El retorno de los humildes E-Book

Albert Noguera

• Herausgeber: Ediciones Akal
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Pensamiento crítico
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presentaba su renuncia y huía en avión, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, a México, país que les concedió asilo. Dos días después, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, del partido derechista Movimiento Demócrata Social (MDS), que en las elecciones del 20 de octubre de ese mismo año se había presentado dentro de la Alianza Bolivia Dice No y había obtenido 4 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional –un 4,24% de los votos–, era proclamada, en la cámara alta y sin quorum, presidenta del Estado. ¿Cómo entender tan extraña situación? Con ánimo crítico pero constructivo, el presente libro analiza en detalle las causas que condujeron a la crisis política del Movimiento al Socialismo (MAS) a través de los cambios en su proyecto de gobierno, y de los modelos de Constitución, soberanía, territorio y economía derivados de él. Un escenario de conflictos, luchas por el poder, alianzas, derrotas y victorias, que nos permite entender los orígenes y consecuencias de los acontecimientos, así como el papel desempeñado en esta liza por cada actor político y social, y del cual extraer lecciones que se revelan imprescindibles para los retos futuros del nuevo Gobierno de Luis Arce Catacora.

Leseprobe

akal / pensamiento crítico

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Diseño interior y cubierta: RAG

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© Albert Noguera, 2022

© Ediciones Akal, S. A., 2022

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ISBN: 978-84-460-5175-6

Albert Noguera

El retorno de los humildes

El proceso de cambio en Bolivia después de Evo

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presentaba su renuncia y huía en avión, junto al vicepresidente Álvaro García Linera, a México, país que les concedió asilo. Dos días después, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, del partido derechista Movimiento Demócrata Social (MDS), que en las elecciones del 20 de octubre de ese mismo año se había presentado dentro de la Alianza Bolivia Dice No y había obtenido 4 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional –un 4,24% de los votos–, era proclamada, en la cámara alta y sin quorum, presidenta del Estado. ¿Cómo entender tan extraña situación?

Con ánimo crítico pero constructivo, el presente libro analiza en detalle las causas que condujeron a la crisis política del Movimiento al Socialismo (MAS) a través de los cambios en su proyecto de gobierno, y de los modelos de Constitución, soberanía, territorio y economía derivados de él. Un escenario de conflictos, luchas por el poder, alianzas, derrotas y victorias, que nos permite entender los orígenes y consecuencias de los acontecimientos, así como el papel desempeñado en esta liza por cada actor político y social, y del cual extraer lecciones que se revelan imprescindibles para los retos futuros del nuevo Gobierno de Luis Arce Catacora.

Albert Noguera Fernández es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Fue asesor de la Asamblea Constituyente de Bolivia y participó en las comisiones técnicas de elaboración de la Constitución de 2009. Ha realizado funciones de formación a funcionarios del Estado boliviano y es profesor permanente del máster y doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad pública de La Paz. Entre sus últimos libros cabe mencionar Utopía y Poder Constituyente. Los ciudadanos ante los tres monismos del Estado neoliberal (2012), La igualdad ante el fin del Estado social. Propuestas constitucionales para construir una nueva igualdad (2014), El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo (2017) y La ideología de la soberanía. Hacia una reconstrucción emancipadora del constitucionalismo (2019).

INTRODUCCIÓN

En el año 2006 se instauró el primer Gobierno indígena-campesino de la historia de América Latina. Las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005 habían dado la victoria, por primera vez en Bolivia, al partido campesino Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), liderado por el dirigente cocalero Evo Morales Ayma. Con ello, se constituía unas semanas después en el país andino un Gobierno popular conformado por una alianza de clases campesino-indígena.

Esta alianza entre campesinos e indígenas conformadora del nuevo bloque social gobernante no surge de la nada, se había ido conformando en el marco de las luchas de la década de 1990 y de inicios del 2000 contra el neoliberalismo.

Durante los años ochenta y noventa del siglo xx, el neoliberalismo implicó una desarticulación, en el país, del viejo sujeto obrero y la rearticulación de un nuevo sujeto histórico campesino-indígena. La desmovilización y debilitamiento de la clase obrera, concentrada principalmente en la fracción minera de la Central Obrera Boliviana (COB), tuvieron lugar a partir de 1985 con el Decreto Supremo 21060 promulgado por el Gobierno de Víctor Paz Estenssoro y con el que se inicia el periodo de políticas neoliberales. La COB siguió movilizándose intensamente los cinco años siguientes y parte de los noventa, pero la negativa permanente a negociar de los gobiernos neoliberales condujo a una secuencia de derrotas populares desastrosas para los obreros.

Sin embargo, de manera paralela a esta desarticulación del movimiento obrero, surgieron en el país nuevas luchas contra el neoliberalismo que permiten la rearticulación de un nuevo bloque histórico compuesto por varios actores autónomos (Martínez Dalmau, 2011: 42-43; Tapia, 2015: 126-127).

Por un lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) organizaba y llevaba a cabo movilizaciones contra el plan gubernamental de mercantilización de la tierra aplicado a través de la Ley INRA de 1996, operándose un crecimiento del sindicalismo campesino. Por otro lado, en oriente se produce un proceso de unificación de los pueblos indígenas de tierras bajas que termina en la configuración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la cual inicia un ciclo de movilizaciones que empieza, en 1990, con la primera «Marcha por la vida y el territorio» que reivindica una Asamblea Constituyente.

Además, en la zona del altiplano, donde existía una estructura de propiedad comunal de las tierras, emerge otro proceso de unificación que se constituye como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Al mismo tiempo, en Potosí se produce un proceso de unificación política entre distintos sectores populares bajo el nombre de Movimiento Originario Popular (MOP) que, en las elecciones de 1999, en alianza con el Movimiento Sin Miedo (MSM), obtiene la victoria en la mayoría de municipios del departamento.

A ello hay que añadir la aparición, a lo largo del país, de distintos movimientos sociales antiprivatización. La Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida de Cochabamba surge en el año 2000 para frenar un proyecto de ley que permitía el alza de precios del agua por parte de una empresa transnacional que tenía adjudicada la prestación del servicio de agua en la ciudad. O, a inicios de ese mismo año, en la ciudad de El Alto, de composición indígena, las juntas vecinales establecen una dura resistencia contra el proyecto de transnacionalización ampliada de hidrocarburos a través de Chile y a favor de la nacionalización del gas.

La articulación, a partir del 2000, en el contexto de crisis y bloqueo al neoliberalismo, de todas estas luchas autónomas lleva a la caída del Gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Es en este contexto que se produjo la alianza de toda esta diversidad de sujetos de lucha con el partido del sindicalismo campesino, el MAS, permitiendo conformar un nuevo bloque histórico campesino-indígena (Tapia, 2015: 129) que, como mencionábamos, obtiene la victoria en las elecciones de 18 de diciembre de 2005, proclamando, en enero de 2006, a Evo Morales y Álvaro García Linera como presidente y vicepresidente del país, respectivamente. Empezaba, aquí, el denominado proceso de cambio en Bolivia.

Desde entonces, y durante sus más de 15 años de vida, la historia del proceso de cambio boliviano, la de sus victorias y derrotas, sus avances y retrocesos, es la historia de una lucha, en el interior del mismo, entre tres proyectos de Estado enfrentados, defendidos por alianzas de clases distintas:

1. El Estado de régimen político precapitalista, defendido por las oligarquías, terratenientes y grandes empresarios.

2. El Estado plurinacional comunitario, defendido por la alianza campesino-indígena.

3. El Estado capitalista desarrollista, defendido por la alianza campesino-empresarial.

Esta es la tesis principal sobre la que se construye este libro.

Partiendo y tomando esta tesis como punto de partida y método de análisis del proceso boliviano, llevaremos a cabo un estudio del proceso en tres grandes fases que se corresponden con las tres partes de la estructura del texto.

La primera parte analiza el primer ciclo hegemónico del MAS (2006-2019), bajo la dirección de Evo Morales. Durante esta etapa se distinguen dos fases claramente marcadas:

1. Una que abarca el periodo 2005-2009, en la que el principal actor dirigente del proceso de cambio en Bolivia es una alianza campesino-indígena y en la que se produce un enfrentamiento entre, por un lado, el proyecto de Estado de régimen político precapitalista imperante hasta la victoria electoral del MAS en 2005 –y defendido por el bloque patrimonialista de terratenientes y empresarios– y, por otro, el Estado plurinacional comunitario que conformaba el proyecto político de la nueva alianza campesino-indígena gobernante, plasmado en la Constitución de 2009. Esta es una etapa de fuerte violencia y lucha de clases.

2. Otra que abarca el periodo 2010-2019, en la que empieza a producirse una reconfiguración de la alianza de clases del partido de los campesinos en el Gobierno, el MAS. Rompiendo lazos con los indígenas y estableciendo una nueva alianza campesino-empresarial que supone un giro de 180 grados en el proyecto de Estado. La reconfiguración de la alianza de clases implica, a la vez, una reconfiguración del conflicto entre proyectos de Estado enfrentados. Esta fase se caracterizará por la lucha entre el proyecto de Estado capitalista desarrollista defendido e implementado por dicha nueva alianza en el Gobierno y el proyecto plurinacional comunitario defendido por sectores sociales desplazados del proceso por el MAS.

Este último enfrentamiento entre el proyecto capitalista desarrollista y el plurinacional comunitario, así como las contradicciones generadas por el mismo, es el que acaba desgastando el Gobierno de Evo Morales y creando las condiciones objetivas y subjetivas del golpe de Estado de noviembre de 2019.

La segunda parte se centra en el estudio del golpe de Estado de la derecha, con apoyo internacional, que, en octubre y noviembre de 2019, pone fin al primer ciclo hegemónico del MAS y a su proyecto estatal mediante el derrocamiento de Evo Morales del poder y la conformación de un Gobierno de transición. Durante los 11 meses que permanece en el poder el Gobierno golpista, este empieza a reconstruir el viejo Estado de régimen político precapitalista.

En concreto, se analizan los acontecimientos del golpe y sus causas, la naturaleza o características del tipo de golpe que se produce, cuál es el papel desempeñado en él por parte de los distintos actores sociales (las clases medias urbanas, los sujetos políticos del bloque popular y la derecha) y por qué razón no se tuvo capacidad de contrarrestarlo.

Y, finalmente, la tercera parte abarca el periodo que empieza con el retorno al poder del MAS, liderado por Luis Arce, mediante la victoria en las elecciones de 18 de octubre de 2020 que derrota el golpe de Estado derechista y abre un segundo ciclo del partido campesino en la dirección del país, ahora con nuevos dirigentes y actores.

El objetivo de esta última parte es analizar cuáles son los factores que nos permiten entender la arrolladora derrota electoral del golpe en las urnas y la victoria del MAS, así como presentar los que se consideran como los tres retos principales para poder abrir un segundo ciclo hegemónico del MAS tras Evo:

1. Ganarse la confianza de la clase media urbana.

2. Consolidar el apoyo activo de los sectores del bloque nacional-popular que se habían distanciado del proyecto político.

3. Estar preparado para poder contrarrestar un nuevo intento de golpe de Estado de la derecha.

La posición que el libro defiende es que el logro de estos tres retos sólo podrá darse activando un nuevo proyecto político en cuyo interior, a diferencia del modelo implementado en el primer ciclo de Evo, se consiga una coexistencia, en régimen de equilibrio, entre los proyectos de Estado capitalista desarrollista y Estado plurinacional comunitario; donde el primero dote las finanzas públicas de los recursos necesarios para prestar bienestar y servicios públicos de calidad a toda la población y el segundo imponga al primero la obligación de cumplir con una función medioambiental y de respeto con la idea de Constitución como territorio de soberanía política plural.

Implementar este nuevo proyecto político exige desarrollar tres líneas de acción política gubernamental a corto plazo:

1. Transformar los servicios públicos de educación y sanidad para ganarse a las clases medias.

2. Cambiar la manera de gobernar para restablecer la relación con los movimientos sociales y el bloque nacional-popular.

3. La creación de poder popular para prevenir un nuevo intento de golpe.

Cada una de estas tres líneas permite conseguir, respectivamente, los tres retos señalados para abrir un segundo ciclo hegemónico del proceso de cambio.

En consecuencia, el libro hace un estudio detallado del proceso de cambio boliviano desde sus inicios hasta los nuevos retos que se le abren en la actualidad, formulando propuestas para afrontarlos. No se trata de una tarea fácil de llevar a cabo. Los avances, disputas y retrocesos del proceso boliviano difícilmente pueden entenderse desde una teoría simple, imperante en determinados sectores del marxismo más ortodoxo, según la cual la realidad social en aquellos países latinoamericanos con procesos y gobiernos de cambio vivos sería un espacio ordenado de relación antagónica entre dos grandes unidades de análisis prefijadas, fijas y estáticas: el bloque «Gobierno-pueblo» contra el bloque «derecha neoliberal-Ejército-embajada norteamericana», con controversias y conflictos identificables de antemano.

La realidad en sociedades como la boliviana es, por el contrario, mucho más compleja. En esta se da, por un lado, la mezcla, en el mismo presente social y político, de formas multicivilizatorias de organización social, política y económica prehispánicas, coloniales, republicanas y neocoloniales, con matrices de organización social, económica, cosmovisiva y política de diferentes espacios-tiempos históricos (indígenas, latifundistas, ciudades cosmopolitas, etc.). Y, por otro lado, la existencia de una sociedad en la que, fruto de una tendencia hereditaria a la organización social y sindical que se puede explicar por la persistencia de formas productivas originarias que requieren de fuertes elementos de organización para su reproducción, operan una multiplicidad de grupos y asociaciones organizados alrededor de intereses corporativos que dan lugar a múltiples conflictos intraclase en el interior de cada bloque.

Todo ello hace que el estudio del movimiento real de los acontecimientos en el seno del proceso de cambio boliviano sólo pueda hacerse a partir de la combinación de distintos métodos analíticos: un método idealista que tenga en cuenta la influencia de las distintas ideologías y proyectos políticos de Estado en disputa (la neoliberal, la indigenista katarista, la desarrollista, etc.) en las transformaciones internas del proceso; un método materialista de análisis de las transformaciones socioeconómicas concretas, así como de las luchas y alianzas de clase que se van dando y reconfigurando en su interior, y un método microfisicalista que preste también atención a múltiples comportamientos, acciones y acontecimientos de individuos particulares o de reuniones concretas de reducidos grupos de personas celebradas un determinado día que, por sí solos, no tendrían importancia y podrían, incluso, considerarse anecdóticos, pero que concatenados y puestos en contexto contribuyen a entender muchos aspectos de la evolución de los hechos.

Es sólo a partir de la combinación de estos tres métodos –idealista, materialista y microfisicalista– que pueden estudiarse y llegar a entenderse los vaivenes del proceso boliviano. Esto es lo que pretende hacer este libro.

Antes de empezar, hay que avisar que en él no se presenta un relato complaciente de los últimos años del proceso de cambio boliviano. No tendría ningún sentido ni utilidad publicar este trabajo si para ello fuera. Los libros deben escribirse para hacer pensar, no para adular acríticamente. El texto es una autocrítica que, de manera honesta, desde la izquierda y con voluntad constructiva, pretende poner sobre la mesa, revisar y trabajar en los errores cometidos durante el primer ciclo hegemónico del MAS, con el ánimo de aportar propuestas e ideas que contribuyan a solucionarlos y evitar repetirlos. Sólo así se podrán afrontar los retos necesarios para la apertura de un segundo ciclo hegemónico de este instrumento político, el cual constituye, hoy, para los sectores populares bolivianos el único proyecto con potencialidad de gobernar con y para ellos en la construcción de un país digno y con justicia social.

Finalmente, no quisiera terminar esta introducción sin agradecer todas las comidas, cervezas, caminatas y ratos de conversación mantenidos, y que tanto me han servido siempre para escribir sobre Bolivia, con amigos como Óscar Vega, Juan Carlos Pinto, Luis Tapia, Sabino Mendoza, Teresa Morales, Raúl Prada, Fernando García Yapur, Milka Luna, Salvador Schavelzon, Carlos Börth y muchos otros, todos ellos parte activa desde posiciones y opiniones distintas de la historia viva de Bolivia durante estos últimos años. Así como al compañero Miquel Martínez por la revisión de algunos de los capítulos del libro y a la ayuda final de mi estimadísimo amigo Juan Andrade. No hace falta decir que todos ellos están libres de cualquier tipo de responsabilidad por las afirmaciones o ideas expuestas en este trabajo. Yo soy su único responsable.

PRIMERA PARTE

¡Evo presidente! (2006-2019). El proceso de cambio como disputa entre proyectos de Estado

Capítulo I

Los actores de la lucha de clases en Bolivia y sus respectivos proyectos de Estado

En Bolivia, la estructura de la tierra no es solamente una cuestión de poder económico, sino también de poder social y político. En un país eminentemente agrario, la estructura de la posesión de tierras determina las relaciones sociales, el modelo económico imperante y las relaciones de poder existentes. A finales del siglo xix e inicios del xx, la creación de los Estados-nación latinoamericanos implicó la extensión del latifundio, de manera que las comunidades con tierras fueron transformadas en haciendas. Ello conllevó: 1) la imposición de una fuerte relación de dominación entre los comunarios y los hacendados, y 2) la vinculación de la propiedad de la tierra al ejercicio de la representación política. En consecuencia, existe una estrecha relación entre la formación del Estado-nación boliviano, la formación de los dominios territoriales y la formación de las elites de Estado (Radhuber, 2008: 171).

Las relaciones de propiedad son, todavía hasta hoy en muchas zonas del país, el núcleo que determina el acceso a los derechos civiles, sociales y políticos, y a partir de ellas se organiza la sociedad civil. Mientras en la historia europea los procesos de democratización han tenido que ver con las luchas por el sufragio universal y los derechos sociales vinculados al salario, en la historia de Bolivia los momentos de democratización y expansión de la ciudadanía tienen que ver con la modificación del régimen de propiedad, los recursos naturales y el control público y la colectivización de ellos, históricamente practicados a través de la estatalización (Tapia, Hoffmann, Rozo y Viaña, 2006: 28), ya sea en el año 1952 o en 2006. La lucha de clases es, en consecuencia, una cuestión de carácter eminentemente agrario.

Así pues, para entender los elementos de la lucha de clases en Bolivia hay que conocer a los actores que se disputan la estructura de la tierra en el país; cada uno de ellos con concepciones de la territorialidad, modelos económicos propios y proyectos de Estado diferenciados.

Los tres principales actores son: el campesinado, los indígenas y los empresarios.

Por un lado, el campesinado es, en Bolivia, un grupo social y/o político que se forma como tal fruto de la Revolución de 1952 en el marco del llamado Pacto Militar-Campesino (PMC) que propicia la misma. La nacionalización de la minería permitió, en esa época, financiar, mediante el excedente generado, el desarrollo agropecuario, en parte orientado al mercado interno, en parte al externo. Algunos de los bienes básicos, como el aceite, el arroz o el azúcar, son producidos por el capital productivo financiado con excedente minero y a través de empresas estatales. A la vez, el reparto de tierras de la reforma agraria dio como resultado la formación de un campesinado que con el tiempo se ha vuelto capital comercial (Tapia, 2015: 109).

Por otro, es en los años setenta con la ruptura del PMC que empieza a formarse el movimiento indígena en el marco de un proceso de reinvención de la indianidad como movimiento vinculado a las demandas de tierra y territorio (Radhuber, 2008: 163), y la agroindustria en la zona oriente del país, emergiendo la clase de los empresarios. Aunque la reforma agraria llevada a cabo durante la Revolución de 1952 hizo posible la desorganización del orden patrimonialista de estructura de la tierra en varios territorios del país –una buena parte del altiplano y los valles centrales de Cochabamba, parte de los valles de Chuquisaca y los valles de Tarija–, en otras zonas como la Amazonía y buena parte de oriente y de El Chaco, las cuales representan territorialmente casi dos tercios de Bolivia, estas estructuras patrimonialistas sobrevivieron. Ello es lo que permite el surgimiento de la agroindustria en esta zona.

Detengámonos en ver la concepción de territorialidad, el modelo económico propio y el proyecto de Estado de cada uno de estos tres actores sociales:

a) Los indígenas. En la cosmovisión indígena el territorio es considerado espacio de vida, esencial para la reproducción social, cultural, religiosa, económica y política de la sociedad. Por esto, la recuperación de las tierras originarias arrebatadas y el reconocimiento de autonomía política indígena para su autoadministración son de fundamental importancia. El territorio es visto como precondición necesaria para el ejercicio de sus derechos. El modelo económico de los indígenas es el de la economía comunal. Este es un sistema autárquico. La vida se realiza en colectividad en el interior de la comunidad y tiene como elemento central el intercambio no comercial (Radhuber, 2008: 106). Este modelo económico sólo puede realizarse en el interior del Estado plurinacional comunitario, proyecto de Estado defendido por los indígenas. Las dos principales confederaciones de organizaciones y pueblos indígenas del país son la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en oriente y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) en occidente.

b) Los empresarios. Su visión de la territorialidad es, por definición, de tipo empresarial, viendo la tierra no como bien social, sino como capital o bien comercial que sirve para el logro de beneficios económicos. En cuanto a su modelo económico, su unidad productiva principal es la empresa orientada al mercado. Las empresas agropecuarias se encuentran, mayormente, en la zona oriente del país y producen, entre otros, soya. Se puede diferenciar entre agroindustriales y agroexportadores grandes, medianos y pequeños, dependiendo de si su tierra está integrada a los ciclos de mercado o a aquellos del capital financiero. En este contexto, la tierra puede ser tanto capital industrial comercial como capital financiero para la especulación. También respecto al sector ganadero se puede diferenciar entre empresas grandes, medianas y pequeñas (Radhuber, 2008: 92-93). Históricamente, en aquellos momentos en los que el bloque patrimonialista de terratenientes, agroindustriales y empresarios ha detentado el poder en solitario, no sólo en épocas pasadas sino también a lo largo del siglo xx, ha operado en Bolivia lo que denominaremos un proyecto de Estado de régimen político precapitalista. Algunas de las principales organizaciones que los representan son la Confederación del Sector Agropecuario de Bolivia (CONFEAGRO), la Confederación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX).

c) Los campesinos. Estos tienen un componente indígena-cultural fuerte, pero están, en el marco de su actividad económica, más integrados en el mercado. Es más, muchos pequeños propietarios salieron en su momento de comunidades indígenas. El núcleo productivo por excelencia de la economía campesina es la familia, destinada a la producción familiar individual, y su forma de organización, el sindicalismo. El MAS es el partido del sindicalismo campesino, sale de la CSUTCB, en particular del sector de los cocaleros con el objetivo de defenderse frente al asedio de la política norteamericana.

El modelo económico campesino-familiar puede adoptar formas distintas en función de si se articula en complementariedad con la economía comunal indígena o con la economía de mercado empresarial. En uno u otro caso se acaban conformando proyectos de Estado distintos.

En el primer caso, de articulación con la economía comunal, la lógica económica familiar del campesinado se complementa con la lógica colectiva. La producción de parcelas individuales se orientaría prioritariamente al autoconsumo y el excedente se organizaría de manera colectiva para su comercialización, de manera que los ingresos obtenidos beneficiarían al conjunto de la comunidad. El proyecto de Estado propio de este modelo es el plurinacional comunitario.

En el segundo caso, de articulación con la economía empresarial, la economía campesina se orienta hacia el mercado y hacia la comercialización de la mano de obra y de la tierra. Sus demandas hacia el Estado pasan a centrarse en asistencia financiera, créditos de fomento, expansión de tierras, incentivos para productos agropecuarios nacionales, medidas de facilidad de contratación de mano de obra, etc., que permitan su expansión comercial y el incremento de beneficio económico. Los campesinos se convierten aquí en comerciantes, quienes llevan los productos a la venta, y pueden ser descritos como una pequeña burguesía campesina. En esta circunstancia, el proyecto de Estado defendido por el campesinado es el Estado capitalista desarrollista.

En resumen, en función de qué grupo o alianza de clases detenta el poder en Bolivia, se acaba implementando un proyecto de Estado distinto: la alianza entre elites económicas patrimonialistas defiende e implementa un proyecto de Estado de régimen político precapitalista. La alianza de clases campesino-indígena defiende e implementa un proyecto de Estado plurinacional comunitario. Y la alianza de clases campesino-empresarial defiende e implementa un proyecto de Estado capitalista desarrollista.

La victoria electoral de Evo Morales y del MAS en las elecciones de 2005 supone el inicio del proceso de cambio en el país andino, cuyo desarrollo se ha conformado como un campo de lucha o de disputa permanente entre los tres proyectos estatales citados: el Estado de régimen político precapitalista, el Estado plurinacional comunitario y el Estado capitalista desarrollista.

Centrados en lo que denominaremos el primer ciclo hegemónico del MAS (2006-2019), esta disputa está marcada, como hito determinante, por la reconfiguración de la alianza de clases gobernante que se produce a partir de 2010 en el interior del proceso de cambio boliviano.

Como explica el sociólogo boliviano Luis Tapia en sus textos «Composición de clase del estado en Bolivia» y «El Estado en condiciones de abigarramiento» (2015), podemos distinguir dos fases claramente marcadas en este primer ciclo hegemónico del proceso: una primera, que abarca el periodo 2005-2009, en la que el principal actor dirigente del proceso de cambio en Bolivia es una alianza campesino-indígena. Y una segunda, a partir de 2009-2010, en la que empieza a producirse una reconfiguración de la alianza de clases del partido de los campesinos en el Gobierno, el MAS. Rompiendo lazos con los indígenas y estableciendo una nueva alianza que supone un giro total en el proyecto de Estado.

A partir de esta periodización en dos fases, aquí defenderemos que mientras la primera fase se caracterizó por un enfrentamiento entre, por un lado, el proyecto de Estado de régimen político precapitalista –imperante hasta la victoria electoral del MAS y defendido por el bloque patrimonialista de terratenientes y empresarios– y, por otro lado, el Estado plurinacional comunitario –que conformaba el proyecto político de la nueva alianza campesino-indígena gobernante–, la segunda fase lo hizo por un enfrentamiento entre el proyecto de Estado capitalista desarrollista defendido e implementado por la nueva alianza campesino-empresarial en el Gobierno y el proyecto de plurinacional comunitario defendido por sectores sociales desplazados del proceso por el MAS.

Este último enfrentamiento entre proyecto capitalista desarrollista y el plurinacional comunitario, así como las contradicciones generadas por el mismo, es el que acaba desgastando al Gobierno de Evo Morales y creando las condiciones objetivas y subjetivas para que triunfe, aunque temporalmente, el golpe de Estado de octubre de 2019. Detengámonos a explicar esta idea del proceso de cambio como disputa entre proyectos de Estado.

Capítulo II

El periodo 2005-2009: la lucha de clases como enfrentamiento entre Estado de régimen político precapitalista y Estado plurinacional comunitario

En este capítulo veremos cómo la primera legislatura, tras la victoria electoral y acceso del MAS al Gobierno del país, transcurre como enfrentamiento y lucha entre el proyecto de Estado de régimen político precapitalista existente previamente al inicio del proceso de cambio y defendido por la oligarquía contra el proyecto de Estado plurinacional comunitario, defendido por el nuevo bloque campesino-indígena gobernante e institucionalizado en el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en Oruro en 2007.

El nuevo Estado plurinacional comunitario implica lo que llamaremos el paso del Estado-nación liberal como territorio de soberanía política singular al Estado como territorio de soberanía política plural, en cuyo interior se produce una descentralización y nuevo reparto del poder político estatal entre distintos grupos sociales poseedores de formas distintas de soberanía en coexistencia.

1. La Bolivia previa al Gobierno del MAS como Estado de régimen político precapitalista

Afirmamos que la Bolivia previa a la victoria electoral del MAS en 2005 era un Estado de régimen político precapitalista. Con ello nos referimos a que, en su interior, se daba una articulación directa entre la clase económica patrimonialista dominante y la institucionalidad política.

En los modos de producción precapitalista no existe una separación estructural entre los que dominan económicamente y los que dominan políticamente. Los mismos grupos que controlan los sectores económicos controlan también las instituciones políticas de sus sociedades. Las clases económicas explotadoras utilizan las instituciones para llevar a cabo una dominación política directa. La unidad entre lo económico y lo político lleva a que el control de la vida social por parte del grupo económicamente dominante es directo y más simple.

En el capitalismo, en cambio, ello no es así y se da una separación entre lo económico y lo político. El burgués no es, necesariamente, el agente estatal. La condensación del fenómeno político se da en una figura (el Estado) distinta a la del burgués. Es posible, incluso, que la burguesía discrepe con las políticas del Estado. Se da un desdoblamiento de lo político-estatal como instancia específica y autónoma frente a lo económico. Y ello es así porque sólo gracias a este apartamiento o autonomización de la instancia estatal respecto al capital es posible la reproducción capitalista (Mascaró, 2015: 19-20). ¿Por qué el aparato estatal no se constituye como aparato privado de la clase dominante? ¿Por qué se separa aquel de esta última, y reviste la forma de un poder público impersonal separado de la sociedad?

Las relaciones de producción capitalistas operan a través de una organización social basada en el intercambio universal de mercancías, cuyo intercambio principal es la compra-venta de fuerza de trabajo entre capital y trabajo. El capitalismo implica, por tanto, la institucionalización del trabajo libre. Las dos principales modalidades de organización del trabajo previas a la modernidad capitalista eran el trabajo forzado y el trabajo regulado. Ambas eran formas de trabajo no libre. Frente a estas dos, la modernidad capitalista introducirá, en el siglo xviii, el trabajo libre o libre acceso al trabajo, poniendo fin a los bloqueos que dificultaban el advenimiento de la condición salarial e institucionalizando el contrato como la categoría central del sistema de relaciones sociales (Castel, 1997). El reconocimiento de los derechos del hombre convierte la sociedad en un conjunto de piezas aisladas; los individuos son titulares de derechos subjetivos, que se encuentran en una supuesta condición de plena igualdad y autonomía para poder acordar, entre ellos, la firma de contratos de compra-venta de fuerza de trabajo sin otro límite que la libre autonomía de la voluntad personal.

Ello hace que en el capitalismo, la apropiación del producto de trabajo ya no se realice mediante una apropiación brusca y que implique violencia física directa, como pasaba con el trabajo forzado, sino a través de la intermediación de mercancías (trabajo a cambio de salario) garantizadas no por cada burgués, sino por una instancia tercera separada de ellos: el Estado.

El Estado se conforma como el tercero separado que habilita las condiciones para que se pueda dar el intercambio de mercancías entre ambas partes, capital y trabajo, bajo la forma salarial. Y la manera que tiene para habilitar estas condiciones son:

1. En primer lugar, mediante el reconocimiento y garantía de derechos subjetivos. Para que la celebración de un contrato de compra-venta de fuerza de trabajo pueda darse, se requiere que ambas partes contratantes dispongan de derechos. En concreto, de igualdad y libertad o capacidad de obrar. Por un lado, tiene que existir igualdad jurídica entre las partes. Yo no puedo firmar un contrato con un menor de edad o con un incapacitado; en todo caso podría hacerlo con su tutor o representante, pero no con ellos directamente, pues no estamos en condiciones de igualdad jurídica. Y, por otro lado, ambas partes han de tener libertad o capacidad de disponer y obrar. Yo soy libre para vender mi coche, pero no soy libre ni tengo capacidad de vender algo que no me pertenece. Aplicado esto a la sociedad, en una donde todos los individuos son jurídicamente libres e iguales en capacidad de disponer y de obrar, estos pueden constituirse de manera permanente como parte de contratos de compra-venta, entre otros, de fuerza de trabajo. En consecuencia, el funcionamiento del capitalismo requiere, primero, dotar de libertad a los individuos para, a continuación, hacérsela entregar. Antes debe crear individuos libres y jurídicamente iguales, ya que sólo estos pueden ser partes de contratos. Y seguidamente, una vez otorgada la libertad, pacta la abolición de la misma por vía productiva. La compra-venta de fuerza de trabajo es la pérdida de la libertad en los aspectos pactados y por el tiempo pactado, tal es la cuestión de la alienación. La compra-venta de fuerza de trabajo es la metamorfosis del trabajador jurídicamente libre en el trabajador esclavo del momento productivo. En el capitalismo con relaciones laborales basadas en el contrato, la libertad es la condición esencial de la esclavitud (Zavaleta, 2013a: 523), por eso es necesario el reconocimiento de derechos de libertad.

2. En segundo lugar, mediante la planificación macroeconómica y el derecho económico estatal. En contraposición al ideal liberal clásico, según el cual el mercado se regula por él solo, siendo capaz de resolver, mediante la ley de la oferta y la demanda y sin necesidad de intervención estatal, todas las cuestiones básicas de la economía, podemos afirmar que el capitalismo es un sistema socioeconómico cuyo funcionamiento genera, inevitablemente, un conjunto de conflictos y contradicciones que obstaculizan su desarrollo. El capitalismo tiene siempre tendencia hacia la inestabilidad, el conflicto y la crisis. Precisamente por eso, este necesita, mediante la intervención política, crear un dúctil entramado institucional, normativo e ideológico capaz de contrarrestar esta tendencia y poder generar periodos de crecimiento con estabilidad (Aglietta, 1976). Para que la reproducción ampliada de capital se pueda dar y funcionar regularmente se ha requerido, históricamente, de todo un conjunto de condiciones político-jurídicas. Por ejemplo: tradicionalmente, para que un empresario haya podido obtener excedente que reinvertir necesitaba de políticas macroeconómicas que asegurasen que la cantidad cada vez mayor de mercancías producidas se pueda vender. Para que pudiera reinvertir en mejorar su maquinaria, necesitaba de la existencia de una organización del sistema productivo que asegurara que otro capitalista fabricase la maquinaria necesaria para el primero. O, para conseguir fuerza de trabajo mejor capacitada, eran necesarias escuelas y universidades para su formación. En consecuencia, la reproducción ampliada no se puede dar en un contexto de mera espontaneidad, sino que necesita, para poder funcionar, de circunstancias económicas, pero también políticas, que garanticen las condiciones necesarias para su reproducción. Esto es, de intervención de la institucionalidad política.

Muchas veces se comete el error de pensar que la microeconomía y el derecho civil, en tanto que estudian y regulan la circulación de mercancías, son la ciencia y la técnica propias del capitalismo, mientras que la macroeconomía y el derecho económico estatal, en tanto que estudian y regulan la intervención estatal sobre la economía, son la ciencia y la técnica contrarias al capitalismo. Esto es absolutamente falso. La microeconomía y el derecho civil o intercambio de mercancías son el fenómeno primario, pero no esencial, del capitalismo; el mercado o el intercambio no necesariamente deben usarse para acumular cada vez más beneficios, sino que pueden usarse con otros objetivos. En cambio, la macroeconomía y el derecho económico sí que constituyen el fenómeno esencial del capitalismo; estos son los que se ocupan de organizar y garantizar el proceso general de expansión o revalorización constante del capital. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar la organización general de la economía mediante el análisis de las variables económicas agregadas como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el com­portamiento general de los precios, etc. Esto es, de garantizar mediante el estudio, la ordenación y la organización de la economía; las condiciones necesarias para que se pueda dar el proceso permanente de reproducción ampliada del capital, es decir, del capitalismo. La macroeconomía es una ciencia y el derecho económico una técnica legislativa funcionales al desarrollo y expansión del capitalismo (Correa, 2013: 254).

Es precisamente por ello que el Estado se conforma como un aparato tercero que habilita los mecanismos jurídicos e institucionales de intermediación para el ejercicio de explotación entre capital y trabajo, posibilitando la reproducción capitalista. Sin este, el dominio del capital sobre el trabajo asalariado sería directo, o sea, sería esclavitud o servidumbre, pero no capitalismo. Siendo un aparato tercero y autónomo en relación con la explotación, el Estado no es ningún burgués en particular, ni está tampoco inmediatamente en función de ningún burgués. Su separación con respeto a todas las clases e individuos constituye la condición de posibilidad para la propia reproducción del capital (Mascaró, 2015: 21). El aparato estatal es quien establece y garantiza las instituciones de la propiedad o del contrato, del principio jurídico de la libre disposición sin el cual es ininteligible el concepto económico de mercancía y el resto de vínculos jurídicos sin los cuales no podría darse el proceso de valorización del capital por medio de la relación salarial.

A esto nos referimos cuando afirmamos que, a diferencia de las sociedades precapitalistas en las que se produce una articulación directa entre la clase económico patrimonialista dominante y la institucionalidad política, en las sociedades capitalistas el Estado se conforma en un ente tercero autónomo habilitador de las relaciones de explotación que ligan el capital con el trabajo y sin el cual no sería posible la reproducción capitalista.

Pues bien, visto esto, podemos afirmar que la pauta predominante en Bolivia hasta el inicio del proceso de cambio liderado por el Gobierno del MAS a partir de la victoria electoral en 2005 había sido la existencia de un Estado de régimen político precapitalista.

Hasta este momento se daba, en el país andino, una relación directa entre orden patrimonial y poder político. Lo que consistía en que la clase de los terratenientes había formado parte de todos los bloques económico-políticos dominantes en los últimos siglos y sus miembros habían ocupado en persona las posiciones en los poderes legislativo y ejecutivo. Se producía una articulación de la clase terrateniente con el poder estatal. Los empresarios agroindustriales y terratenientes ocupaban, personalmente, los puestos de presidente de la república, ministros, diputados y autoridades regionales. De esta manera, el poder estatal era usado para reproducir y ampliar las relaciones patrimonialistas. El Estado era usado directamente para redistribuir a su favor más tierras y recursos en beneficio de la reproducción de su poder y de las estructuras que lo configuran en los territorios de su dominio (Tapia, 2015: 46).

2. El enfrentamiento entre los proyectos de Estado de régimen político precapitalista y plurinacional comunitario

Tras las elecciones generales de diciembre de 2005, en las que Evo Morales gana la presidencia del país y el MAS obtiene una mayoría de 72 de los 130 miembros de la Cámara de Diputados, los sectores patrimonialistas quedan en minoría en las instituciones centrales del Estado y son sustituidos por una nueva burocracia política conformada por dirigentes sindicales, indígenas aymaras y quechuas y profesionales de capas medias. Ello rompe la histórica y anteriormente descrita situación instrumental del Estado como espacio de articulación entre los titulares del poder económico patrimonial y las estructuras de autoridad estatal (Tapia, 2015: 55).

Expulsadas del poder del Estado central, la burguesía optó por replegarse en regiones de seguridad: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los departamentos de la llamada media luna. Se produce una regionalización de la burguesía, renunciando con esta actitud a la hegemonía nacional. Ante la coyuntura de auge de la alianza campesino-indígena, la burguesía decide contrarrestar su debilidad concentrándose en el control de las instituciones departamentales de aquellas regiones poseedoras de la mayor parte de los recursos naturales del país y articular, desde allí, una demanda de descentralización y autonomía política. La reivindicación de autonomía para estos departamentos perseguía un doble objetivo:

1. Una vez logrado controlar, mediante la victoria electoral, los gobiernos departamentales y convertir estos en su fortín, la autonomía se plantea, por parte de la oligarquía de oriente, como una simple habilitación de técnicas jurídicas destinadas a otorgarse, en la zona con más recursos naturales del país, capacidad de gestionar sus intereses económicos propios a través de políticas propias (Prada, 2005: 80-81). Ello significa que a nivel de gobiernos regionales se sigue dando el acoplamiento entre estructuras económicas de poder patrimonial y estructuras políticas (Tapia, 2015: 46).

2. Y les sirve también para construir, mediante plataformas cívicas, como son los Comités Cívicos, una demanda social transversal útil para afrontar, en un clima de choque, la guerra de clases contra el Ejecutivo. La reivindicación autonomista de los departamentos de la media luna surge, en este momento concreto, también por motivos político-estratégicos. La oligarquía sabe que puede utilizar el regionalismo como instrumento de movilización de los subalternos para consolidar sus intereses. El regionalismo puede ser entendido aquí como una supraideología que logra subsumir e invisibilizar los intereses de clase en juego, y es capaz de generar una prédica que seduce a todos los sectores, incluidos los más populares, a quienes embarca en una lucha reivindicativa por el desarrollo y la modernización de la región, que no es más que el desarrollo de los intereses de los más ricos. El regionalismo permite a la derecha, por tanto, construir hegemonía parcial al interior de la frontera regional.

A partir del discurso autonomista en oriente, unido al renacimiento en Chuquisaca de la histórica demanda de retorno de la capitalidad del país a Sucre, la derecha logró conformar un bloque territorial de enfrentamiento contra el Gobierno central, organizado institucionalmente en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE), creado en 2007, que reunía a las autoridades de los departamentos opositores, sostenido por un potente aparato mediático y apoyado por la embajada norteamericana dirigida por el diplomático Philip Goldberg.

El objetivo de la burguesía era evitar, como fuera, que la Asamblea Constituyente, convocada por el nuevo Gobierno mediante una ley especial el 6 de marzo de 2006, sirviera para la institucionalización del proyecto de Estado planteado por el Pacto de Unidad campesino-indígena: el Estado plurinacional comunitario. Cuya imposición implicaría la implementación de una reforma agraria que desestructurase el orden patrimonial todavía vigente en zonas del país y la centralización política que eliminase a la oligarquía sus espacios políticos refugio para gestionar políticamente en favor de sus intereses.

Para contrarrestar tales efectos y las consecuencias que tendrían sobre sus intereses económicos, la derecha despliega, durante el periodo de la Asamblea Constituyente, 2007-2009, duros episodios de violencia social racista y de bloqueo institucional.

Este es un periodo durante el que se produce una dura y violenta guerra de clases entre dos bloques sociales organizados, por un lado el de la oligarquía, alrededor de la CONALDE, y por el otro, el de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), creada por el Gobierno ese mismo año 2007 como espacio de coordinación entre este, el Pacto de Unidad y otras organizaciones no integradas en el Pacto. El Pacto de Unidad era la principal instancia de coordinación y diseño de programa político de las principales organizaciones indígenas, sociales y sindicales campesinas agrupadas en torno al MAS. La creación de la CONALCAM perseguía crear un bloque popular con posibilidad de reeditar los momentos más altos del proceso de ascenso y empoderamiento social en Bolivia (2000-2003) y contrarrestar la ofensiva desestabilizadora de la derecha (Zuazo, 2010). 

Sin embargo, la conservación por parte de la derecha de los gobiernos departamentales en oriente y su capacidad de organizar a gran parte de la población urbana de estas zonas a través de los Comités Cívicos les permitieron desplegar una fuerte ola de violencia sobre indígenas y campesinos.

Fueron especialmente chocantes episodios como los acontecidos el 24 de mayo de 2008, en la Plaza 25 de Mayo de Sucre, cuando grupos pagados por el Comité Interinstitucional de esta ciudad lincharon y humillaron en público a indígenas. O el asalto por parte de grupos de la organización de ultraderecha Juventudes Cruceñas, conjuntamente con otros grupos armados por el prefecto opositor de Tarija, Mario Cossío, en el mercado campesino de Tarija, el 9 de septiembre de 2008, disparando contra indígenas y campesinos. O la masacre campesina de Porvenir del 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando, planeada por el prefecto opositor Leopoldo Fernández. El saldo de todos estos hechos fue de más de una decena de muertos y multitud de heridos.

Además, por otro lado, la estrategia de la derecha consistió en el intento de bloqueo. Su actitud en el interior de la Asamblea Constituyente fue de sabotaje. Primero mediante la paralizalición por varios meses de la aprobación del reglamento de la Asamblea al exigir la incorporación de dos tercios de votos de los miembros de la misma para la aprobación del texto de la nueva Constitución. Y, posteriormente, abandonándola.

La Constituyente de Bolivia aprobó el proyecto de Constitución en dos votaciones con ausencia de la oposición. En primera votación, el 24 de noviembre, reunida en un colegio militar a las afueras de Sucre y rodeada en el exterior por los disturbios ocasionados por grupos de la derecha que causaron un muerto y un centenar de heridos. Y, en segunda votación, el 9 de diciembre de 2007 en la Universidad Tecnológica de Oruro.

Tras la aprobación del proyecto constitucional, el hecho de que el MAS tuviera la mayoría de la Cámara de Diputados pero no del Senado, donde en las elecciones de diciembre de 2005 sólo había obtenido 12 de los 27 senadores, permitió a la oposición poder bloquear desde la segunda cámara la aprobación de la Ley de Convocatoria de Referéndum Constitucional.

Asimismo, en respuesta a la aprobación del proyecto de Constitución por parte del MAS y sus aliados en la Constituyente, los departamentos de oriente controlados por la oposición de derechas crearon, el mismo mes de diciembre de 2007, las Asambleas Autonómicas Provisionales, que aprobaron Estatutos de Autonomía departamentales contradictorios con el proyecto de Constitución, lo que hizo inevitable el quiebre del proceso constituyente.

En este contexto, Bolivia pasó a encontrarse con la existencia de diversos textos jurídicos incompatibles entre ellos: el proyecto de Constitución por un lado y los Estatutos de Autonomía, por otro, con nichos de legitimidad parcial cada uno de ellos, que reproducían la brecha oriente-occidente, lo que suponía una situación de difícil resolución.

Un intento de solución de la crisis por parte del Ejecutivo fue promover la convocatoria, aprobada por el Congreso mediante la Ley n.º 3850 de referéndum revocatorio de mandato popular, de 12 de mayo de 2008, de una consulta popular sobre la revocatoria o continuidad de la gestión del presidente y el vicepresidente, en cir­cun­scripción nacional, y de los prefectos de departamento, en circun­scripción departamental. El objetivo de la consulta era medir el apoyo de sus respectivos proyectos, revocar prefectos opositores y, por tanto, desencallar la situación de deslegitimidad parcial, mediante el fortalecimiento de la legitimidad del Gobierno y la deslegitimación del proyecto de algunos prefectos opositores.

Sin embargo, el referéndum revocatorio no resolvió la situación. El soberano expresó su voluntad abrumadoramente a favor de la ratificación de Evo Morales en la presidencia y Álvaro García Linera en la vicepresidencia, con un 67,41% del voto. Ello representaba un incremento de más de 10 puntos porcentuales en comparación al 53,7% con el que fue electo mandatario en diciembre de 2005. Evo Morales alcanzó así una legitimidad nunca antes obtenida por otro jefe de Estado en la historia del país. No obstante, también fueron ratificados los prefectos opositores de los departamentos de media luna autonomista: Santa Cruz, Rubén Costas, con el 66,43%; Beni, Ernesto Suárez, con el 64.25%; Tarija, Mario Cossío, con el 58,06%, y Pando, Leopoldo Fernández, con el 56,21%. Incluso, los datos muestran que la mayoría de los electores en estos departamentos (Santa Cruz, Tarija y Beni) votaron en contra de la ratificación de Evo Morales y García Linera. Aunque por otra parte, fueron revocados los mandatos de los prefectos opositores de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que recibió aproximadamente un 35% de votos, y de La Paz, José Luis Paredes, que sólo obtuvo cerca de un 36% de sufragios.

Ante la situación de relegitimación de los dos proyectos enfrentados, el constitucional y el autonomista en oriente, el prefecto cruceño, Rubén Costas, y tarijeño, Mario Cossío, anunciaron que procedían de inmediato a una profundización unilateral y de facto de la autonomía y descalificaron a Evo Morales, alegando que su Gobierno había quedado «revocado» en dichos departamentos.

Sin duda, detrás de toda esta aparente discusión sobre la autonomía departamental y la capitalidad del país en Sucre se desplegaba, en particular, una intensa lucha de clases. Bajo el velo de la disputa sobre la descentralización del Estado se estaba produciendo una lucha de clases feroz entre los núcleos más clasistas de ambos bloques por la reproducción o desorganización del orden patrimonialista en determinadas zonas del país y el modelo económico estructural en general (Tapia, 2015: 61). Se trataba de un enfrentamiento entre la continuidad del proyecto de Estado de régimen político precapitalista contra el nuevo proyecto plurinacional comunitario establecido en el proyecto de nueva Constitución de Oruro.

3. el proyecto constitucional de Oruro como institucionalización del Estado plurinacional comunitario

Durante la campaña para las elecciones a la Asamblea Constituyente, convocadas mediante la Ley de 6 de marzo de 2006 y celebradas el 2 de julio de este año, se puso ya de manifiesto la confrontación entre los dos proyectos de Estado defendidos, respectivamente, por los dos bloques clasistas en lucha: el primero, defendido por la derecha y que ya hemos señalado, era un proyecto de Estado-nación como territorio de soberanía política singular. Y el segundo, el proyecto de Estado plurinacional comunitario defendido por la alianza campesino-indígena organizada alrededor del MAS, era un proyecto de Estado como territorio de soberanía política plural. ¿Qué significa esto?

El Estado plurinacional, que fruto de la mayoría de asambleístas del MAS en la Asamblea Constituyente es el que se acaba imponiendo en el texto constitucional, implica un doble reconocimiento de derechos colectivos a los grupos sociales que habían protagonizado las luchas por el cambio: