En el ojo del huracán E-Book

César Ulloa

• Herausgeber: Universidad de las Américas Ecuador
• Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
• Sprache: Spanisch

Seitenzahl: 260

Veröffentlichungsjahr: 2022

Beschreibung

Entre las ofertas de campaña electoral para conquistar la presidencia por parte de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales se encontraban las ideas fuerza de "la democratización de la comunicación" y "la comunicación como un derecho". Estas ideas se justificaron por el escaso acceso y participación de la mayoría de la población a los medios, la hegemonía de estos y el involucramiento de varios grupos económicos con el mayor número de frecuencias de radio y televisión. Estas ideas fueron plasmadas en las nuevas constituciones de los tres países y luego en la redacción de leyes ordinarias y orgánicas de comunicación, en donde si bien se trataba de reivindicar a los segmentos excluidos, distribuir de manera distinta las frecuencias de radio y TV y evitar los monopolios mediáticos, no obstante, las iniciativas transgredieron los instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos como el Pacto de Costa Rica de 1969. En este libro se profundiza la aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador sin perder de vista el contexto de los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI en la región.

Leseprobe

En el ojo del huracán: Ley de Comunicación en Ecuador

©César Ulloa

©María Dolores Miño

© Universidad de Las Américas

Facultad de Comunicación y Artes Visuales

Campus Granados

Avenida Granados y Colimes

www.udla.edu.ec

Facebook: @udlaQuito

Quito, Ecuador

Primera edición: noviembre, 2020

EDICIÓN

Susana Salvador Crespo

Coordinadora Editorial UDLA

CUIDADO DE LA EDICIÓN

Fabricio Cerón Rivas

Analista Editorial UDLA.

CORRECCIÓN Y ESTILO

FLAP Servicios Editoriales

DISEÑO DE CUBIERTA

Andrea Gómez

DIAGRAMACIÓN

Andrea Gómez

EDITORIAL

UDLA Ediciones

IMPRESIÓN

Noviembre, 2020

ISBN: 978-9942-779-29-8

Gracias por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra, sin la debida autorización. Al hacerlo está respetando a los autores y permitiendo que la UDLA continúe con la difusión del conocimiento.

Reservados todos los derechos. El contenido de este libro se encuentra protegido por la ley.

Impreso en Quito, Ecuador

Antes de su publicación, esta obra fue evaluada bajo la modalidad de revisión por pares anónimos.

Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions

Agradecimientos

La publicación de este libro fue posible gracias al empeño y el entusiasmo de un grupo formidable de personas que, desde los diversos roles y funciones que desempeñan en la Universidad de Las Américas (UDLA), entregaron desinteresadamente sus aportes para el cumplimiento de este propósito. Es una iniciativa original debido a su enfoque multidisciplinario, así como a la profundidad en el tratamiento de un tema tan sensible para la sociedad como es la libertad de expresión, elemento constitutivo de la democracia.

Nuestro reconocimiento a los decanos de las facultades de Derecho y de Comunicación y Artes Audiovisuales, Alexandra Vela y Carlos Jijón, respectivamente, quienes se apropiaron de un tema de vital importancia para entender la relación entre el Estado y la sociedad en lo que se refiere a los derechos, las libertades y las garantías de opinión, expresión y prensa, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el gobierno del expresidente Rafael Correa en el año 2013, y el lugar de esta normativa en un contexto comparado más amplio, es decir, en los gobiernos de la región que siguieron un guion similar.

Sin duda, la realidad no fue la misma en Ecuador, debido a la sensibilidad que implicó convivir con esta norma y la afectación en el ejercicio legítimo y pleno de los derechos civiles y políticos por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y los líderes de opinión, sin perder de vista el papel activo de los diferentes medios alternativos y digitales como una manifestación emergente ante un ambiente de controversial censura y control de contenidos.

Este libro fue tomando contenido y continente, gracias a un proyecto elaborado por las facultades de Derecho y Comunicación y Artes Audiovisuales bajo la responsabilidad directa de los docentes investigadores César Ulloa y María Dolores Miño, y fue presentado al concurso anual de propuestas que promueve la Universidad para ser evaluadas bajo la modalidad de pares ciegos por parte de la Dirección General de Investigación.

El libro que tienen en sus manos también contó con la colaboración de Esteban Ponce, docente de la carrera de Periodismo, quien coordinó un grupo de estudiantes en la tarea de investigación documental: Diego Montalvo, Karla Espín y Maité Montalvo. No podemos dejar de mencionar a Juan Villalobos, docente de Comunicación Corporativa, por su apoyo en la revisión bibliográfica de corte comparativo y el aporte de las estudiantes Samantha Bunay, Polet Benso y Andrea Terán en procesos de sistematización y procesamiento de información. También expresamos nuestro reconocimiento a Juan David Martínez, quien fue el responsable de la obtención y procesamiento de la evidencia empírica y la construcción de datos numéricos. También, no podríamos dejar de mencionar nuestro reconocimiento a los revisores, a pesar de no conocerlos, por los sesudos comentarios y orientaciones.

Esta investigación abre un abanico de más preguntas y nuevos senderos en la exploración de un tema de alta sensibilidad y conciencia ciudadana. De manera anticipada agradecemos sus comentarios, críticas y sugerencias, los que sin duda alimentan nuestra vocación por encender luces en algunos rincones que se mantienen todavía en cierta opacidad.

Contenidos

Prólogo

Introducción

Capítulo primeroPolíticas de comunicación en América Latina en perspectiva comparada

Leyes de comunicación en los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI

Venezuela y «los cuatro jinetes del apocalipsis»

Crisis de los partidos y bienvenida al sistema de partido predominante/gobernante

Capital político de los mandatarios, oposición débil y fragmentada

Primeras pistas

Capítulo segundoLas obligaciones de Ecuador en materia de libertad de expresión, aplicables a la Ley Orgánica de Comunicación

Sentido y alcance del derecho a la libre expresión en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El derecho de información y el periodismo: su importancia en una sociedad democrática

Conclusiones del capítulo

Capítulo terceroControl de la opinión pública y el sistema de comunicación del Estado. Decisiones administrativas de la Supercom 2014-2017

Extrema personalización del Presidente

La Ley Orgánica de Comunicación en contexto

La LOC desde adentro

La instrumentalización de la Supercom

Discrecionalidad en la aplicación de la LOC

Aplicación del Art. 60. Identificación y clasificación de los tipos de contenidos

Conclusiones de capítulo

A manera de cierre

Referencias

Notas al pie

Prólogo

En el ojo del huracán: Ley de Comunicación en Ecuador es una publicación que tiene una gran virtud: esboza nuevos caminos para la exploración de un tema de extrema jerarquía para la salud cívica, el fomento de la conciencia ciudadana y la consolidación de la democracia.

La plena vigencia de la libertad de expresión reviste una importancia singular: es imprescindible para el fortalecimiento de un sistema democrático y para la realización del ser humano, así como para el progreso de la sociedad. Según establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión

es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. (CIDH, 1985 año)

No hay país en el mundo donde la libertad de expresión no sea motivo de preocupación y de análisis por sus inevitables vínculos con aspectos económicos, políticos, culturales y sociales. En la búsqueda de su libertad, el ser humano ha soportado muchos momentos difíciles. El camino hacia ella no es fácil y por ello es más importante su valor. La libertad no consiste en hacer lo que se nos ocurre, sino en tener derecho a hacer lo que debemos.

Otro aspecto importante de este libro es el análisis comparado de la legislación en materia de comunicación. No cabe duda de que, existiendo interdependencia, globalización e integración en el mundo, el derecho comparado no es solo una herramienta indispensable para la cultura jurídica, sino que, además, nos permite darnos cuenta en qué situación se encuentra nuestra legislación y de qué manera podemos mejorarla y desarrollarla en armonía con la legislación que consideramos más avanzada o desarrollada.

La finalidad es encontrar las diversas posibilidades de acercamiento entre los diferentes sistemas jurídicos. La comparación de las distintas soluciones que ofrecen los distintos ordenamientos jurídicos para casos similares permite el análisis de las diferencias estructurales entre los sistemas jurídicos. En este estudio, los autores detectaron coincidencias en los conceptos restrictivos que coartan la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa.

En la actualidad el interés por el derecho comparado rebasa el ámbito exclusivamente académico y se extiende hacia horizontes prácticos. De una o de otra manera, el derecho comparado comprende tanto el proceso metodológico de la comparación como los resultados de los procesos de análisis, equiparación e incluso homologación de los aspectos abordados, como una propuesta de solución.

Y si hablamos de derechos, la comunicación como objeto de análisis social, así como sus impactos en la calidad de vida de los pueblos, fue motivo de principal preocupación entre los años 60 y 80. Esta previsión por parte de las Naciones Unidas posibilitó que desde la UNESCO se realice un estudio de ámbito mundial para conocer los problemas de la comunicación.

Esta iniciativa dio como resultado el documento «Voces Múltiples, Un Solo Mundo», que inicia con un diagnóstico y culmina en el planteamiento de un conjunto de propuestas que promueven un «nuevo orden comunicacional», la paz y el desarrollo de los pueblos: «más justicia, más equidad, más reciprocidad en el intercambio de la información, menos dependencia de las corrientes de comunicación, más autoconfianza e identidad cultural, más beneficios para toda la humanidad». Este trabajo se realizó bajo la responsabilidad del premio Nobel de la Paz Sean MacBride.

Los cuestionamientos y la resistencia a la dependencia cultural generaron los rasgos de una nueva forma de comunicación articulada al desarrollo. Se trata de una postura crítica frente al orden internacional de la información que implica la adopción de políticas nacionales de comunicación. Es decir, del cuestionamiento nace un renovado marco de pensamiento y acción que apunta a la democratización de la sociedad.

La comunicación vinculada al desarrollo supone diálogo y participación, coloca su aporte en el centro de la construcción del desarrollo y en el ejercicio de formas de poder como una acción de carácter estratégico que afecta propositivamente las culturas políticas, el rol del Estado y a la propia democracia.

En otro orden, pero en la misma perspectiva, los autores de la obra establecen que la palabra democracia es una de las más significativas y relevantes del léxico político de la actualidad. La democracia se basa en la división de poderes, lo cual significa que las funciones del Estado no se concentren en una sola persona y, también, en la periodicidad de los funcionarios, con el objetivo de impedir su permanencia indefinida en los cargos.

Durante muchos años, diversos sectores sociales han acusado a la democracia de ser un sistema inestable, que promueve la corrupción, genera caos y no favorece las decisiones importantes; sin embargo hay otras razones que la hacen importante para el buen funcionamiento de los países en los que se la practica.

Por las debilidades y los múltiples cuestionamientos que se plantearon fue tomando forma la idea de la refundación del Estado, la cual inició en Venezuela mediante la Asamblea Nacional Constituyente o la V República con la finalidad de crear y consolidar en el tiempo un conjunto de nuevas reglas del juego económicas, políticas y sociales. Siguieron con esta iniciativa Bolivia en 2006 y Ecuador en 2008. En materia constitucional, Argentina no asumió esta propuesta.

Entre las nuevas reglas de la refundación se instauró una particular división entre los poderes del Estado mediante la creación de otras funciones, como el Poder Popular en Venezuela, la Función de Transparencia y Control Social en Ecuador y la Electoral en Bolivia y Ecuador.

Las nuevas funciones antagonizan con el esquema de Montesquieu, quien había propuesto en el siglo XVII, desde Francia, la división del Estado en tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con lo cual se creaban pesos y contrapesos.

Los gobiernos denominados bolivarianos por iniciativa de Hugo Chávez, con la asesoría de académicos españoles, quienes también participaron en otros países de la Región, implementaron un nuevo modelo político de corte hiperpresidencialista, en el cual se otorgó facultades extraordinarias a los mandatarios y se debilitó a la función legislativa en su competencia de fiscalización. Además, se organizó una campaña sistemática para debilitar a los partidos políticos opositores y dar paso a un sistema con un partido dominante.

Estas reformas fueron factibles por cuanto simultáneamente los gobiernos del Socialismo del siglo XXI se beneficiaron de cuantiosos ingresos económicos, lo cual les permitió implementar programas sociales para segmentos de la población en situación de pobreza. Los beneficiarios de estas acciones correspondieron con el voto a los dirigentes de estos gobiernos, a pesar de que no estaba garantizada la sostenibilidad de estos programas.

El eje de la comunicación política fue fundamental en esta etapa. El mundo entró vertiginosamente en la era digital: la sociedad de la información y la adopción de tecnologías informáticas fueron de gran impacto en la opinión pública, como en el caso de las redes sociales, las plataformas periodísticas en la red y la potenciación de los medios audiovisuales.

Con sagacidad se implementó un «Estado de Propaganda» con normas que permitieron afianzar sistemas de comunicación, creación de medios y agencias de noticias. Estas estrategias no son nuevas, pues desde la primera y la segunda guerras mundiales el manejo de la comunicación se convirtió en una pericia estructurada por el poder político con el objetivo de manipular la opinión pública.

Las ideas y los programas los vendieron bien, con el soporte de intensas campañas de comunicación. Chávez, Correa y Morales plantearon «la democratización de la comunicación», «la comunicación como un derecho» y el respeto a las libertades. Estas ideas impactaron en la población afectada por las inequidades que subsisten en nuestros Estados.

El propósito era evidente: el control de la opinión pública y la configuración de un Estado de propaganda por parte de los gobiernos autodenominados como revolucionarios. Este libro desnuda las estrategias y analiza la arquitectura de las leyes que dan vida y soportan el nuevo estilo de gobierno que empieza y se manifiesta en las constituciones que se aprueban en Venezuela, Ecuador y Bolivia, en las cuales se pone énfasis en la democratización de la comunicación, iniciativa que continúa con la aprobación de las leyes de comunicación, ordinaria en Venezuela y orgánicas en Bolivia, Ecuador y Argentina.

Los nuevos instrumentos jurídicos tienen múltiples similitudes, proponen la creación de instituciones públicas que controlen, regulen y censuren contenidos y que tienen como complemento la creación de un sistema de comunicación con medios públicos a los cuales se les asignan varias responsabilidades, como la promoción de las acciones de sus gobiernos; sobredimensionar las cualidades de sus mandatarios; promover a los gobiernos como los grandes transformadores de la vida de la comunidad. Otro de los objetivos básicos que se impusieron fue contrarrestar la aceptación que tenían las investigaciones de los medios privados y descalificar e invisibilizar a los opositores que les resultaban incómodos.

Hacen bien los autores en precisar que, como denominador común, tanto la Ley Mordaza de Venezuela, como la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana fueron cuestionadas por ser contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, aspecto que fue criticado por los Relatores Especiales de la OEA y de las Naciones Unidas. Con acierto establecen que, en las leyes de Venezuela y Ecuador se enfatiza en el control, la censura y la regulación de contenidos, en tanto que las de Bolivia y Argentina plantean una nueva distribución de las frecuencias de radio y televisión en la que se incluyen los medios públicos y comunitarios. Esta iniciativa pretendía «democratizar» la concesión de frecuencias entre los medios privados.

En Ecuador se convocó a un concurso para redistribuir las frecuencias de radio y televisión, proyecto que no pudo concluir por los errores técnicos y los procedimientos ilegales que fueron demostrados por el observatorio de frecuencias, razones por las cuales la Contraloría ecuatoriana no tuvo otra alternativa que reconocer las irregularidades denunciadas y descalificar el proceso.

Un hecho insólito que no debemos olvidar es que el extitular de la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) es investigado por la modificación de una parte del texto de la Ley Orgánica de Comunicación, que según la Fiscalía fue adulterada para sancionar a los medios de comunicación.

El trabajo de César Ulloa y María Dolores Miño es analítico y propositivo. Razonada y ordenadamente establecen la relación ética que tiene la comunicación con el desarrollo humano, combinando la democracia con el respeto a los derechos humanos y la calidad de vida en la sociedad. Proponen la defensa de la comunicación respetando estándares internacionales y promoviendo políticas ciudadanas para una gestión democrática, el reordenamiento de los espacios políticos, en el entendido de que la comunicación tiene la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio y constituye una herramienta fundamental para modernizar nuestras sociedades con la incorporación de nuevas tecnologías al servicio del crecimiento económico y la superación de las inequidades.

En conclusión, y considerando que los ejes vertebradores de la obra son los derechos humanos y la libertad de expresión, podemos afirmar que la comunicación es un derecho irrenunciable de los pueblos, es una obligación que deben respetar los gobiernos y constituye un compromiso ético de los periodistas y de los medios de comunicación. Este mensaje condensa el importante trabajo de los autores de En el ojo del huracán: Ley de Comunicación en Ecuador.

Edgar P. Jaramillo S.

Abogado y comunicador

Quito, julio de 2020

Introducción

La emergencia de los gobiernos del Socialismo del siglo XXI en América Latina a finales de los años 90 y la primera década del 2000 puso en discusión el rumbo de la economía, la democracia, el papel de las instituciones del sistema político, las relaciones internacionales, los derechos humanos y el medio ambiente. Este giro a la izquierda en la región no hubiese sido posible sin la mixtura de varias condiciones políticas, sociales y económicas similares en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. Entre ellas se puede mencionar el declive y desaparición del sistema tradicional de partidos y una nueva correlación de fuerzas, los coletazos del fracaso de las recetas de los multilaterales de crédito, el descrédito de la política y las élites, el agotamiento de las instituciones del Estado frente a las demandas ciudadanas. En países como Chile y Uruguay también llegaron al poder presidentes de la misma tendencia, pero en la administración de la cosa pública llevaron a cabo modelos diferentes, sobre todo en la conducción de la economía y la relación entre los poderes del Estado, por lo cual resulta más adecuado hablar de las izquierdas.

Este contexto en la región andina y en la Argentina fue sintonizado con gran sensibilidad por líderes de corte carismático que emprendieron una estrategia populista desde el inicio de sus mandatos. El primero en llegar al poder fue el teniente coronel (sp) Hugo Chávez Frías en Venezuela (1999), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Corea en Ecuador (2007). Pese a que sus trayectorias personales y políticas son diferentes, sin embargo, gestaron propuestas políticas similares y, en algunos casos, adaptaron de sus socios varias cosas. La idea de la refundación del Estado despegó en Venezuela mediante la Asamblea Nacional Constituyente o la V República con la finalidad de crear y consolidar en el tiempo un conjunto de nuevas reglas de juego en lo concerniente a los temas económicos, políticos y sociales. Siguió con esta iniciativa Bolivia en 2006 y Ecuador en 2008. Este fenómeno no se produjo en Argentina en materia constitucional.

Entre las nuevas reglas de la refundación de la patria, se instauró una particular división entre los poderes del Estado mediante la creación de otras funciones como el Poder Popular en Venezuela, la Función de Transparencia y Control Social en Ecuador y la Electoral en Bolivia y Ecuador. Las nuevas funciones se contrapusieron al esquema del Barón de Montesquieu, quien había propuesto en el siglo XVII, desde Francia hacia el mundo, una lógica y división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pesos y contrapesos. Los gobiernos, también llamados bolivarianos por iniciativa de Hugo Chávez, implementaron un nuevo modelo político de corte hiperpresidencialista, en el cual se otorgó facultades extraordinarias a los mandatarios y se debilitó al Legislativo en su competencia de fiscalización, además de haber orquestado una campaña sistemática para debilitar a los partidos políticos opositores y dar paso a un sistema de partido predominante.

La emergencia de líderes de izquierda coincidió en el mismo momento histórico e hizo posible que varias propuestas se hayan concretado, como la integración Sur-Sur con la implementación de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esta estrategia replanteó las relaciones internacionales de la región desde adentro hacia afuera, sobre todo con los Estados Unidos (EE.UU.), y se trató de tomar distancia en temas de seguridad y financiamiento. La posibilidad de acelerar los procesos de integración se produjo en la década de mayor boom económico por la exportación de materias primas y los altos precios de los hidrocarburos. Un país como Brasil, que también contó con un presidente de la tendencia, Lula da Silva, encabezó una cruzada de mayor cobertura por su rol protagónico mundial: integró el G13, es decir, el de las ocho naciones más ricas del mundo más las cinco que integran el bloque de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Este panorama evidencia una época de grandes cambios y transformaciones en América del Sur y el mundo.

El boom económico en los gobiernos del Socialismo del siglo XXI permitió que se lleven a cabo programas sociales de gran cobertura para segmentos de la población que han estado históricamente en situación de pobreza, como el Bolsa de Familia en Brasil, las misiones sociales en Venezuela, el mejoramiento de infraestructura educativa y de servicios en Ecuador, la progresividad de los derechos de los adultos mayores en Argentina, la inclusión social de la población indígena en Bolivia, el plan educativo en Uruguay, entre los más sobresalientes. Los beneficiarios fidelizaron el voto por los líderes de izquierda, pero no hubo claridad acerca de la sostenibilidad de los programas sociales, sobre todo en épocas de crisis. En varios países, como Ecuador, Venezuela y Bolivia, se produjo un intercambio de derechos socioeconómicos por los civiles y políticos, es decir, a cuenta de que los gobiernos mejoraron la situación de la gente se justificó la censura y judicialización hacia quienes se pusieron en la orilla de la oposición, entre ellos los medios masivos de comunicación privados, líderes de opinión, políticos opositores y activistas sociales.

El éxito político de los gobiernos del giro a la izquierda en la región andina se sostuvo en varios factores como el liderazgo de los presidentes con altos niveles de aceptación y credibilidad a lo largo de sus períodos, sistemas de comunicación gubernamentales y púbicos que fueron configurando un Estado de propaganda, una economía de oportunidades, una oposición fragmentada y débil, un diseño institucional controlado por la función Ejecutiva. Sin embargo, uno de los pilares fue el apoyo popular expresado en las urnas debido a un modelo de democracia plebiscitaria, en el cual la ciudadanía concurría a las urnas para refrendar el mandato de sus gobernantes. No obstante, el control del Estado por parte de los líderes bolivarianos también promovió que las elecciones no sean competitivas, ya que los opositores jugaban con cancha inclinada al no poder enfrentar al Estado convertido en una maquinaria electoral.

El eje de la comunicación política fue fundamental en esta etapa de la región, aunque no sea exclusiva de ella. El mundo había entrado en la era digital, la sociedad de la información y el conocimiento con tecnologías informáticas de gran repercusión en la opinión pública, como las redes sociales, las plataformas periodísticas en la red y la potenciación de los medios audiovisuales. El imperio de la imagen y la configuración de los telepresidentes se exacerbaron. Los gobiernos del giro a la izquierda no estuvieron exentos de usar y potenciar estos recursos, no solo en el plano de la forma y el instrumento, sino, y sobre todo, desde la implementación de un Estado de propaganda en normas, sistemas de comunicación, creación de medios y agencias de noticias. Cabe explicar que estas estrategias no son nuevas, pues desde la Primera y la Segunda Guerras Mundiales (1914-1945), el manejo de la comunicación se convirtió en una estrategia estructurada por el poder político que tenía como objetivo la configuración manipulada de la opinión pública. Sin el afán de establecer comparaciones, y con la distancia del caso, en la Alemania del Tercer Reich, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, se creó el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda, que estuvo dirigido por Joseph Goebbels, a quien se atribuye el descubrimiento y la potenciación de la propaganda política como máximo medio de control. En esa misma época, entre guerras, surgen los primeros estudios acerca de los efectos de la propaganda desde una perspectiva comunicacional bajo la autoría de Laswell (1927), Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial.1 Es decir, hay una larga data al respecto sobre este fenómeno, sin embargo la contemporaneidad exige nuevas lecturas debido al nuevo tipo de sociedad, en donde las mediaciones entre la ciudadanía y el Estado se producen desde Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, y la emergencia de las redes sociales, sin que ello signifique que solo desde ahí se agotan los mecanismos de persuasión política, pero sí que tienen un gran despliegue y cobertura en la población.

Entre las ofertas de campaña electoral de Chávez, Correa y Morales, antes de convertirse en presidentes, estaban las ideas fuerza de la democratización de la comunicación, la comunicación como un derecho y el respeto a las libertades. Estas ideas se justificaron por el escaso acceso y participación de los segmentos de la población en condición de pobreza en los medios como protagonistas de la vida cotidiana, la hegemonía de los medios privados y algunos grupos económicos que contaban con el mayor número de frecuencias de radio y televisión, y el poder que ejercían en la opinión pública ciertos líderes de opinión. Asimismo, no se puede perder de vista el escaso acceso a la sociedad red por parte de un amplio segmento. Estas ideas fueron plasmadas en las nuevas constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en el sentido de dotarle a la comunicación de un estatus de derecho, y luego en la redacción de leyes orgánicas de comunicación, en donde si bien se trataba de reivindicar a los segmentos excluidos, distribuir de manera distinta las frecuencias de radio y TV y evitar los monopolios mediáticos, no obstante las iniciativas transgredieron los instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos, como el Pacto de Costa Rica de 1969 en su Art. 19. A los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI les resultó incómodo contar con una prensa que no hizo coro a sus actuaciones. Así también estos gobiernos tuvieron que enfrentar a sectores opositores que, al hacer pleno ejercicio de las libertades de expresión y opinión, fueron judicializados y censurados, sobre todo con el uso discrecional de las leyes de comunicación como adelante se explica.2

La relación de los gobiernos con los medios tuvo momentos diferenciados en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina. En los dos primeros hay registros de cordialidad al inicio, así como de promoción electoral de los candidatos Chávez y Correa.3 Esto también se observó con Néstor Kirchner, pero no así con Evo Morales, quien tuvo una relación compleja y de tensiones con la prensa desde el comienzo de su vida pública. Hay un segundo momento, en el cual los expresidentes de Venezuela y Ecuador entraron en disputa con los medios porque estos últimos comenzaron a criticar sus gestiones y tomaron posturas. Y un tercer momento en el que se declaró prácticamente una guerra mutua. Los medios habían pasado a ocupar el lugar de la oposición (los enemigos) por decisión de los gobiernos. A manera de digresión, cabe mencionar que el populismo se distingue de otro tipo de estrategias políticas por la polarización y la manera de crear enemigos por parte de los líderes para que el pueblo perciba que el Mesías redentor permanece en constante combate con sus opositores, los enemigos del pueblo. A falta de poderes independientes, los medios investigaron y «fiscalizaron» a estos gobiernos. En contraposición, los gobiernos crearon grupos de medios públicos y gubernamentales a su medida.

La estrategia política enfocada al control de la opinión pública y la configuración de un Estado de propaganda por parte de los gobiernos del giro a la izquierda que en este libro se estudian, tiene un recorrido que empieza y se manifiesta en las constituciones de los países de Venezuela, Ecuador y Bolivia, en las cuales se pone énfasis en la democratización de la comunicación, continúa con la iniciativa y aprobación legislativa por parte de las Asambleas y el Senado de cada país de las leyes de comunicación (ordinaria en Venezuela y orgánicas en Bolivia y Ecuador), persiste en la creación de instituciones públicas que controlan, regulan y censuran contenidos y aterriza en la creación de un sistema de comunicación que posibilitó la emergencia de medios públicos y gubernamentales que tuvieron varias misiones: a) sobredimensionar las cualidades reales y ficticias de los mandatarios, b) provocar un escenario de omnipresencia de los gobiernos en la vida pública como elementos transformadores de la vida cotidiana, c) contrarrestar las investigaciones de los medios privados y d) descalificar e invisibilizar a los opositores o cualquier actor o colectivo social que les resultase incómodo.

Como denominador común, tanto la Ley Mordaza de Venezuela, como la LOC ecuatoriana, fueron ampliamente criticadas por ser contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, algo que fue permanentemente reiterado por los Relatores Especiales en la materia, tanto desde la OEA como desde el sistema de Naciones Unidas. Ello, porque en los dos casos establecían en realidad un régimen de control, hegemonía de la opinión pública y transgresión de los derechos y las libertades de expresión e información. Sin embargo, estas normas se distinguen entre sí, puesto que las leyes de Venezuela y Ecuador ponen énfasis en el control, censura y regulación de contenidos, mientras que las de Bolivia y Argentina plantean una nueva correlación de cobertura por parte de los medios debido a la implementación de mecanismos para distribuir las frecuencias de radio y televisión de forma distinta y bajo una lógica equitativa, en la que se incluyen los medios públicos y comunitarios. Esta iniciativa pretendió desmonopolizar la presencia mediática de grupos tradicionales que controlaban los medios privados. Algo similar se planteó en Ecuador con polémicas interminables por el cuestionamiento que tuvo la concesión de frecuencias.

Un aspecto que no podría pasar por alto es que la favorable correlación de fuerzas de los gobiernos de Chávez, Correa, Morales y Cristina Fernández de Kirchner permitió que las leyes de comunicación sean aprobadas en las asambleas y el senado por haber contado con amplias mayorías. Para los casos de Venezuela y Ecuador, la aprobación estuvo contextualizada de conflicto político por la compleja relación de los gobiernos con los medios. Para el primer caso, Chávez los había acusado de protagonistas del golpe de Estado en su contra en 2002, mientras que para el segundo había sucedido algo similar después de la revuelta policial y militar en Ecuador el 30 de septiembre (30S) de 2010. En Argentina, la aprobación de la ley se produjo en un escenario de conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín, quien apoyó los reclamos del sector agropecuario contra la política gubernamental. En lo que se refiere a Bolivia, la ley se aprobó en un contexto de cuestionamientos a Evo Morales porque varios sectores dijeron que solo esto le faltaba para controlar el Estado.