente, no ocupados en conseguir la democracia y, por otra parte, se lograba neutralizar radicalismos políticos, al tiempo que se apaciguaban las movilizaciones en la calle.

En el por entonces denominado Reino de Valencia los conservadores de la derecha optaron por estrategias populistas que fueron contestadas con mayor o menor acierto por la oposición democrática. Una parte de esa derecha sentía unas claras simpatías hacia el franquismo, al tiempo que una parte de la izquierda deseaba el federalismo y concebía el País Valenciano y su autonomía como parte de «Països Catalans», el catalanismo. Los debates sobre la bandera, la lengua, el Estatuto de Autonomía y, en definitiva, el nacionalismo de la izquierda y el regionalismo de la derecha, lastraron el debate de la transición política en cuestiones como éstas: que si comunidad o país, que si valenciano o catalán, que si señera o cuatribarrada. De ello tenemos amplio testimonio en Valencia Semanal a menudo de la pluma de Amadeo Fabregat; su artículo«Jo sé qui són (o la irresponsabilitat d’UCD)» (10 diciembre 1978) es un buen ejemplo de ello. Pero no el único. En «La responsabilitat (i la irresponsabilitat) de la burgesia valenciana» (5 noviembre 1978) tenemos otro ejemplo de lo mismo cuando Fabregat nos habla de «La crisi d’identitat (…) global» de los valencianos e inculpa por ello a la burguesía valenciana que no cumple con lo que se supone que es su función histórica.

A tenor de lo que se discutía, debemos concluir que dichas polémicas son ilustrativas, en cierto modo, de lo vacuo y populista del debate. A su vez, no podemos ignorar la fuerza apasionada con que se defendieron. Ciertamente, sabemos que las palabras que utilizamos nunca son inocentes. Al contrario, son responsables porque construyen una realidad, subrayan una pertenencia y coadyuvan a un modelo político. También es cierto, por otra parte, que dicha percepción de la realidad (lengua, nación, símbolos y otras identidades) no era quizás el debate prioritario que debía ocuparles, ni era quizás la parte fundamental de las cuestiones a tratar para llevar adelante la transición a la democracia.

En cualquier caso, se consideren prioritarias o no, la realidad fue que se impusieron como temas que parecían constituir lo esencial de la negociación y que acabaron por no aportar soluciones que satisficieran a todos, y por eso quizás, porque los acuerdos no fueron satisfactorios, siguen en candelero los conflictos sin solución de continuidad después de transcurridos más de treinta años de la transición democrática.

El «Estado de las autonomías» que entonces se creó, es la base de muchos de los conflictos actuales y de las voces que solicitan un cambio constitucional en el aquí y ahora. Sobre ese tema, es decir, sobre las estrategias que llevaron a cabo los líderes políticos de UCD versa buena parte del presente libro, sobre el debate de las estrategias diversas que se urdieron en torno a las «vías autonómicas» y por consiguiente las diversas concepciones de lo que debía ser el Estatuto de Autonomía.

A lo largo de las páginas que van a leer observarán pequeños matices a tesis defendidas por otros estudiosos. Si bien se defiende que el poder quedó en buena parte en manos de antiguos franquistas, el estudio de la transición valenciana, no obstante, lo matiza. ¿En qué sentido? En la aportación que se hace de algunos ejemplos significativos como el de Manuel Broseta, que no entró a formar parte del partido de UCD hasta estar seguro de que se había terminado de depurar a los simpatizantes franquistas destacados en el interior del partido tal como defiende la autora en su artículo «Élites políticas en transición, España 1876-1976» (Saitabi, 2009). En dicho artículo se observa mayor discontinuidad de la elite política con el inicio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923 y con el inicio del régimen franquista en 1939. Después de la dictadura franquista hubo una «democracia a la española»; sin embargo, que hubiera una mayor permanencia de la elite en los órganos e instituciones de Estado es algo que nuestro país tuvo en común con algunas naciones en la Europa de aquellos años. Es el corolario lógico: a mayor violencia en la toma de poder, más extensos son los cambios de elite. Por el contrario, a mayor consenso, mayor permanencia de la elite que les precedió, puesto que negocian: no caben grandes preguntas. Baste con una bien sencilla ¿cómo se podría hacer una transición pactada sin que se pactaran también los cargos de poder y responsabilidad, en ese orden o en el otro?

El enfrentamiento entre líderes de estrategias diversas fue lo más común en el proceso de negociación de la autonomía valenciana. Vemos como vino a producirse una continua lucha de identidades diferentes. No obstante, no debemos olvidar que retórica y escenificación de la elite no son lo mismo que la distribución que del poder se haga; a menudo son puro teatro frente a posibles apoyos y debemos profundizar en lo que de genuino hay en esa lucha de identidades. Por eso la lectura del presente libro viene a explicar las claves históricas que llevaron a una política, que es la que hoy tenemos, y no a otra en las instituciones políticas valencianas. La autora lo muestra en su libro con sólida aportación documental y con la preocupación constante de no caer en un debate de esencias hegelianas que es, por cierto, uno de los grandes peligros de los que huye la historia cultural que a través del estudio de las identidades políticas permite iluminar ese rincón de la historia que hasta fechas recientes ha permanecido oscuro.

En efecto, la preocupación del hombre occidental por su identidad y su pertenencia a una comunidad puede ser puesta en cuestión a base de pactos, consenso y tolerancia, que son precisamente los rasgos esenciales, característicos y distintivos de las democracias occidentales. Así pues, esa necesidad de pertenencia (bandera, lengua, religión, cultura) se puede observar si analizamos la identidad y el poder político, entendiéndolos en parte como una escenificación, una estrategia, para obtener más poder. Ello, a su vez, nos permite hacer reflexiones similares cuando las ponemos en relación con otras formas de gobierno del planeta Tierra. En estos años de globalización, en que el regreso a la tribu, como diría George Steiner o George L. Mosse, se hace patente, podríamos añadir que se hace de ello necesidad y de la necesidad virtud, bien sea por el miedo de algunos o por la necesidad de otros muchos, tal y como hemos venido observando algunos en los últimos treinta años de la historia de España.

ALICIA YANINI

Universitat de València

16 de marzo de 2009

SIGLAS

ANEPA: Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales

AP: Alianza Popular

AP-PDP-UV-PL: Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Valenciana-Partido Liberal.

ARDE: Acción Republicana Democrática Española

CDS: Centro Democrático y Social

DRV: Derecha Regional Valenciana

FPDL: Federación de Partidos Demócratas y Liberales

GAV: Grupo de Acción Valencianista

MCE: Movimiento Comunista Español

MCPV: Movimiento Comunista del País Valenciano

OIV: Organización Independiente Valenciana

PCE: Partido Comunista de España

PCPV: Partido Comunista del País Valenciano

PDL: Partido Demócrata Liberal

PDLPV: Partido Demócrata Liberal del País Valenciano

PNPV: Partit Nacionalista del País Valencià

PP: Partido Popular

PPRV: Partido Popular Regional Valenciano

PSAN: Partit Socialista d’Alliberament Nacional

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PSPV: Partit Socialista del País Valencià

PSPV-PSOE: Partit Socialista del País Valencià-Partido Socialista Obrero Español

PTE: Partido del Trabajo de España

UCD: Unión de Centros Democráticos

UDPE/UPE: Unión Del Pueblo Español

UDPV: Unió Democràtica del País Valencià

UV: Unión Valenciana

I. CONTEXTUALIZACIÓN: TRANSICIÓN ESPAÑOLA, TRANSICIÓN VALENCIANA Y EVOLUCIÓN DE UCD

1. INTRODUCCIÓN: CUESTIONES ACLARATORIAS

En líneas generales, mi objeto de estudio en este trabajo es la Unión de Centro Democrático (UCD) valenciana, desde su origen en 1977 hasta su final en 1982, con la esperanza de lograr una narración coherente que arroje luz sobre cómo se formó, cómo se desarrolló y cómo se deshizo la formación en Valencia. Uno de los aspectos en los que se ha hecho especial hincapié es en la articulación de la elite centrista en Valencia a partir de tres figuras que fueron fundamentales en la definición de las estrategias y grupos políticos de UCD-Valencia: Fernando Abril Martorell, Emilio Attard Alonso y Manuel Broseta Pont. Estas estrategias variaron también las características ideológicas del partido.

Desde luego, UCD-Valencia no fue nunca un bloque monolítico; bien al contrario, hubo luchas continuas por el poder desde el origen de la formación. También hubo otros políticos muy relevantes, además de los tres mencionados, que jugaron un importante papel en el partido como Joaquín Muñoz Peirats y Francesc de Paula Burguera. Por esta razón, no sólo se ha intentado recoger los planteamientos de mayor repercusión, sino que, por ejemplo, también han sido recogidas algunas de las posiciones de estos dos políticos liberales, especialmente en la medida en que fueron un contrapunto a la política oficial centrista en Valencia. Sin embargo, lo cierto es que F. Abril Martorell, E. Attard y M. Broseta fueron los tres políticos que más influencia ejercieron en las estrategias del partido –que no necesariamente en la organización del mismo–, permitiendo señalar, además, diferentes fases a tenor del predominio de un sector sobre otro.

Con este objetivo, en este primer capítulo se ha elaborado un marco que ha de servir para ubicar a UCD-Valencia en el contexto de la transición española en general y de la transición valenciana en particular. Sobre la transición valenciana conviene tener en cuenta que se ha optado siempre por la denominación oficial del territorio valenciano en cada momento: País Valenciano hasta julio de 1982, momento en el que, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, la denominación oficial pasó a ser Comunidad Valenciana. El capítulo I finaliza con un recorrido por la evolución de la UCD española que incluye, asimismo, una síntesis de sus principales características, compartidas, en buena medida, por la formación en Valencia.

El segundo capítulo está dedicado al estudio de las tres fases diferentes de UCD-Valencia: una primera fase, de 1977 a 1979, con una pugna por el poder entre liberales y populares que se saldó con el éxito político del líder del Partido Popular Regional Valenciano, Attard; en una segunda fase, de 1979 a 1981, la llegada de Abril Martorell a la política valenciana, así como el ingreso en el partido de otra prestigiosa figura como fue Broseta, alteró la organización del partido hasta llegar a imponerse un órgano supraprovincial y desplazar así a todos los grupos políticos originarios de 1977; la última fase, que engloba el año 1982, corresponde a la descomposición del partido, causada en gran medida por las continuas bajas en el partido de los políticos más importantes, bien por dejar la política, como Attard, bien por unirse a un nuevo partido como Broseta, que pasó a las filas de CDS.

