Breve historia de la Segunda República española. Nueva edición color E-Book
Luis E. Íñigo Fernández
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- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Breve Historia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Un repaso por el periodo más emocionante e intenso de la historia de España. Este libro permite descubrir cómo y por qué, sin un solo acto de violencia, un monarca dejó su trono y dio paso a la primera democracia española. Conoce de qué modo unas elecciones municipales decidieron el futuro de un régimen que había perdido la fe en sí mismo. Aprende cómo un gobierno de consenso se desgajó al poco en facciones irreconciliables que terminarían por hacer inviable la República. Descubre cómo se enfrentaron los republicanos de izquierda y los socialistas a grandes problemas que llevaban más de un siglo sin resolver. Averigua de qué modo trataron de reformar el Ejército, tan abundante en oficiales como pobre en medios y formación. Comprende la reforma agraria que pretendió devolver la esperanza a dos millones de jornaleros sin tierra y la reforma educativa que sembró el país de escuelas y maestros. Conoce el Estado integral de la república y compáralo con el actual estado de las autonomías. Descubre la política social de un régimen que se proclamó República de trabajadores de todas las clases. Emociónate con las intensas luchas entre los partidos republicanos y contempla las profundas rencillas que brotaron entre sus líderes. Sigue a los mineros asturianos en su sueño de construir el primer estado proletario de la Europa Occidental. Bucea en las causas de la mayor guerra civil de la historia de España y descubre por qué la República fue incapaz de derrotar a los militares que quisieron derribarla en julio de 1936 y acompáñala en su difícil periplo por el exilio hasta la extinción formal de sus instituciones en 1977.
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BREVE HISTORIA DE LASEGUNDAREPÚBLICAESPAÑOLA
Luis E. Íñigo Fernández
Colección:Breve Historia
www.brevehistoria.com
Título:Breve historia de la Segunda República española
Autor:© Luis E. Íñigo Fernández
Copyright de la presente edición:© 2022 Ediciones Nowtilus, S. L.
Camino de los Vinateros 40, local 90, 28030 Madrid
www.nowtilus.com
Elaboración de textos:Santos Rodríguez
Diseño y realización de cubierta: Onoff Imagen y Comunicación S.L.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjasea CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com;91 702 19 70 / 93 272 04 47).
ISBN edición digital:978-84-1305-250-2
Fecha de edición:marzo 2022
Prólogo: ¿Por qué?
¿El libro empieza como acabará? No exactamente,
¿o sí?
Luis Íñigo, el autor de esta ya indispensable reflexión al alcance de todos, de casi todos, se formula la misma pregunta al final del volumen que te propones leer. «¿Por qué?». Y esa misma cuestión la lanzo al aire antes de que comiences tu singular aventura para que no pierdas de vista cuál es el objeto de este libro... Para que reflexiones, con la imprescindible ayuda de un experto, a tu lado siempre, para que no te dejes llevar por las emociones que muy probablemente te impulsaron a leer un libro que trate sobre la Segunda República española. Mejor dicho, para que no te abandones únicamente a ellas.
Pero antes otra pregunta, también planteada por el autor, en este caso al final del primer e introductorio capítulo: ¿estarían los republicanos a la altura de la oportunidad que la Historia les regalaba? ¿Lo estuvieron? No es que los libros de Historia hayan de enjuiciar el pasado, pero hay asuntos del pasado que se prestan, se prestaron desde siempre quizás, a ello.
Y el infeliz paréntesis que representa este periodo histórico en la peripecia vital de los que vivieron y vivimos en España ha sido desde hace décadas eso: pasto del juicio de unos y otros, no siempre de historiadores, peor aún, casi nunca de historiadores. Y Luis lo es. Luis Íñigo es un historiador, señores, palabras mayores. No un burdo acomodador de palabras a los intereses de los poderosos o de los tenidos a sí mismos por progresistas. Ni un adulador, ni un feroz crítico ajeno a la razón y al sentido común de los eruditos verdaderos.
No hay en este libro un solo grupo, o partido, o sector, y menos aún persona, tenidos por culpables; pero tampoco aquí hallarás el irrelevante e incluso perverso reparto de culpas que pretende mostrar una bonhomía realmente alejada de los buenos usos historiográficos e incluso de los buenos usos meramente literarios. No, el autor no reparte ni certificados de calidad española o de calidad histórica; ni tampoco raciona bofetadas inculpatorias a diestro y siniestro. No hay buenos ni malos, pero tampoco hay errores sin sus protagonistas ni provocativos dislates sin sus promotores.
Aunque sabes desde el principio que te encuentras frente a un relato que acaba mal –y de hecho lo hace, pero un poco menos, porque el autor trae la historia de la Segunda República hasta la democracia que disfrutamos los españoles y, con ello, no permite que termine con un final tan desdichado–; aunque sepas cuál es el desenlace de lo iniciado aquel ya tan lejano mes de abril del año 1931, no te preocupes: el autor te mantendrá en el vilo con el que las buenas lecturas suelen mecer a los que sentimos la irresistible atracción por los escritores buenos, por los escritores como Luis Íñigo.
Y ahora me permito pedirle prestadas al autor algunas de las palabras con las que nos convenció de lo pertinente de incluir su Breve historiade laSegunda República española en esta colección. Ahí van.
Esta obra analiza con rigor y amenidad el periodo más emocionante e intenso de la historia de España. Explica cómo y por qué, sin solución alguna de continuidad, pero también sin un solo disparo, sin un solo acto de violencia, un monarca dejó su trono y, como luego se repetiría una y otra vez, el país se acostó monárquico y se levantó republicano, abriendo, por vez primera, la posibilidad de regir los destinos de la nación a un gobierno que iba a enfrentarse con decisión, aunque no siempre con acierto, a los graves problemas que los españoles venían sufriendo desde los orígenes mismos de la monarquía liberal, más de un siglo atrás. Y es que, la República fue, para muchos españoles un sueño que se hacía realidad y una esperanza cierta de que el país podría al fin salir de su atraso secular y ponerse a la altura de los más avanzados de Occidente. [...]
Por desgracia, aquellas políticas no llegarían a consolidarse, y la obra explica con claridad el motivo de que así fuera. [...]
[Luego], el centro y la derecha, reorganizados tras la sorpresa inicial que para ellos supuso la proclamación de la República, ganarán las elecciones en noviembre de 1933. [...]
Pero, una vez más, se trató de una esperanza vana. Las contradicciones de la nueva coalición gobernante, que el libro expone en toda su crudeza, no serán menores que las de la anterior [y,] tras una revolución frustrada en Asturias y Cataluña, que fue reprimida con inusitada dureza, [la derecha menos republicana y menos monárquica] impuso su dirección al nuevo gobierno y no solo frenó las reformas, sino que desmontó en unos meses casi toda la obra de los gabinetes [del primer bienio].
[A] finales de 1935, y en una Europa en la que el choque entre fascismo y comunismo se veía cada vez más cercano, España se hallaba dividida. Izquierda y derecha, organizadas en bloques antagónicos, no parecían tener nada en común. Para muchos ciudadanos, lo que se jugaba en las elecciones que habían de celebrarse era a vida o muerte. En las urnas se decidía solo entre dos opciones: la revolución o la reacción. El país votó y, por un escaso margen, dio la victoria a la izquierda, pero el problema no parecía ya tener solución en el terreno de la política. Como tantas veces en la historia de España, los españoles volverían a decidir sus diferencias en el campo de batalla. En julio de 1936, un golpe de Estado fallido llevó al país a una nueva guerra civil. El análisis de estos últimos meses del régimen, a la vez minucioso y sugerente, no dejará sin responder la pregunta clave de la historia contemporánea española:
¿por qué fracasó nuestra primera democracia?
Y volvemos al principio de este prólogo: ¿por qué?
Pero será mejor que leas ya sin más distracciones el libro de Luis Íñigo, uno de los pocos en los que se aborda en tan escasas páginas tan espinoso, polémico, abigarrado y poderosamente atrayente periodo; y más aun, sin duda el único que, además, lo hace con la intención divulgativa y de fácil pero rigurosa exposición que es tan cara a esta colección.
Es, sin duda, este volumen el único que dedica el espacio suficiente a la gran pregunta: ¿por qué fracasó el que es sin duda el verdadero primer experimento democrático español?
Ya acabo. Vuelvo a las palabras de nuestro autor, esta vez a aquellas con las que condensó en su momento lo que quería lograr, y finalmente ha logrado, con este volumen: «contar qué pasó, explicar cómo pasó, descubrir por qué un régimen que nació acompañado de la mayor oleada de entusiasmo popular de nuestra historia pudo terminar en los horrores de una guerra civil».
Espero, y estoy convencido de ello, que cuando termines la lectura de este libro tendrás la respuesta, tu respuesta. Para eso, en última instancia, sirve la historia.
José Luis Ibáñez
1
España en la encrucijada. Los difíciles comienzos del siglo XX
La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible; nosotros venimos ante todo con la realidad; nosotros no hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos, sino todo lo que en este instante puede aplicarse sin peligro.
Antonio Cánovas del Castillo:Discurso parlamentario.
UNA CALMA APARENTE
A lo largo del espasmódico siglo XIX, pródigo en revoluciones y guerras civiles, en el que cada partido trataba de elevar a rango de constitución su propio programa político, muchos observadores pudieron considerar cierto el famoso adagio en virtud del cual los españoles eran un pueblo ingobernable, tan entregado a sus querellas intestinas que parecía incapaz de progresar. Sin embargo, las cosas parecieron cambiar en el último cuarto de la centuria. Un estadista de primer orden, espécimen bien escaso hasta entonces en la arena política del país, arrostró al fin la tarea de ofrecer a sus compatriotas un régimen capaz de hacer compatibles el orden y el progreso, sirviendo a un tiempo de marco jurídico en el que pudiera desarrollarse sin violencia el juego de los partidos. Ese hombre fue Antonio Cánovas del Castillo, y el régimen que diseñó, una monarquía basada en el turno pacífico entre dos formaciones moderadas de signo contrario, sería conocido como la Restauración.
Durante veinte años, España figuró haber encontrado al fin su propio camino hacia la modernidad. Los problemas más urgentes parecían resueltos. En 1876, una nueva Carta Magna, conservadora, pero flexible, se ofrecía como instrumento capaz de permitir, por vez primera en la agitada historia constitucional del país, que izquierdas y derechas se alternaran en el poder sin necesidad de cambiarla. Ese mismo año, el carlismo, fuerza reaccionaria empeñada en devolver a la sociedad española a su pasado agrario y teocrático, fue derrotado por la fuerza de las armas. Dos años después, la paz del Zanjón, que prometía a los rebeldes la autonomía, el indulto y la abolición de la esclavitud, puso también fin a diez largos años de guerra en Cuba, la más importante de las provincias ultramarinas que aún conservaba el país tras la independencia del grueso de sus territorios americanos sesenta años atrás. El Ejército, apartado al fin de la política, regresó a sus cuarteles y archivó en los atestados cajones de sus despachos de burócrata sus viejas prácticas golpistas. La estabilidad que otras naciones de Europa occidental habían alcanzado tiempo atrás parecía llegar por fin a España.
Los años fueron pasando y en el horizonte no aparecían las negras nubes que anuncian la tormenta. El imponente edificio diseñado por Cánovas no descubría fisuras aparentes. Un sector de la opinión había quedado fuera de sus muros, pero, a juzgar por su atonía, no debía de ser muy numeroso. Las disidencias internas de los partidos fueron reabsorbidas sin problemas. Los intentos de crear fuerzas políticas nuevas dentro del régimen fracasaron, y no porque este lo impidiera, sino por su propia insolvencia. El carlismo languidecía sin el apoyo de la Iglesia, que parecía haber aceptado al fin el liberalismo al que con tanta fuerza se había opuesto. Los republicanos, escasos en número, débiles en organización, divididos y carentes de una estrategia definida, exhibían una total impotencia para constituirse en alternativa real al canovismo. Incluso el propio movimiento obrero, enemigo natural del orden liberal, se mostraba endeble, pues ni los socialistas eran aún lo bastante fuertes para enfrentarse al régimen, ni los anarquistas habían sido subyugados por el culto a la propaganda por el hecho, eufemismo que ocultaba la más pura violencia terrorista, que más tarde deslumbraría a sus dirigentes.
Con todo ello, España pudo por fin concentrar sus energías en la tarea de impulsar su hasta entonces postergada modernización. La población se incrementó. En 1900 el número de habitantes se acercaba ya a los diecinueve millones, dos más que en 1876. Algunas ciudades dejaron atrás por fin su triste aspecto medieval. Madrid, la capital política, y Barcelona, la metrópoli económica, mostraron un notable impulso. Desbordaron sus viejas murallas, proyectaron ensanches y se engalanaron con edificios singulares. Las nuevas fuerzas económicas parecían a la postre instalarse en el país. Aunque la actividad agraria continuaba lastrada por propietarios poco o nada interesados en su mejora, y sus rendimientos, víctimas del escaso progreso de la técnica, no conseguían elevarse, la superficie cultivada se incrementó y algunos productos, en especial el vino, el aceite y los cítricos, empezaron a hallar cierto acomodo en los mercados internacionales. La misma industria exhibió por primera vez un notable ímpetu. La introducción de fuentes de energía nuevas y más baratas, como el petróleo y la electricidad, la liberaron en parte de su dependencia del carbón, que en España era escaso y de mala calidad. Los costes de producción bajaron, arrastrando los precios, lo que favoreció el aumento de la demanda y el consiguiente crecimiento de la industria. El textil catalán y la siderurgia vasca fueron los sectores más beneficiados, aunque otras provincias como Madrid o Valencia mostraron también un cierto despegue industrial. Mientras, en amplias comarcas de Asturias, León, Santander o Ciudad Real, las ayudas públicas y la liberalización de la entrada de capital extranjero daban un impulso decisivo a la extracción de hierro, plomo, cobre, cinc o mercurio. España parecía, al fin, zambullirse con decisión en la corriente del progreso.
Pero el notable crecimiento de la economía, el moderado dinamismo de la vida social y cultural, y la estabilidad política del régimen no eran sino una pantalla que ocultaba la auténtica realidad del país. Los partidos que sostenían la monarquía restaurada, el Liberal, presidido por Práxedes Mateo Sagasta, y el Conservador, liderado por el propio Cánovas, funcionaban como verdaderos cenáculos de notables a los que unían más sus intereses que sus ideas. Y lo que era mucho más importante: la relación entre ellos y con los electores no se desarrollaba en absoluto de acuerdo con los usos y principios propios del parlamentarismo liberal. El cuerpo electoral, escaso al principio, pero mucho más numeroso a partir de 1890, fecha en la que se introdujo el sufragio universal masculino, en ningún momento pudo ejercer su prerrogativa natural de decidir acerca de la formación que había de disfrutar el poder. Bien al contrario, era el monarca, entonces Alfonso XII, quien escogía el momento de cambiar el Gobierno y la persona llamada a presidirlo, y su decisión obedecía a razones tan poco democráticas como su propia opinión o la de su camarilla, el excesivo desgaste de un gabinete o el simple acuerdo entre los líderes de los partidos.
Sin embargo, lo verdaderamente definitorio del sistema de la Restauración eran los resortes de los que tales gobiernos, ajenos a la voluntad popular, se valían para asegurarse la mayoría parlamentaria que les sostuviera en el poder una vez nombrados por el rey. Dado que el Parlamento heredado no les resultaba propicio, pues había respaldado al gabinete saliente, su primera tarea había de ser convocar nuevas elecciones con el fin de asegurarse unas Cortes favorables. Para lograrlo, el ministro de la Gobernación, responsable de los procesos electorales, fabricaba literalmente el resultado deseado. Bajo su dirección se adjudicaban, uno por uno, según se pactara con la oposición, todos los escaños en juego en una práctica conocida como encasillado. Luego se telegrafiaba al gobernador civil de cada provincia, informándole del contenido del acuerdo, y este contactaba enseguida con los personajes que poseían influencias en ella en virtud de las clientelas que les otorgaba su posición social y económica, y les comunicaba el nombre de los diputados que tenían que salir elegidos en sus respectivos distritos. A cambio, aquellas gentes, los llamados caciques –de los que deriva la práctica conocida con el famoso nombre de caciquismo–, obtenían favores y prebendas para sí mismos, para sus amigos y sus regiones.
La cuestión del encasillado, una caricatura de Felipe Pérez y Ramón Cilla publicada en la revista semanal Blanco y Negro. Aquí se satiriza sin merced el sistema electoral de la Restauración. Como puede verse, las viñetas realizan una descripción precisa de sus mecanismos ocultos, de sobra conocidos por la escasa opinión culta de la época.
Mordaz viñeta del semanario La Flaca que ironiza sobre el escaso beneficio que obtuvo el pueblo del establecimiento del sufragio universal masculino por Sagasta, representado sobre el embudo que hace las veces de locomotora. En el cortejo aparecen caciques, jaulas a modo de urnas, esbirros con garrotes, fuerzas de orden público, ayuntamientos sometidos al rodillo centralista, campesinos y obreros prisioneros del caciquismo y, finalmente, el pucherazo electoral mediante el voto de los muertos, al que alude el carricoche con el rótulo «Depósito de votos para Lázaros».
El régimen no era, en consecuencia, una democracia en construcción, como aparentaba, sino una oligarquía disfrazada. Grandes propietarios de tierras, financieros, aristócratas, generales y obispos, que se sentaban en el Senado y en el Congreso, las dos cámaras con que contaba el Parlamento, rodeaban al monarca en la Corte y copaban las carteras del Gobierno y los altos cargos de la Administración, eran los verdaderos amos del país. Poco importaba, por tanto, que el sufragio fuera censitario o universal. No son los electores los que deciden; solo hay un gran elector, el ministro de la Gobernación. En nombre del pueblo no habla voz alguna.
Y lo peor es que al pueblo no parecía importarle. Antes bien, los españoles sesteaban, despreocupados, al suave calorcillo de aquella suerte de verano que la historia graciosamente les concedía, tranquilos con sus corridas de toros y sus procesiones, sus novelitas costumbristas y sus cuadros de paisajes. El destino, o tal vez la mismísima Clío, empero, se mostraban despiadados con las naciones que dormían y habría de tardar poco en procurarle a España un contundente despertar. Por desgracia, como un torero descuidado de los avisos del presidente, el país no fue capaz de reaccionar a tiempo.
JAQUE A UN RÉGIMEN
A mediados de la década de 1890, las brasas de la guerra se reavivaron en Cuba. Los intereses encontrados, las promesas incumplidas y la cerril intransigencia de los peninsulares, cerrados a aceptar la más mínima autonomía para la isla, despertaron, con mayor intensidad ahora, el frenesí independentista de los cubanos. Una nueva insurrección, dirigida por José Martí y Antonio Maceo, estallaba en febrero de 1895. Año y medio después, Filipinas seguía su ejemplo. España, aquella nación dormida, despertaba de su sueño en medio de una guerra.
El U. S. S. Maine entrando a la bahía de La Habana, 25 de enero de 1898. Tres semanas más tarde, el barco sufriría la explosión que sirvió de pretexto al Gobierno estadounidense para declarar la guerra a España. El buque, botado en 1889, era un acorazado de segunda clase de 6.682 toneladas y 97 metros de eslora, el cual, por lo que parece, presentaba errores en el diseño de su santabárbara, lo que pudo provocar una deflagración de carácter fortuito.
El esfuerzo realizado fue titánico. En los momentos más arduos del conflicto, se acercaron a trescientos mil los hombres en armas que el Gobierno mantenía en ultramar. Pero la decidida intervención de los Estados Unidos hizo imposible la victoria de los españoles. En 1898, la paz de París daba a Cuba una independencia tutelada por los norteamericanos y les entregaba sin disfraces Filipinas, Puerto Rico y otros pequeños archipiélagos del Pacífico. La historia de España como potencia colonial llegaba a su fin. Ya no cabía alimentarse de recuerdos de un pasado glorioso. La realidad del presente se había impuesto con toda crudeza. No existía manera alguna de rehuirla. Tocaba enfrentarse a ella con decisión.
Un aldabonazo terrible sacudió la conciencia colectiva. Y lo hizo con tanta fuerza que su eco retumbó durante un tiempo en cada rincón del país, haciendo brotar una catarata de críticas y propuestas de regeneración nacional. Luego, todo volvió a la normalidad. El turno entre los partidos dinásticos se reanudó sin excesivo trastorno. El nuevo rey, Alfonso XIII, alcanzó la mayoría de edad, y, concluida la regencia de su madre, se aprestó a desempeñar las tareas que le reservaba la Constitución. En apariencia, nada había pasado; en la práctica, el mal llamado Desastre tendría repercusiones mucho más profundas que la simple amputación territorial de las últimas colonias patrias. No derribó al régimen de inmediato, pero actuó por debajo de él, minando sus cimientos, carcomiendo sus apoyos, acelerando la gestación de unas fuerzas ya existentes, que, fortalecidas y enfrentadas a la incapacidad del sistema para dar respuesta eficaz al reto que le planteaban, terminarían por derribarlo. El año 1898 fue tan solo un jaque a la monarquía restaurada; 1931 será el jaque mate.
Las primeras repercusiones se manifestaron en el terreno de las ideas. Las voces críticas contra el régimen, que apenas habían logrado hacerse oír hasta entonces, retumbaron ahora con fuerza mucho mayor. Y toda una generación de intelectuales, que toma su nombre de aquel fatídico año de 1898, entregará sus energías a reflexionar sobre el ser de España, regalando a esta algunas de las mejores páginas de su literatura y su pensamiento. Pero no fue la literatura la piqueta que abatió las instituciones ideadas por Cánovas, sino, paradójicamente, el progreso. Porque la pérdida de las colonias no resultó un desastre para España, sino un revulsivo que tuvo como efecto acelerar el crecimiento de su economía y la modernización de su sociedad. Los capitales huidos de Cuba, ávidos de mercados sucedáneos, desembarcaron en la metrópoli, reavivando su industria, multiplicando sus bancos, fundiendo ambos mundos, el de la producción y el del dinero, con la argamasa del capital financiero. La población empezó a crecer a un ritmo mucho mayor. Frente a un incremento de 2 millones de almas en los veinte años anteriores, entre 1898 y 1930 el crecimiento fue de 5 millones, y ello a pesar de una terrible epidemia de gripe, la de 1918-1919 –incorrectamente llamada, y con muy mala intención, española–, que se llevó por delante más de doscientas mil víctimas, y una masiva emigración hacia las Américas, que superó con creces todas sus marcas anteriores. Además, España iniciaba al fin una verdadera revolución demográfica. No solo descendía con intensidad la mortalidad; la natalidad empezaba a aumentar, se elevaba la esperanza de vida y mejoraban la higiene y la sanidad, mientras nuevas actitudes, mucho más modernas, hacia la familia y la descendencia se aprestaban a abrir brecha en la mentalidad tradicional. Las urbes españolas, que habían comenzado a cambiar su faz en las décadas precedentes, sufren ahora una auténtica metamorfosis. Madrid y Barcelona alcanzan el millón de habitantes. Bilbao, San Sebastián, Valencia y Oviedo duplican su población. La industria crece a un ritmo acelerado, que se revoluciona aún más cuando el estallido de la primera guerra mundial abre mercados inmensos a las manufacturas españolas y las fuerza a multiplicar su producción para sustituir a las ahora imposibles importaciones. La industria se diversifica; sus horizontes se ensanchan. Junto a la minería, el textil y la siderurgia, se desarrollan la producción de electricidad, la química, la fabricación de maquinaria y las industrias de bienes de consumo. Junto a Barcelona, Bilbao y Madrid, Santander, Sevilla o Valencia se incorporan a la senda del progreso de las manufacturas. Luego, en los años veinte, de vuelta a los mercados mundiales los países antes beligerantes, muchas empresas cierran sus puertas, incapaces de resistir una competencia para la que no habían sabido prepararse. Pero el paso está dado. Aunque con menos vigor que sus vecinos más avanzados, España ha entrado ya en la era del capital financiero.
La plaza madrileña de Puerta Cerrada a comienzos del siglo XX. Aunque la fisonomía de la capital había experimentado un notable cambio en las últimas décadas del siglo XIX, su aspecto era todavía, en buena medida, el de una ciudad de provincias. Las cosas habrían de cambiar mucho, sin embargo, en las primeras décadas de la nueva centuria. Hacia 1931, el escritor catalán Josep Pla dijo haber encontrado, once años después de su anterior visita, un Madrid «desconocido» y «transformado».
Es cierto que queda aún mucho camino por recorrer. Junto a la España industrial, la España dinámica y moderna, existe todavía un país agrario, pasivo, tradicional. Los desequilibrios no se atenúan con el crecimiento; se acentúan, se agravan. Ni la repatriación de capitales ni la primera guerra mundial han liberado al campo español del peso muerto del latifundismo absentista, que ejerce todavía sobre el país su dictadura de bajos rendimientos, pan caro y protección arancelaria, que limita su demanda y lastra el desarrollo de su industria. Y esta, superada la coyuntura excepcional de la Gran Guerra, es incapaz de sobrevivir al margen del férreo proteccionismo del Estado, cada vez más intenso entre 1900 y 1923. Pero las nuevas fuerzas son imparables y su irrupción arrastra un sinfín de cambios. Ni la sociedad es la misma ni lo es su mentalidad, ni lo son sus aspiraciones.
Los nuevos actores sociales que habían visto la luz en las últimas décadas de la centuria anterior experimentan ahora un crecimiento sin precedentes. Junto a la oligarquía tradicional, alianza interesada de terratenientes, generales, obispos, aristócratas y financieros, nace ahora una gran burguesía industrial, en especial en Cataluña y el País Vasco. Junto a las clases medias de siempre, abúlicas y silenciosas, han crecido con el tiempo unas pequeñas burguesías más dinámicas y críticas que no se sienten representadas por el tinglado caciquil del régimen. Junto al campesinado sufriente, que trabaja con desgana en las tierras de otros o se empeña sin éxito en arrancar a la suya una cosecha miserable, ha surgido al fin el proletariado industrial que se afana con tesón en mover las ruedas de esa industria que hacia 1930 iguala ya a la agricultura en peso respecto al total de la producción nacional. Ninguno de ellos tiene ya bastante con el sufragio adulterado; ninguno está contento con su suerte ni considera imposible mejorarla; ninguno, en fin, contempla con simpatía a unos partidos decrépitos que se hunden poco a poco, víctimas de la muerte de sus fundadores, las querellas de quienes aspiran a sucederles y la quiebra progresiva e inexorable de los mecanismos sobre los que habían asentado su hegemonía, solo posible en aquella España rural y atrasada que se batía ahora en retirada frente a las fuerzas de la historia.
Por ello, mientras liberales y conservadores se sumen en el descrédito y la impotencia, nuevas formaciones políticas nacidas en los márgenes del sistema despliegan una actividad que crece por momentos. El desarrollo imparable de las economías vasca y catalana, la herencia carlista, nunca extinguida del todo, la frustración de sus burguesías con los fracasos del proyecto nacional español y el despertar cultural de sus lenguas vernáculas alimentan la aparición de corrientes nacionalistas que terminan por cristalizar en forma de partidos políticos nuevos y distintos a los dinásticos. Más aptas para vehicular los intereses y la opinión de las burguesías y clases medias emergentes, sus flamantes organizaciones plantean un proyecto nacional alternativo, bien con intención de romper por completo con España, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, que ve la luz en 1895, bien con la de redefinir e incluso dirigir el proyecto común desde nuevos postulados, menos centralistas y más respetuosos con las peculiaridades históricas y culturales de algunas regiones del país, como es el caso de la Lliga Regionalista Catalana, fundada por Enric Prat de la Riba en 1901. Mientras, las clases medias, mucho más numerosas ahora, el sector más cualificado del proletariado industrial y un grupo nada despreciable de intelectuales críticos con el régimen alimentan con su fuerza creciente un republicanismo que empieza a salir por fin de las tinieblas del personalismo para mirar al futuro con mayor confianza. Y a la izquierda, las fuerzas organizadas del proletariado industrial plantean al sistema un envite renovado y cada vez más enérgico. Violento en el caso del anarquismo, que se desliza a velocidad creciente por el resbaladizo terreno de la huelga general revolucionaria y la propaganda por el hecho, siempre planeando sobre la estrategia de la nueva central sindical anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1910. Cada vez más político en el caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que va dejando de lado su inicial aislacionismo para acercarse a los republicanos y formar con ellos un frente capaz de fortalecer el peso parlamentario de la oposición al régimen y minar sus bases desde dentro para, llegado el momento, sustituirlo por una república.
Ante estos retos, el sistema careció de respuesta eficaz. El entramado constitucional diseñado por Cánovas, quizá adecuado para dar cabida política a la España de 1876, no lo era ya para representar a la del primer tercio de la nueva centuria. Cada vez más despegado de la realidad social del país, se reveló incapaz de reformarse a sí mismo para dar entrada a las nuevas fuerzas sociales y asumir sus demandas democratizadoras.
Las personas fallaron tanto como las instituciones. El propio rey no supo estar a la altura de las circunstancias. Alfonso XIII se implicó en exceso en los problemas políticos y tomó decisiones en función de su propia percepción de la opinión del país, distorsionada por la formación que había recibido, que no le capacitaba para asumir las crecientes demandas de democracia de los obreros y las clases medias, y por la influencia reaccionaria de su entorno palatino y militar. Los partidos dinásticos, uno de los pilares fundamentales del régimen, no supieron tampoco renovarse para convertirse en vehículos capaces de representar a una opinión pública creciente en número e interés por la política. Anclados en sus redes caciquiles, cada vez más inoperantes en aquella España más industrial, más urbana y más culta, entraron en un proceso de desarticulación interna. La muerte de sus líderes históricos, Cánovas y Sagasta, no dio paso a la aparición de nuevos jefes incontestables, sino a la lucha entre un número creciente de facciones incapaces de construir en las Cortes mayorías suficientes y estables. Por último, la respuesta miope e intransigente de los grupos sociales dominantes, que se atrincheraron en la defensa a ultranza del régimen, llegando incluso a boicotear cualquier intento de reforma desde dentro del mismo, terminó por convertirse en un factor más de su descomposición. La actitud más cerril la protagonizaron dos instituciones, la Iglesia y el Ejército, que se consideraban depositarias de las esencias de la nación, y cuya postura contribuyó a radicalizar las posiciones de las fuerzas contrarias al régimen, lo que terminó por condenarlo a muerte.
LA MONARQUÍA NO RESPONDE
La crisis del sistema se manifestó desde los primeros años del reinado de Alfonso XIII. Con la excepción del llamado gobierno largo del conservador Antonio Maura, entre 1907 y 1909, los gabinetes se sucedían a un ritmo acelerado sin que los grandes problemas alcanzaran solución alguna. La conflictividad social iba en aumento; las huelgas crecían año tras año en número e intensidad, y los sindicatos se fortalecían. Nunca apaciguada del todo, la cuestión religiosa recobró toda su vigencia al sumarse al anticlericalismo tradicional de la izquierda republicana y socialista la actitud de un sector de los liberales que exigía la reducción de la influencia de la Iglesia en la sociedad por medio de expedientes como el matrimonio civil o la limitación del número de órdenes religiosas. El problema militar, dormido en la época de Cánovas, despertó como resultado de la pervivencia entre jefes y oficiales de la mentalidad tradicional, agraviada por el Desastre de 1898, que avivó la voluntad intervencionista del Ejército en la vida pública. Y los nacionalismos catalán y vasco, huérfanas las clases medias periféricas de representación en el seno del régimen, iban ya conquistando sus primeros bastiones de poder en ayuntamientos y diputaciones, lo que les animaba a ir más lejos en unas reivindicaciones que encontraban escasa comprensión en los sucesivos gobiernos del régimen.
Es verdad que liberales y conservadores no permanecieron con los brazos cruzados, presenciando el deterioro imparable del sistema. Lo que sucedió es que sus intentos de reforma, tímidos, contradictorios y, sobre todo, fruto del empeño solitario de poderosas y clarividentes individualidades antes que de los partidos como tales, hubieron de enfrentarse a fuerzas demasiado poderosas e intransigentes.
El primero de esos intentos reformistas se debe a Antonio Maura, jefe del partido conservador que presidió el Gobierno en el ya citado periodo transcurrido entre 1907 y 1909. Hombre enérgico y decidido, impulsó un amplio programa de regeneración conservadora que se concretó en un verdadero torrente de disposiciones legales. Proteccionista en lo económico, aprobó leyes de defensa de la industria nacional, de rearme naval y de colonización y mejora agrícola. Paternalista en lo social, intervino en las relaciones laborales y dio su primer impulso a los seguros de vejez e invalidez. Convencido de la necesidad de afrontar con urgencia el problema de la representatividad de las instituciones, trató de movilizar a la opinión pública, descuajando las bases del caciquismo mediante una ley de Administración local que establecía la autonomía municipal e introducía una autonomía regional limitada mediante la creación de mancomunidades. Pero esta ley, que, al revolucionar los fundamentos del sistema, quizá habría podido salvarlo, no llegó a aprobarse porque se rebelaron contra ella los mismos caciques que sostenían al partido conservador.
Insuficientes unas reformas, bloqueadas otras, la situación del régimen siguió agravándose. En julio de 1909 estallaba en Barcelona un gravísimo conflicto de orden público. La conocida luego como Semana Trágica se inició cuando el Gobierno decretó la movilización de reservistas para defender los intereses españoles en Melilla, amenazados por las tribus marroquíes próximas. Esta decisión provocó una huelga general en Barcelona que se saldó con la muerte de 116 personas, 300 heridos y decenas de edificios destruidos. Tras ella, el Gobierno Maura se entregó a una represión indiscriminada en la que resultó significativa la ejecución el 13 de octubre de Francesc Ferrer i Guàrdia, maestro anarquista convertido por las autoridades en símbolo del escarmiento que quería practicarse. El escándalo subsiguiente y la oleada de protestas dentro y fuera de España hicieron que el rey retirase su confianza a Antonio Maura.
Tras un breve paréntesis, llegó al poder el líder liberal José Canalejas, que protagonizó el segundo gran intento de regeneración del régimen. Creyente, como Maura, en la revolución desde arriba, entre febrero de 1910 y noviembre de 1912 trató de introducir una serie de reformas que ampliaran sus bases y lo adaptaran a la realidad social, aunque desde una perspectiva más progresista que la del jefe conservador. El odiado arbitrio sobre consumos, que gravaba en exceso a las clases populares, dejó paso a un nuevo impuesto sobre las rentas urbanas. Lo injusto del servicio militar, que pesaba casi en exclusiva sobre obreros y campesinos incapaces de reunir la cantidad que permitía su redención en metálico, quedó atenuado por una disposición que lo hacía obligatorio en tiempos de guerra y elevaba las cuotas de redención en tiempos de paz. Los privilegios de la Iglesia fueron también recortados. En diciembre de 1910, la llamada ley del Candado prohibió la entrada de nuevas órdenes religiosas en España, mientras se avanzaba un paso más hacia la libertad de cultos al permitirse a otras religiones los símbolos externos en sus templos. Y, comprendida al fin la conveniencia de integrar en el régimen al nacionalismo catalán moderado, el Gobierno liberal hizo aprobar en el Congreso la ley de Mancomunidades de Maura, que abría la puerta de una tímida autonomía regional.
Manifestación en Barcelona para reclamar la libertad de los presos detenidos tras los sucesos de la Semana Trágica. La ejecución de Ferrer i Guàrdia, unos días después, el 13 de octubre de 1909, provocó una ola de protestas que se extendió incluso más allá de la frontera española. El rotativo londinense The Times, por ejemplo, publicó: «Por negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal».
Por desgracia, la que llevaba camino de convertirse en una reforma global del régimen, que quizá hubiese culminado con su democratización, quedó bruscamente interrumpida en noviembre de 1912 al morir asesinado Canalejas en la madrileña Puerta del Sol. Fue una auténtica hecatombe, porque, desde ese instante, el sistema, atenazado por la parálisis, empezó a despeñarse hacia su fin. A ello contribuyó la actitud de Maura, que rechazó la legitimidad de los liberales para gobernar con la monarquía argumentando que habían apoyado la campaña orquestada contra él por la izquierda con motivo de la Semana Trágica. Tan irresponsable postura rompió el Partido Conservador, pues una parte de él, liderada por Eduardo Dato, se negó a secundarla. Pero no fue menos importante la fragmentación del Partido Liberal a la muerte de Canalejas, que abrió una pugna por su sucesión de la que salieron diversas facciones cuyos líderes no estaban ya dispuestos a obedecer más disciplina que la suya. Durante nueve años, entre 1914 y 1923, ni siquiera la más escandalosa manipulación electoral bastaba ya para garantizar a ningún grupo la mayoría suficiente para gobernar.
Lugar donde fue asesinado José Canalejas el día 12 de noviembre de 1912, el escaparate de una librería próxima a la Puerta del Sol de Madrid. La muerte del líder liberal privaba al régimen de la Restauración de su mejor baza reformista.
Mientras, el país sufría y disfrutaba a un tiempo las consecuencias de la primera guerra mundial. La angustiosa necesidad de los países beligerantes de adquirir en otros lugares los bienes de todo tipo que no producían ya sus industrias, volcadas hacia el esfuerzo bélico, regalaba a los empresarios españoles beneficios tan ingentes que en poco tiempo se amasaron inmensas fortunas. Pero, siendo más rentable exportar que vender en España, iba quedando desabastecido el mercado nacional, los precios crecían sin cesar y caía el salario real de los obreros, situación tanto más peligrosa en cuanto que la disminución en el nivel de vida de los pobres coincidía con el aumento escandaloso en el nivel de vida de los ricos. Rechazados por la oligarquía miope proyectos como los del liberal Santiago Alba, que pretendía aliviar las miserias de los trabajadores mediante un impuesto extraordinario sobre los beneficios generados por la guerra, la situación derivó hacia una tensión social cada vez más insoportable que terminó por estallar en forma de una nueva crisis en 1917.
Entonces vinieron a superponerse por un momento todos los descontentos y concertaron su oposición por un instante todos sus protagonistas. El régimen pareció hallarse al borde del fin cuando, por vez primera, republicanos, socialistas, regionalistas y militares exigieron una reforma profunda de las instituciones y una democratización efectiva del régimen. Pero la misma incoherencia de aquella alianza contra natura quedó enseguida de manifiesto. El temor de militares y nacionalistas catalanes, conservadores ambos por la propia dinámica de sus intereses y su extracción social, a que sus aliados en aquella aventura la aprovecharan para derribar a un tiempo monarquía y orden social, forzó su retirada y reconstruyó al poco, en forma de gobierno de concentración nacional, el frente natural de la oligarquía que, todavía por entonces, continuaba decidiendo los destinos del país.
Todo continuó como estaba. Y seguir como se estaba solo podía significar ir a peor, pues las heridas sin curar del cuerpo nacional habían por fuerza de emponzoñarse. No resuelto el problema de la representatividad, las clases medias continuaban pasándose a mayor ritmo a las filas republicanas o nacionalistas. No resuelto el problema regional, el nacionalismo se radicalizaba y los partidos más moderados empezaban a ceder terreno ante opciones más exigentes. No resuelto el problema social, las demandas de los trabajadores se hacían más extremas y ganaban terreno entre ellos las opciones más violentas. Y los gobiernos, efímeros e inoperantes, se mostraban incapaces de frenar la deriva del régimen hacia su fin. En sus estertores, un último intento de reforma, el que protagonizaría a partir de diciembre de 1922 el líder liberal Manuel García Prieto, en coalición con los reformistas del antiguo republicano Melquíades Álvarez, pareció por un momento abrir una pequeña puerta a la esperanza. Quizá la monarquía liberal podía por fin apostar por una reforma pacífica que la condujera hacia la democracia y, de su mano, permitiera por fin afrontar con legitimidad y energía las cuestiones pendientes. Fue un espejismo. El experimento, más bien timorato por otra parte, fue boicoteado una vez más por la oligarquía. El golpe militar de Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, dio la puntilla a un sistema en el que ya no creían ni sus propios dirigentes.
LA DICTADURA PINTORESCA
En apariencia, el disparador del golpe de Estado que colocó en el poder al capitán general de Cataluña no fue otro que las posibles repercusiones del llamado Expediente Picasso, que se había abierto en el Congreso de los Diputados con el fin de depurar las responsabilidades por un nuevo desastre, el sufrido en julio de 1921 por el Ejército español en Annual, en el norte de África, donde las tropas trataban con escaso éxito de someter a las tribus rifeñas rebeldes a la ocupación colonial hispano-francesa del territorio marroquí. El contenido del expediente, que revelaba no solo la imprevisión e incompetencia de buena parte de las autoridades civiles y militares implicadas, sino que llegaba a salpicar también al propio rey, habría explicado así un golpe que el mismo Alfonso XIII sin duda conocía de antemano y que no tardó en legitimar llamando a su principal jefe a formar gobierno. Pero debajo de estos hechos subyace la verdadera cuestión. El golpe significaba el fracaso de la vía reformista a la democracia, la confesión de impotencia del régimen para renovarse, para cambiar en la dirección que le marcaba el signo de los tiempos.
Por el contrario, la dictadura a la que daba paso, tan pintoresca como la campechana personalidad del dictador, suponía una apuesta de las clases dirigentes del país, amparadas por la Iglesia y el Ejército, por la vía autoritaria de preservación de sus intereses, y, en cierto sentido, por una fórmula propia y distinta de regeneracionismo, desde arriba, como el intentado por Maura o Canalejas, pero, una vez más, sin alterar lo esencial del orden económico, social y político que tanto les beneficiaba. Por ello, Primo de Rivera se identificaba con aquel cirujano de hierro que, según había escrito Joaquín Costa, debía operar el cuerpo nacional para prepararlo para la democracia. Pero solo hasta cierto punto y solo en los primeros momentos de su ejecutoria. Hasta 1925, el régimen careció de instituciones propias. Su gobierno no era otra cosa que un directorio militar que mantenía suspendida la Constitución y clausuradas las instituciones representativas; que reprimía, con escasa dureza, toda oposición, y se entregaba con cierta energía a la labor de dar solución urgente a lo que, desde su punto de vista, eran los problemas del país. Naturalmente, ninguno de los verdaderos problemas de fondo recibió la atención que merecía. El de la representatividad de las instituciones ni se planteó ni podía plantearse. La cuestión social se abordó desde una óptica represiva, como un mero problema de orden público, e idéntica perspectiva se adoptó respecto a los nacionalismos catalán y vasco, que sufrieron humillaciones innecesarias de las que no podía derivar sino su radicalización. Solo el problema marroquí recibió respuesta cumplida y eficaz, gracias a una acción militar concertada con Francia que permitió un nutrido desembarco de tropas en la bahía de Alhucemas, al oeste de Melilla, y, tras caer derrotado su principal instigador, el caudillo rifeño Abd-el-Krim, terminó prácticamente con los disturbios en el protectorado.
