LA PAZ EN SU LABERINTO E-Book

GABRIEL CIFUENTES

• Herausgeber: Intermedio Editores S.A.S
• Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2024

Beschreibung

Este texto es un recorrido por nuestra historia, sus procesos, contradicciones y aciertos en la construcción de una paz estable y duradera.Este es también un texto que aspira poder ofrecerle a la ciudadanía un mínimo bagaje argumentativo en momentos en los cuales se está abriendo el debate  público sobre el proyecto de la "paz total". Más allá de los eslóganes políticos y de la polarización -las más de las veces infundada- lo que se necesita en la presente coyuntura, es poder conversar con argumentos. Evitar los lugares comunes y salirse de la simple y banal confrontación de "cafetería". "La Paz en su Laberinto" es el título del libro porque la paz en sí misma ha sido esquiva a pesar de los múltiples intentos por lograrla. La historia demuestra que han sido muchos los momentos donde ha estado a portada de mano. Las mezquindades políticas, las coyunturas sociales y económicas, las inquebrantables economías ilegales, la realidad geopolítica y las enormes brechas entre las clases sociales, entre otros factores, han contribuido, en mayor o en menor medida, a que todavía no se encuentre una salida al capítulo más largo y doloroso de la historia de Colombia.

Leseprobe

La paz en su laberinto

© 2024, Gabriel Cifuentes Ghidini

© 2024, Círculo de Lectores S.A.S.

© 2024, Intermedio Editores S.A.S.

Primera edición, abril de 2024

Edición

Cindy Lorena Roa Devia

Equipo editorial Intermedio Editores

Corrección de estilo

Ana María Tautiva Prieto

Concepto gráfico, diseño y diagramación

Alexánder Cuéllar Burgos

Equipo editorial Intermedio Editores

Diseño de portada

David Reyes

Imagen de portada

David Reyes

Intermedio Editores S.A.S.

Avenida Calle 26 No. 68B-70

www.eltiempo.com/intermedio

Bogotá, Colombia

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.

ISBN: 978-958-08-0579-3

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Para Federico, esperando que su generación sea la primera que pueda vivir en una Colombia en paz

Contenido

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

UNA HISTORIA MARCADA POR LA VIOLENCIA

CAPÍTULO 2

COLCHA DE RETAZOS

CAPÍTULO 3

LA PAZ PACTADA

CAPÍTULO 4

¿LA PAZ HECHA TRIZAS?

CAPÍTULO 5

LA PAZ PENDIENTE

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

NOTAS AL PIE

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO

POR JUAN MANUELSANTOS CALDERÓN

Toda negociación de paz para acabar con un conflicto armado se reduce a dónde se traza la línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está dispuesta una sociedad a sacrificar para alcanzar la paz? Y no importa donde se trace la línea, siempre habrá descontento de lado y lado. Unos reclamando más justicia, otros reclamando más paz. Así ha sucedido siempre. Colombia no es la excepción.

En lo que Colombia sí es la excepción es en que el acuerdo de paz con las Farc, firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón, es el primero en el mundo que se negocia bajo los parámetros del Estatuto de Roma y respetando los acuerdos internacionales de derechos humanos. Es también el primero en que las dos partes acuerdan negociar un sistema especial de justicia transicional y someterse a él para que los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no salgan impunes, como solía suceder en el pasado con las amnistías que se decretaban antes de que el Estatuto de Roma entrara en vigencia.

Haber puesto los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones y haber iniciado decididamente un camino de reconocimiento y reparación para un número de víctimas sin precedentes en el mundo, gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que se aprobó en el 2011 antes de que se firmara la paz, le dio al acuerdo una gran legitimidad internacional. A la firma de esa ley, y por su trascendencia, asistió el propio Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

La legitimidad internacional y el apoyo que desde el comienzo se recibió por parte de Estados Unidos, de Europa y del Consejo de Seguridad fue clave para lograr un acuerdo con la guerrilla más antigua y más poderosa del hemisferio occidental. Hay que destacar, como igualmente clave, el apoyo de los países vecinos y de los países garantes y acompañantes: Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. Hoy ninguna guerra asimétrica se puede resolver sin el apoyo de la comunidad internacional y muy particularmente de los países vecinos.

Las negociaciones duraron seis años, mucho más de lo previsto; fueron muy difíciles, como lo es todo proceso de paz, pero produjeron uno de los acuerdos más completos y ambiciosos que se haya firmado hasta el momento entre una insurgencia y un Estado. Eso lo sostiene, entre otros, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, considerada tal vez la entidad más seria de las que hacen seguimiento a los procesos de paz en el mundo y que fue escogida para verificar el cumplimiento del acuerdo con las Farc.

El desarme, desmovilización y reintegración de la guerrilla a la vida civil, el llamado DDR, se hizo en tiempo récord. El número de armas por guerrillero (cerca de una por combatiente) y el porcentaje de los miembros de las Farc que efectivamente se desmovilizaron (95%), resultaron muy superiores a los promedios de otros acuerdos de paz en el mundo. Y no se requirió la presencia de cascos azules de las Naciones Unidas, ni de fuerzas extranjeras, como es lo usual, porque los guerrilleros, algo que fue muy destacado, aceptaron que su seguridad en la transición estuviera en manos del ejército y la policía, sus antiguos adversarios. Lo anterior fue posible gracias a la confianza que se generó durante las negociaciones sobre ciertos puntos entre guerrilleros y militares o policías en servicio activo. “La paz se hará cuando al otro lado se sienten los militares uniformados que son los que están en la guerra”, solía decir ‘Tirofijo’, otrora máximo comandante de esa guerrilla.

Muchos acuerdos se limitan al DDR, acompañados por lo general de una amnistía. Así fue, por ejemplo, la paz con el M-19. La ironía es que el ponente de la ley de amnistía para los del M-19 fue el entonces senador Álvaro Uribe. El acuerdo del Teatro Colón va mucho, mucho más allá: busca no solo respetar los derechos de las víctimas y cumplir con el Estatuto de Roma, sino también, como lo explica muy bien Gabriel Cifuentes en este libro, avanzar en la solución de las llamadas causas estructurales del conflicto armado para quitarle gasolina a mucha de la violencia que ha azotado al país.

El punto uno del acuerdo, el de la reforma rural integral, fue el más fácil de negociar porque las dos partes teníamos muy presente que el problema de la tierra y su pésima distribución en Colombia, de las peores del mundo, ha sido el origen de muchos de los conflictos que hemos sufrido desde nuestra independencia. En el campo es además donde se concentra la mayor pobreza y la mayor desigualdad. Con solo cumplir con este punto se resolverían varios de los problemas que enfrentamos como nación.