El tercer capítulo plantea los puntos de encuentro de la política española y la política valenciana. En este punto, también es importante tener en cuenta que, para referirse a la formación de UCD cuya área de influencia era el territorio español en su conjunto, se ha optado siempre por la denominación «nacional» antes que «estatal». Esos puntos de encuentro consisten, en primer lugar, en una articulación del poder nacional y regional en las figuras de tres gestores políticos: F. Abril Martorell, E. Attard y M. Broseta. Además, entre la política española y la valenciana existen espacios de acción política comunes, como son las Cortes españolas, ya que la política valenciana fue protagonista de debates nacionales en diversas ocasiones, de entre las que destacamos, al menos, dos debates: durante la redacción de la Constitución española de 1978 –en relación al artículo 138 y a la disposición transitoria segunda– y durante los trámites de aprobación del futuro Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

El cuarto capítulo intenta hacer un esbozo de los rasgos más destacables de la ideología de UCD-Valencia, aunque teniendo en cuenta algunas limitaciones: la heterogeneidad de los partidos que dieron lugar a la formación favorecía planteamientos muy diversos sobre el poder y la realidad española, lo que complicó la conjunción en una única línea ideológica; esto no tendría sentido sin tener en cuenta el carácter personalista de dichos partidos. Por otro lado, la ideología defendida por UCD-Valencia muestra, sin lugar a dudas, una evolución a partir de 1979, una vez varió la composición de la elite en Valencia. Por estas razones, se ha optado por intentar recoger los discursos más elementales como eran el liberalismo y el humanismo cristiano, así como profundizar en dos planteamientos ideológicos que caracterizaron al partido desde 1979: la defensa de la provincia como unidad de organización territorial primordial y el anticatalanismo. En el caso del anticatalanismo, he tratado de arrojar luz sobre dos connotaciones diferentes pero complementarias del concepto: las similitudes con los discursos populistas por un lado, y la relación con el proceso de redefinición de la identidad valenciana, por otro.

En el último capítulo, dedicado a las conclusiones de este trabajo, destaca el hecho de que, si hasta 1979 la provincia de Valencia era una de las provincias españolas en las que la organización centrista contaba con mayor independencia, puesto que la organización del partido había tenido siempre una dirección independiente del Gobierno, a partir de 1979 se produjo un control de la política centrista valenciana a través de un proceso de sustitución de elites y de la creación de un organismo regional que limitaba el poder político de la Presidencia provincial del partido.

2. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA: FORMULACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO AUTONÓMICO

Trascurridos ya 30 años desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la naturaleza trascendental del cambio acaecido y cierta aureola mítica en torno al proceso de transición pueden diluir la complejidad de un proceso en el que, no sólo había que dejar patente la voluntad de vivir en democracia, sino que también era necesario concretar qué tipo de democracia se deseaba y cómo lograrla. Se precisaba cautela en los procedimientos destinados a lograr el desarrollo de la acción política, así como en los mecanismos para atender las demandas que, por otra parte, respondían a la lógica propia de un proceso de transición: las demandas de secularización, de representatividad y de descentralización son un buen ejemplo.

Centrándonos en este último aspecto, en el inicio de la Transición, y aun antes de la muerte de Franco, amplios sectores sociales así como la mayoría de las fuerzas políticas antifranquistas, asociaban la democracia con la autonomía, en oposición a la centralización férrea y discriminatoria practicada por la dictadura. Como pone de manifiesto P. Ysàs, tanto PSOE como PCE estaban a favor de una estructura federalista, al mismo tiempo que hacían hincapié en la legitimidad de los derechos de todos los pueblos a decidir libremente su destino –como reflejó el PCE en el manifiesto de la II Conferencia, celebrada en septiembre de 1975, y el PSOE en el XIII Congreso (1974) y XIV Congreso (1976)–, lo que hacía referencia especialmente a aquellos territorios que durante la II República habían obtenido, o solicitado, una diferenciación jurídica respecto del resto de España: Cataluña, País Vasco y Galicia.1

Además, hay que tener en cuenta la creación de diferentes organismos de coordinación para el reestablecimiento de las libertades y derechos de los españoles: la Junta Democrática de España –creada en 1974–, la Plataforma de Convergencia Democrática –creada en 1975– y Coordinación Democrática o «Platajunta» –unificación de éstas–. Las movilizaciones populares constituyeron, desde las postrimerías del franquismo, un relevante elemento de presión que forzó al gobierno de Carlos Arias Navarro a plantear, con pretensiones principalmente descentralizadoras según afirma P. Ysàs, regímenes administrativos especiales para Cataluña y País Vasco. Así, por ejemplo, el 20 de febrero de 1976 se aprobó, mediante Real Decreto, la creación de una comisión para el estudio de un Régimen Administrativo Especial para Cataluña; la labor de esta comisión culminó en diciembre con la creación de una mancomunidad de servicios de las cuatro diputaciones y con la formación de un Consejo General de Cataluña.2 Los acontecimientos posteriores desbordaron las pretensiones de este proyecto que, como se puso de manifiesto posteriormente, no tenía en cuenta la complejidad del proceso.

A partir del 11 de junio de 1976, con el voto negativo de las Cortes franquistas a la reforma penal que hubiera permitido la afiliación a los partidos políticos, se hizo evidente que el reformismo era incompatible con el continuismo.3 Así, el 1 de julio de 1976 D. Juan Carlos pidió la dimisión a C. Arias Navarro. Posteriormente, de la terna que confeccionó el Consejo del Reino que incluía a Federico Silva Muñoz, Gregorio LópezBravo y Adolfo Suárez, el Rey eligió a Suárez para hacerse cargo de la Presidencia del Gobierno;4 el 5 de julio de 1976 A. Suárez juraba su cargo, dando lugar, como se vería posteriormente, a una etapa de desarticulación del régimen franquista e instauración de un régimen democrático.5

Por otro lado, el nombramiento de Suárez no alteró la primera iniciativa descentralizadora de Arias Navarro, puesto que, hasta conseguida la legitimidad ganada en elecciones democráticas, no se planteó ningún proyecto diferente a este estudio referido. Pero para llegar a celebrar elecciones democráticas, previamente debía aprobarse un mecanismo jurídico que permitiera el cambio de régimen de manera legal, lo que se plasmó en la Ley para la Reforma Política. En palabras de P. Preston:

Era éste un documento de enorme significación política porque indicaba una vía por la que el rey podía cumplir su juramento de lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento sin renunciar a su objeto expreso de traer la democracia a España.6

Por su parte, Suárez puso el énfasis en la simbología que encerraba el nombre que se dio a la Ley:

Ésta es la primera gran operación política de la transición y se llama así, Ley para la Reforma Política, porque no era una ley «de reforma» sino «para la reforma», que en última instancia permitía que el poder residiera en el pueblo español, en la soberanía popular.7

Aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y refrendada por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976 en medio de un clima tenso e inestable con especial protagonismo del terrorismo, esta ley constituyó el origen de la transición institucional, que finalizó con la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978.8 Pero antes de llegar a la redacción de una Constitución, debían celebrarse las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco. Y para que fueran verdaderamente democráticas, un requisito indispensable era que la oposición pudiera concurrir:

Todos los que estábamos trabajando en la línea de llegar a la convocatoria de unas elecciones generales libres que permitieran el renacimiento de la democracia en nuestro país, todos sabíamos que se iba a legalizar el PCE. Lo queríamos hacer en el momento en que fuera menos traumático para el país porque es cierto que tantos años vapuleando al Partido Comunista y haciéndole depositario de todos los males había tenido como consecuencia un estado, digamos que mayoritario, por lo menos de recelo hacia el PCE.9

La legalización se produjo el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, para evitar reacciones adversas en la medida de lo posible. Sin embargo, esto no evitó que se abriera una crisis entre el ejército y el Gobierno, como demuestra la dimisión del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga. Probablemente la acción del rey evitó que dicha crisis se agravara, lo que permitió que el 15 de abril, el mismo día en que tomó posesión de su cargo el sustituto de Pita da Veiga, se convocaron las elecciones generales.10

Una vez celebradas las elecciones de 15 de junio de 1977, el nuevo gobierno ganó importantes cotas de poder al estar refrendado por el respaldo popular. La legitimidad que se ganó en las urnas facilitó a Suárez y a su equipo, en el que Abril Martorell jugaba un importante papel, llevar a cabo un pacto con la oposición para hacer frente a la dura crisis económica y social que sufrían los españoles. Así, estos acuerdos de concentración se concretaron en los llamados Pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977.

Pero en el ámbito autonómico los resultados en las elecciones de junio de 1977 pusieron de manifiesto que, si bien a nivel nacional la iniciativa seguiría estando en manos del Gobierno, en Cataluña y País Vasco el gran protagonismo lo tenían las fuerzas nacionalistas o filonacionalistas. Así, mientras que el porcentaje de votos obtenidos por UCD en España fue 34’52% –siendo PSOE la segunda fuerza más votada con un 24’41%11–, en Cataluña UCD obtuvo un 16’8% frente al 28’4% de la coalición Socialistas de Cataluña y en el País Vasco UCD obtuvo un 13’1% frente al 29’1% del Partido Nacionalista Vasco12. Esto obligó al Gobierno a cambiar su estrategia política para mantener la iniciativa y llevar a cabo las reformas administrativas y territoriales, intentando, por otro lado, desarticular la tremenda oposición potencial que suponía el nacionalismo. El «descalabro» electoral de UCD posiblemente motivó que se pusiera en marcha la «Operación Tarradellas» por la cual se pactó la restitución de la Generalitat catalana –a título honorífico más que real, puesto que carecía de atribuciones–, que finalmente se produjo por Decreto del 29 de septiembre de 1977. A Cataluña siguió el País Vasco, el 30 de diciembre de 1977, si bien este proceso fue bastante más complejo de resolver. De hecho, ante la cantidad de puntos que habían quedado pendientes en las primeras negociaciones, y a la espera de la elaboración de la Constitución, acabó constituyéndose el Consejo General Vasco para acelerarlo. Se producía, por tanto, un reconocimiento de la especificidad de estos territorios, aun antes de la aprobación de la Constitución, para favorecer sus demandas de autonomía y que UCD tuviera la oportunidad de constituirse como alternativa a los partidos nacionalistas.

