Políticos y militares en Colombia E-Book

Javier Duque Daza

• Herausgeber: Universidad del Valle
• Kategorie: Geisteswissenschaft
• Serie: Ciencias Sociales
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2020

Seitenzahl: 819

Beschreibung

Este libro analiza dos eventos de la historia reciente del país en los que la inestabilidad política y el deterioro institucional alcanzaron su mayor expresión: la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula terrorista del grupo guerrillero M-19 en noviembre de 1985 y los nexos de la clase política con el narcotráfico que desembocó en el escándalo del "Proceso 8000" entre 1994-1997. Además, estudia por qué en Colombia en los momentos que parecían más propicios para que las Fuerzas Militares asumieran el control del poder político, no ocurrieron golpes militares o intentos de golpes y, por el contrario, se mantuvo una democracia electoral.

Leseprobe

Duque Daza, Javier

Políticos y militares en Colombia. La toma del palacio de justicia y el proceso 8000 ¿Por qué no hubo quiebre democrático? / Javier Duque Daza. -- Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2020.

422 páginas ; 24 cm. -- (Colección Ciencias Sociales)

1. Toma del Palacio de Justicia. M19 - Colombia, 1985 - 2. Conflicto armado en Colombia - 3. Políticos colombianos 4. Crisis política - 5. Golpes de estado - 6. Militares.

303.62 cd 22 ed.

D946

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título:  Políticos y militares en Colombia. La toma del Palacio de justicia y el Proceso 8000 ¿Por qué no hubo quiebre democrático?

Autor: Javier Duque Daza

ISBN: 978-958-5144-83-5

ISBN-PDF: 978-958-5144-84-2

ISBN-EPUB: 978-958-5144-85-9

DOI: 10.25100/peu.566

Colección: Ciencias Sociales-Investigación

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Omar J. Díaz Saldaña

© Universidad del Valle

© Javier Duque Daza

Diseño de carátula y diagramación: Diana Lizeth Velasco Davila

Corrección de estilo: Luz Adriana Ossa

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Este libro, o parte de él, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad del Valle.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Cali, Colombia, septiembre de 2020

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

AGRADECIMIENTOS

Este libro es el resultado de la investigación “Crisis políticas sin quiebres democráticos en Colombia. El Palacio de Justicia y el Proceso 8000” que fue financiada por la Universidad del Valle, bajo la convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones en el año 2017. La Universidad también me asignó tiempo parcial para dedicarme a este trabajo. Agradezco este apoyo sin el cual, esta labor hubiese resultado más compleja. La investigación contó con el apoyo de María Paula Jiménez y Gustavo Rodríguez, del Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la misma Universidad. Gracias por su tiempo y dedicación y su valioso aporte.

Para esta investigación se consultaron diversas fuentes documentales y hemerográficas y es pertinente agradecer al personal de la Biblioteca Luís Ángel Arango, de la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca, con sede en Cali y de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. También fueron útiles las bases virtuales y fídicas de la revista Semana y del diario El Tiempo que facilitaron el acceso a la información de las décadas de 1980 y 1990. Hay una extensa bibliografía sobre ambos casos que fue muy útil para la construcción de esta versión de los hechos, por contraste con algunas de sus interpretaciones.

Agradezco la lectura minuciosa y seria que hizo el periodista y analista Hernando Corral y a las muchas sugerencias y acotaciones que ayudaron a clarificar eventos de los que él fue testigo presencial o de cuyo análisis se ha ocupado. Por supuesto, el contenido final del libro no lo compromete, es de mi total responsabilidad. Agradezco también a los evaluadores anónimos del informe final de investigación y a la versión preliminar del librio. Sus críticas, aportes y aclaraciones ayudaron a mejorar el texto final. El profesor Guillermo Sánchez, sociólogo y profesor de la Universidad del Valle, siempre ha alentado mi labor investigativa con su comentarios y sugerencias.

Una versión del tercer capítulo fue presentada como ponencia en el Congreso Colombiano de Ciencia Política realizado en agosto de 2018 en Medellín en la Universidad Eafit, de la mesa participaron también David Roll y Luz Margarita Cardona, politólogos y profesores de la Universidad Nacional y de Adriana Marcela Ramírez, profesora de la Universidad Eafit. Agradezco los comentarios de moderador Manuel Alcántara Sáez. Gracias por su deferencia y cordialidad.

Asimismo, agradezco la revisión de estilo del libro realizada por Luz Adriana Ossa Valencia, la cual hizo más fluida la redacción y ayudó a clarificar la redacción.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

POLÍTICOS, MILITARES Y QUIEBRES DEMOCRÁTICOS

UN MARCO DE ANÁLISIS EN PERSPECTIVA COMPARADA

¿Por qué se dan golpes militares en Sudamérica?

Preguntas, precauciones y un enfoque analítico

La variable Estados Unidos

Colombia sin golpes militares (1960-1980)

Colombia, década de 1990. Desmilitarización de la sociedad y nuevas relaciones civiles-militares

Síntesis e hipótesis

CAPÍTULO II

BELISARIO BETANCUR Y LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

¿POR QUÉ NO HUBO QUIEBRE DEMOCRÁTICO?

Belisario Betancur. Minoría electoral y gobierno dividido

Conflicto armado y Proceso de Paz

Las Fuerzas Militares opuestas al Proceso de Paz

Narcotráfico y violencia

La toma del Palacio de Justicia y la crisis presidencial

¿Por qué no hubo quiebre democrático?

Interacciones estratégicas

Militarización limitada del poder político con militarización extendida en la sociedad: Belisario se mantiene en la presidencia

Estados Unidos y su política internacional de transición

Conclusión

CAPÍTULO III

ERNESTO SAMPER PIZANO, EL PROCESO 8000 Y LA CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL ¿EL GOLPE FALLIDO?

Dinámicas partidistas y elección de Congreso y presidente en 1994

Las elecciones, el narcotráfico y la crisis presidencial

Las elecciones de 1994, el Proceso 8000 y la crisis presidencial

Tres versiones sobre la relación política-narcotráfico en las elecciones presidenciales de 1994

Los militares y el presidente

Ruido de sables. Remezón en las Fuerzas Armadas con destitución y crisis

Un complot golpista

La conspiración y el “golpe democrático”

Estados Unidos y el gobierno Samper

¿Por qué no hubo quiebre democrático?

Coalición de gobierno, incentivos y respaldo al presidente

Los militares: entre las concesiones y las denuncias de complot

Estados Unidos y la diplomacia coercitiva. Un presidente sometido a las presiones indebidas

Los grupos económicos también contribuyeron

Conclusión

Síntesis y conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes de internet

Fuentes hemerográficas

Notas al pie

INTRODUCCIÓN

Entre 1960 a 1980 ocurrieron 21 golpes militares en ocho países de Sudamérica. Con excepción de Colombia y Venezuela, los demás países tuvieron quiebres democráticos y en diferentes ocasiones, se dieron golpes a los golpistas (cuatro en Bolivia y uno en Paraguay). De los 10 países que compartían similitudes institucionales y sociopolíticas, en ocho casos, hubo golpes militares recurrentes y reiterados (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú) y en uno más, Venezuela, hubo varios conatos de golpes (en 1961, 1962 y dos veces en 1992). Aun hasta mediados de la década de 1990 resonaban en el subcontinente intentos de golpes militares y en algunos países, las Fuerzas Militares parecían dispuestas a tomarse el poder en situaciones críticas o de inestabilidad política. Más de tres décadas con el fantasma de los golpes militares rondando por el subcontinente.

Colombia fue una excepción. En este país las elecciones se sucedieron de forma regular, periódica e ininterrumpida, siempre existió más de un partido, se mantuvo la separación formal de poderes y hubo medios de comunicación y prensa libres (aunque con un alto grado de concentración). En términos de democracia electoral el país es un caso de persistencia de las elecciones en el largo plazo, sin gobiernos de facto. Aunque su democracia ha sido deficitaria en algunos de sus componentes centrales, como las restricciones a la competencia durante el régimen de coalición del Frente Nacional (1958-1974) y su prolongación hasta 1990; la persistencia de la violencia política (con su momento más álgido en el exterminio del partido Unión Patriótica desde mediados de la década de 1980 hasta comienzos de la década de 1990); la fragilidad del imperio de la ley; los altos niveles de impunidad; la permanencia del conflicto armado de larga duración; las extendidas prácticas clientelistas; y el recurrente fraude electoral, no hubo quiebres democráticos ni en los momentos de mayor inestabilidad política y tensión social.

¿Por qué la excepcionalidad de Colombia? ¿Por qué mientras en el resto del subcontinente se sucedían golpes militares y se instalaban dictaduras, en Colombia se mantenían los gobiernos civiles?

Este libro da respuesta a dos preguntas y lo hace a partir del análisis de los dos eventos de la historia reciente del país en los que la inestabilidad política y el deterioro institucional alcanzaron su mayor expresión: la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula terrorista del grupo guerrillero M-19 en noviembre de 1985 y los nexos de la clase política con el narcotráfico que desembocó en el escándalo del “Proceso 8000” entre los años 1994 a1997. Ni en los momentos que parecían más propicios para que las Fuerzas Militares asumieran el control del poder político hubo golpes militares en el país o intentos de golpes.

Se trata de un estudio de caso en perspectiva comparada. El análisis parte del reconocimiento de que en la ciencia política hay una tensión respecto a la naturaleza de sus esquemas analíticos: ante la variedad y complejidad de los eventos, se puede renunciar a la búsqueda de regularidades y a la formulación de teorías generales y aceptar que solo puede aspirar a conocer casos específicos que no son susceptibles de cobijar bajo una explicación globalizante; o se puede asumir que sí es posible plantear perspectivas teóricas que cobijan todos los casos en los que el fenómeno está presente y, en consecuencia, hacer enuncias generales.

Frente a esta tensión, el libro opta por la segunda opción, aclarando que: a) las generalizaciones que se hacen en ciencia política son contextualizadas, están limitadas por el cumplimiento de ciertas condiciones espaciales, temporales y socio-políticas y corresponden a teorías de alcance medio; b) la variable dependiente es el resultado, y cuando están presentes en todos los casos ciertas variables independientes, estas se consideran explicativas; c) las explicaciones en ciencia política no son deterministas, no son similares a las explicaciones de las ciencias naturales. En esta se aplica la indeterminación causal, lo que significa que se pueden individualizar solo causas que sean condiciones necesarias o contribuyentes para que ocurra el hecho, pero ninguna condición individual es suficiente. Esto significa que dadas las causas X, Y, Z es probable que consiga el efecto E, es decir, son factores contribuyentes que se asocian con la ocurrencia del fenómeno.

En este análisis comparado se adopta la estrategia del Sistema de Máxima Similitud: se escogieron 10 países de Sudamérica que presentan rasgos similares en sus estructuras institucionales, sociopolíticas y socioeconómicas. De estos, ocho países comparten los mismos factores contribuyentes o explicativos de la presencia de golpes militares: deterioro institucional e inestabilidad sociopolítica de alta intensidad, (D); la disposición y motivación de los militares a intervenir en la esfera política (M), la disposición de Estados Unidos para apoyar o incluso propiciar golpes de Estado en el contexto de la Guerra Fría (EU), y todos tienen la presencia del mismo fenómeno, Golpes Militares (GM).

Mientras que en 2 casos, Venezuela y Colombia, que comparten los mismos rasgos de los demás países, no presentan golpes militares (gm en minúsculas indican ausencia), porque varían los factores explicativos: en Colombia están presentes D y EU, pero M no (es decir, es m), esta presentó una condición excepcional, hubo acuerdos estratégicos entre civiles y militares con una militarización extendida en la sociedad, pero sin acceso al poder político, reservado por los civiles, y en Venezuela no están presentes D ni M (se expresan como d y m), la inestabilidad sociopolítica e institucional no tuvo una alta intensidad por cuanto hubo mayor consenso entre las élites y una reintegración social de sectores de izquierda moderada y que se integró a los militares en las esferas de toma de decisiones. Estos dos son casos son negativos en el conjunto y ayudan a validar el esquema analítico, por cuanto la ausencia de uno de los dos factores contribuyentes hace que el resultado (presente en todos los otros casos) no se produzca, mientras en los otros casos sí.

En el caso concreto de Colombia, los enunciados que guían los argumentos de cada uno de los dos eventos significativos analizados son los siguientes:

E1: En el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) la situación crítica de la toma del Palacio de Justicia (noviembre de 1985) no condujo a un golpe militar (gm, ausencia), aunque la tensión e inestabilidad política fue de alta intensidad (D), las Fuerzas Militares no estaban dispuestas ni motivadas a tomarse el poder, pues mediado un acuerdo estratégico entre civiles y militares que se expresaba en la alta militarización de la sociedad, sin militarización del poder político (m); Estados Unidos seguía manteniendo el respaldo a dictaduras y a eventuales golpes militares en la región (EU).

E2: En el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) la situación crítica del “Proceso 8000” no condujo a un golpe militar (gm) aunque había una gran inestabilidad política y una severa crisis institucional (D), las Fuerzas Militares no estaban dispuestas ni motivadas a tomarse el poder dado que mantenían su estatus e importantes prerrogativas y había pocos incentivos para hacerlo, además de la negativa de Estados Unidos para apoyar golpes de Estado. De tal manera, desde finales de la década anterior se había dado un giro en su política hacia América Latina que promovía la democracia (eu). En este caso, Estados Unidos actuó estratégicamente y obtuvo ventaja ante la debilidad del Gobierno colombiano, ejerció su diplomacia coercitiva para forzar decisiones acordes con sus pretensiones e intereses en el combate contra el narcotráfico. El presidente Ernesto Samper también actuó de forma estratégica y estableció una lógica defensiva de intercambios con los congresistas, las Fuerzas Armadas y con los Estados Unidos, que le permitió terminar su periodo de Gobierno.

Se analiza cada caso por separado, a la luz de la matriz explicativa. El estudio está soportado en una amplia variedad de fuentes que incluye la bibliografía especializada y su revisión crítica, una extensa revisión hemerográfica, testimonios, documentos oficiales, sentencias de las Altas Cortes, fallos judiciales de la Procuraduría General de la Nación y de la Gaceta del Congreso.

El libro consta de tres capítulos. El primero presenta el marco de análisis que permite ubicar a Colombia en una perspectiva comparada, en este se consideran diversos enfoques que explican los golpes militares en Sudamérica y se formula un esquema explicativo multivariado a partir de dos matrices de ausencia/presencia de variables independientes (D, M y EU) y la variable dependiente (GM). El segundo analiza el primer evento, la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 durante el gobierno de Belisario Betancur, contextualiza dicho gobierno y describe la situación de inestabilidad política y el deterioro institucional de alta intensidad, así como la forma como terminó este evento crítico. En un escenario complejo, el centro de interés apunta al cuestionamiento del por qué no hubo un golpe militar y un desplazamiento del poder de los civiles por parte de los militares. El tercer capítulo analiza la crisis del “Proceso 8000” generada por la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano por parte de la Organización de Trafico de Drogas (OTD) de Cali y por qué en tan grave situación, no hubo un golpe militar cuando en apariencia estaban dadas todas las condiciones para que así sucediera. Al final se plantea una síntesis y se esbozan algunas conclusiones.

CAPÍTULO I

POLÍTICOS, MILITARES Y QUIEBRES DEMOCRÁTICOS

UN MARCO DE ANÁLISIS EN PERSPECTIVA COMPARADA

Entre las décadas de 1960 a 1980 fueron frecuentes los golpes militares en Sudamérica y hasta mediados de los años noventa hubo conatos de golpes y los llamados “ruidos de sables” fueron frecuentes. A mediados de la década de 1960 gobernaban militares en la mitad de los 10 países del subcontinente, en 1976 había dictaduras en 8 de los 10 países. Solo Colombia y Venezuela mantenían gobiernos civiles.

¿Por qué se daban golpes militares en el subcontinente? Este capítulo se ocupa de esta pregunta y propone un esquema explicativo de los quiebres democráticos en la mayoría de los países del subcontinente y también de su ausencia en los dos países donde no se presentaron. Parte de una revisión crítica de los diferentes enfoques que han intentado explicar los golpes militares en la región desde la década de 1970, sus alcances y limitaciones. Luego retoma algunos de los aportes más relevantes de los estudios precedentes y construye un enfoque de análisis multivariado. En su formulación subyace la premisa que en ciencia política es posible establecer enunciados generales contextualizados, es decir, que a partir de ciertas condiciones se puede enunciar de forma razonable un esquema explicativo con base en condiciones contribuyentes, esto es, factores que están asociados a la presencia del evento analizado, aunque sin determinar cuantitativamente el peso de cada uno de ellos. Se trata de condiciones necesarias, ninguna de estas tiene el carácter de condición suficiente: los golpes militares no se pueden explicar a partir de un factor determinante, es la conjugación de una serie de condiciones la que los produce.

Se recurre al Análisis Comparativo Cualitativo (ACC) y dentro de este, la descripción sistemática y la relación entre variables se plantea mediante una tabla de presencia y ausencia de los factores relacionados con los golpes militares en las décadas 1960 a 1980. Los países de Sudamérica presentan rasgos generales similares en sus estructuras institucionales, sociopolíticas y socioeconómicas y comparten las condiciones explicativas clave, de igual forma que comparten el resultado. Los golpes militares son el producto de la presencia de los factores explicativos en 8 casos, en dos casos (negativos) su ausencia o variación derivó en la persistencia de los gobiernos civiles. Por extensión, en la década de 1990 los cambios en las condiciones contribuyentes confluyeron en la ausencia de quiebres democráticos en todos los países, así como el fracaso de los conatos de golpes.

A la par con el esquema analítico se presentan las especificidades del caso colombiano, la ausencia de gobiernos militares como uno de los rasgos centrales de su democracia.

¿POR QUÉ SE DAN GOLPES MILITARES EN SUDAMÉRICA?

Los golpes militares en América Latina han sido objeto de diversas descripciones, análisis e intentos de explicación desde finales de la década de 1960. Un estado de la cuestión sobre los acontecidos entre 1960 a 1980, permite diferenciar al menos cuatro maneras de explicar la presencia golpista de los militares en el subcontinente.

Un enfoque de carácter instrumental considera la institución militar como un medio al servicio de otros actores, sean países (imperialistas), grupos sociales (dominantes) o grupos de poder (oligarquías). Diversas versiones marxistas asumen que los golpes militares se llevaron a cabo porque las Fuerzas Armadas estaban al servicio del imperialismo, eran instrumentos de aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los ejércitos eran definidos como agentes programados por Washington que actuaban como “apéndices del Pentágono”. En una de sus versiones se considera que los golpes abrieron una nueva época a partir de la cual hizo entrada una estrategia de integración militar de carácter internacional orientada a erradicar de la región cualquier expresión política insurgente y/o de izquierdas revolucionarias.

Se argumenta que “los golpes militares se dieron para frenar la revolución en ciernes”1; para detener el avance insurgente o revolucionario y para proteger a terceros, específicamente a las élites económicas y sociales o a fracciones de estas, no para asumir la conducción política, como ocurrió con el colonialismo europeo2; o también que fueron la expresión de la pugna Este-Oeste de los dos grandes bloques económicos e ideológicos que se enfrentaban en el planeta. Asimismo, se considera que

la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno, la lucha antisubversiva, la noción de guerra total, de guerra de baja intensidad y las acciones encubiertas urden una trama donde el imperialismo y el complejo industrial militar de los Estados Unidos tienen un lugar de excepción3.

También se asume que los golpes militares se dieron para relanzar en el respectivo país procesos de acumulación de capital trasnacional y las instauraciones de los regímenes autoritarios por los ejércitos corresponden a las necesidades del capitalismo mundial y a la nueva división internacional del trabajo4.

Una versión más determinista asigna a la intervención militar un carácter clasista, según el cual las fuerzas armadas latinoamericanas actuaban como el “brazo armado” de hacendados, o de la burguesía si se daba el caso en el que los aparatos de dominación del Estado no pudieran sostener la prevalencia de las clases dominantes a través de mecanismos normales y legales. Los militares asumían el poder, como una forma de delegación temporal concedida por las élites civiles. En algunos casos los líderes golpistas eran civiles que alentaban a los militares a tomarse el poder o que toleraban los golpes o, incluso, hacían parte de gobiernos cívico-militares. Los militares estarían a la orden de las clases dominantes y de sectores con poder que recurrían a ellos ante cualquier indicio de crisis social, por el incremento de las protestas y de los movimientos sociales, o por amenazas sus intereses económicos, los militares entran en juego para “mitigar las tensiones”5.

A esta perspectiva instrumentalista se le han formulado diversas críticas. Como lo expresa Ismael Crespo, la clara influencia de Estados Unidos en la política doméstica de la región y la difusión de la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y el apoyo de diversos sectores de las élites político-económicas a las intervenciones militares, le dan cierto crédito a este tipo de explicaciones. No obstante, además de su reduccionismo, con cierto tono de “complot” imperialista-militar, este enfoque no puede explicar por qué en algunos países, dadas las mismas condiciones objetivas y necesarias, la intervención armada no tuvo lugar y, si lo tuvo, no implementó ni desarrolló las políticas que correspondían con la orientación de la Doctrina de la Seguridad Nacional ni, en muchos casos, satisfizo los intereses de los sectores sociales que habían apoyado dicha intervención militar6. Como lo expresa Alain Touraine:

aunque la dominación americana se haya ejercido con demasiada frecuencia de la manera más directa mediante la ocupación militar, los dictadores no solo fueron instrumentos al servicio del colonialismo americano, muy a menudo se dieron un tono, sino populista, al menos plebeyo y encontraron apoyo en las categorías populares y en unas fuerzas políticas que hablaban en nombre suyo, como el Partido Comunista7.

Asimismo, se considera que este énfasis en factores contextuales o estructurales, como las relaciones de clase y la dependencia externa, tiene importancia para explicar las condiciones de la injerencia política militar, pero no toma en cuenta la dimensión intra-institucional de los militares, no presta suficiente atención al proceso de preparación, a la manera de actuar y a las estrategias de salida negociadas de las dictaduras entre 1960 a1980. De igual manera, se considera que al ser formados en Estados Unidos, la conducta de los oficiales de todos los ejércitos latinoamericanos ha sido disímil y divergente en los distintos países, no en todas partes asumieron el papel de contención de la subversión a través de golpes militares. Además, al interior de las Fuerzas Militares que estaban en el poder, existieron diferencias y tendencias opuestas8.

Desde otro punto de vista, se considera que para comprender por qué se dieron golpes militares en el subcontinente se debe analizar la autopercepción de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que se han considerado salvadoras y redentoras en momentos de crisis de la sociedad, ante peligros inminentes generados por fuerzas políticas subversivas que atentan contra el orden, la seguridad, la soberanía, y la democracia. Su actuación se ha orientado por esta convicción, los militares golpistas eran miembros socializados en una organización más o menos profesional que tenía sus propias necesidades e intereses que, para “salvar la democracia” optaban por suspenderla por un tiempo. Estas actuaciones ocurridas entre las décadas de 1960 a 1990 se dieron en el contexto de la Guerra Fría y del influjo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la doctrina del enemigo interno, del orden hemisférico que había que defender de la mano y bajo la égida de Estados Unidos: se combina en esta perspectiva un elemento propio del primer enfoque (la influencia externa) con la variable de las convicciones de los militares (un factor interno)9. En esta dirección, hay quienes consideran que las Fuerzas Militares se auto percibían como actores políticos con capacidad para liderar los procesos de modernización socioeconómicos y políticos, tareas para las cuales no consideraban capacitadas a las élites políticas, o porque consideraban erradas las políticas de las élites civiles del momento10. En tal sentido, se consideraba que el significado real de las Fuerzas Armadas en América Latina consistía en su peso político, constituyéndose como “ejércitos políticos” que se auto asignaban roles y objetivos de “fuerza estabilizadora”, “árbitro supra social”, “institución protectora de la Constitución”, “vigilante del desarrollo nacional”11.

En esta perspectiva ya no se asocia a las Fuerzas Militares con las burguesías o con las élites civiles y políticas, ni se les considera como su “brazo armado”, tampoco como un instrumento del imperialismo. Se les asigna un peso específico, relacionado con la autonomía y la convicción ideológica al definirse como la fuerza salvadora de las crisis que los civiles no pueden o no estaban en capacidad de resolver. Se considera que, aunque hubo avances en los procesos de profesionalización los militares no asumieron la subordinación al poder civil y consideraron que, si hacía falta, estaban dispuestos a intervenir y asumir la conducción política. Esta función “salvadora” la asumieron junto con ciertos sectores de las élites civiles que clamaban por su intervención para “enderezar el camino” de sus naciones conformando así “coaliciones golpistas” que estaban convencidas de ser las redentoras de sus respectivas patrias. Esta forma de asumir los golpes militares sigue siendo muy parcial, pero reconoce una variable importante: la disposición, las motivaciones y orientaciones hacia el poder de los militares, dispuestos a asumir la conducción política bajo ciertas circunstancias por iniciativa propia o por “llamados” desde ciertos sectores de la sociedad.

Hay también quienes explican las intervenciones militares y las rupturas de las democracias desde una perspectiva histórica de largo plazo. Asumen que los antecedentes históricos de reiteradas intervenciones y de acciones conspirativas entre las élites civiles y las Fuerzas Armadas influyen sobre la predisposición de la institución militar a intervenir de manera ilegítima en los asuntos políticos de la nación: la presencia militar en la política en América Latina es vista como una constante desde los inicios de la vida republicana en el siglo XIX. Los militares se han considerado como la única fuerza social capaz de ejercer autoridad en países sin élites civiles idóneas para cumplir las funciones de gobernar. El “vacío político” hace que los militares tengan que intervenir directamente en la esfera de la política y del gobierno12. Se plantea que “con periodos variables según los países, los militares se hicieron presentes en la vida política nacional cumpliendo un papel moderador en el momento en que las pugnas políticas-ideológicas de los civiles amenazaban la integridad de los estados nacionales”13. Se enfatiza en que no se debe olvidar la historia del continente.

Como lo señala Francisco Leal, no se debe olvidar que el proceso de formación de los estados nacionales en Suramérica durante el siglo XIX tuvo como común denominador la inestabilidad económica y la dificultad de integración social. Por esto, las instituciones militares fueron más fuertes que las demás instancias estatales y se autoproclamaron dinamizadoras de la economía e integradoras de la sociedad, así como constructoras de los estados: “los militares creían que tenían el derecho a ocupar un lugar preeminente en la sociedad por sentirse forjadores de la nación al llevar a feliz término las guerras de independencia”14. Esto se prolongó durante varias décadas y se llegó a plantear la tesis que lo militares eran el último recurso, como una especie de instancia salvadora en los momentos más críticos. Se asumió como algo normal la intervención de los militares en la política interna de los países en momentos de dificultades y de crisis.

Esta visión llama la atención para que no se desconozcan en el análisis las trayectorias nacionales y ciertas constantes históricas. No obstante, cae en otro determinismo, por el cual sería casi natural esperar que los militares asumieran el poder cuando hubiera el menor asomo de inestabilidad por ser ellos quienes estaban más organizados, tenían un espíritu de cuerpo y consideraban que eran aptos para dirigir las repúblicas que habían ayudado a construir. Pero, las experiencias en los países habían sido diversas15. Una vertiente de esta versión considera que los golpes militares son el resultado de los atributos “heredados” de las Fuerzas Armadas. Estas características son consideradas como una construcción histórica y una herencia de la tradición ibérica que se incorporó desde los inicios de la vida republicana y que se concretó en la forma de pensar y de actuar de las cúpulas militares, con actitudes tales como la verticalidad de sus posiciones, el autoritarismo, el paternalismo, el fuerte corporativismo y la cohesión interna. De sus características se deriva su orientación “natural” a intervenir y a tutelar a los poderes civiles, su débil profesionalismo y especialización. Por sus atributos sería connatural a los militares su propensión a intervenir en la política de una forma impositiva, desconociendo los poderes civiles y la institucionalidad democrática. Kees Koonings considera este enfoque contraevidente por cuanto en el continente se ha presentado una considerable variedad entre las distintas trayectorias nacionales, para lo cual la explicación del militarismo latinoamericano derivado de sus atributos heredados de la tradición, no es razonable. Si fuera válido habría dictaduras en todos los países, siempre y de manera continua16.

También se asociaron los golpes militares con el nivel de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Desde las apreciaciones de Samuel Huntington relacionadas con la profesionalización militar, se suele asumir que la consolidación democrática se asocia con un mayor profesionalismo, una mayor especialización, organización, estabilidad, jerarquías y subordinación frente a las autoridades civiles y existe una relación inversamente proporcional entre profesionalismo y tendencia a intervenir en política, por ello en América Latina un menor nivel de profesionalización corresponde a una mayor propensión a la intervención y a los golpes militares17. Las críticas que se plantean hacia este enfoque radican en que, aunque las Fuerzas Militares sean profesionales, si son altamente influenciadas por Estados Unidos y por la Doctrina de la Seguridad Nacional tienden a ser intervencionistas. Asimismo, se critica el no considerar que hay un profesionalismo funcional, jerárquico y de modernización, pero que no es consustancial a la democracia, puede ser antidemocrático, incluso hay quienes señalan que la especialización profesional contribuye a aumentar la cohesión interna, la auto convicción de ser una institución suficientemente idónea para asumir tareas políticas y esto las motiva a dar golpes militares18.

PREGUNTAS, PRECAUCIONES Y UN ENFOQUE ANALÍTICO

Frente a las diversas visiones sobre la intervención de los militares, Mario Fernández Baeza formuló dos preguntas muy pertinentes: a) ¿Son todos los sistemas políticos latinoamericanos, entendidos como institucionalidad y experiencia histórica, susceptibles de ser interrumpidos o marcados por la intervención militar? y b) ¿Son las Fuerzas Armadas de América Latina intervencionistas per se, independientemente de los sistemas políticos en que actúan?19.

El autor considera que las respuestas a ambas preguntas son negativas. Aunque hubo momentos en que la mayoría de los países latinoamericanos estuvieron regidos por militares (especialmente entre1960 a1980), se han dado experiencias de sistemas políticos estables bajo mando civil y constitucional y en varios países del continente las Fuerzas Armadas no acostumbraban a intervenir en la política de manera directa, ni hubo golpes militares (como en Venezuela y Colombia, Costa Rica y México). Además, plantea que las intervenciones y los golpes militares en el subcontinente tienden a producirse en el momento en que coincide un determinado estado del sistema político y una determinada disposición de las Fuerzas Armadas que son propicias para la intervención militar: el deterioro institucional y la inestabilidad sociopolítica de alta intensidad, y la disposición de los militares a intervenir en la esfera política.

Se deben conjugar la inestabilidad o un alto nivel de conflictividad (protestas sociales, enfrentamientos, rupturas entre sectores de las élites, crisis económicas acentuadas e inconformidad creciente); el deterioro sociopolítico (en el sentido de falta de capacidad para responder a las presiones y demandas a las que es sometido el gobierno y la consecuente emergencia de inconformidad y contestación social) y, al mismo tiempo, el convencimiento de los militares de su papel en la sociedad, de su capacidad y rol político para intervenir en momentos críticos. Se considera que las motivaciones que expresan una mayor sensibilidad de las Fuerzas Armadas para intervenir, son las que están relacionadas con amenazas reales o potenciales a su estatus dentro del sistema político y social. Fernando Elche coincide con esta tesis y expresa que

por muchas oportunidades que haya para un golpe de Estado este sólo será posible si los actores con oportunidad para actuar cuentan con un sistema de evaluación que los lleve a reconocer dicha situación como una oportunidad, tienen un sistema de preferencias donde dicha opción es asumible, y cuentan con repertorios de acción y recursos movilizables. Por ello en la base de la decisión golpista hay un cálculo medios-fines20.

Alain Touraine también hizo un esbozo de una formulación teórica similar para explicar por qué en América Latina se daban golpes militares en este periodo. Consideraba, por una parte, que las rupturas en los regímenes democráticos se produjeron cuando se acentuaron las tendencias a la disociación entre crecimiento económico y demanda social. Cuando esto sucedió se dieron presiones desde abajo, las fuerzas populares se radicalizaron, aumentó la contestación social y las clases medias acomodadas vieron amenazadas sus conquistas y la oligarquía, sus privilegios. Los dirigentes rechazaron las demandas populares y/o revolucionarias en los países donde había más organización y tradición de las izquierdas, y dirigentes, élites civiles; y los militares asumieron la conducción política, por lo que emergieron gobiernos antipopulares. Asimismo, Touraine consideró que la voluntad y la organización de los militares entran en juego para que se efectuaran los golpes militares, pero solo cuando no existían fuerzas civiles suficientes para movilizarse y ejercer control político21. De nuevo: deterioro institucional e inestabilidad sociopolítica y la disposición y motivación de las Fuerzas Militares para asumir el poder se conjugan en la explicación.

De igual forma, Guillermo O’Donnell consideró que las acciones y presiones ejercidas por los sectores populares movilizados que exigían reivindicaciones sociales y económicas a las élites dominantes, fueron percibidas como una amenaza y se convirtieron en un detonante importante para la quiebra de la democracia en varios países de la región22. Esta línea de pensamiento se encuentra también en Pérez-Liñán y Mainwaring, quienes consideraron que si las situaciones de inestabilidad sociopolítica se expresan ante la presencia de actores radicalizados, la respuesta de otros actores políticos en el poder también se radicaliza, así

el nivel de radicalización y el poder de estos jugadores determina cuán amenazados se sienten otros actores arraigados en el sistema político por el establecimiento de la democracia política. Algunos actores poderosos están dispuestos a subvertir el régimen competitivo para proteger sus intereses en caso de un nivel elevado de radicalización, ya sea que esta se produzca en el gobierno o en la oposición23.

Estos autores piensan que también incide la preferencia normativa por la democracia de parte de los actores políticos centrales. Entre quienes se disputan el poder, la preferencia por la democracia se expresa cuando se reconoce la derrota electoral, en lugar del cuestionamiento del resultado adverso; o cuando los gobernantes aceptan la derrota en un debate legislativo sobre un asunto importante, en lugar de manipular las reglas del proceso legislativo para imponer su proyecto de ley. Por el contrario, se muestran contrarios a la democracia cuando cuestionan la validez de los procesos democráticos ante resultados desfavorables; afirman ser los únicos representantes del pueblo; cuestionan la legitimidad de toda oposición externa a algún movimiento mayoritario nacional; o acusan a los opositores pacíficos de ser enemigos del pueblo o del país. Por su parte los actores contestatarios son contrarios a la democracia cuando expresan ambivalencia acerca de ella o la cuestionan y la caracterizan como “burguesa” o “formal”, o “seudodemocracia”.

En esta línea de pensamiento, Alan Rouquié se pregunta ¿por qué los militares no están en el poder en todas partes, de la misma forma, al mismo tiempo en América Latina? Considera que el papel político de los ejércitos no es siempre el mismo en el tiempo ni en el espacio latinoamericano. Tampoco esto obedece a causas únicas o sencillas, por ello no cabe una explicación unívoca ni sincrónica de los militarismos. Alude, no obstante, a que los golpes militares se asocian a situaciones de caos político y social, de vacío del poder, o a las amenazas de todo tipo contra el orden sociopolítico. Amplía, además, el esquema analítico al incorporar la variable externa de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que en el periodo de 1960 a1980, fue utilizada como un medio para producir un consenso al interior de las fuerzas militares y una supuesta amenaza interna (la insurgencia de inspiración marxista influenciada por la revolución cubana) se convirtió en un pretexto para darle una base a la intervención política del ejército. Ambos, militares y Estados Unidos, intentaban justificar que el propósito de las intervenciones militares no era sustituir la democracia, sino garantizarla hacia el futuro pues se asumía que estaba en peligro y había que intervenirla para preservarla.

Este esquema analítico incluye dos variables: por una parte, el deterioro institucional, situaciones de inestabilidad política y de conflicto social de alta intensidad, real o potencial (D), y por otra, las características específicas de las Fuerzas Militares, sus orientaciones, sus autopercepciones y sus motivaciones (M). Una de las preguntas centrales de Rouquié se refiere a ¿militares y civiles se enfrentan en la vida política como dos campos separados y hostiles, el segundo de los cuales defiende el progreso y las libertades que el primero tiene por única y perversa vocación pisotear? Su respuesta es un no, asume que puede ocurrir en algunos casos, pero en otros no, incluso puede resultar que se establezca una especie de acuerdo y complementariedad entre civiles y militares y estos últimos no constituyen un instrumento de los primeros, sino que actúan de forma conjunta con las élites civiles en una especie de división del trabajo para mantener un orden establecido. Incluso en situaciones críticas y de inestabilidad, las relaciones civiles-militares pueden ser complementarias y no de contradicción. Civiles y militares interactúan y mantienen una interdependencia táctica.

Desde esta línea de pensamiento se puede plantear un esquema analítico de los quiebres democráticos que incluye dos variables:

Figura 1. Esquema analítico de los quiebres democráticos.

Estas dos condiciones no se dieron en todos los casos en América Latina al mismo tiempo y en iguales circunstancias, pero su presencia conjunta está ligada a los golpes militares y al surgimiento de las “coaliciones golpistas”, a la combinación de fuerzas políticas que descansan bajo el establecimiento y a la consolidación de formas militaristas de gobierno autocrático. Esta perspectiva evita caer en la absoluta casuística y en la renuncia a buscar ciertas regularidades contextualizadas24. Aunque también cabe la precaución epistemológica opuesta: es necesario lograr la mayor diferenciación posible en la relación entre las variables que se privilegian y los países tomados como referencia, para no suponer que todos los casos se pueden explicar obviando ciertas especificidades sociopolíticas e históricas25. De igual forma que renunciar a una explicación nos conduce a desconocer la importancia de teoría, es claro que debe evitarse la “tentación globalizante” y, a partir de la separación analítica, hay que diferenciar subgrupos de países en los que se combinan las variables con sus particularidades.

Asumiendo estas advertencias, la variable D, el deterioro institucional y la inestabilidad sociopolítica de alta intensidad, se asocia con las tensiones y con las contradicciones importantes entre actores sociales y políticos con intereses y visiones diferentes sobre la sociedad, el gobierno, las políticas, la economía y el orden institucionalizado. Se trata de circunstancias en la que hay perturbaciones, alteraciones y protestas sociales y/o conflicto armado real o potencial que hacen que algunos actores sociales contestatarios que demandan respuestas, políticas y cambios de parte de los gobernantes y de las élites; sean concebidos como “enemigos de la nación” y del orden social. Se considera que la intensidad de la inestabilidad social es extrema o muy intensa cuando la confrontación entre actores sociales y políticos, o entre facciones partidistas y/o sectores de las élites políticas y económicas, derivan o pueden derivar es acciones violentas y requieren decisiones perentorias para intentar solucionarlas, a riesgo de que se escale un conflicto que conduzca a la desintegración de las instituciones de la democracia. En ciertas situaciones se asume que está en riesgo la integración social y/o está en duda la capacidad de los gobernantes para manejar las tensiones sociales con los instrumentos jurídicos y coercitivos normales. Esto se puede expresar en contradicciones y confrontaciones entre sectores de las élites que, en el extremo, conduce a que algunos sectores consideren la opción de “suspender” la democracia para delegar en las Fuerzas Militares la conducción política o para apoyarlas si por iniciativa propia deciden hacerlo.

Se trata de condiciones que producen debilidad o déficits de las democracias, problemas o limitaciones en sus componentes procedimentales como la limpieza de las elecciones, la neutralidad de la organización electoral o en su incapacidad de respuesta, las demandas y exigencias de la sociedad por bienes y servicios en condiciones de amplia desigualdad social y de pobreza, lo que se traduce en altos niveles de ingobernabilidad. Estas situaciones crean condiciones para que las Fuerzas Militares vean factible y/o consideren pertinente y hasta necesario un golpe militar. En algunos casos, los quiebres democráticos se dieron en medio de crisis agudas y crisis de alta intensidad, pero en otros, las crisis fueron relativamente menores y magnificadas por quienes querían justificar las salidas extrainstitucionales.

De tal forma, se presentaron diversas situaciones derivadas de los déficits democráticos y de las democracias precarias, del clientelismo y de la corrupción, de la poca capacidad de respuesta de los gobiernos a las demandas sociales y de los conflictos sociales, así como la dificultad de lograr consensos entre las élites en situaciones de alta polarización. Estas situaciones devinieron en la intervención de los militares que queriendo “salvar la democracia”, la interrumpieron. Las situaciones fueron diversas e incluyeron la falta de consenso en la aceptación de las reglas de juego y de los resultados de las elecciones, lo que condujo a que se dieran alianzas entre sectores de las élites civiles y las Fuerzas Militares (el caso de Perú en 1962)26. También hubo casos de conflictos inter-élites por manejo del Estado, por sus concepciones y orientaciones ideológicas en situaciones de ascenso de las movilizaciones y protestas sociales que condujeron a una alta polarización política sin espacios de búsqueda de acuerdos. En tales casos, algunos sectores de las élites invitaron, incitaron o se unieron a las Fuerzas Militares para dar un golpe y así “evitar el ascenso comunista” (como en Brasil en 1964 y en Chile en 1973)27. En otros casos las élites civiles recurrieron a los militares, o estos, por iniciativa propia, asumieron el poder en situaciones de movilizaciones y protestas sociales contendientes y recurrentes consideradas como desestabilizadoras (fuerzas populares organizadas radicalizadas que pueden ser percibidas como susceptibles de asumir el poder político o amenazar el orden establecido por el tipo de reivindicaciones que plantean). De la misma manera, los militares asumieron que los gobiernos no contaban con la capacidad para solucionar los problemas de orden público y las “amenazas” al estatu quo por políticos nacionalistas o progresistas.

En estos casos como los anteriores, en el momento en el que ocurrieron los golpes militares no existían movimientos guerrilleros o estaban en una fase embrionaria, aunque la izquierda política y social era fuerte y mantenía un proyecto antiimperialista bajo la convicción que contaban con el apoyo de la URSS, o de otros países socialistas y podían convertirse en fuerzas políticas y militares encaminadas hacia la toma del poder del Estado (como los casos de Argentina y Uruguay)28. También hubo situaciones de precariedad en la provisión de bienes y servicios por parte de las élites civiles divididas y/o con prácticas fraudulentas y de inmoralidad que crearon un entorno de un potencial conflicto. Se dieron golpes militares autodenominados progresistas y reformadores (como en Perú, Bolivia y Ecuador)29. En unos y otros casos, se puso en evidencia la debilidad y precariedad de las democracias sudamericanas como sistema político y su incapacidad para darle salida y resolver las distancias y la eventual polarización ideológica para responder a los conflictos sociales y políticos o responder a las expectativas y demandas de la mayoría de la población. Sin soluciones viables, no todos los actores políticos actuaron de forma leal con la democracia, en algunos casos la menospreciaron y la rechazaron o argumentaron la necesidad de “suspenderla” para reconstruirla o para “salvarla”.

Los sectores sociales dominantes que incentivan o apoyan a las Fuerzas Militares varían según las circunstancias y los países. No siempre son los mismos, en algunos casos son terratenientes o hacendados, en otros se trata de empresarios industriales o del transporte, quienes consideran que los militares son los redentores salvadores del orden establecido, por lo cual amerita “suspender” la democracia30. En contra de partidos, facciones y sectores sociales con proyectos de sociedad contrapuestos, los golpes militares se proponían terminar con los comportamientos colectivos que cuestionaban la naturalidad de las relaciones sociales capitalistas, o al menos, suponían un obstáculo para su “normal funcionamiento” tales como huelgas generales, indisciplina laboral, desobediencia a la autoridad en los lugares de trabajo; gobiernos reformistas y tibios con los transgresores del orden social (como en Chile y Brasil), impotentes e ineficaces en el gobierno (Argentina) o insuficientemente militarizados para contener las amenazas sociales (Uruguay)31.

Como se mencionó antes, las Fuerzas Militares, o sectores importantes dentro de estas, ven la oportunidad para actuar en ciertas coyunturas que consideran propicias, tienen un sistema de preferencias en el que dicha opción es ineludible y por su formación, tienen la convicción de estar obligados a “salvar” la democracia interrumpiéndola (en este caso imbuidos en la formación de la doctrina de la Seguridad Nacional y una concepción que los orientaba a actuar en función de evitar el supuesto avance insurgente comunista) y, además, cuentan con la organización, la logística, la coordinación y la cohesión interna que hace viable su irrupción y la toma del poder.

Esto último aspecto tiene que ver con la variable, M. se requiere que exista la disposición de los militares a intervenir en la esfera política y a asumir la conducción política desplazando a los gobernantes legítimos. Esta disposición incluye sus actitudes e ideología, su formación profesional y sus motivaciones que los inducen a intervenir para “salvar a la patria” del caos, del desorden, de las “amenazas del comunismo”: se trata de los ejércitos políticos que se convierten en dictadores militares, según la expresión de Dirk Kruijt32. Estas intervenciones transfieren, entonces, la lógica interna de la organización militar, el planeamiento estratégico y el control y comando jerárquico, a la política y a la administración pública. En este periodo el primer paso hacia la toma del poder surge de las evaluaciones tácticas de la situación en la coyuntura que llevan a sopesar el riesgo en que está la permanencia del orden social y del statu quo y la factibilidad de poder asumir el poder. Para que se de esta ruptura con el gobierno civil constitucional, los militares deben estar motivados, orientados y convencidos de su rol político para intervenir y considerar que constituyen la única salida viable para evitar un conflicto o el ascenso de fuerzas que consideran subversivas, antisociales, destructoras.

Durante esta época (desde la Guerra Fría hasta la década de 1980) fue muy similar la formación que recibieron los altos oficiales de los países latinoamericanos en centros militares extranjeros (especialmente en Estados Unidos, en la Army Caribbean School, rebautizada en 1962 como United States Army School of Americas) y en misiones militares extranjeras invitadas. En el contexto de la Guerra Fría, el propósito formativo para los oficiales y jefes de los ejércitos latinoamericanos se orientaba a cumplir funciones de política interna, especialmente anti insurgente, por ello, los militares no fueron neutrales. Debido a sus responsabilidades cívicas y nacionales, así como a la independencia de que gozaban sus oficiales, los nuevos ejércitos no fueron pasivos ni mantuvieron silencio en lo que se refería a la política. Aunque se había adelantado un proceso de profesionalización en las Fuerzas Militares, esto no garantizaba que fueran apolíticas ni que se mantuvieran al margen de las decisiones gubernamentales o asumieran su subordinación ante las élites civiles33.

En el anterior contexto se dio una rápida acción política de Estados Unidos sobre todos los países de América Latina con asistencia militar, apoyo logístico, armamento, formación de militares con base en la Doctrina de la Seguridad Nacional (entre 1950 y 1975 se formaron 71.651 militares latinoamericanos). Las Fuerzas Militares incrementaron su tamaño y su capacidad técnica y desarrollo organizacional, a la vez que consideraron, y así se dio en la mayoría de los países, que también podían asumir la conducción política si lo consideraban necesario34.

Asimismo, como lo planteó Alfred Stepan, el nuevo profesionalismo de las Fuerzas Armadas en el cono sur incluyó el aprendizaje de gobernar y el interés para responder a problemas de seguridad interior35. En términos de Samuel Fitch, la profesionalización de las Fuerzas Militares en América Latina no fue consustancial respecto de la democracia. El clásico profesionalismo supone normas de conducta especializadas, formación y capacidad técnica y estratégica, conocimiento especializado (experticia), jerarquías y complejidad organizativa, así como la subordinación individual y colectiva a los civiles, la no intervención en política y su neutralidad respecto a los políticos, los partidos, las elecciones y los gobiernos.

Se asume que las Fuerzas Militares profesionales están por encima de intereses y disputas políticas y sirven al Estado, del cual son su brazo armado: son considerados cuerpos apolíticos, neutrales al servicio del Estado, leales al orden constituido36. Asimismo, se considera que los códigos de ética de las Fuerzas Militares y su profesionalización incluye la aceptación del control civil del gobierno, los militares se consideran el instrumento del Estado, no de los políticos o de los partidos. En contraste con esta concepción, en América Latina las cosas fueron diferentes y se configuró un nuevo profesionalismo, diferente al clásico profesionalismo militar. Desde la segunda postguerra cuando el rol de las Fuerzas Armadas cambió, su misión fundamental ya no fue defender al país de potenciales enemigos externos, es decir, la defensa nacional, sino la protección y la seguridad nacional. Esta redefinición de los objetivos de las Fuerzas Militares borró la mayoría de los límites en las esferas de competencia entre civiles y militares. Estos últimos no solo se ocuparon de las acciones tradicionales derivadas de su experticia, también asumieron su participación en las decisiones políticas relacionadas con el orden público y la seguridad interna y esto se vio reforzado y redimensionado después de la revolución cubana de 1959 y el ascenso de las izquierdas revolucionarias y, en muchos países, de grupos guerrilleros37.

Se dio una clara politización de los militares. En condiciones de inestabilidad política la incondicional obediencia a los civiles y a las autoridades del Estado cedió y pasó de la subordinación a la actuación autónoma e insubordinada: sustituyeron el principio de defensa de la institucionalidad su servicio al Estado por la defensa de los intereses nacionales y/o por la lealtad a la patria y por la defensa de los intereses de la nación, de tal forma que las bases del clásico profesionalismo militar fueron subvertidas y se convirtieron en actores políticos, incursionaron en esferas que antes no estaban en su radio de acción, se convirtieron en cuerpos politizados. En estas condiciones, muchos sectores de las élites y/o de las emergentes clases medias recurrieron a las alianzas con militares en sus confrontaciones con otros sectores sociales o con emergentes organizaciones insurgentes en algunos países y fueron aliados en los quiebres de la democracia. Así, en la mayoría de los países del subcontinente

dada la percepción que las fuerzas armadas poseían, la unidad, la devoción a los intereses de la nación, y la capacidad de estadistas que los políticos civiles carecían, el gobierno militar directo se convirtió en una obligación profesional para garantizar la seguridad nacional38.

Se legitimaban la intervención de las fuerzas armadas en todas las esferas públicas, de forma directa mediante el gobierno, o a través de una influencia extendida y mediante virtuales cogobiernos.

No obstante, como ya se enfatizó en el apartado anterior sobre la variable D, hay diferencias en las orientaciones políticas de los militares entre países, por los contextos específicos y las orientaciones de las Fuerzas Armadas. Aunque todas han sido influenciadas por el contexto internacional, la Doctrina de la Seguridad Nacional (que jugó un papel ideológico y legitimador, les brindó elementos de auto justificación para quebrantar el orden institucional) y el nuevo rol de Estados Unidos, no fueron idénticas ni en sus convicciones ni en sus métodos ni en la forma como ejercieron el poder39. En Brasil y el cono sur los gobiernos militares de la década de 1960 fueron en gran parte inspirados por la tesis de la “seguridad y el desarrollo”, de tal forma que la vulnerabilidad y la exposición a las insurgencias internas, fueron atribuidas al subdesarrollo que generó inestabilidad y condiciones socio-económicas que favorecieron el surgimiento de grupos revolucionarios con apoyo de algunos sectores de la sociedad, por ello la respuesta de los militares fue el desarrollismo, la modernización para propiciar crecimiento económico. En Perú, y en menor medida en Ecuador y Panamá, el desarrollo se definió como el problema, pero los obstáculos para lograrlo fueron identificados como la dominación extranjera excesiva de la economía y en los recursos básicos, en los sistemas de tenencia de la tierra no igualitarios y dominados por las élites incapaces de llevar a cabo las reformas necesarias.

En esta variante, la solución era contrarrestar la amenaza de seguridad interna a través de un gobierno fuerte capaz de resistir la oposición de la élite a las reformas socioeconómicas. Por lo tanto, el papel político de los militares fue actuar como reformistas radicales de vanguardia para proteger los intereses nacionales y populares y derrotar a la izquierda revolucionaria a través de reformas preventivas. En el Cono Sur (Uruguay, Chile, Argentina), una tercera variante surgió en la década de 1970. En parte, como respuesta a las nuevas formas de guerra planteadas por la guerrilla urbana, como también a los fracasos de las políticas económicas más ortodoxas, la nueva variante fue más radicalmente represiva. La amenaza a la seguridad interna se definió no como insurgencia revolucionaria, sino más ampliamente como subversión. Desde este punto de vista, el enemigo no era solo la guerrilla, sino todas las fuerzas ideológicas que entraron en conflicto con la definición conservadora de los militares40. Mientras que en Venezuela y Colombia, aunque hubo situaciones de inestabilidad sociopolítica, especialmente en este último país, y las Fuerzas Militares fueron formadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, las interacciones entre militares y civiles no condujeron a golpes militares. Hubo, por el contrario, una acción de incorporación y de acuerdos que no hicieron necesario que los militares asumieran el poder pues contaban con espacios de acción suficientes para operar sin contradicciones con las élites, las cuales tampoco presentaban fisuras o divisiones por intereses disimiles o confrontaciones internas sobre la economía, el modelo de desarrollo o el funcionamiento de sus democracias, apegadas a un predominio tradicional de sus partidos sin la presencia de actores políticos relevantes de oposición.

LA VARIABLE ESTADOS UNIDOS

En esta línea de análisis estas dos variables (D y M) aparecen asociadas a todos los casos en los que se realizaron golpes militares, con las respectivas acotaciones y advertencias sobre las explicaciones demasiados globalizantes. No obstante, y evitando cualquier tentación determinista, un enfoque analítico sobre las dinámicas políticas de América Latina, y en particular sobre los golpes militares queda incompleto si no se incluye la variable externa referida al contexto internacional y la influencia de Estados Unidos en el subcontinente. América Latina siempre ha estado influenciada por Estados Unidos y su política exterior y durante este periodo, hasta muy entrada la década de 1980, este país apoyó, impulsó, incluso financió, golpes militares en el continente, tanto por intereses geoestratégicos como por beneficios económicos.

La orientación de la política de Estados Unidos hacia Sudamérica desde la segunda postguerra hasta la década de 1990 ha pasado por dos grandes momentos. El primero, hasta finales de la década de 1980, pasó por una etapa basada en la pretensión hegemónica de este país sobre el hemisferio occidental en medio de la rivalidad y de la confrontación con la Unión Soviética y el bloque de países comunistas, fue frecuente el combate a gobiernos que no se alineaban con sus intereses y concepciones y el apoyo y patrocinio a los gobiernos militares, sustentado todo en la Doctrina de la Seguridad Nacional41. En el segundo, desde mediados de los años ochenta, se dio un giro que orientó su política hacia la reivindicación de la democracia, manteniendo su influencia mediante la diplomacia coercitiva, sin espacio para incursiones militares ni intervenciones militaristas. La política antidroga pasó a ocupar un lugar central respecto a muchos países de la región42.

En el primer momento, desde la segunda postguerra, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina se orientó a combatir gobiernos reticentes a su hegemonía y orientados ideológicamente en contravía a sus pretensiones de “defensor hemisférico de la civilización” frente modelos de sociedad diferentes, especialmente al modelo socialista bajo el liderazgo de la Unión Soviética43. Este país vinculó su propia seguridad a las condiciones necesarias para que su economía funcionara bien, de tal manera que, en ejercicio de su condición de potencia se abrogó el derecho de intervenir en donde sus intereses lo requirieran,

su seguridad nacional entrañaba el mantenimiento de condiciones en el exterior que permitieran que la economía funcionara adecuadamente —es decir obtener energía, materias primas y mercados necesarios para su prosperidad—. El acceso a éstos ha sido por lo tanto incluido en la definición de los intereses vitales de los EE. UU.44.

De esta concepción, se derivaron frecuentes acciones de intervención donde sus intereses lo requirieran, tal es el caso de una lógica imperial por definición y auto justificada.

Asimismo, se redefinió e incidió para que se replantearan las orientaciones de la mayoría de las fuerzas armadas del continente respecto a su papel en el manejo del orden interno con una orientación contra insurgente, la cual se amplió tras el triunfo de la revolución cubana y la potencial influencia comunista en el resto del continente. A partir de aquel momento se dio la máxima prioridad a la lucha contra el “enemigo interno” que no solo fueron los movimientos insurgentes, sino cualquier otra movilización popular que asumiera acciones de contestación y de reivindicación frente a las políticas y decisiones de los gobiernos45. Ante este eventual peligro las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria, existieran o no revolucionarios. Estados Unidos asumía que las Fuerzas Militares eran el único actor con poder, cohesión y organización, capaz de restaurar las posibles alteraciones del orden político y sus socios naturales en “contra los enemigos de la civilización occidental”46. La seguridad nacional (interna) sustituyó a la defensa nacional (externa) y la vigilancia de los militares, alentada por Washington, que les hacía ver comunismo por todas partes. Cualquier intento de cambio social, en especial si lo apoyaban los partidos izquierdistas del país, era tachado indiscriminadamente de revolucionario. Como una forma de acción “preventiva”, las fuerzas armadas derrocaron a los gobiernos a los que se juzgaba “blandos” con el comunismo o tibios en su solidaridad con los Estados Unidos47.

Los Estados Unidos y sus aliados en el subcontinente, asumían la movilización de todos los recursos necesarios para detener las fuerzas que “amenazaban a la sociedad” y al orden establecido. El subcontinente hacía parte del juego de estrategias, de influencias y de confrontaciones Este-Oeste. También recurrió a su poder militar; a la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); a la asesoría y tutoría de sus agregados militares a las Fuerzas Armadas de estos países; a la asistencia para el desarrollo y en ocasiones, imposiciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID); a las cuotas, preferencias arancelarias y otras formas de influencia económica. Se trataba de una diplomacia activista del Departamento de Estado, de financiamiento y asesoría a los partidos políticos; defensoría pública e información por parte de la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA). Hubo un gran flujo de capitales y de inversiones provenientes de Estados Unidos en estos países y cuando fue necesario, ayudaron a derrocar regímenes con presidentes elegidos popularmente para respaldar a los militares que se tomaron el poder48. Así, mientras el presidente John F. Kennedy (1961-1963) anunciaba la Alianza para el Progreso a comienzos de la década de 1960, eran derrocados gobiernos civiles en los países del cono sur e igual posición asumieron los exmandatarios Lyndon B. Johnson (1963-1969), Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1973-1974, 1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (en su primer mandato, 1981-1985).

Figura 2. Entrevista de Augusto Pinochet y Henry Kissinger (1976).

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (1976)49.

Las fuerzas armadas eran el actor central de estas relaciones. Se asumía que mientras las sociedades latinoamericanas se caracterizaran por la fragmentación y la ausencia de consenso entre sus élites, ante las amenazas y el posible ascenso de la insurgencia o de sectores revolucionarios influenciados por “el comunismo internacional”, el rol principal de las mismas era proteger la soberanía de sus naciones y preservar el orden interno. Como eran los actores políticos centrales, había que remover a los líderes gubernamentales de sus puestos en cualquier momento en que el ejército considerara su conducta perjudicial para el bienestar de la nación. Estados Unidos apoyó golpes militares en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador. Las políticas de este país con respecto a las fuerzas militares latinoamericanas fueron efectivas en la obtención de las metas impuestas, estas son: a) establecer una influencia predominante del ejército norteamericano; b) promover la defensa colectiva; c) mejorar la seguridad interna contrainsurgente y antipopular y d) impulsar un mayor uso de las fuerzas armadas en proyectos de acción cívica intentando remover algunos obstáculos del desarrollo50.

Es aclaro que, como lo subraya el propio Alain Rouquié, la Doctrina de la Seguridad Nacional y su tesis sobre la guerra interior, al ampliar el espectro de “amenazas” al orden establecido y situarlas dentro de la sociedad nacional, brindó una base institucional para la intervención del ejército, pero no la explica en un sentido determinista. Esta política se mantuvo hasta la segunda mitad de la década de 1980 y en algunos casos tuvo un sentido más ideológico que operativo51