La discusión sobre la lucha contra las drogas fue una de las más difíciles: fue el tema que en un momento dado más nos acercó a una ruptura en la negociación. Las Farc sostenían que no eran narcotraficantes y que efectivamente financiaban su guerra con este dinero maldito de la misma forma como el Estado les cobraba impuestos a los empresarios. Si aceptaban discutir este punto, decían, se estarían autoincriminando y acabarían tarde o temprano extraditados. Pero esta era para mí una de las líneas rojas. Si no trabajábamos juntos para controlar este flagelo, nunca tendríamos una paz estable y duradera. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de haberles incumplido a las miles y miles de familias cocaleras que se comprometieron con la erradicación voluntaria. Ese programa se firmó con 99.000 familias y se comenzó a ejecutar con 46.000. Según la ONU, en el primer año de aplicación el 90% de las familias cumplió con la erradicación voluntaria y se logró reducir sustancialmente la resiembra.

El corazón de la negociación fue el tema de las víctimas y especialmente sus derechos a la justicia y a la verdad. Habíamos definido un marco del que no podíamos salirnos, limitado por el Estatuto de Roma, los tratados de derechos humanos y nuestra propia Constitución. A uno de los negociadores por parte del gobierno en el grupo especial de juristas que constituimos para el muy complicado tema de la justicia transicional, el profesor Douglas Cassell, experto en derechos humanos, se le encomendó la tarea de garantizar que nada de lo acordado transgrediera esos límites. Cumplió al pie de la letra. Queríamos que el respeto por los derechos humanos fuera uno de los pilares del acuerdo.

El sistema de justicia transicional que se acordó fue el primero que se negoció bajo el paraguas del Estatuto de Roma y el primero que las dos partes diseñaron conjuntamente y al que acordaron someterse. Un aspecto que vale la pena recordar: el procedimiento para la escogencia de los magistrados fue, según los expertos, uno de los más objetivos y transparentes que se haya visto hasta el momento. El hecho de que las instituciones nominadoras (la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Centro Internacional de Justicia Transicional, la Corte Suprema, las Universidades Públicas) y los jueces escogidos tuvieran entre sus funciones la defensa de los derechos humanos, ha llevado a algunos a decir que tienen un sesgo ideológico. Son los mismos que todavía creen que la defensa de los derechos humanos es una causa “mamerta”.

Y lo que nadie puede negar es que el sistema de justicia especial para la paz, la que finalmente quedó en el acuerdo y viene funcionado desde el 2017, es un ejemplo para el mundo. De todas partes, de todas las universidades preguntan qué fue lo que se logró y cómo lo hicimos. En el propio seno del Consejo de Seguridad de la ONU resaltan el acuerdo de La Habana como ejemplar. No en vano ha sido el evento en torno al cual se han aprobado -por unanimidad- más resoluciones de apoyo desde la misma creación del Consejo. El tema de la justicia transicional lo explica muy bien y con lujo de detalles el autor de este libro, un experto en esta modalidad de justicia restaurativa.

Pero claro, ningún acuerdo de paz es perfecto y todos tienen sus detractores. Como se dijo, siempre surgen no solo en la negociación, sino en la implementación, los que reclaman más justicia y los que reclaman más paz. Esa es la discusión del momento en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las antiguas Farc, como también los agentes del Estado, reclaman que la JEP se está extralimitando más allá del espíritu de lo negociado pues solo deben juzgar y sancionar a los máximos responsables. La sola cifra del número de antiguos guerrilleros que están sometidos a esta jurisdicción, más de nueve mil, parecería darles la razón.

La solución, sin embargo, no puede ser una ley de punto final ni la creación de otro tribunal de cierre, como se ha sugerido. Eso simple y llanamente no es posible. Sería además totalmente contraproducente. La JEP debe entender, como lo hizo la Comisión de la Verdad, que no puede haber total justicia ni total verdad. Es imposible. Suficiente justicia y suficiente verdad debe ser el propósito, y con lo que ya se ha logrado, eso se cumple. Se requiere un enfoque más minimalista que maximalista como bien lo señala Yesid Reyes, exministro de justicia y uno de los arquitectos del sistema.

Hay también mucho descontento por la falta de implementación de otros puntos del acuerdo. El gobierno anterior no lo pudo hacer trizas, pero frenó su implementación y le hizo mucho daño. El punto no implementado que más preocupa y que tal vez más daño ha causado es el tercero que se refiere a las garantías de seguridad. Más de 400 firmantes de paz han sido asesinados y las antiguas zonas que dominaban las Farc fueron tomadas por el crimen organizado. Muy poco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que tanto costó negociar en un fascinante ejercicio de creación de democracia con las comunidades más afectadas por el conflicto, se ha ejecutado. El capítulo étnico y el de género no han despegado. El Instituto Kroc en su último informe señala que del total de los 587 compromisos contenidos en el acuerdo, se ha cumplido a cabalidad únicamente el 31%.

El presidente Petro desde su campaña ha manifestado toda su voluntad para acabar de implementar el acuerdo. Pero lleva año y medio sin que esa voluntad se vuelva realidad. El primer comisionado de paz acabó de desmantelar lo poco del equipo y la infraestructura que Duque había dejado para la implementación. El gran gerente -con su respectivo equipo y suficiente presupuesto- que tanto se ha anunciado, infortunadamente no ha sido nombrado. El tiempo va pasando. Y es imperativo acabar de cumplir con el acuerdo como condición necesaria para lograr la llamada “paz total”. Si pretenden hacer la paz total a expensas del acuerdo con las Farc, todo se derrumbará como un castillo de naipes.

Gabriel Cifuentes dice: “El Acuerdo Final de La Habana, además de poner fin al conflicto como premisa inicial, constituye un plan nacional de desarrollo social y económico de largo aliento”. Advierte —con razón— que la mayoría de los colombianos no se han leído sus 310 páginas. Este libro, La paz en su laberinto, es un juicioso análisis de lo que se firmó, de sus antecedentes, de lo novedoso, de sus implicaciones y casi que se podría decir que quienes lo lean no tendrán que leerse las 310 páginas porque aquí encontrarán muy bien explicados los aspectos fundamentales de lo que se negoció y que inevitablemente resultará indispensable para la construcción de paz en Colombia.

INTRODUCCIÓN

Son muy pocos los días de verdadera paz que ha vivido Colombia en su larga historia republicana. De manera quizás explicable pero incomprensible, hemos sido testigos y víctimas de una crónica violencia que se ha deslizado en nuestra cotidianidad, mutando incesantemente y evolucionado a lo largo de las generaciones. Estas violencias con orígenes diversos, –políticos, sociales y económicos–, en muchas ocasiones se han traducido en guerras fratricidas. El ciclo más reciente de violencia de larga duración se inició en la segunda mitad del siglo XX y lleva más de seis décadas. Este fue precedido, y se nutrió de otro periodo sangriento tan intenso, que se conoce como la época de la “violencia”; a su vez cercana en el tiempo a otra turbulencia recordada como la “Guerra de los Mil Días” (1899-1902).

Resulta paradójico que a pesar de la guerra y de su efecto destructivo – en vidas, proyectos individuales y colectivos, desorden social, afectación de la cultura, daño a la infraestructura, generación de riesgo, pérdida de oportunidades, detrimento de la salud física y mental–, la democracia y la economía, pese a haber sido profundamente perturbadas hayan logrado sobrevivir. No obstante, es innegable que lo han hecho lejos de desplegar su pleno poder de articulación y potencial social.

Es como si la violencia y los constantes conflictos no fueran los protagonistas de nuestro ethos, sino el oscuro telón de fondo de una obra de teatro; o simplemente, una constante que no afecta de manera determinante el resultado de una ecuación llena de múltiples y complejas variables.

Si bien como sociedad, aparentemente, nos hemos acostumbrado a la violencia y a la guerra, eso no equivale a decir que los colombianos y colombianas sean del todo indiferentes a tales fenómenos. De hecho, la agenda política de las últimas décadas ha estado marcada por la incansable búsqueda de una fórmula para ponerles fin.

Son incontables los intentos de paz: comenzando en la segunda mitad del siglo XX con las primeras negociaciones con Guadalupe Salcedo, y llegando a los más recientes acercamientos con la guerrilla del ELN y demás grupos armados en el marco de la “paz total”, se pueden contar más de una decena de infructuosos procesos de justicia transicional.

No ha habido proyecto político reciente que no haya tenido como eje gravitacional una propuesta –ya sea armada o negociada– para ponerle fin al conflicto armado. Desde las épocas de Belisario Betancur con el reconocimiento de las guerrillas insurgentes como actores “políticos”, todos los gobiernos que le siguieron, de una u otra manera, han puesto sobre la mesa soluciones y alternativas para dar por terminado el conflicto con grupos armados no estatales. La gran mayoría de ellos han fracasado en su intento. No obstante, se reivindica una tradición de negociación con actores armados y la obtención de éxitos relativos como los que cosecharon los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria con algunos de los grupos insurgentes denominados de “segunda generación”.

Luego del fracaso de la negociación del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe debilitó militarmente a las FARC y acordó un marco de negociación encaminado a desmontar a los grupos paramilitares, lo que representó, hasta ese momento, la mayor desmovilización de la historia del conflicto armado. Sin embargo, el esfuerzo más grande de negociación fue el que lideró el gobierno de Juan Manuel Santos y condujo al desarme y reincorporación de la guerrilla de las FARC, la más grande de Colombia.

Mucho se ha criticado, por sus opositores internos, el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, pero fue ahí donde se dejó sembrada una semilla para la terminación definitiva del conflicto y para la construcción de una paz estable y duradera. Esa semilla, llamada a germinar y florecer, representó un punto de quiebre fundamental en la historia de los procesos de paz en Colombia, no solo por haber logrado la desmovilización de la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental, sino también porque tuvo en cuenta las razones que le dieron origen a la guerra subversiva. En el ámbito internacional, tanto el Acuerdo Final de Paz, como su implementación constitucional y legislativa, han recibido el apoyo irrestricto de la comunidad internacional.

En su ADN, los Acuerdos de La Habana pretendieron interpretar las causas estructurales del conflicto, es por eso por lo que, de los 6 puntos acordados, solo uno atiende directamente el asunto relativo al desarme y al cese definitivo de las hostilidades. Todos los demás se refieren a temas sociales, económicos y políticos como, por ejemplo, la reforma rural integral, la participación política y garantías para la oposición, el desarrollo social en las zonas más afectadas por el conflicto, el problema de las drogas ilícitas, las garantías de seguridad, entre muchos otros aspectos. Dicho acuerdo, más que un armisticio, ha sido interpretado como la puesta en marcha y la materialización de las promesas constitucionales que definen a nuestro Estado Social de Derecho.

Sin embargo, a pesar de ser un acuerdo completo, su implementación no ha estado exenta de inmensas dificultades, y se ha enfrentado a obstáculos de carácter político y operativo. El lento avance en su ejecución durante el gobierno de Iván Duque, las complejidades intrínsecas asociadas a su materialización, la presencia de múltiples actores armados en las regiones apartadas de la geografía nacional y la constante politización de la paz en Colombia han impedido cumplir varios de los compromisos contemplados en los acuerdos. Esta situación ha derivado en un cumplimiento parcial y aún insuficiente de la hoja de ruta trazada en 2016.

Incluso después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el conflicto –o por lo menos un resurgimiento de este– persiste a raíz de la actuación armada originada en múltiples grupos armados que han tomado el control de muchas zonas del territorio nacional. Esto ha ocurrido en parte debido a la incapacidad del Estado para ocupar los territorios que se encontraban previamente bajo el dominio de los grupos guerrilleros y de paramilitares, así como la persistencia de economías ilegales que generan incentivos perversos y financian las actividades delictivas de estos grupos.

No está de más señalar que cada vez es menos claro que la violencia actual esté motivada por un sentimiento revolucionario o insurgente, –y mucho menos guiado por un propósito político, a excepción quizás del ELN, lo cual incluso podría ponerse en duda– los demás actores de la guerra no son más que disidencias y bandas criminales recicladas de los grupos armados que alguna vez tuvieron presencia en gran parte del territorio nacional. A pesar de no tener motivaciones políticas claras, estas disidencias, no menos sanguinarias y organizadas en estructuras complejas, son actualmente responsables de la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos, masacres, desplazamientos, extorsiones, amenazas y asesinatos de líderes sociales.

El reto al que se enfrenta el Estado colombiano en la actualidad es definitivamente mayúsculo. Es difícil trazar las líneas necesarias para distinguir qué grupos tienen origen político, y por ende son sujetos potenciales de una eventual negociación, y cuáles, en cambio, son simples actores entremezclados con las economías ilegales y con quienes no existe otro camino que el sometimiento a la justicia.

Lo que sí parece ser evidente es que, indistintamente de su origen, ideología o propósito, la paz —hoy en día llamada de manera grandilocuente “paz total”— no se puede concretar a cuentagotas. Desmovilizar a un grupo sin tener en cuenta los demás actores del conflicto ha demostrado que únicamente favorece la expansión territorial de los grupos no involucrados en las negociaciones. Sin embargo, tampoco se puede pensar en una paz real, sostenible y duradera, sin cumplir con la obligación del Estado de implementar integralmente lo pactado en 2016.

La proliferación de múltiples actores armados —de diferentes tamaños y naturalezas— como se señalaba anteriormente, puede explicarse como resultado de la debilidad institucional del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y a la dificultad de ocupar militarmente dichos territorios. También se debe a la expansión agresiva del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros negocios ilícitos que operan en el país y sirven de carburante a la confrontación armada.

Aunque las economías ilegales no son la causa primigenia del conflicto, hoy parecen ser un elemento determinante e inexorable de la actual violencia. La oferta del Estado no es suficiente para compensar los beneficios y ganancias de los negocios ilícitos, y el músculo militar ha demostrado no tener la capacidad suficiente para erradicar por completo, mediante la fuerza, a las estructuras que hoy suman más de 20.000 hombres en armas y que tienen presencia activa y permanente en más de una cuarta parte del total de los municipios del país y en prácticamente todos sus departamentos.

A la dificultad que encarna encontrar una solución al problema de las economías ilegales, que en gran medida también depende de decisiones geopolíticas que trascienden la capacidad del Gobierno colombiano, se le suma un factor igualmente perjudicial: la exacerbada politización de la paz. Sobre el “cómo” ponerle fin al conflicto, quizás radican las mayores diferencias de las actuales narrativas políticas.

Es difícil entender por qué en Colombia hablar de paz se ha convertido en factor de polarización. Una posible razón puede ser la naturaleza casi exclusivamente rural del conflicto y a los relativamente débiles efectos que este ha tenido en las grandes ciudades. También podría pensarse que no existe una sola generación viva en nuestro país que haya experimentado un día de paz; en otras palabras, la violencia ha sido una constante que no es ajena a nuestra cotidianidad, como si perteneciera a nuestra propia idiosincrasia. Incluso se podría sostener la tesis de que han habido tantos intentos y fracasos en la construcción de la paz en Colombia, que se ha perdido la esperanza y en su lugar se ha cultivado un resentimiento contra los actores del conflicto que han burlado una y otra vez al Estado y a la ciudadanía.

Ese gran acuerdo nacional necesario para impulsar la construcción de la paz en Colombia se desvanece debido a la tensión que algunos miembros de las élites políticas y económicas capitalizan de manera irresponsable, ya que de una forma u otra han aprendido a convivir con la violencia y a beneficiarse de ella.

A la compleja ecuación de la paz en Colombia, que incluye el largo y sangriento enfrentamiento contrainsurgente, la proliferación de las economías ilegales y la capitalización política del conflicto, se le debe sumar otra variable que ha obstaculizado en innumerables ocasiones el camino hacia la reconciliación nacional: la participación de redes estatales y paraestatales en la violación de los derechos humanos y la deshumanización del conflicto.

El nefasto capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, coloquialmente conocido como “falsos positivos”, el exterminio de la Unión Patriótica, así como la alianza entre la clase política y los grupos de autodefensa, entre muchos otros eventos sombríos, han minado la confianza en el Estado y su genuina capacidad de lograr por vía negociada el fin de la violencia. Estos episodios han alimentado la idea de que la propia institucionalidad, además de no ser capaz de gestionar el conflicto armado, ha participado activamente en las atrocidades cometidas en él.

La violencia estatal ha generado comprensibles desconfianzas. Del mismo modo, ha contribuido a la fractura de la ciudadanía y la opinión pública, que, como se señaló anteriormente, se encuentra altamente polarizada en un tema que, lejos de invitar a la unidad nacional frente al noble propósito de la paz, cada vez divide más. Aún persisten quienes justifican de manera velada —e incluso explícita— los abusos cometidos por los estamentos públicos. Otros, en cambio, los condenan de manera vehemente y le atribuyen al Estado gran parte de la responsabilidad en la existencia misma del conflicto armado, mientras tratan con condescendencia misma las acusaciones contra la insurgencia guerrillera.

El fenómeno del paramilitarismo también ha sido una constante en el conflicto armado colombiano y ha representado una de las grandes talanqueras para la construcción de la paz. Inicialmente entendido como una expresión de autodefensa ante la incapacidad del Estado de salvaguardar los intereses y la propiedad de los civiles azotados por los constantes ataques de las guerrillas, posteriormente se tornaron en grupos mercenarios a merced de oscuros intereses públicos y privados. En algunas regiones operaban como el brazo militar para combatir a las guerrillas por medios no convencionales, haciendo el trabajo “sucio” que la fuerza pública no podía llevar a cabo; en muchas otras, acapararon las economías ilegales y actuaban como ejércitos privados para despojar y desplazar a campesinos de sus tierras, favoreciendo así la consolidación de inmensas fortunas y el dominio político de las zonas ocupadas.

No es un misterio que detrás de la guerra y de la violencia se han camuflado intereses económicos, políticos y sociales que han contribuido a la conformación de acuerdos tácitos y explícitos entre algunos estamentos de la sociedad y los diferentes grupos armados, haciendo aún más difícil concertar una salida dialogada y transparente al conflicto. El grado de deshumanización alcanzado, contrasta con el florecimiento de grandes capitales que se han amasado gracias al trasfondo macabro de la muerte, el dolor, el desplazamiento y la expoliación de los bienes de los grupos vulnerables.

Los grupos armados y los actores del conflicto han mutado bajo una lógica parasitaria. Lo que en un principio pudo ser una confrontación basada en convicciones ideológicas, o en la defensa de los intereses privados que el Estado no lograba salvaguardar, paulatinamente, y gracias al desarrollo de las economías ilegales y a la debilidad de las instituciones, se tornó en un complejo teatro de conflictividades sociales que aprendieron a tramitarse única y exclusivamente mediante las armas y la violencia. El conflicto armado en Colombia no solo no es lineal, sino que en él participan diferentes actores y confluyen múltiples intereses que, a excepción de los acuerdos de La Habana, no han sido adecuadamente interpretados en los procesos de negociación que los antecedieron.

Es por todo lo anterior, y por ese oscuro e interesado juego de fuerzas e intereses, que la búsqueda de la paz, como esfuerzo por erradicar definitivamente la violencia histórica en Colombia, no se reduce al acallamiento de los fusiles. La paz duradera y sostenible exige entender las razones de la guerra, sus dinámicas, los múltiples actores que intervienen y los intereses que subyacen detrás de ella.

Mientras se van conjugando todos los factores que explican la violencia armada en Colombia, muchas veces se olvida el saldo trágico del conflicto armado y de quienes deberían ser las verdaderas y centrales protagonistas en el espinoso proceso para la reconciliación nacional: las víctimas. Nuestro país cuenta tristemente con más de nueve millones de víctimas, la mayoría de las cuales lo son por desplazamiento forzado. A ellas se suman cientos de miles de colombianos asesinados y desaparecidos, sin olvidar también que durante la guerra se ha hecho uso de prácticas condenadas por el derecho internacional, como el reclutamiento de menores, la violencia sexual, la discriminación, exclusión y persecución política, así como el uso de minas antipersonales, entre muchos otros vejámenes y atrocidades.

El lector puede anticipar desde ya que la construcción de la paz en Colombia no es un asunto sencillo, y no lo es porque las raíces de la violencia son profundas y se confunden con la historia nacional y regional; porque a lo largo de las décadas el conflicto armado ha involucrado diversos actores; porque la sociedad en su conjunto, a pesar de padecer sus efectos y de ser consciente de la necesidad de detener el derramamiento de sangre, aún no ha puesto la paz como el centro y propósito superior e imperativo de la nación.

Hasta el momento, de manera sumaria, estas primeras páginas simplemente han tratado de dimensionar las dificultades que enfrenta la paz y las complejidades y vicisitudes de una violencia que desafortunadamente damos por sentada; una violencia que ya constituye un paisaje cotidiano y, lo más tenebroso, que se ha convertido en parte de nuestra piel, habitando entre nosotros y en nosotros.

Como en toda historia, hay un antes, un ahora y un después. Para comprender lo difícil que significa alcanzar la paz en nuestro país, es preciso entender la violencia. Ello obliga a conocer sus causas y las razones por las cuales todavía la anhelada reconciliación nacional sigue siendo esquiva.

El conflicto armado, pero también todos los demás fenómenos que en términos generales hacen parte de la “violencia” social, económica, política, cultural y de género, no son entonces un brote espontáneo. Son la consecuencia de múltiples factores, algunos de ellos aún presentes y sin resolver. De no ser atendidos, los fenómenos de violencia se repetirán cíclicamente, reforzando la idea de que Colombia puede existir a pesar del conflicto armado; a pesar de ser una siniestra fábrica de víctimas.

La Paz en su laberinto es el título del libro porque la paz en sí misma ha sido esquiva a pesar de los ingentes y sostenidos intentos por lograrla. La historia demuestra que han sido muchos los momentos donde ha estado a portada de mano. Las mezquindades políticas, las coyunturas sociales y económicas, las inquebrantables economías ilegales, la realidad geopolítica y las enormes brechas entre las clases sociales, entre otros factores, han contribuido, en mayor o menor medida, a que todavía no se encuentre una salida al capítulo más largo y doloroso de la historia de Colombia.

El título del libro también hace referencia a que la historia y el contexto que dieron origen a la violencia son intricados, como lo es la búsqueda de una salida. En Colombia coexisten varias Colombias, y a veces pareciera que corrieran de manera paralela realidades distintas que impiden la consolidación de un único propósito nacional: la paz y la terminación de todas las formas de violencia. Seguimos enfrascados en múltiples dualidades: urbano/rural, centro/periferia, privilegio/necesidad, sí/no, ellos/nosotros. Todas estas dualidades —cristalizadas justamente en realidades opuestas y coexistentes— nos previenen de llegar a los consensos necesarios y al gran acuerdo que exige la reconciliación nacional.

Quizás como sociedad podamos encontrarle una salida al laberinto si desarrollamos una mínima dosis de empatía y si logramos por fin entender que, por más lejos que se perciba la guerra de las ciudades, y por más que parezca tener poco impacto en el desarrollo normal de sus actividades, representa una calamidad diaria para millones de colombianos. Eso debería ser ya suficiente para asumirla como tragedia común que no puede ser tolerada como simple hecho de la naturaleza. La paz no se encuentra; sigue perdida, en parte porque como nación nosotros tampoco nos hemos encontrado en la misma esquina y en el mismo plano de sufrimiento.

Más allá del pesimismo y de las posturas deterministas que creen en una relación simbiótica entre la violencia y la colombianidad, como en todo laberinto, hay un camino que conduce a la salida. Hoy Colombia está en condiciones de lograr una paz estable y duradera. No será una tarea fácil, y las probabilidades de que debamos cargarnos de paciencia y quizás esperar que sean las próximas generaciones las que gocen de sus mieles, son altas.

El éxito de la misión, como se dijo anteriormente, dependerá de muchos factores, pero el que acá nos ocupa será el de comprender la violencia y sus causas. Es crucial conocer su origen, sus impactos y también los errores que se han cometido en la incansable búsqueda de la paz.

Es igualmente urgente reconocer los aciertos y demostrar cómo el marco jurídico y político actual, derivado de la suscripción de los acuerdos de La Habana, no solo marcó el punto final de la lucha insurgente —y por ende sus causas estructurales—sino que también ofrece el punto de partida necesario e irrenunciable para la construcción de una paz definitiva.

Antes de seguir adelante con el texto, cabe una importante precisión. Se usa el término violencia, guerra y conflicto indistintamente, pero no son sinónimos. Toda guerra encarna una determinada violencia, pero la violencia, y más en nuestro país, no se limita a la confrontación armada. Existen formas de violencias subyacentes y silenciosas que han sido la causa de la de guerra, pero también de otras dolencias y fracturas que no han permitido lograr una paz estable y duradera. Así mismo, los conflictos no son siempre de naturaleza armada, pero en Colombia, por lo general, y considerando la falta de capacidad para tramitarlos por las vías democráticas e institucionales, muchas veces han desembocado en múltiples tipos de violencia, incluso de violencia armada.

Pareciera que a lo largo del texto se confundieran dichos términos, razón por la cual pido excusas de antemano. En muchos de los capítulos de nuestra historia, la violencia se ha traducido en la existencia de una o varias guerras. En cambio, en otros, la violencia ha tomado diversas formas. Aunque existe una relación inescindible entre la violencia, el conflicto y la guerra, la paz exige resolver las causas de todas y cada una de ellas.

Dicho lo anterior, es preciso indicar que este texto no pretende ser un escrito académico. No será una disertación de historia colombiana y tampoco un ensayo sociológico. Su propósito es abordar de manera directa y concisa un tema complejo. Su destinatario no es otro que cada ciudadano y ciudadana que se proponga contribuir a la construcción de un país en paz.

Es también un texto que aspira poderle ofrecer a la ciudadanía un mínimo bagaje argumentativo en momentos en los cuales se está abriendo el debate público sobre el proyecto de la “paz total”. Más allá de los eslóganes políticos y de la polarización —que en su mayoría son infundados— lo que se necesita en la actual coyuntura, es poder sostener conversaciones fundamentadas. Es crucial evitar los lugares comunes y alejarse de la simple y banal confrontación de “cafetería”.

Como profesor de justicia transicional, derecho internacional humanitario y derechos humanos, me sorprendió que más del 90% de mis estudiantes de derecho no hubieran leído los Acuerdos de La Habana y tuvieran un conocimiento limitado sobre la historia de Colombia y del conflicto armado. Aun así, no solo habían votado en uno u otro sentido en el plebiscito, sino que tenían opiniones formadas frente al proceso de paz, casi todas basadas más en sus preferencias políticas que en el contenido mismo de los acuerdos.

Es hora de entrar en materia. La Paz en su laberinto está dividido en tres grandes secciones: el antes, el ahora y el después. La primera sección busca entender el origen y las posibles causas de la violencia y el conflicto armado a partir del análisis de los principales actores armados. Para ello, se revisarán de manera somera los aspectos históricos más relevantes y que guardan una estrecha relación con el conflicto actual. Es importante destacar que Colombia ha experimentado, de manera más o menos permanente, diferentes momentos de violencia desde su independencia. En cada uno de esos capítulos, una de las constantes ha sido la incapacidad del Estado para comprender y abordar las razones por las cuales surge y prospera la violencia. Por lo tanto, no es descabellado afirmar que lo que hoy vivimos es el resultado del equivocado y torpe manejo de los conflictos que han caracterizado el devenir social durante nuestros más de 200 años de historia republicana.

En el marco de esa revisión histórica, se hará énfasis en el periodo que precede al “Bogotazo” de 1948. Desde la academia se ha establecido dicho suceso como el inicio del capítulo de la “violencia” en Colombia, una etapa que se ha extendido hasta nuestros días. Se hará particular hincapié en el surgimiento de los movimientos insurgentes y el nacimiento de las guerrillas como un punto determinante en el desarrollo del conflicto armado actual.

De igual manera, se contextualizará el surgimiento del fenómeno del paramilitarismo como consecuencia directa —por lo menos en sus albores— de la proliferación de la guerrilla y la incapacidad del Estado de contenerla.

También se revisará con un mayor grado de detalle el periodo comprendido entre 1982 y 2016, que es precisamente donde se pueden identificar los esfuerzos más claros del Estado para lograr una salida negociada a un conflicto armado que, con el transcurrir de los años, fue sumando actores y se fue complejizando. Esta revisión permitirá evidenciar cómo evolucionaron los instrumentos utilizados por parte de diferentes gobiernos para consolidar la paz, pero también el por qué casi todos —a excepción del proceso de La Habana—fracasaron.

Finalmente, como contexto histórico aplicable a la construcción de paz en Colombia, se analizará el impacto de la Constitución Política de 1991 y los procesos de justicia transicional avanzados después de su expedición. Frente a la relevancia de la Carta Magna de 1991 vale la pena señalar que esta no solo fue el resultado, más o menos directo, de años de diálogo y negociación con diferentes grupos insurgentes, sino que su contenido mismo recoge y refleja muchas de las deudas históricas del Estado que dieron origen a la violencia. La Carta Política, entonces, es en sí misma una hoja de ruta para la construcción de paz y por eso su importancia no puede ni debe ser subestimada en el estudio de la construcción de paz en Colombia.

En lo que se refiere a los procesos de negociación posteriores a la expedición de la Constitución, será importante entender el enfoque de cada uno de ellos, sus diferencias y las lecciones aprendidas que fueron posteriormente tomadas en consideración en los acuerdos entre el Estado y la guerrilla de las FARC.

La segunda sección —el “ahora”— busca, en primera instancia, explicar en qué consisten los Acuerdos de La Habana de 2016 y que se encuentran hoy en día vigentes. Muchos ciudadanos reducen dichos acuerdos a la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, a la Comisión de la Verdad o al hecho de que se les garantizaron algunas curules a los miembros de la organización guerrillera. Con facilidad se omite la compleja arquitectura institucional y política que descansa en los 6 puntos del acuerdo. Se omite también que el Acuerdo Final, más que un proceso tendiente al desarme y reincorporación de las FARC, encarna el compromiso del Estado para ponerle fin a las causas estructurales de la violencia política y del ecosistema criminal de Colombia.

Justamente, uno de los errores más graves que se cometió durante las negociaciones entre el Estado y la guerrilla de las FARC fue la falta de pedagogía. Cuatro años de conversaciones condensados en algo más de 300 páginas que la ciudadanía no conoce, y no por desidia o falta de interés, sino por las complejas temáticas y soluciones técnicas que contienen los acuerdos y que, a falta de su debida socialización, quedaron reducidos a la ridiculización que de ellos hizo la oposición en cabeza del expresidente Álvaro Uribe y que capitalizó durante el plebiscito de octubre de 2016. Era fácil atacar un texto que no se conocía, convencer a la ciudadanía de que el Estado claudicaba su modelo económico, que sometería a las fuerzas armadas o que impondría la “ideología de género” para acabar con las estructuras tradicionales de la familia.

Es por eso que resulta inconveniente en cualquier discusión sobre la materia dar por sentado que los colombianos han leído y conocen el contenido de los acuerdos de La Habana. Partiendo de dicha premisa, en esta sección se dedicará un generoso espacio para que, en lo posible de manera pedagógica, se explique el contenido y alcance del texto suscrito entre el Estado colombiano y las FARC en el teatro Colón en 2016.

Podrá notar el lector que se le da una relevancia importante al proceso de paz con las FARC. Y no es para menos: más que como un punto de llegada, los acuerdos representan un importante punto de partida en donde se reconocen las complejidades del conflicto armado y sus causas. El texto suscrito en noviembre de 2016 marcó un punto de inflexión sin precedentes y dio por concluido el capítulo de la confrontación insurgente, o por lo menos, buscó sepultar cualquier tipo de justificación subyacente a la idea de que se podían tramitar los conflictos sociales mediante las armas.

Su importancia, reconocida y acompañada por la comunidad internacional, no puede ser subestimada. Allí se condensan una serie de compromisos indispensables para la construcción de paz con todos los actores del conflicto armado. Más allá de la animadversión política que puedan generar, los Acuerdos de La Habana serán la base de cualquier negociación futura y la clave para la consolidación de una paz estable y duradera, por lo tanto, es fundamental que en este libro se les dé un espacio importante para explicar su contenido.

En la segunda sección también se abordarán dos temas de suma importancia para comprender las complejidades que encierra la construcción de paz en Colombia. Por un lado, de manera breve y puntual, se expondrán los límites que fijan los estándares internacionales para el diseño de los modelos de justicia transicional. Dichos estándares, al ser Colombia signataria de diferentes tratados internacionales, condicionan y limitan la capacidad del Estado para asumir compromisos, sobre todo aquellos que puedan poner en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación.

Es gracias a esos estándares que hoy en día no se puede dar por terminado un conflicto a través de la suscripción de amnistías amplias y generales, cosa que facilitaría inmensamente cualquier escenario de negociación. También es debido a ellos que no cualquier acuerdo es posible y que el Estado debe garantizar unos mínimos de justicia para evitar la impunidad y el olvido de los vejámenes cometidos durante el conflicto armado. Sin entrar en las especificidades jurídicas, se considera pertinente brindar un marco conceptual general sobre cuáles son las fronteras posibles dentro de las cuales Colombia puede negociar, y cuáles son las barreras prohibidas que pondrían en riesgo la legitimidad de cualquier acuerdo para lograr la paz.

Por otro lado, el otro tema que se abordará al finalizar la segunda sección tiene que ver con el tratamiento de los verdaderos protagonistas de la paz y quienes han sido dolientes de la violencia: las víctimas. No puede entenderse una paz sin la satisfacción de sus derechos, y tampoco puede avanzarse en la senda de la reconciliación nacional sin reconocer su historia. Es así como, a lo largo del texto, y de manera transversal, se hará mención de las principales conclusiones que resultaron del informe final de la Comisión de la Verdad y que condensan una versión de nuestra historia que pretende, fundamentalmente, rendirles homenaje a las víctimas. Lo anterior con el objetivo no solo de repararlas por el daño sufrido, sino también para garantizar que, en la reconstrucción de una narrativa colectiva, podamos sanar como sociedad y evitar repetir las atrocidades del pasado.

Finalmente, la tercera sección —el “después”— se compone de dos momentos. El primero, busca poner en contexto al lector frente a la difícil situación por la que atraviesa Colombia. Según la Cruz Roja Internacional, hay en nuestro país 4 conflictos armados activos, más de 18.000 hombres en armas y un evidente retroceso en materia de seguridad y orden público. En la confrontación armada participan diferentes grupos: disidencias, bandas criminales, el ELN y residuos de los grupos paramilitares. La coyuntura actual debe ser entendida para comprender qué errores se han podido cometer en la implementación de los esfuerzos de paz anteriores, pero también nos debe dar claridad sobre el complejo panorama que se pretende resolver mediante la política de “paz total”.

Es así como se analizarán los factores que pudieron —y pueden seguir poniendo— en riesgo la construcción de paz, el paréntesis que significó para su implementación el gobierno de Iván Duque y los demás golpes que ha tenido que sufrir el proceso de paz.

En este orden de ideas, el último de los momentos de la tercera sección pretenderá explicar de manera sencilla en qué consiste la política de la “paz total”. Será una explicación parcial, en la medida en que dicho proceso está en curso, no ha tenido mayores avances y todavía es prematuro poder evaluar si ha sido o no efectivo para acabar definitivamente con la violencia y el conflicto armado.

A título de conclusión, trataré de avanzar en algunas hipótesis sobre la coyuntura actual y dar algunas opiniones sobre cómo, si es que fuera posible, la paz de Colombia puede salir del laberinto en que se encuentra.

Espero que disfruten de una lectura que es el resultado de años de estudio, enseñanza y aprendizaje. Aspiro que, al terminar estas páginas, puedan tener una visión más completa de las causas de la violencia, así como de la importancia de la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

CAPÍTULO 1

UNA HISTORIA MARCADA POR LA VIOLENCIA

La historia de Colombia ha estado marcada por la violencia. No es una sola, ni todas tienen las mismas causas. Se disfraza de muchas maneras sin dejar de ser una desafortunada constante en nuestro desarrollo como Nación. Ha permeado todas las esferas sociales, políticas y económicas, contaminando incluso nuestra idiosincrasia. Se ha normalizado tanto que se entiende como un hecho dado, o por lo menos no ajeno a la cotidianeidad. Un fenómeno endémico y persistente.

Si bien cruda y con un saldo mortal alarmante, la violencia nunca implicó, al menos aparentemente, una ruptura o disolución completa de la sociedad y de sus instituciones. David Bushnell, destacado historiador, de manera gráfica tituló su obra: Colombia, una nación a pesar de sí misma. Con ello quería significar que, a pesar del conteo diario de muertos, de la lucha fratricida y la incesante confrontación armada que ha llenado varios de los capítulos de nuestra historia, el país logró mantener una de las democracias más longevas del hemisferio; un aparato productivo que, si bien incipiente, generó riqueza y desarrollo; y una institucionalidad relativamente sólida.

Lo anterior, representa una paradoja que solo se puede explicar a través de dos teorías que no son completamente excluyentes la una de la otra. La primera, es que la violencia nunca llegó a un nivel tan crítico como para invitar a refundar las estructuras políticas, sociales y económicas que cimentan el país. La segunda, es que la violencia misma ha hecho parte de la vida corriente y se ha incorporado a la narrativa nacional de todos los días. Más que una variable en un momento determinado, se constituyó como un fenómeno persistente con el que se aprendió a convivir y frente al cual sobrevinieron profundos procesos de adaptación.

No es exagerado pensar que la violencia haya sido normalizada o que se haya perdido el humano escozor a la desdicha que produce. En últimas, desde antes de los albores republicanos, en nuestra tierra no era un fenómeno del todo extraño. Lo resume de forma precisa Jorge Orlando Melo en su ensayo Colombia: las razones de la guerra (2021) cuando habla, a grandes rasgos, de tres etapas de la violencia. La primera, referente a la ejercida contra las comunidades indígenas durante la colonia. La segunda, producto de la gesta independentista y el posterior acomodamiento de fuerzas durante las primeras décadas de la naciente república. Y la última, la del siglo XX, característica de las luchas partidistas y luego por la insurgencia, que se explica en la supuesta búsqueda de “una sociedad justa”.

De lo anterior no se puede deducir que se deba aceptar la violencia. El esfuerzo por identificar sus orígenes dista mucho de justificarla. Lejos de un relato apologético, urge en primera instancia reconocer las causas estructurales que permitieron su evolución en cada periodo. Al hacerlo, quizás, se podrá llegar a la conclusión de que Colombia no está condenada a un futuro definido por la guerra y el conflicto. La violencia no es un requisito indispensable ni inexorable de nuestra identidad nacional. Superarla, en gran medida, es una decisión de carácter político que exige una revisión a fondo de sus orígenes y de sus actores.

Aprender a convivir en medio de un conflicto no es una virtud, es justamente el error que se debe corregir. Que se haya logrado un cierto grado de desarrollo económico y social, o que se hayan mantenido prácticamente incólumes las estructuras políticas y democráticas, no equivale a subestimar el altísimo costo que encarna y la imperiosa obligación moral de sentar las bases definitivas de una paz estable y duradera.

Más aún, cuando se reconoce que Colombia ha podido avanzar a pesar de coexistir con múltiples tipos de violencia y que ha logrado un cierto grado de prosperidad económica y social, inevitablemente se invisibiliza y se pone de lado el precio que han tenido que pagar millones de víctimas. Se omite que, si bien se mantuvo el modelo democrático, fueron muchos quienes resultaron excluidos de cualquier escenario de participación política; que, a pesar del florecimiento de ciertas industrias, los mayores favorecidos representaban una minoría privilegiada. Por lo general, una minoría urbana o pequeños grupos de interés rurales que se beneficiaron de la herencia colonial de opresión a las comunidades campesinas y marginadas, al tiempo que aumentaba de manera desproporcionada la desigualdad y la inequidad.

Minimizar o simplificar el fenómeno de la violencia en nuestro país sería un craso error. Con ello, se desconocerían las deudas aún pendientes y cuyo pago podría enderezar la búsqueda de la paz y ayudar a encontrarle una salida al laberinto que infructuosamente se ha recorrido durante más de 200 años de vida republicana. Pero la anémica paz no es esquiva únicamente por asumir la violencia como una inevitable costumbre. También se debe al desconocimiento frente a su historia, origen y evolución.

Es por eso que, en esta sección, sin pretender hacer una reconstrucción histórica de la violencia en Colombia, se busca comprender las complejidades que esta implica. En especial, el último capítulo de una guerra que ya acumula seis décadas. Escudriñar cómo nace la insurgencia, sus actores y los factores que han imposibilitado —incluso a pesar de las inmensas transformaciones sociales y económicas que pese a todo se han logrado— la materialización de la paz. Un análisis particular merece la que es, tal vez, la variable de mayor riesgo y que ha contribuido a la contemporánea desnaturalización del conflicto y a la metamorfosis de sus actores: el narcotráfico.

Un breve paréntesis. En algunos apartes el lector podrá sentir que se hace uso de conceptos abstractos o teóricos. En otros, se tendrán referencias más anecdóticas o incluso reportes tan valiosos como los de la Comisión de la Verdad. El análisis que se propone a continuación, valga la claridad, no es un ensayo de carácter académico ni mucho menos un texto historiográfico. Es la síntesis de las más diversas fuentes y de la interpretación de la actual coyuntura a partir de múltiples lentes.

La violencia insurgente no nace de la nada. No surge en el vacío y como toda confrontación armada tiene un origen, unas causas, unos antecedentes y un contexto particular. De eso se ocupará la primera sección de este aparte. En este capítulo también se revisará la naturaleza y evolución de los actores del conflicto y el impacto de las economías ilícitas en su operación y propósito. Finalmente, se abordará un hito histórico en la historia de la violencia y es el que corresponde a la adopción de la Constitución de 1991, texto que encarna la verdadera revolución de la paz y en donde descansa, en últimas, la respuesta para transitar el camino hacia la anhelada reconciliación nacional.

Sin embargo, antes será necesario dar unos pasos atrás; retomar lo que se señaló iniciando estas páginas y recordar que la violencia, desafortunadamente, ha sido una constante en nuestra historia. Y si bien, tal y como lo sugiere Melo, no ha sido la misma, probablemente ha crecido del mismo tallo, uno mutante y evolutivo, que les ha dado vida a múltiples conflictos.

Los primeros días como nación —si contamos el grito de independencia de 1810 como el punto de partida— fueron testigos de cómo los mismos criollos, abanderando diferentes causas (federalismo/centralismo, realistas/republicanos, esclavismo/abolicionismo), se enfrentaron a muerte. Abrieron así el absurdo espacio para la reconquista de Murillo, y con ella, una década más de sangre y fuego.

Incluso después de la Batalla del Puente de Boyacá en 1819 y el nacimiento de la república, las confrontaciones motivadas por diferencias políticas e ideológicas continuaron. Esto de la mano de los generales independentistas, de las élites regionales y entre los abanderados del legado bolivariano y santanderista. Un enfrentamiento de élites intelectuales y militares que usaron a la población civil como su principal insumo de guerra.

Tal vez, esa lucha entre “benthamianos” laicos santanderistas y religiosos conservadores bolivarianos, anticipó de manera sensible el capítulo de la violencia del siglo XX. Es justamente allí donde germinó el choque posterior entre liberales y conservadores que desataría múltiples conflictos, generaría una fractura que duraría más de un siglo y le costaría a Colombia cientos de miles de muertos. Eso sin mencionar que, de las guerrillas de autodefensa liberales perseguidas por los diferentes gobiernos conservadores nacería —aunque con una causa y propósito distinto a la lucha de la primera mitad del siglo— la insurgencia comunista.

La época de consolidación de la república fue un proceso interesante donde al tiempo que las constituciones iban esculpiendo el modelo político y económico de la nación, así como su arreglo legal e institucional, también se libraban diferentes conflictos a distinta escala y en varios puntos de la geografía. La coyuntura armada, y el pendular ejercicio del poder, se acompañó de un paralelo ejercicio de consolidación de principios y valores constitucionales que reflejaban las profundas diferencias entre los sectores enfrentados.