En opinión de Fusi, estas preautonomías pioneras (junto con la presión de los partidos de izquierda a favor de un territorio federal y la necesidad de apoyos de UCD) tuvieron dos consecuencias básicas: en primer lugar, estimularon las demandas autonomistas en otros territorios; en segundo lugar, pusieron de manifiesto la necesidad de una reestructuración administrativa del territorio más general.

En palabras del propio Fusi:

En 1978 se quiso combinar la necesidad de atender a los problemas vasco y catalán (y si se quiere gallego) con la idea –inicialmente confusa, vaga y mal perfilada– de abordar en profundidad la total transformación de la organización territorial del Estado, mediante la creación de un sistema uniforme de autonomías.13

Analizando estas dos consecuencias expuestas, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que las concesiones de autonomía catalana y vasca fueron un acicate para las demandas autonómicas de otros territorios, esto no significa que dichas demandas se iniciaran a raíz de las concesiones jurídicas hechas a Cataluña y País Vasco.14 Por otro lado, la reestructuración del territorio no se quedó en el planteamiento de un Estado integral,15 como el formulado por la Segunda República, sino que el régimen preautonómico se extendió a Galicia, Aragón, País Valenciano y Canarias; para ello, cada región creaba su propia Asamblea de Parlamentarios que determinaba importantes aspectos como la delimitación territorial de la Comunidad Autónoma para, a continuación, negociar con el gobierno la instauración de la preautonomía, que se formalizaba jurídicamente a través de un Decreto-Ley. A partir de ahí se formaba una Comisión Mixta entre el gobierno central y el preautonómico para negociar las transferencias. También correspondía a la Asamblea de Parlamentarios elegir al presidente del órgano preautonómico. Tras estas seis preautonomías, se aprobaron por Decreto-Ley otras ocho más, hasta llegar a un total de catorce regímenes preautonómicos16.

Sin embargo, la generalización de los entes preautonómicos tuvo reacciones encontradas (las cursivas son mías):

Se explicitan una serie de actitudes hasta entonces ocultas o semiocultas, cuando no enteramente nuevas. (…) Surge un sentimiento de emulación, desconocido hasta entonces, por parte de líderes regionales que, al mismo tiempo que se quejan de la desigualdad a favor de las comunidades históricas, ven en las preautonomías el camino seguro para alcanzar cotas de poder insospechadas hasta entonces. Y lo más peligroso, es que esos sentimientos nacen fundamentalmente en el propio seno del partido gubernamental. Landelino Lavilla y Herrero de Miñón se sorprenden cuando en las reuniones internas de UCD, Manuel Clavero, seducido por un repentino furor regionalista o tal vez para impedir que catalanes y vascos se desmanden en sus afanes nacionalistas propone lo que él llama «café para todos». Y la sorpresa crece cuando decenas de parlamentarios centristas –más algún líder socialista– se suman (…).17

Es decir, aunque las preautonomías eran en la práctica la satisfacción de unas demandas previas, contaban con la desaprobación de una buena parte de los miembros más destacados de UCD, lo cual adquiere especial relevancia si se piensa que era el partido del Gobierno. Esto posiblemente motivó que la política autonómica de UCD no tuviera una trayectoria definida ni coherente. Pero, por otro lado, la generalización autonómica contaba, en opinión de los sectores más conservadores, con una ventaja que disgustaba a las elites nacionalistas catalanas y vascas, puesto que diluía el hecho diferencial catalán y vasco y, por tanto, reforzaba el principio de unidad española. Además, la autonomía, por definición, servía para satisfacer las demandas de autogobierno de las regiones pero sin el reconocimiento de ente nacional específico del nacionalismo.18

En resumen, siguiendo a E. Aja, la configuración de los regímenes preautonómicos tuvo importantes consecuencias para el texto constitucional posterior. Y ello por dos razones, fundamentalmente: en primer lugar, las preautonomías clarificaron el mapa territorial, lo que evitó posteriores conflictos, de modo que en el texto constitucional no se especifican cuáles iban a ser las Comunidades Autónomas; en segundo lugar, las preautonomías iban más allá de un mero proceso de descentralización administrativa y de la voluntad de limitar el sistema autonómico a algunas regiones.19

La Constitución de 1978 dio entidad jurídica al Estado autonómico, el cual se iniciaba a través de la generalización del régimen preautonómico. Para llevar a cabo la histórica tarea de elaborar el texto constitucional, se aprobó el 26 de julio de 1977 la formación de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que se constituiría unos días más tarde. Esta Comisión en primer lugar designó a los miembros de la Ponencia Constitucional, la cual se encargó desde el 22 de agosto de 1977 de realizar el primer borrador de la Constitución. El resultado de la ponencia fue un anteproyecto entregado por el presidente de la Comisión Constitucional –E. Attard– al presidente del Congreso el 23 de diciembre de 1977. El 5 de enero de 1978 se publicaba el proyecto de Constitución en el BOC y se abría el plazo de presentación de enmiendas. Tras informar de las enmiendas desde el 1 de febrero hasta el 10 de abril de 1978, se publicaba un nuevo anteproyecto en el BOC de 17 de abril de 1978. Desde el 5 de mayo hasta el 20 de junio en la Comisión se examinó el anteproyecto aprobado y se emitió un dictamen. Así, el 20 de junio de 1978 se publicaba en el BOC el nuevo anteproyecto, que después se debatió en el Congreso del 4 al 21 de julio de 1978, fecha en que fue aprobado por éste. El siguiente trámite era el paso del anteproyecto por la Comisión y el Pleno del Senado, cuyo dictamen fue publicado en el BOC de 6 de octubre de 1978. Del 11 al 24 de octubre de 1978 una Comisión Mixta de Congreso y Senado finalizó el proceso de redacción y su dictamen fue emitido en el BOC de 28 de octubre de 1978; después sería sancionado por el pueblo español de 6 de diciembre de 1978 y, finalmente, sancionado por el rey el 27 de diciembre de 1978.

El resultado podría decirse que fue una Constitución enunciativa, que buscaba ser mínimamente conflictiva, pues éstas habían sido las directrices dadas al presidente de la Comisión Constitucional por Landelino Lavilla, «quedando para su desarrollo las leyes que formasen la infraestructura de nuestro Estado bajo la Monarquía.20» Y ello en buena medida porque, como recuerda la periodista V. Prego, en realidad en muchos artículos, especialmente en el Título VIII, no hubo un verdadero consenso, sino que se sumaban posiciones divergentes defendidas por los diferentes partidos,21 buscando una fórmula que contase con los mayores apoyos posibles, por lo que se «apostó» por evitar los conflictos, en detrimento de que determinados artículos no fueran tan explícitos como hubiera sido deseable. Es el caso de algunos de los artículos vinculados a la organización territorial del Estado. Por ejemplo, la Constitución española de 1978 no supone un texto cerrado en cuanto a las competencias otorgadas a cada comunidad autónoma, ni tampoco en cuanto a nombre o características de las mismas, que realmente fueron aprobadas posteriormente. Una forma de compensar estas carencias fue a través de otras leyes, de modo que paralelamente a los trabajos de redacción de la Constitución se procedía a clarificar mínimamente el marco territorial a través de las preautonomías, si bien, para evitar problemas formales estos textos preautonómicos no obligaban a que hubiera una correspondencia en la Constitución. Posteriormente, entre 1979 y 1983, fueron aprobados, ratificados y publicados los estatutos pertenecientes a las diecisiete Comunidades Autónomas.

Con la Constitución se intentó dar una respuesta consensuada a la necesidad de una descentralización administrativa y a las demandas autonomistas planteadas por algunas regiones, pues, se pretendió que en ella quedaran recogidas las aspiraciones de Cataluña y País Vasco, junto con las del resto de «regiones», y se abordó también esa transformación del territorio que se deseaba iniciar. Por tanto, jurídicamente se plasmaron dos «lógicas» políticas en el texto constitucional: una que deseaba hacer cumplir la homogeneidad territorial (y que justificaba la aprobación previa de las preautonomías de Galicia, Asturias, Castilla-León, Aragón, Castilla-La Mancha, País Valenciano, Extremadura, Andalucía, Murcia (sin Albacete), Baleares y Canarias) y otra que deseaba «diferenciar» territorios según sus demandas autonómicas estuviesen más desarrolladas o menos. Resultado de la primera lógica son los artículos 149 –que intenta evitar el perjuicio de unas comunidades sobre otras– y 138, apartado 2: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».22

Ó 158, apartado 2: «Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación (...)».23

Por otro lado, esa diferenciación entre territorios, que ya había quedado patente en el periodo de las preautonomías, puede observarse en el artículo 2, donde hay una sibilina distinción entre nacionalidades y regiones, después no desarrollada, destinada a justificar tratos diferenciados.24 Pero puede apreciarse también en el Título VIII, donde es posible encontrar dos formas diferentes para aprobar el estatuto de cada comunidad: mediante el acuerdo al amparo del artículo 143 (delimitado por los artículos 144 y 146), o, de una manera mucha más rápida, mediante el artículo 151, apartado 2 (donde la iniciativa parte del gobierno y por tanto, está mucho más organizada). Otro elemento diferenciador lo establecen las disposiciones adicionales y transitorias, que permiten la coexistencia del nuevo marco jurídico con las legislaciones forales25 (amparadas por la primera disposición adicional). Esta doble postura no sólo separó al gobierno y a la oposición, sino que produjo divisiones internas en UCD. Por tanto, a la Constitución no le sucedió la armonía política, porque los intereses contrapuestos eran muy distantes y solamente la redacción de la Constitución había logrado la voluntad «conciliadora» para aunar tres planteamientos diferentes: el planteamiento del partido en el gobierno, que, a su vez, presenta divisiones internas; el punto de vista de las llamadas «nacionalidades históricas», que pretendían el reconocimiento de su trayectoria singular; el planteamiento de las otras futuras comunidades autónomas, que no deseaban quedar atrás en las concesiones otorgadas por el gobierno.

Una vez la Constitución entró en vigor, Suárez anunció la convocatoria de elecciones generales y municipales. Las generales se celebraron el 1 de marzo de 1979 y las municipales el 3 de abril. Y con la convocatoria de los comicios se hizo evidente el fin del consenso. Y esto no sólo por la interpretación que se hizo del discurso de Suárez durante la campaña electoral,26 sino también porque, una vez aprobada la Constitución, el pacto entre grupos políticos perdía sentido. Junto a esto hay que tener en cuenta, como factores que favorecieron la ruptura del consenso, los reajustes ministeriales que hacían evidente la crisis del gobierno, los problemas económicos derivados de la coyuntura internacional tras el nuevo aumento del precio del petróleo en 1979 –cuando aún no se habían sentado las bases para paliar los efectos de la crisis del petróleo de 1973 en España–, así como puntos conflictivos propios de la democratización tales como una reforma fiscal que facilitara «una distribución de la renta regional y personal más equitativa».27

También en materia autonómica hubo importantes cambios tras la aprobación de la Constitución porque a partir de 1979, especialmente tras las elecciones generales de 1 de marzo de 1979, se abordó el desarrollo del Título VIII de la Constitución, es decir, la concreción jurídica del Estado autonómico, en la que tuvo un papel destacado M. Broseta como secretario de Estado para las Autonomías entre 1979 y 1982. Además de la reforma del entramado local, provincial y regional, se acometió la redacción y aprobación de los Estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco –según Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre de 1979 y Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre de 1979, respectivamente–, así como el traspaso de competencias a estas comunidades autónomas. Para Aja la importancia de estos primeros estatutos radica en que constituyeron el modelo para la redacción de los estatutos de otras comunidades autónomas, al menos en lo que al borrador del anteproyecto catalán, el proyecto de Sau, se refiere. Además, la construcción administrativa y política de ambas comunidades «demostraban la viabilidad inicial del sistema, justamente en las dos CCAA que parecían más exigentes de autogobierno».28 Por otro lado, el temor de algunos de los principales dirigentes de UCD a que el Estado español quedase vacío de contenido,29 causó importantes desacuerdos en la redacción de los siguientes proyectos estatutarios, es decir, el de Galicia y el de Andalucía:

El gobierno de UCD, una vez aprobados los Estatutos vasco y catalán, que consideraba necesarios y urgentes para apaciguar las reivindicaciones más fuertes, estaba en contra de que las demás CCAA tuvieran el mismo nivel de competencias y, en cambio, las fuerzas políticas de ambos territorios (incluyendo a buena parte de UCD) querían alcanzar la misma autonomías que las primeras.30

Probablemente fue este temor lo que motivó que de manera unilateral el gobierno optase por apoyar la vía 143 para el resto de autonomías, de acuerdo con la revisión de la política autonómica de UCD en la Ejecutiva Nacional de septiembre de 1979,31 en un intento de ralentizar un proceso que, en opinión de J. P. Fusi, continuaba siendo un proyecto mal definido y, por tanto, preocupante.32 El viraje empezó a ser evidente con el Estatuto de Galicia, que se aprobó a tenor del artículo 151, pero en el que UCD planteó a sus parlamentarios gallegos «la necesidad de introducir un apartado 4 al artículo 32 del proyecto que suponía una novedad disuasoria de la emulación pretendida con los estatutos vasco y catalán».33 Ante la imposibilidad de sacar adelante el anteproyecto aprobado en la Comisión Constitucional de 22 de noviembre de 1979, puesto que ni tan siquiera contaba con el apoyo de importantes sectores de UCD, el Estatuto de Galicia necesitó de un segundo proceso en la Comisión Constitucional, el 29 de octubre de 1980.34 Con la reconducción autonómica de UCD, iniciada a instancias de Rodolfo Martín Villa, se planteaba el problema de los estatutos de aquellas Comunidades Autónomas que hubiesen iniciado los trámites acogiéndose al artículo 151 de la Constitución: Andalucía, País Valenciano, Canarias y Aragón. Este problema generó divisiones internas en UCD y un clima de tensión en las relaciones con la oposición. Tampoco en el PSOE había una posición unánime puesto que, en palabras de Attard, «parece que en algún momento Guerra se mostró favorable a la vía lenta del 143 que ofrecía menos riesgos y evitaba la posibilidad de votaciones adversas en provincias concretas»,35 mientras que el secretario general del partido, Felipe González, tras su discurso de voto de censura al presidente Suárez de 28 de mayo de 1980, solicitaba que –y cito de nuevo a Emilio Attard– «Para el País Valenciano, Canarias y Aragón, que se les permitiera seguir por la vía 151, ya que estaban bloqueados por UCD en cada una de las regiones».36 En cuanto a Andalucía, los trámites para lograr un referéndum estaban tan avanzados que la reconducción autonómica no pudo lograr más que la división interna de su partido:37 pese a la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, que regulaba las distintas modalidades de referéndum –según la cual para acogerse al artículo 151 hacía falta haberlo especificado en el momento de solicitar la autonomía– los trámites siguieron adelante y, finalmente, fue necesario reformar la mencionada Ley Orgánica a través de la Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre, para posibilitar una salida al problema andaluz.

Por tanto, el acuerdo autonómico entre UCD y PSOE –que, sin embargo, contó con el rechazo de una parte de los líderes regionales de ambos partidos– se vio propiciado por la necesidad de evitar nuevos conflictos autonómicos, especialmente tras la dimisión de Suárez de la Presidencia del Gobierno, a quién habría de sustituir Leopoldo Calvo-Sotelo, y el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Tras esta difícil coyuntura, el 31 de julio de 1981 se firmaron los Pactos Autonómicos, acuerdo entre el Presidente del Gobierno, Calvo-Sotelo, y el líder de la oposición, F. González. A través de estos pactos se cerró el mapa autonómico con diecisiete comunidades autónomas a las que se sumarían, posteriormente, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, regulando el principio de solidaridad entre comunidades autónomas con el Fondo de Compensación Territorial, especialmente, tras la aprobación de la LOAPA o Ley de Armonización. Así, pese a que parte de la ley fue rechazada por el Tribunal Constitucional, el principio que la inspiró sigue vigente.

Sin embargo, junto con el terrorismo, el problema autonómico es uno de los principales lastres de la transición, puesto que sigue habiendo discrepancias en cuanto a determinados aspectos. Para la configuración del actual marco autonómico fue precisa una «segunda vuelta del consenso».38 Y ello porque había diversas concepciones sobre la forma de estructurar el nuevo estado democrático, que no se pudo conjugar ni con la Constitución ni con los estatutos de autonomía.

3. TRANSICIÓN VALENCIANA Y ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Aunque Caciagli defendió que desde el punto de vista institucional la transición española finalizó con la Constitución de diciembre de 1978, desde el punto de vista de las comunidades autónomas es posible entender que la transición institucional no finalizó hasta que fueron aprobados los diecisiete estatutos autonómicos, puesto que en cada comunidad la aprobación del estatuto vino asociado con un gran cambio que iba más allá de una mera descentralización. Aunque el núcleo era la transición jurídica –y las consecuencias políticas que tuvo asociadas– que se concretó en la concesión del régimen preautonómico y en la aprobación del régimen estatutario, el camino hacia la democratización fue mucho más que una simple evolución jurídica, ya que, al margen de la preautonomía, entre los años finales del franquismo y los primeros años de la década de 1980 se produjo un auténtico cambio social, económico y político, como veremos a continuación para el territorio que hoy conocemos como Comunidad Valenciana.

El punto de partida radica en que en los años sesenta el tejido social presentaba variaciones fruto de la explosión demográfica, los flujos migratorios y la industrialización, ya que este proceso contribuyó a la concentración de la población en determinadas comarcas.39 En los años setenta, se produjo una paulatina movilización social, de modo que en las sucesivas manifestaciones que tuvieron lugar entre 1974 y 1977 el número de manifestantes fue aumentando, todos unidos bajo el lema «Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia», siendo la más numerosa la de 9 de octubre de 1977, celebrada con motivo del «Dia Nacional del País Valencià» y que contó con el apoyo de más de 500.000 personas40 entre las que se encontraban relevantes políticos valencianos como Broseta.

En cuanto a la evolución económica, la década de los sesenta supuso, como en el resto de España, importantes transformaciones de la estructura económica, de forma que el sector primario perdió su tradicional preponderancia a favor del sector secundario, al mismo tiempo que comenzó a desarrollarse el sector terciario, especialmente en relación al turismo y al comercio. Durante los años setenta, la crisis económica afectó también a la economía valenciana, produciendo un importante incremento de la inflación, grandes tasas de paro y altos niveles de conflictividad sindical.41

A nivel político, durante el tardofranquismo surgieron los grupos que desembocarían en los principales partidos de la transición, teniendo especial protagonismo las plataformas de oposición al régimen franquista. La primera plataforma unitaria en el territorio valenciano, la Taula Democràtica de València, se constituyó en agosto de 1973 siguiendo el «modelo catalán» y estaba formada por UDPV, el Partido Carlista, los Grups de Acció i Reflexió Socialista y el PCE.42 La creación de la Junta Democrática de España por parte de PCE, presentada oficialmente el 30 de julio de 1974, generó la formación de Juntas Democráticas de Zona, siendo la primera en el territorio de la futura Comunidad Valenciana la de Alcoi, surgida el 20 de septiembre de 1974. La Junta Democrática de Valencia, que expuso públicamente su programa a partir de mayo de 1975, solicitaba, además del restablecimiento de un régimen democrático, la promulgación del estatuto de autonomía.43 La Junta Democrática del País Valenciano se constituyó formalmente el 5 de agosto de 1975, integrada por Partido Socialista Popular, PCE, Partido del Trabajo de España, OCE, miembros del Partido Demócrata y Liberal del País Valenciano, CCOO, Justicia Democrática y Movimiento Democrático de Mujeres, además de independientes como M. Broseta. Precisamente, Broseta –independiente– fue elegido presidente y E. Cerdán Tato –de PCE–, vicepresidente. El principal partido que quedó fuera de la Junta fue PSOE, que recelaba de la hegemonía de PCE, por lo que, a nivel nacional, se creó la Plataforma de Convergencia Democrática en junio de 1975.44 La concreción valenciana de la Plataforma fue la creación del Consell Democrátic del País Valenciá el 24 de junio de 1975 por parte de PSOE, UDPV, Convergencia Socialista del País Valenciano –después PSPV–, PSAN, MCPV, Partido Carlista, Unificación Comunista de España, UGT y USO. En palabras de Sanz y Felip: