Argentina contra Franco E-Book

Mario Amorós Quiles

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: A Fondo
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 184

Veröffentlichungsjahr: 2014

Beschreibung

Colección A Fondo Vivimos tiempos en los que nos sentimos aplastados por tanta información; saturados de noticias en papel, en televisión, en radio, en internet. Elaboradas por los periodistas de forma precipitada para ser los primeros, breves porque saben que no tenemos mucho tiempo para dedicarle, superficiales porque con tantas tecnologías simultáneas ya hemos dejado de concentrarnos. Como resultado, en los temas de actualidad complejos y que necesitan un seguimiento y unos antecedentes, nos sentimos perdidos. Leemos noticias de apenas una columna o un titular y vemos imágenes de veinte segundos, pero no logramos abarcar el asunto en toda su perspectiva y contexto. Por ello nace la colección de libros A Fondo. Sobre asuntos que todos los días están en los medios, pero que requieren que rompamos el ritmo trepidante que nos imponen para acercarnos con la suficiente perspectiva, extensión y elaboración tranquila. Los profesionales mejor conocedores del caso, en su mayoría periodistas, se encargarán de exponer los temas en un lenguaje accesible, con el contexto y los antecedentes necesarios. El lector descubrirá la información primaria que se perdió en la dinámica de los medios, la profundidad que no permitían los diarios ni la televisión, el rigor que la precipitación del periodismo actual impide. A Fondo incorpora al ensayo una actualidad desacostumbrada en los libros, y al periodismo, una profundidad y un rigor que estábamos perdiendo.

Leseprobe

Akal / A Fondo

Mario Amorós

Argentina contra Franco

El gran desafío a la impunidad de la dictadura

Diseño de portada

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Mario Amorós, 2014

© Ediciones Akal, S. A., 2014

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: [phone]

Fax: [phone]

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3979-2

Lo peor fue, sin embargo, que no solo se acordó la amnistía, sino que se decretó el olvido.

Josep Fontana

Presentación

En este momento solo hay un proceso judicial por los crímenes del franquismo abierto en el mundo. Lo dirige, desde hace cuatro años, la jueza argentina María Servini de Cubría y ya ha proporcionado unos frutos impactantes, puesto que el 18 de septiembre de 2013 solicitó la extradición a su país del antiguo capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y de uno de los más emblemáticos agentes de la Brigada Político-Social, Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), quienes el 5 de diciembre tuvieron que comparecer en la Audiencia Nacional acusados de gravísimos casos de tortura.

En aplicación de la jurisdicción universal para perseguir los crímenes contra la humanidad, como hiciera España a partir de 1996 con las denuncias contra las juntas militares de Argentina y Chile y después con varias causas más (Guatemala, Sáhara Occidental, José Couso, Guantánamo, Ruanda, Tíbet), la conocida como «Querella Argentina» ha adquirido la dimensión de un verdadero proceso judicial e histórico al franquismo. Más de trescientas personas se han sumado como querellantes a la iniciativa, más de cien organizaciones sociales y políticas la respaldan desde CEAQUA (la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo, creada el 21 de junio de 2012) y los consulados argentinos repartidos por el mundo están a disposición de quienes desean agregar su denuncia. Todas las expresiones de la represión desplegada por el fascismo español entre julio de 1936 y junio de 1977 están confluyendo en un juzgado de Buenos Aires: los fusilamientos, la tortura, la prisión política, el exilio, el trabajo esclavo, el robo de bebés, los desaparecidos, los depurados… Argentina ha sentado a Francisco Franco y a su régimen en el banquillo de los acusados.

Cuando acaban de cumplirse 75 años del fin de la Guerra Civil, este trabajo examina el origen y el desarrollo de la Querella Argentina y el horizonte que abre: el fin de la impunidad de los responsables y ejecutores de la política sistemática, continuada e implacable de terror de la dictadura. Argentina contra Franco se centra, fundamentalmente, en los testimonios de diez militantes antifranquistas que fueron detenidos por la Brigada Político-Social y torturados en la Dirección General de Seguridad, en la mismísima Puerta del Sol de Madrid, entre 1956 y 1975. Tortura. Brigada Político-Social. Dirección General de Seguridad. Ecos lejanos, voces marginadas, excluidas de la historia sagrada, que sin embargo han conquistado desde septiembre el espacio público, huecos en los medios de comunicación de masas, de la mano de la Querella Argentina y la lucha tenaz de muchos colectivos que reivindican la verdadera Memoria Democrática de este país.

Así nos han descubierto la Transición «inmodélica», adjetivo acertadamente adjudicado por el profesor Vicenç Navarro1. El mito de la Transición, la narración edulcorada de aquel tiempo histórico como un pacífico y exitoso proceso de ingeniería política pilotado por la monarquía y los sectores «reformistas» de la dictadura («demócratas de toda la vida»), con Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda al timón, que propició el reencuentro entre los españoles2. Un ejemplo para el mundo, nos contaron y pregonaron, durante años y años.

Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a quienes me han ayudado a escribir este libro. En primer lugar, por supuesto, a las diez personas que me han relatado los días y las horas más terribles de sus vidas. Su memoria, unida al compromiso de los abogados y los valiosos testimonios de muchas otras, es semilla de un futuro mejor.

También expreso mi reconocimiento, por distintos motivos, a María Arcenegui, responsable de prensa de CEAQUA, al historiador Antonio Ortiz, a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a Fran Pérez, secretario de Paz, Solidaridad y Derechos Humanos de Izquierda Unida, y a los abogados Carlos Slepoy, uno de los impulsores en 2010 de la Querella Argentina, y Enrique Santiago, quien representa en esta causa al Partido Comunista de España.

Por otra parte, durante estos meses de intenso trabajo no he podido apartar de mi pensamiento a mis abuelos, que fueron parte de aquel pueblo que trajo la II República y la defendió con el valor y el heroísmo que ningún otro demostró contra el fascismo. Mi abuelo José conoció la represión y las cárceles franquistas en los años cuarenta y murió tempranamente a causa de aquel sufrimiento. Mi abuela Isabel padeció las humillaciones que la dictadura reservó para quienes creía vencidos. Y mi padre, Francisco Amorós Ribelles, perteneció a la misma generación que la mayor parte de las personas que he entrevistado, a aquella juventud trabajadora que en los años setenta se comprometió, en su caso desde el Partido Comunista de España, con la lucha por la libertad, la democracia y el socialismo. La Querella Argentina también les hace justicia a ellos.

Mario Amorós

Madrid, 15 de marzo de 2014

1 V. Navarro, El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, Barcelona, Anagrama, 2006.

2 Véase al respecto el trabajo de Ferran Gallego, El mito de la Transición, Barcelona, Crítica, 2008.

I. Proceso a una dictadura criminal

«EL FUTURO ESTÁ ASEGURADO

Respecto a la sucesión a la Jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro Movimiento, todo ha quedado atado, y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de Rey del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esta decisión trascendental.»

Francisco Franco, 30 de diciembre de 19691

El holocausto español: algunas cifras

El 22 de julio de 1936, el diario Abc de Sevilla proclamó que el conflicto militar que se extendía por todo el país tras la sublevación que había estallado la tarde del 17 de julio en el Protectorado español del norte de África era «una guerra a muerte entre la Rusia roja y la España sagrada»2. Con esta mentalidad se alzaron en armas los militares que traicionaron su obligación de respetar al Gobierno constitucional, nacido de las elecciones democráticas del 16 de febrero que otorgaron la victoria al Frente Popular. Empezó entonces lo que en 2011 Paul Preston describió minuciosamente, en un libro impactante, como «El holocausto español».

Estas son las cifras fundamentales que dio Preston. Entre el 17 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 cerca de doscientos mil hombres y mujeres fueron asesinados lejos de los frentes de batalla (el 75 por 100 de ellos cayó bajo las balas de los facciosos). Al menos trescientas mil personas perdieron la vida durante los combates. Ese medio millón de personas «murieron a raíz del golpe militar contra la Segunda República». Además, un número desconocido de hombres, niños y mujeres fueron víctimas de los bombardeos y los éxodos que siguieron a la conquista del territorio por parte de las tropas de Franco. En las semanas posteriores a su victoria militar, en la primavera de 1939, cerca de veinte mil republicanos fueron asesinados. Carme Molinero, por su parte, apunta que alrededor de cuatrocientos mil hombres estuvieron internos en campos de concentración y centenares de miles en las cárceles. Según cifras oficiales, en 1940 estas acogían a doscientos ochenta mil republicanos3.

«Otros», prosigue Preston, «sucumbieron a las condiciones esclavistas de los batallones de trabajo». Y más de medio millón de republicanos tuvieron que emprender los caminos del exilio tras la más amarga de las derrotas. Muchos perecieron en los campos de concentración habilitados por el Gobierno francés en las playas transpirenaicas4.

La dictadura franquista no tuvo piedad con aquellos sectores sociales y políticos que catalogó como «la anti-España», la quiso aniquilar para siempre. Solo así se explica que durante la Segunda Guerra Mundial permitiera que miles de españoles fueran conducidos a los campos de exterminio nazis, como también registró Preston. Respecto a los más de cien mil republicanos sepultados aún hoy en miles de fosas clandestinas a lo largo del país, su opinión remite inevitablemente a la segunda mitad de los años setenta: «Evidentemente –nos explicó en 2011–, parte del proceso de la Transición fue el acuerdo de amnistía, de no buscar responsabilidades judiciales por lo que pasó ni en el establecimiento de la dictadura, ni en la resistencia contra la dictadura, pero es curioso que la única persona que ha sufrido consecuencias judiciales de eso es quien ha intentado aclararlo: el juez Baltasar Garzón»5.

Por último, una magnitud que solo permitiría cuantificar una Comisión de la Verdad como la que hoy propugna Garzón, al menos aproximadamente, es el del número de personas que entre 1939 y 1977 sufrieron tortura6, un instrumento esencial de la represión política en «la España de Franco».

«El régimen de Franco», escribió Julio Aróstegui, «se encuentra entre los regímenes políticos que de forma más permanente, sistemática, institucionalizada y eficiente para sus fines, practicaron la coerción, la violencia política y la exclusión entre todos los que se instituyeron como poder totalitario». «El sistema represivo que los vencedores en la Guerra Civil de 1936 pusieron en ejecución es la característica más destacada de aquel régimen porque acompañó, determinó, todas las etapas atravesadas por su configuración política y social»7. Como subraya Abdón Mateos, sin esa violencia institucionalizada y persistente la dictadura no hubiera sobrevivido hasta la muerte de su caudillo8.

Y Carme Molinero señala algo esencial. La magnitud de la represión franquista y su impacto en la población, «en la que la sufría y en la que la contemplaba», no puede entenderse sin tener presente que, en la mayoría de los casos, los centenares de miles de personas que fueron represaliados no lo fueron por lo que hubieran hecho, sino por lo que eran: «Personas que tenían unos ideales y unas propuestas de organización de la sociedad distintas de las de aquellos que dieron apoyo al golpe de Estado»9.

Una vez instalado el Estado franquista, destruidas la democracia y las libertades, revertido el programa democrático y modernizador del Frente Popular, el «eslabón fundamental», en palabras de Juan José del Águila, del aparato represivo fue una sección policial creada en 1941: la Brigada Político-Social.

Los «hijos» de Himmler: la Brigada Político-Social

El 23 de septiembre de 1939, casi cinco meses después del fin de la Guerra Civil, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley, firmada por el general Franco, que reorganizó la Dirección General de Seguridad (DGS), creada en 1886 como parte del Ministerio de la Gobernación10. Aquella norma le entregó amplias atribuciones e incluso los gobernadores civiles provinciales quedaron sometidos a su director general en los asuntos de su competencia. Entre las principales funciones de la DGS estuvieron la Comisaría General de Fronteras, de Información, de Orden Público y de Identificación.

La Dirección General de Seguridad instaló su sede en el principal edificio de la madrileña Puerta del Sol, hoy llamado pomposamente Real Casa de Correos y que acoge la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Con el tiempo se convirtió en «el mayor centro policial de la dictadura» y, junto con otros organismos policiales y judiciales, evidenció «la preocupación constante de los militares, con Francisco Franco a la cabeza, por organizar los mecanismos de limpieza política. Nadie debía escapar a la depuración y para ello era necesario extender el conflicto; una guerra larga que diera el tiempo necesario para crear y mejorar las “instituciones” y las “infraestructuras” necesarias para la purificación de la sociedad española»11. En ese mismo edificio tenía también sus dependencias en Madrid la Brigada de Investigación Social, más conocida (y así la llamaremos en este trabajo) como la Brigada Político-Social (BPS).

La Brigada Político-Social fue creada formalmente en 1941 a través de la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Estaba integrada en el Cuerpo General de Policía, que a su vez dependía de la Dirección General de Seguridad. Su actividad se fundamentó inicialmente en la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social o la Ley de Vagos y Maleantes. Seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia, detenciones, confiscación e incautación de bienes, allanamiento y registro de viviendas y, como les enseñaron los nazis, la tortura como método recurrente para «ampliar» la información o simplemente como forma de castigo. Así actuaba la Brigada Político-Social. Y lo hacía con una impunidad indiscutida, absoluta, avasalladora. Para sus efectivos, plenamente imbuidos de la ideología y el espíritu del «Movimiento Nacional», cualquier conducta que pudiera afectar al orden público convertía a un ciudadano en sospechoso y por tanto podía ser detenido de manera preventiva en dependencias policiales para su posterior puesta en libertad o a disposición judicial.

En su trabajo de referencia sobre el Tribunal de Orden Público, Juan José del Águila señala que la BPS era «el eslabón fundamental del aparato represivo del régimen franquista». Y recuerda que la principal norma que la reguló, la Ley de 8 de marzo de 1941, afirmaba en el primer párrafo de su exposición de motivos: «La victoria de las armas españolas al instaurar un régimen que quiera evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática exige de los organismos encargados de la defensa del Estado una mayor eficacia y amplitud, así como aquellas modalidades que impone la necesidad de una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos»12.

Está pendiente la investigación de la huella nazi en los orígenes de la BPS. En 1940, después de su visita a España, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS y uno de los grandes responsables del Holocausto, envió a un asistente suyo, Paul Winzer, para que instruyera a la nueva policía política española. Y este oficial de las SS y la Gestapo se dedicó a ello hasta 1944, además de dirigir durante un tiempo el campo de concentración para los prisioneros republicanos de Miranda de Ebro (Burgos).

El 17 de julio de 1945 la dictadura aprobó el llamado Fuero de los Españoles, que tenía la pretensión de ser un remedo de declaración de derechos fundamentales. Pero, en la práctica, legalizó la tortura ya que su artículo 18 estableció la posibilidad de que los aparatos policiales mantuvieran detenida a cualquier persona durante un plazo máximo de tres días, 72 horas exactas, antes de ponerla a disposición judicial o dejarla en libertad. No por casualidad aquella reforma cosmética coincidía con la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y el desmoronamiento del fascismo en Europa, a excepción de la península Ibérica.

En cualquier caso, Julián Casanova señala que la limitación de los periodos de detención fue en muchos casos una falacia. «Los detenidos permanecían en comisaría días y días, a veces semanas, humillados y torturados. La Brigada Político-Social realizaba las “diligencias” en famosos lugares que quedaron para siempre en la memoria antifranquista, como la comisaría de policía de Via Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid. Había ocasiones en que la detención ni siquiera se registraba. Así transcurrían esas interminables “diligencias”: sin asistencia letrada, sin médicos, sin el más mínimo derecho de defensa»13.

La aplicación del Fuero de los Españoles cedió siempre ante las funciones de «prevención del delito» que la legislación asignaba a la BPS y que permitían a sus agentes actuar de manera absolutamente arbitraria. Además, los frecuentes estados de excepción declarados por el régimen en una parte o todo el territorio nacional consentían las detenciones sin límite de tiempo y una actuación aún más implacable y arbitraria. Alfaya y Sartorius recuerdan, por ejemplo, que a veces incluso mostraban a la persona detenida una partida de defunción por causas naturales firmada por un supuesto o real médico de guardia, con lo cual se le advertía de que cualquier «exceso» en el interrogatorio estaba ya cubierto e incluso legalizado previamente14.

Jorge Marco y Gutmaro Gómez Bravo han aportado un documento muy valioso e ilustrativo. Se trata de un informe elaborado por el departamento de investigación del Foreign Office (el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, con excelentes «antenas» en Madrid desde hacía décadas), fechado el 9 de agosto de 1949, que describía en estos términos la Dirección General de Seguridad y la Brigada Político-Social: «Los archivos de la DGS están basados en el modo nazi. Están cabal y extremadamente bien organizados, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado»15.

El informe añadía que «los puntos negros de la justicia española» eran por norma general más las comisarías que las prisiones. «Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social, que actúa por orden del jefe superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas “confesiones”. Como reciben un extra, los mal pagados policías tienden a usar métodos más violentos cada vez y a prolongar cuanto sea posible el aislamiento de los prisioneros para obtener una confesión.»

Lo que más ha perdurado en la memoria de los antifranquistas es la identidad de algunos de los agentes o mandos de la Brigada Político-Social que destacaron por su especial saña en la tortura, como los hermanos Antonio Juan y Vicente Juan Creix en Barcelona, Melitón Manzanas en San Sebastián y Manuel Ballesteros en Valencia. O, como veremos en la parte central del libro, Roberto Conesa, José Sainz y Juan Antonio González Pacheco en Madrid.

En su trabajo clásico sobre la BPS en Barcelona, Antoni Batista aportó los testimonios sobre las torturas sufridas a manos de los Creix, entre otros, de los dirigentes comunistas Miguel Núñez y Gregorio López Raimundo y del nacionalista Jordi Pujol en la comisaría de la Via Laietana. Miguel Núñez relató que a fines de 1958 Antonio Juan Creix le propinó palizas infinitas, le sometió a «la bañera» (se introducía la cabeza del detenido dentro del agua hasta que casi no podía respirar, una y otra vez) o le amarró durante todo un día por las muñecas a los tubos de la calefacción del techo. Por su comportamiento heroico y su negativa a entregar información sobre la actividad clandestina del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Núñez llegó a estar hasta treinta días seguidos en la comisaría y después tres meses incomunicado en las celdas de castigo de la cárcel Modelo. En los primeros momentos de aquella detención, Creix le espetó: «Bien, Miguel, has perdido». Él le respondió: «¿Cuánto ganas?». Sorprendido y furioso, el represor le citó su sueldo… «¿Y por este precio haces lo que haces?»16.

Por su parte, Jordi Pujol declaró ante un juez el 27 de junio de 1960 que en la comisaría Vicente Juan Creix y otro agente le obligaron a someterse al método de tortura que denominaban «la cigüeña» (en Madrid, en la DGS, lo llamaban «el pato»): «Descalzo y esposado con las manos detrás de las rodillas, queda en posición de semiflexión forzada, teniendo ambas manos detrás de las rodillas, que en esta posición estaría unos 55 minutos, durante los cuales y a intervalos, le pegaban con una porra en los dorsos de los pies y que el autor de esto era el sr. Creix; que como la posición era forzada y se cayera varias veces, tres o cuatro de ellas, estando en el suelo, fue golpeado por todo el cuerpo y principalmente en la región glútea»17.

Debido a su «brillante» hoja de servicios, Antonio Juan Creix fue nombrado jefe superior de la Policía en el País Vasco después de que en 1968 ETA acabara con la vida del jefe de la Brigada Político-Social en San Sebastián, Melitón Manzanas. Creix se encargó de la detención de quienes fueron acusados de la muerte (y que, como Mario Onaindía, denunciaron haber sufrido violentas torturas), que serían juzgados y condenados en el Proceso de Burgos. Después, fue destinado a Sevilla como jefe superior de Policía de Andalucía, donde agudizó la represión y detuvo a los principales dirigentes de Comisiones Obreras.

Antoni Batista también ofreció una documentación excepcional. Creix fue cesado en agosto de 1974 por el último director general de Seguridad nombrado por un gobierno presidido por Franco, Francisco Dueñas Gavilán. Con el dictador gravemente enfermo y tras la Revolución de los Claveles, la incertidumbre se adueñaba también de los jerarcas franquistas y un tipo como Creix era ciertamente impresentable ante cualquier posible operación cosmética o estética del régimen. Fue, en palabras de Batista, «el cabeza de turco que permitió que la gran mayoría de los otros miembros de la Brigada Social continuaran en activo».

Entre septiembre y diciembre de 1974, Creix mantuvo un intercambio epistolar con el gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, a quien pidió su ayuda y ante quien presentó por escrito una extensísima hoja de servicios al régimen para lograr su readmisión. El 2 de octubre de 1974 Martín Villa le respondió con unas diez líneas en las que, después de saludarle como «mi querido amigo», le explicó: «Con mucho gusto tengo hechas gestiones en tu apoyo y bien puedes suponer lo que me agradaría poder contribuir, de este modo, a una solución que te resulte satisfactoria»18.