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- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia del juicio más silenciado en los medios de comunicación de Estados Unidos y uno de los más plagados de irregularidades y violaciones en la historia penal de ese país; seguido contra cinco cubanos, cuyo único delito fue luchar contra grupos terroristas asentados en Miami. El libro recoge además la resentencia a tres de los cinco: Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Fernando González Llort, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en las vistas de resentencia que no hubo daño alguno a la seguridad nacional. La existencia de un fuerte movimiento internacional en apoyo a la liberación de los Cinco, era palpable, en 109 países, los 345 Comités de Solidaridad existentes se multiplicaban y exigían con sostenida fuerza el reclamo de justicia, no había tiempo que perder.
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Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
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Edición: Martha Brancacho
Diseño: Eugenio Sagués Díaz
Realización computarizada: Norma Ramírez Vega
Primera edición, 2005
© Rodolfo Dávalos Fernández, 2024
© Sobre la presente edición: Editorial Capitán San Luis, 2024
ISBN: 9789592116719
Editorial Capitán San Luis, Calle 38 No. 4717 entre 40 y 47, Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba.
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Web: www.capitansanluis.cu
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Reservados todos los derechos. Sin la autorización previade esta Editorial queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o su transmisión de cualquier forma o por cualquier medio.
A Gerardo, Ramón, René, Fernando y Antonio
Ver en calma un crimen, es cometerlo
José Martí
Prólogo a la primera Edición
Cuando corrían los primeros años del pasado siglo xx, el presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson luchaba a brazo partido por lograr la formalización de la Liga de las Naciones y que Estados Unidos se incorporara a ella con un papel protagónico. Era parte de una batalla que había librado contra el Congreso, dominado por sectores conservadores, por imponer su idea de que el mundo tenía que regirse por la que entonces solían llamar “la ley de las naciones” es decir, el Derecho Internacional Público. Aquel Presidente que odiaba todo imperialismo que no fuera el de su país,1 con la impronta imborrable de su formación académica, había luchado por evitar la guerra. No por casualidad había comenzado su administración eligiendo a William Jennings Bryan, reconocido pacifista, como secretario de Estado.
Años más tarde, otro demócrata, Franklin Delano Roosevelt trataba de arrastrar al Congreso —y no enfrentarse a él como había hecho Wilson— tras la idea y la política de defender la presencia de Estados Unidos en la nueva etapa de posguerra, con un papel dominante, hegemónico, pero también bajo el imperio de la ley internacional.
Esos hombres defendían sin ingenuidad y con todas sus fuerzas la supremacía no solo económica, sino sobre todo política y moral de Estados Unidos sobre el resto del planeta. Pero consideraban a los demás países como interlocutores con los cuales era preciso relacionarse en un nivel elemental de respeto y paz. De ahí el afán de subordinar a todas las naciones, incluida Estados Unidos, al imperio de las leyes internacionales, es decir, de las normas y principios del Derecho Internacional, aunque, por supuesto, de manera que expresara esencialmente los intereses imperiales.
Menos de 100 años después, al iniciarse el siglo xxi hemos sido tristes testigos del advenimiento a la Casa Blanca de un presidente republicano que proclama y practica el desprecio a la comunidad internacional y a sus más significativas instituciones. Por supuesto, para el señor Busch, la ley internacional carece de significado, no tiene que ser tomada en cuenta. Nuevo emperador apoyado exclusivamente en la fuerza y las condiciones inéditas de la globalización mundial actual, se burla incluso de sus aliados tradicionales y proclama escalofriantes decisiones que forman parte de una política agresiva, neofascista, fundamentalista y extraordinariamente peligrosa para los destinos de la humanidad.
Hitler en su día barrió la Sociedad de Naciones que había sido creada en 1919, al concluir la primera guerra mundial. Bush ha atentado contra la virtualidad y el prestigio de las Naciones Unidas, y se ha burlado brutalmente de la comunidad internacional. Nada le ha importado al que pretende imponer una dictadura fascista mundial, haber concitado en su contra la mayor oposición a un país desde la fundación de la ONU: 170 países desaprobaron la guerra que desató contra Iraq, contra solo 30, la mayoría de estos sin peso alguno y procedentes de la desarticulada Unión Soviética; cada año es mayor el aislamiento del imperio en relación con el bloqueo contra Cuba. Pero nada de eso les importa.
El ataque terrorista a las Torres Gemelas en New York, en septiembre de 2001, brindó un servicio inigualable al grupo guerrerista que había advenido al poder con un grosero fraude electoral. Como se preguntara un día Alexandr Blank, ¿Cui Prodest? (¿Quién se beneficia?). Aquel absurdo e injustificable acto terrorista benefició exactamente a los halcones, encabezados por Busch, quienes pudieron empezar a dar firmes pasos en pos de una inusitada concentración de fuerzas que, de hecho, ponía en crisis los principios funcionales de la supuesta tripartición de poderes, pretendida pieza clave del equilibrio político en Estados Unidos.
El ataque a las Torres Gemelas trajo los mismos lodos que el incendio del Reichstag, sirvió de amargo pretexto para iniciar el paso a la barbarie.
El presidente Busch, advenido al poder de forma fraudulenta, naufragando en una economía en recesión a la cual no se le veían remedios, carente de la más elemental popularidad, sin carisma de ningún tipo, de pronto, gracias a ese macabro acontecimiento, se empina como reivindicador del honor norteamericano y auténtico defensor de la gran nación y levanta los más elementales sentimientos de miedo y venganza para alcanzar poderes inconcebibles dentro del sistema político norteamericano.
La primera manipulación neofascista consiste precisamente en producir en el pueblo estadounidense una histeria de miedo, rencor, venganza y prejuicios raciales y nacionales de los más bajos.
Y sobre tales odios, galopando en esa ideología neofascista, el pretexto ha sido, como todos saben, la guerra total contra el terrorismo.
Llevando a cabo esa supuesta guerra invadieron y destruyeron Afganistán, impusieron allí un régimen títere y han sembrado el país de dolor, luto, violencia e inseguridad. Pero supuestamente estaban y están luchando contra el terrorismo.
Con fabricados pretextos de que Saddam Hussein representaba un peligro inminente para Estados Unidos, y de que Iraq poseía armas de destrucción masiva que estaban listas para ser utilizadas, amén de que tenía importantes vínculos con la red terrorista Al Qaeda, se lanzó la agresión a ese país del golfo Arábico-Pérsico. Después de más de un año de iniciada esa guerra desigual y brutal, se ha constatado que Iraq no tenía armas de exterminio masivo; se ha reiterado lo que todos sabían: no tenía nada que ver con Al Qaeda y nunca constituyó un peligro para Estados Unidos.
Pero Iraq ha sido destruido; cientos de miles de inocentes han sido sacrificados por la política belicista del Presidente estadounidense; ya se aproximan a 2 000 los soldados norteamericanos caídos, y pasan de 10 000 los heridos, en una guerra que evidentemente no tiene fin; el pueblo iraquí se ha llenado de luto; se han destruido las raíces mismas de la cultura occidental, y todo ello es, dramáticamente, como parte de la lucha contra el terrorismo. Se impone un mundo de terror y espanto, proclama sonriente que está venciendo en la batalla contra el terrorismo.
Se han puesto al descubierto escalofriantes pruebas de la práctica de torturas medioevales por parte del ejército norteamericano, en la cárcel de Abu Grhaib en Iraq y en el campo de concentración en que han convertido parte de la Base Naval ilegalmente ocupada en Guantánamo.
Y todo ello es para asegurar el goce de los derechos humanos.
Los derechos civiles de los norteamericanos han sido casi suprimidos gracias a la llamada Ley Patriótica. Hay centenares de detenidos en Estados Unidos, sin proceso, sin esperanzas de juicio, en total incomunicación, en violación del Bill of Right de la Constitución norteamericana, pero todo ello es en gracia de la defensa de los derechos humanos y a favor de la lucha contra el terrorismo.
Y mientras se desarrolla este carnaval de horror, sumamente peligroso para los destinos de la humanidad, cinco patriotas cubanos cumplen desmesuradas e injustas condenas, en cárceles estadounidenses, precisamente por librar una lucha ejemplar contra el terrorismo.
Por supuesto que el doble rasero de la política norteamericana con respecto al terrorismo y la última verdad de sus propósitos belicistas no es difícil de encontrar. No cuesta trabajo constatar la vinculación del equipo de poder que rodea a Busch con los grandes intereses petroleros, y de ahí explicarse en gran medida sus afanes hegemónicos sobre el Medio Oriente, tierra pródiga en ese combustible. El vicepresidente Dick Cheney estuvo en el grupo Halliburton Oil, el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld en la petrolera Occidental, la entonces Consejera de Seguridad Nacional y hoy secretaria de Estado, Condoleezza Rice, tuvo o tiene acciones en Chebron y es propietaria de buques petroleros. También la secretaria del Interior, Gale Norton está vinculada al petróleo como Bush padre lo estuvo en el grupo petrolero Carlyle y el actual presidente Bush hijo, con la Harkins Oil.
No hay tal lucha contra el terrorismo. Esas banderas son ya un deteriorado pretexto.
Charles Krauthammer escribió no hace mucho en The Washington Post: “EE.UU. cabalga por el mundo como un coloso”. En sentido semejante, el director del Instituto de Estudios Estratégicos Olín de la Universidad de Harvard, profesor Stephen Peter Rosen afirmaba que “nuestro objetivo no es luchar contra un rival, porque este no existe, sino conservar nuestra posición imperial y mantener el orden imperial”. El señor Busch ha sostenido que llevará adelante su guerra de dominio y expansión sin limitación de ningún tipo y que está dispuesto a emplear en esa guerra toda la fuerza militar de Estados Unidos, es decir, incluyendo las armas químicas, biológicas y la agresión atómica. Para hacer temblar a todos, incluso a los aliados, ha reiterado que no admite posiciones intermedias: o se está con su política agresiva o se está contra Estados Unidos y a favor del terrorismo. Y batiendo los tambores de la guerra ha proclamado que está dispuesto a llevar su guerra brutal “a cualquier oscuro rincón del planeta”.
Cuba ha sido víctima real del terrorismo durante más de 45 años y contra nuestro país se han realizado centenares de acciones terroristas que han dejado colosales saldos de muertos, heridos y casi incontables pérdidas materiales.
Todas las acciones terroristas que ha sufrido el país han sido concebidas, organizadas, financiadas y dirigidas por distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, muchas veces actuando a través de, o escudándose en organizaciones contrarrevolucionarias anticubanas.
Ante esa situación irregular Cuba ha tenido que defenderse; nos hemos visto obligados a protegernos contra tales propósitos de destrucción y muerte y en esa dirección, cinco patriotas cubanos consagraron los mejores años de sus vidas a tratar de conocer y evitar las acciones terroristas de una serie de organizaciones contrarre-volucionarias anticubanas radicadas en Estados Unidos. Nunca fue su propósito conocer planes o intenciones agresivas del gobierno de ese país. Por demás, para ello no es necesario, en el mundo de hoy, la acción de cinco ciudadanos en un estado del sur del gran imperio.
La misión de esos hombres era proteger al pueblo cubano y también al estadounidense.
Pero el 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos en un ruidoso operativo del FBI y desde entonces sufren un verdadero calvario de injusticia y violación de las más elementales normas del derecho norteamericano, del Derecho Internacional Público y de los principales instrumentos jurídicos de la comunidad internacional en relación con los derechos humanos.
Lo cierto es que esos luchadores cubanos contra el terror han sido sometidos a todo género de irregularidades en un juicio que viola las normas del debido proceso e incluso las normas constitucionales norteamericanas.
Todos los prejuicios y odios se desataron en Miami Dade sobre los cinco patriotas cubanos desde el momento mismo de su detención. Era evidente que iban a enfrentar, como han tenido que hacerlo, un juicio eminentemente político.
Este juicio es parte del sentimiento de venganza contra la Revolución Cubana, su ejemplo universal y es parte también de la vehemencia del hegemonismo de los que pretenden dirigir al mundo desde la Casa Blanca.
En su carrera de violencia Busch encontró en la mafia terrorista anticubana y contrarrevolucionaria de Miami, a su mejor aliado, incluso en la consecución de su primer fraudulento triunfo electoral en el estado de la Florida.
Busch contrajo, sin lugar a duda, importantes compromisos con esa mafia terrorista y ha tenido que ser consecuente en sus agradecimientos. Uno de los elementos de esas reciprocidades ha sido, evidentemente, el juicio contra nuestros cinco compatriotas.
En el mismo se hizo evidente lo encarnizado del FBI, la Fiscalía y el mismo ejecutivo de Estados Unidos. Este juicio se desarrolló, incluso antes de iniciarse, bajo la presión de las organizaciones anticubanas residentes en Miami, en medio de violentas campañas de prensa y amplias movilizaciones encaminadas a provocar un sentimiento prejuiciado y de odio hacia los supuestos agentes o espías del régimen de Castro.
En una comunidad caracterizada por su violencia, intransigencia e intolerancia; así como por la falta de escrúpulos éticos, el juicio fue deviniendo, en todo su desenvolvimiento, en una causa cargada de politización y marcada por las flagrantes violaciones de la propia legislación norteamericana, incluida su Constitución y sus enmiendas. De hecho, resultó evidente que la Fiscalía cedió en todo momento a esas presiones de los grupos violentos de Miami Dade y en ocasiones fue un dócil instrumento de los mismos, llegando a lamentables contubernios con representantes de dichos grupos. La administración de justicia, en la primera instancia federal, en Miami, fue también un triste rehén de esas violencias y viejos odios políticos.
En realidad en el juicio se produjeron importantes y graves irregularidades además de las violaciones no solo de las reglas del proceso, sino también transgresiones de normas de la ley internacional y de principios universales, sobre todo atinentes al respeto a los derechos humanos y, por si fuera poco, flagrantes violaciones de la Constitución norteamericana o de alguna de sus enmiendas.
De hecho nuestros cinco compatriotas han sido sometidos a verdaderas torturas, según incuestionables instrumentos legales de Naciones Unidas.
Dentro de esas torturas una de las más severas ha sido, sin duda, el ilegal confinamiento a que han sido sometidos en varias ocasiones. En efecto, detenidos como ya he dicho, el 12 de septiembre de 1998 en horas de la madrugada del amanecer de un sábado, son trasladados al Cuartel General del FBI, siendo interrogados por seis horas ininterrumpidamente. Ese día son remitidos al Centro Federal de Detención de Miami (FDC), dándoles ubicación en solitaria sin tener contacto con persona alguna por espacio de 17 días. La detención fue como suelen mostrarnos los filmes policíacos de Hollywood, es decir, con grandes operativos de hombres con chalecos antibalas, trajes negros y toda esa parafernalia que es bien conocida. Sin embargo, al contrario de lo que muestran las películas, nuestros cinco compatriotas no gozaron de garantías: nadie les dijo que podían guardar silencio y designar abogados de inmediato. Por el contrario fueron interrogados despiadadamente desde el sábado de la detención hasta el mismo lunes y no pudieron ver a nadie, como hemos indicado, hasta 17 días después de la detención.
El 29 de septiembre del propio año los trasladaron a la Unidad de Albergamiento Especial donde permanecieron hasta el 3 de febrero de 2000. Este lugar, por sus pésimas condiciones, es conocido por “el hueco”, donde la persona no puede desplazarse a parte alguna si no es esposado en la espalda y acompañado de dos guardias.
Los cinco acusados durante su estancia en este lugar tuvieron dificultades serias para trabajar con sus abogados en su defensa al tener que comunicarse mediante un separador plástico.
Hasta marzo de 1999 permanecieron en solitaria y se les impidió ver televisión, escuchar radio y leer la prensa. A partir de esta fecha y hasta el 3 de febrero de 2000 estuvieron en parejas rotativas en “el hueco” y uno en solitaria.
Pero todavía más, cuando ya el juicio estaba en pleno desarrollo, el 26 de junio fueron conducidos nuevamente al “hueco”, donde permanecieron en esa segunda ocasión hasta el 13 de agosto, es decir, 48 días.
Resulta evidente que el confinamiento inicial, de 17 meses intentaba afectar el ejercicio de una defensa coherente y eficaz, en tanto que el nuevo aislamiento que se produjo y que tuvo como único pretexto que los cinco procesados habían dirigido a la opinión pública norteamericana una carta explicativa de sus conductas, en el fondo perseguía el mezquino propósito de evitar a toda costa su preparación para la única oportunidad que tendrían de hablar directamente ante el tribunal, en el momento de hacer sus alegatos personales en la Vista de Sentencia.
Cuando tras nuevas luchas de sus defensores fueron devueltos a sus celdas habituales, todavía se les establecieron formas menores de incomunicación, como mantenerlos despojados de sus radios, de buena parte de sus pertenencias personales, incluso íntimas, como fotos de sus familiares queridos, y sobre todo de posibles instrumentos para escribir. Apenas dispusieron de un pedazo de lápiz y algunos pocos papeles.
Después, en cada ocasión en que han sido movidos de establecimientos penitenciarios, han sufrido nuevos períodos de confinamiento.
Ahora, por demás, se ha cernido sobre los Cinco Héroes cubanos una nueva forma de tortura: la agresión al derecho que les asiste a ellos y a sus familiares más allegados, de mantener la comunicación y poder, los segundos, visitar a los presos en sus lugares de reclusión. Igualmente se están violando las normas de las convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre las relaciones diplomáticas y los deberes y derechos consulares respectivamente, en tanto se ha impedido groseramente que el personal consular cubano brinde asistencia a los familiares de nuestros compatriotas presos cuando realizan gestiones para sus visitas o cuando van a efectuar estas.
La compañera Olga Salanueva, esposa del prisionero René González ha sufrido innarrables vejaciones y violaciones de los más elementales derechos humanos. Ante todo se le impidió la visita a su esposo cuando fue detenido en 1998.
Pero de esa forma solo empezaban las torturas: en el mes de agosto del año 2000, tres meses antes del comienzo del juicio seguido contra René, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de la Florida, propuso a este un acuerdo de culpabilidad en los cargos que se le imputaban, a cambio, bochornosamente, de que su esposa no fuera deportada. Como el acusado no aceptó tan denigrante e indigna conciliación, el Servicio de Inmigración arrestó a Olga Salanueva, el 16 de ese mismo mes de agosto y fue conducida por agentes del FBI, en condición de detenida, para sostener un encuentro con su esposo en el Centro Federal de Detención de Miami, donde se le daba al acusado una última oportunidad de reconsiderar la propuesta del gobierno. Al ser esta nuevamente rechazada, con toda la dignidad y la gallardía propia de nuestros Cinco Héroes, el Servicio de Inmigración inició el proceso de deportación contra Olga Salanueva, el cual culminó a fines de octubre del mismo año 2000 en que fue enviada a Cuba.
Como resultado de esa medida, la comunicación de la niña con el padre, ha sido totalmente impedida. En consecuencia, en seis años la esposa y la hija de René González no han podido verlo en prisión.
Es de consignar que tanto René González, como su hija Ivette, son ciudadanos norteamericanos, lo cual de nada ha servido para que se respeten los derechos elementales de ambos.
En dos ocasiones las autoridades norteamericanas dieron argumentos contradictorios y en otras oportunidades la negativa no fue argumentada ni justificada de modo alguno. Finalmente el poderoso imperio declaró que no permitía el ingreso de esa mujer en Estados Unidos porque constituía un peligro para la seguridad del coloso imperial.
Por su parte, la señora Adriana Pérez O´Connor, esposa de Gerardo Hernández Nordelo, obtuvo el otorgamiento de visa para visitar a su esposo en la prisión, pero al arribar al Aeropuerto Internacional de Houston, Texas, el 25 de julio del año 2002, a las 10:30 a.m., (hora de La Habana), con el propósito de continuar viaje a la ciudad de Los Ángeles, California, fue detenida arbitrariamente por el FBI, aislada, fichada, fotografiada y sometida a interrogatorios, como si fuera una vulgar delincuente. En esa ocasión se le negó la posibilidad de comunicarse con el Cónsul cubano para informarle de esa detención arbitraria, y ello pese a que había viajado acompañada de un funcionario diplomático de la Sección de Intereses de Cuba en Washington. Ese funcionario diplomático cubano fue conminado a retirarse y pese a su negativa de abandonar a la señora Pérez O´Connor, fue separado de ella por cinco hombres armados del Instituto Nacional de Inmigración. Esta situación anormal y verdaderamente arbitraria terminó cuando 11 horas después se obligó a la señora Pérez O´Connor a regresar en un vuelo con destino a México.
Estas medidas, que pueden ser calificadas de verdaderamente brutales sin incurrir en pasión de ningún tipo, solo pueden tener por objetivo y de hecho solo conducen a provocar un sufrimiento adicional a ambos prisioneros, en los delicados momentos en que se instrumentaba la apelación ante el Onceno Distrito de Atlanta, contra las sentencias en que fueron sancionados.
Pero, con independencia de esas consideraciones, quiero subrayar que esas medidas constituyen flagrantes violaciones de las normas constitucionales de Estados Unidos, de principios e instrumentos de Naciones Unidas y de sensibles derechos humanos.
El pueblo cubano ha seguido el juicio de los Cinco Héroes con gran atención, ha seguido su suerte en cada una de las cárceles en que han sido internados y ha cobijado, con cariño sincero y tierna devoción a las madres, esposas, hijos y demás familiares de los compatriotas que han arrostrado su calvario en aras de nuestra felicidad.
Los cubanos nos hemos mantenido informados de todas las incidencias de los procesos judiciales y otras cuestiones colaterales que han tenido que ver con la suerte de esos presos. Muchos, incluidos niños y organizaciones sociales han mantenido una conmovedora correspondencia con los patriotas y ellos a su vez han seguido con denuedo la lucha que se hace indetenible en todo el mundo por promover la solidaridad con su causa.
Los juristas cubanos, desde el inicio del proceso hemos trabajado en el estudio de la causa, y en sus particularidades e incidencias, a fin de brindarle a todo el pueblo la interpretación de cada momento procesal, de cada situación jurídica de dicho proceso. Para ello las mesas redondas han sido el vehículo esencial, y todos los medios de prensa han servido también a estos fines.
Apenas concluida la lucha por el regreso del niño cubano secuestrado en Miami por su parentela contrarrevolucionaria, tuvimos que afrontar las amarguras de estudiar, interpretar y divulgar las incidencias jurídicas de este juicio singular. El compañero Rodolfo Dávalos Fernández, profesor titular de nuestra Facultad de Derecho, y quien escribe las líneas de este Prólogo hemos tenido el honor y el privilegio de participar en la mayoría de las mesas redondas en que se ha tratado lo concerniente a la causa de nuestros cinco compatriotas y hemos seguido las particularidades jurídicas en todos sus pormenores, junto a otros juristas cubanos.
Rodolfo Dávalos, con una dedicación admirable fue publicando semanalmente ricos, inteligentes y esclarecedores comentarios sobre el juicio, su significado, sus irregularidades y todo lo que en torno a él se iba tejiendo en la entraña del imperio. Esos artículos, en crecido número, fueron publicados semanalmente por el diario Juventud Rebelde.
Ahora el profesor Dávalos entrega no solo al lector cubano, sino al de todo el mundo, una versión corregida, ampliada, mejorada y actualizada de esos análisis sobre esta causa singular. Esta es la obra que ponemos ahora en manos de todos los lectores.
El libro Estados Unidos vs. Cinco Héroes, analiza todos los particulares del juicio, sus entornos políticos y las violaciones jurídicas y éticas cometidas durante el proceso y, de ese modo constituye no solo una minuciosa información sobre todo ello, sino una comprometida denuncia de tales injusticias.
Es una nueva y esclarecedora voz encaminada a romper el muro del silencio que quisieron construir en torno a esta causa vergonzosa y que poco a poco se ha ido erosionando y fracturando gracias a la solidaridad internacional y la perseverancia de las fuerzas populares en todo el planeta.
Con lenguaje sencillo, ameno, popular, sin petulancias tecnicistas pero con todo el rigor de la verdad jurídica y con toda la finura del discurso legal, el profesor Dávalos va descorriendo los telones de esta causa llena de sombras y vergüenzas y las ofrece ahora al lector.
Los valores académicos de Dávalos son bien conocidos: es un profesor de crédito internacional en el Derecho Internacional Privado, laureado muchas veces en foros e instituciones jurídicas internacionales y con una obra que es verdaderamente significativa. Pero el hombre que escribe este libro no es el erudito académico, sino el militante revolucionario, apasionado en esta causa que nos toca a todos en lo más profundo de nuestros sentimientos.
Actualmente las apelaciones contra las desmesuradas y arbitrarias sentencias dictadas contra nuestros compatriotas, han sido apeladas al Onceno Circuito de Atlanta, donde el 10 de marzo del pasado año se celebró la Vista de Apelación. El juicio, en consecuencia, está concluso para sentencia. El panel de tres jueces designados el 24 de febrero de 2004, para conocer de esa apelación, estudia la voluminosa causa. Es este pues, un momento de alta tensión y enormes expectativas en esta causa penal que puede ser históricamente trascendental.
La lectura de este libro descubre la esencia misma del juicio irregular, ofrece reflexiones cargadas de rigor jurídico y de hondos sentimientos humanistas. Es pues, no solo un libro revelador, sino que además contribuye al enriquecimiento de los valores esenciales en que se sustenta nuestro proceso revolucionario.
Ha habido causas penales en las que se ha juzgado algo más que a algunos hombres. De hecho en ellas se ha juzgado la esencia humanista de nuestra civilización y el porvenir de los seres humanos. Menciono entre esas causas especiales el proceso seguido en Francia contra Dreyfus, el proceso de Leipzig contra Ernest Thäelman; los procesos penales de la posguerra, en Nuremberg y Tokio, la causa contra los esposos Roseembert, la causa de Nelson Mandela. Creo sinceramente que el juicio seguido en Estados Unidos contra los cinco patriotas cubanos, luchadores antiterroristas, es una de esas causas extraordinarias en que está en juego, de modo particular, la credibilidad en la supuesta lucha antiterrorista que ha proclamado Estados Unidos y los fundamentos mismos de la legalidad norteamericana.
Este libro debe contribuir a que todos ganemos conocimientos sobre la responsabilidad que como seres humanos, que vivimos en los inicios del tercer milenio, tenemos con un hecho de esta naturaleza.
Julio Fernández Bulté
Profesor de Mérito de la Universidad de La Habana
Doctor en Ciencias Jurídicas
Septiembre de 2005
1 “Wilson era ferozmente antimperialista cuando se trataba de los demás. Quería, si es que algo deseaba, ver el fin del imperio británico”. Partrick Moynihan Daniel: Ensayo Histórico sobre la Ley de las Naciones, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, p. 59.
La causa
En el léxico jurídico la palabra causa tiene varias acepciones. Una de ellas es “proceso” o expediente judicial, radicado por el órgano penal competente, para juzgar a determinadas personas presuntamente sospechosas o acusadas de haber cometido una infracción penal prevista en la ley.
De acuerdo con esta acepción, la causa o proceso en el cual han sido juzgados los cinco patriotas cubanos prisioneros políticos en Estados Unidos, es un expediente judicial radicado como: Case No. 98-721-CR-Lenard; United States District Court, Southern District of Florida, Miami División; lo que equivale a decir que se trata del caso No. 721 del año 1998, turnado a la jueza Joan Lenard, de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, división Miami, de Estados Unidos.
A su vez, cada causa o proceso, independientemente del número de su radicación, de acuerdo con el sistema judicial de Estados Unidos, se identifica con el nombre de las partes, primero el del acusador (plaintiff) y luego el del acusado (respondents o defendants), así el proceso de los cinco patriotas se denomina: “United States vs. Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez”, aunque bien podría llamarse: “Estados Unidos contra Cinco héroes cubanos”.
Pero la palabra “causa” que viene del latín, tiene la vieja acepción de ser “lo que se considera como fundamento u origen de algo”. La razón de una obligación.
¿Cuál es la causa entonces del proceso de los Cinco Héroes?
Cuba ha venido sufriendo desde 1959 acciones terroristas practicadas por grupos contrarrevolucionarios de origen cubano, radicados en Estados Unidos, que ha significado un peligro real y tangible, no solo para Cuba, que ha perdido en ello la vida de 3 478 de sus hijos y ha visto ilícitamente quebrantada la integridad física de otros 2 099; sino también para el propio pueblo norteamericano.
El terrorismo practicado por los grupos contrarrevolucionarios de origen cubano en Washington es un peligro real y tangible para los intereses de los ciudadanos de Cuba, Estados Unidos y los propios cubano-americanos.
En territorio estadounidense se registran 360 hechos de terror cometidos por esas pandillas entre 1959 y el 2002, desde que fue asaltado el consulado de Cuba en New York, el 1 de abril de 1959, hasta los artefactos explosivos colocados en las sedes de la Fundación Nacional Cubano Americana y Alpha 66 en Miami, el 23 de junio de 2002.
Estados Unidos, después de Cuba, ha sido el país más afectado por esas acciones, estos actos criminales han lesionado intereses norteamericanos y de otros países, así como gubernamentales y privados.
De estas actividades terroristas:
• 15 han sido en Washington DC, la capital norteamericana.
• 59 en la ciudad de New York.
• 172 en Miami Dade.
• 28 en Puerto Rico.
• 11 en New Jersey.
• 7 se realizaron con fecha 11 de septiembre en años anteriores al 2001 y otras 5 se han realizado en días próximos a la misma. En esa fecha, en 1980, fue asesinado en New York, el diplomático cubano Félix Rodríguez.
Cuba tiene el derecho y el deber de defender la vida y la integridad física de su pueblo, de los extranjeros asentados en su territorio, de los turistas que visitan el país; tiene el derecho y el deber de proteger las instalaciones sociales desarrolladas por la Revolución en beneficio del pueblo, las escuelas, hospitales, círculos infantiles; las instalaciones económicas y productivas, los hoteles.
Estados Unidos tiene la obligación de evitar que desde su territorio se organicen, financien y realicen acciones terroristas contra otro Estado soberano, en las que han perdido la vida personas inocentes, incluyendo turistas extranjeros. Ese país tiene la obligación de evitar las acciones terroristas en su propio territorio, con independencia de quiénes las promueven y realizan, y contra quiénes van dirigidas. No puede haber un terrorismo bueno y un terrorismo malo.
Por eso, ante el aumento de las actividades terroristas provenientes de Estados Unidos en la década de los 90, en un intento por trabajar de forma conjunta la lucha contra este flagelo, las autoridades del Ministerio del Interior de Cuba, le proporcionaron al Buró Federal de Investigaciones, durante una reunión celebrada en La Habana en el mes de junio de 1998, varias carpetas conteniendo información detallada de planes violentos que se estaban fraguando en Miami, adjuntando cintas de audio y video, con amplia información personal relativa a los organizadores de estas actividades delictivas. Ahí estaban todos los datos necesarios para capturar a los criminales, enjuiciarles y aplicar las medidas que para esos actos criminales establece la ley norteamericana.2
Pero esa pauta lógica y conforme a derecho, no fue la actuación de los agentes del gobierno de Estados Unidos; sino que, por el contrario, a solo tres meses de aquella reunión, el 12 de septiembre de ese mismo año, en horas de la madrugada, un operativo del FBI, arrestaba a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez en sus respectivos domicilios. No portaban armas, ni encontraron ninguna en sus apartamentos; como no se ocuparon explosivos, ni medios destructivos, ni planos de instalación militar o del gobierno, tampoco de embajadas, oficinas o agencias oficiales.
Estos hombres, como tal vez muchos otros durante algunos años, se habían dedicado a la noble y necesaria tarea de alertar al gobierno de Cuba sobre los planes de ataques terroristas que desde la ciudad de Miami se organizan y financian, para ser ejecutados en territorio cubano, en Estados Unidos o en terceros países.
El sábado de la detención fueron conducidos al cuartel general del FBI de la ciudad de Miami. La oficina federal de abogados de oficio no abriría hasta el próximo lunes y los oficiales del FBI tendrían entonces la oportunidad de “conversar” con los detenidos para “proponer” algunos acuerdos. Las propuestas fueron claras. Si los acusados afirmaban que estaban conspirando contra Estados Unidos y que se proponían obtener información de Seguridad Nacional, recibirían a cambio unas leves condenas a propuesta del gobierno sobre la base del cargo de “Agente extranjero no declarado” y, por supuesto, no irían a un juicio con jurados, sino que se haría un arreglo en la Corte. De no aceptar, serían acusados de “Conspiración contra Estados Unidos” y de “Conspiración para cometer espionaje”, además del cargo de “Agente extranjero”. Para cualquiera podía parecer una buena propuesta. Para un “patriota” era faltar a la verdad.
Los acusados no habían intentado obtener ninguna información sobre la Seguridad Nacional de la nación donde residían, no habían recibido siquiera una solicitud de obtenerla, no habían realizado un acto contra ese país durante todo el tiempo que permanecieron en suelo norteamericano. ¿Por qué decir que eran un peligro para la Seguridad Nacional de Estados Unidos a cambio de un beneficio personal? Desde el punto de vista de los acusados, esta falsa confesión implicaría decir que Cuba estaba interesada en la Seguridad Nacional de ese país por lo tanto era una amenaza y aunque “egoístamente” esto podía representar algún beneficio, sería cambiar totalmente el sentido de sus vidas. Ellos estaban protegiendo a su patria y a los cubanos. Una declaración deshonesta sería utilizada contra Cuba. Habían permanecido en Norteamérica, vigilando de manera secreta las posibles actividades de grupos terroristas, sus informes a Cuba se transmitían en códigos secretos, pero el contenido de estos no reflejaba información alguna de Seguridad Nacional norteamericana.
Estaban dispuestos a reconocer, como lo hicieron en el juicio, que no habían notificado ante el Fiscal general su condición de agentes extranjeros combatiendo el terrorismo, por lo que violaron una formalidad de la ley. Pero, también se demostró en el juicio que era la única forma de hacer su noble trabajo, pues, de conocerlo, el gobierno estadounidense lo habría impedido. Hay que señalar, como hiciera con precisión la defensa, que en Estados Unidos, como en cualquier otro país, una persona puede violar técnicamente una regulación legalmente establecida, si, al hacerlo, su intención es evitar un daño de mayor consideración.
Los cinco patriotas cubanos no aceptaron la indigna propuesta, y asumieron las consecuencias de ir a una corte a decir su verdad, la única verdad.
Inmediatamente, el gobierno daría un golpe brutal contra ellos al encerrarlos en confinamiento solitario en celdas de castigo “el hueco” durante 17 meses.
En lo adelante vendría una larga lista de violaciones, cometidas antes, durante y después del proceso.
Ahí está la causa “de la causa”.
Y como dijera hace muchos años, un viejo y querido profesor: “La causa de la causa, es la causa del mal causado”.
Cargos imputados
Gerardo • Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos.
• Conspiración para cometer espionaje.
• Conspiración para cometer asesinato en primer grado.
• Documentación falsa (falsa identidad).
• Agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Ramón • Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos.
• Conspiración para cometer espionaje.
• Documentación falsa (falsa identidad).
• Agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
René • Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos.
• Agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Fernando • Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos.
• Documentación falsa (falsa identidad).
• Agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
Antonio • Conspiración para cometer delito contra Estados Unidos.
• Conspiración para cometer espionaje.
• Agente extranjero sin previa declaración al Fiscal de Estados Unidos.
CONDENAS IMPUESTAS
Gerardo Condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión.
Ramón Condenado a cadena perpetua más 18 años de prisión.
René Condenado a 15 años de prisión.
Fernando Condenado a 19 años de prisión.
Antonio Condenado a cadena perpetua más 10 años de prisión.
2 El “Acta de entrega de evidencias” fue suscrita por el señor Augustine Rodríguez, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien presidía la delegación norteamericana, y por el coronel Adalberto Rabeiro García, jefe del Departamento de Instrucción Judicial de la Dirección de Contrainteligencia. Fotocopia de la misma puede verse en el libro CUBA, la historia no contada, de la Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003.
3 Apenas tres días después del arresto, el martes 15 de septiembre de 1998, El Nuevo Herald se refería a los detenidos como “la red de espionaje”.
El muro del silencio
En la mañana del 27 de noviembre de 2000, en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en Miami Dade, daba inicio la selección del jurado de un singular proceso judicial, que la prensa local y la extrema derecha de la comunidad cubano-americana en Miami, se apresuraron en “bautizar” como “el juicio de los espías”.3
Los acusados Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González Sehwerert, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez, según la Fiscalía, eran cinco agentes de los servicios de inteligencia del gobierno cubano, tildados de “espías y terroristas” que “habían venido a penetrar bases militares y realizar actos hostiles”. La prensa “miamense” se había hecho eco de ello desde muy temprano con titulares como este: “Espías planeaban sabotaje en la Florida” [El Nuevo Herald, 17 de septiembre de 1998], y ya había anunciado unos días antes que: “Seleccionarán jurado para el juicio de los espías” El Nuevo Herald, 4 de noviembre de 2000.
Según la defensa y los propios acusados, eran sí, efectivamente, cinco agentes cubanos; pero su presencia en Estados Unidos estaba dada por la necesidad de conocer de las actividades de los grupos terroristas que, organizadas y financiadas por la extrema derecha cubano-americana en Miami, se ejecutan contra Cuba, contra su pueblo, contra sus instalaciones económicas, sociales y turísticas, contra sus sedes diplomáticas en el extranjero, contra amigos extranjeros y miembros de grupos de solidaridad con la Revolución Cubana, muchas de ellas en aquel territorio, y nada tenían que ver con asuntos que afectaran la seguridad, estabilidad o relaciones internacionales de ese país.
Este debate, por si solo fuera suficiente para llamar el interés de los medios masivos de comunicación en cualquier parte del mundo: ¿quiénes eran esos hombres: espías y terroristas, o patriotas luchadores contra el terrorismo?; ¿qué hacían en Estados Unidos: constituían un peligro para el gobierno y la nación norteamericana, o, por el contrario, además de servir a su patria y a su pueblo, ayudaban también al país sede alertándolo de acciones terroristas en su territorio?
Pero más allá del interés que despiertan estas interrogantes, y del tema de la increíble existencia de un “terrorismo bueno” y un “terrorismo malo”, en cualquier lugar del mundo, y más aún, específicamente en los estadounidenses, existe una especial vocación por conocer e informarse de los procesos judiciales. Si a ello se le agrega el “condimento” que siempre supone un supuesto caso de “espionaje”, no hay duda que un proceso como este debió ser “pan caliente” en los medios informativos. Tal es así que una parte importante de los comentados en libros sobre “procesos célebres”, son, precisamente, los casos de espionaje.
En Estados Unidos, son frecuentes los programas especiales destinados a comentar casos judiciales específicos; hay columnas determinadas en los diarios dedicadas a comentar juicios de actualidad. Es más, si se toma un día cualquiera la página principal o especializada de un diario, o el portal o índice de una cadena informativa en Internet, podrá comprobar la “pasión” por la crónica judicial. Hoy, por ejemplo, en el momento de escribir estas líneas, 29 de junio de 2004, CNN en español, en su portada en Internet, dedica tres de sus 10 principales titulares a casos judiciales: un caso de pornografía visto por la Corte Suprema; una demanda de un médico mexicano y una demanda de un monje budista. Ninguno de ellos resulta de mayor interés jurídico o político que el proceso de los cinco patriotas cubanos.
¿Cómo explicar que solo al Herald interesó el caso, desde la detención de los acusados y durante las distintas etapas del proceso? Por supuesto, siempre bajo una óptica parcializada para tener informada a la “comunidad cubano-americana” en Miami.
Solo hay que revisar la frecuencia de las informaciones sobre procesos judiciales en la televisión y en la prensa en Estados Unidos, para comprobar como los temas judiciales ocupan un lugar privilegiado en la información, aun en casos que no tienen ninguna significación. ¿Qué decir entonces de un proceso supuestamente vinculado —(al menos periodísticamente, según el decir del Herald)— al “espionaje internacional”? ¿Cuál es la magnitud del proceso del que estamos hablando?
Se trata de un juicio de proporciones históricas, en el que salió a colación y fue revisada la política exterior de Estados Unidos hacia otro país, lo que en muy pocas ocasiones sucede en un proceso judicial; que acumuló más de 119 volúmenes de testimonios, transcripciones y documentos estimados como posibles evidencias, que tiene incorporado al récord más de 800 documentos, con alrededor de 50 mil páginas; que durante siete meses sesionó en la Corte —fue el juicio más largo en ese país en el momento en que tuvo lugar—, y por el cual desfilaron 74 testigos (43 propuestos por la Fiscalía y 31 por la defensa), entre ellos varios pertenecientes a los más altos niveles del ejército de Estados Unidos, como: generales, almirantes, asesores de Seguridad Nacional y otros grandes personajes. ¿Cómo explicar que un proceso de tal magnitud no interesara para nada a los importantes órganos de prensa y cadenas de televisión, ávidos, tras la noticia sensacionalista?
¿Qué interés podía tener ese gobierno en que aquel juicio no fuera del conocimiento público, no llegara como cualquier otro juicio de esa naturaleza al lector norteamericano?
¿Acaso no es porque el vínculo entre el gobierno de Estados Unidos y la extrema derecha cubano-americana se hace evidente a lo largo de todo el proceso?, ¿o porque se pone de manifiesto la licencia, y hasta apoyo, con que cuentan los grupos terroristas para actuar impunemente dentro del territorio norteamericano, planeando y llevando a efectos acciones criminales contra Cuba?
Un muro de silencio fue levantado alrededor del caso, como muralla de contención de la verdad.
Mientras tanto, en Miami, el Nuevo Herald publicaba más de 160 artículos sobre el caso, durante la celebración del juicio, y en 46 de ellos los titulares llamaban “espías” a los acusados o utilizaban el término “espionaje” para calificar el motivo de la acusación.
De esta manera, mientras toda la nación norteamericana y el mundo en general ignoraban la existencia del importante proceso, sin derecho alguno a conocer la verdad de lo que estaba pasando, a través de una prensa menos parcializada y servil a los intereses de un grupúsculo dominante en la Florida, la población de Miami se intoxicaba de “anticastrismo” y de odio, recibiendo una información distorsionada tendente a atemorizar a los ciudadanos honestos con supuestos actos terroristas, que pretendían hacer ver qué planeaban los llamados “espías”, y contribuyendo a obstaculizar la formación de un juicio o razonamiento imparcial acerca de los hechos y de las personas involucradas en ellos.
Como una bola de nieve que baja desde lo alto de una montaña, el prejuicio invadía así una comunidad, ya de por sí infestada, y avanzaba atronador hasta el edifico de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, en Miami, con el único objetivo de obstaculizar la justicia.
En lo adelante, el proceso estaría preñado de distintas maniobras y actuaciones encaminadas a impedir un juicio verdaderamente justo, a ocultar las causas que motivan la presencia de patriotas cubanos en Estados Unidos, lo justificado de su acción, y a procurar a toda costa, un veredicto de culpabilidad, lo que llegó al extremo en la tenebrosa maniobra para imputar en el curso del proceso a uno de los acusados —Gerardo Hernández Nordelo— a un cargo infamante —Conspiración para cometer asesinato— con el objetivo de politizar más aún aquel juicio amañado, y predisponer, hasta la histeria a aquella comunidad, ya de por sí prejuiciada, todo lo que desembocó en un veredicto injusto y sentencias que establecen penas excesivas, desproporcionadas, desmedidas, en relación a la supuesta “intención criminosa” —que no existía—, a los medios y modos utilizados para ejecutarla y al “resultado dañoso” producido, también inexistente, como exigen las leyes y la doctrina legal de la mayoría de las naciones que conforman la Comunidad Jurídica Internacional, incluyendo a ese país, en este mundo de hoy, supuestamente civilizado.
Todo el proceso, desde el momento mismo de la detención, ha estado plagado de intrigas, arbitrariedades e ilegalidades. Lo que, evidentemente, suma una causa más para el silencio.
Desde el FBI hasta la Fiscalía, desde la Jueza hasta el jurado, fueron cometiendo, repetidamente, una tras otra, violaciones de la ley y los reglamentos, de la propia Constitución de Estados Unidos, del precedente judicial —tan significativo para los países del llamado Common Law — y del Derecho Internacional, así, en el afán de condenar a la Revolución Cubana, se condenaba a aquellos hombres dignos, cuyo único pecado capital, a los ojos del “funda-mentalismo religioso” gobernante allí, era el de ser revolucionarios, patriotas, luchadores internacionalistas contra el terrorismo, y para lograrlo no bastaba solo con ignorar, pisotear o violar la ley, era absolutamente necesario también ocultarlo.
Pero la verdad no puede ocultarse toda la vida. Algún día los estadounidenses tendrán la posibilidad de conocerla, de saber cuánta injusticia, tortura, arbitrariedad e ilegalidad ha recibido el manto protector de una sentencia judicial; de conocer cómo los que propugnan y alardean una supuesta lucha contra el terrorismo, y al amparo de ello llevan a cabo la guerra de agresión contra otros estados soberanos y cometen violaciones del Derecho Internacional, por otra parte protegen abiertamente a los terroristas en su propio país.
Los hombres y mujeres dignos del mundo tienen el derecho de conocer la verdad.
Los que hemos podido conocer la verdad del injusto proceso tenemos el deber de divulgarla.
Así, este trabajo no pretende ser una obra de Derecho, doctrinal o científica, ni tampoco una recopilación de anécdotas. Es solo la presentación de las principales violaciones cometidas, de la verdad.
Ha habido un amañado juicio en Miami, ha habido también un veredicto parcializado, y, por ende, injusto e ilegal, y sentencias arbitrarias exageradas e ilegales. Los patriotas cumplen injustas sanciones sin cometer crimen alguno, y esperan por la decisión de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Apelación en Atlanta, con la esperanza de que haya allí un espacio reservado a la justicia estadounidense. Pero es tiempo aún para decir la verdad, para informar y alertar a los pueblos sobre la injusticia cometida; sumar a los hombres y mujeres, en cualquier latitud, al reclamo de justicia.
Sumémonos pues a defenderlos divulgando la verdad, como dijera el Apóstol: “la verdad bien dicha, dicha a tiempo, disipa, como si fuera humo, a sus enemigos”.
3 Apenas tres días después del arresto, el martes 15 de septiembre de 1998, El Nuevo Herald se refería a los detenidos como “la red de espionaje”.
No hubo jurado imparcial
La búsqueda de un jurado imparcial es una de las etapas más importantes del proceso judicial en el sistema del Common Law. Esta búsqueda, de jurados completamente ajenos a los hechos que se ventilan y a las personas que se juzgan, puede llegar, en ocasiones, a resultar demasiado lenta y costosa, lo que se manifiesta con mayor frecuencia en los casos rodeados de gran notoriedad.
La determinación que hace el jurado sobre los hechos que en realidad hayan sucedido es un elemento esencial del sistema judicial del Common Law. El objetivo del procedimiento judicial con la presencia de jurados, actualmente, consiste en seleccionar personas que ignoren los hechos que se imputan; de modo que las partes pueden introducir esos hechos mediante la presentación de las pruebas, y los jurados, valiéndose luego de las instrucciones del juez, puedan establecer efectivamente los hechos que realmente sucedieron según hayan resultado probados más allá de toda duda razonable.
El derecho de ser juzgado por un jurado imparcial es uno de los más importantes que conforman el llamado Bill of Rights o listado de derechos fundamentales contenidos en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos de América.
La Constitución norteamericana, aprobada por la Convención Constituyente el 17 de septiembre de 1787, carecía de una declaración respecto a los derechos civiles y políticos fundamentales, por lo que en el primer período de sesiones del naciente Congreso, fueron propuestas las 10 primeras enmiendas y ratificadas el 15 de diciembre de 1791, incorporándose al texto constitucional.
La VI enmienda establece que: “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en el que el delito se haya cometido, distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda”.
Posteriormente, el precedente judicial o sentencia reiterada de las cortes, interpretó el precepto en el sentido que lo importante era la presencia de un jurado imparcial, por lo que si no puede lograrse en el distrito donde se cometió el delito, el juicio debe ser trasladado a otro distrito del propio estado, o, incluso, a otro estado.
La ciudad de Miami, caracterizada por el periodista Luis Báez como: “donde el tiempo se detuvo”,4 por el anquilosamiento en el pasado de una gran parte de la comunidad cubano-americana, que vive aún en un sueño imposible de volver a la Cuba de 1958, ha sido, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Cubana, cuna de cuantas organizaciones contrarrevolucionarias se hayan creado, incluyendo las más reaccionarias de la extrema derecha cubano-americana y las terroristas.
A nadie asombró, por eso, que desde la misma detención de los cinco compatriotas, el 12 de septiembre de 1998, se desatara una feroz campaña periodística en contra de los detenidos. Noticias como estas inundaban los periódicos y programas radiales: “Son traidores, deben darle el más severo castigo” —El Nuevo Herald, 15 de septiembre de 1998—, o “Espías planeaban sabotaje en la Florida” —El Nuevo Herald, 17 de septiembre 1998—, solo El Nuevo Herald, para citar uno, publicó, antes y durante el juicio, 160 artículos con grandes titulares como los anteriores, o este otro: “Conspiración para asesinar en el derribo de los aviones”. De esta manera aquellos que cumplían la digna misión de preservar a su patria de los ataques terroristas que se organizan y llevan a cabo desde el territorio de la Florida, eran tildados de traidores y presentados como peligrosos terroristas.
El proceso fue denominado públicamente como “el juicio de los espías” y se convirtió en la “comidilla”de bares y cantinas; restaurantes y parques, donde asiduamente se reúnen aquellos detenidos en el tiempo, remordidos en el odio, sedientos de venganza.
Como era lógico esperar, ante un panorama como ese, los abogados de la defensa, cuando la oportunidad procesal del juicio así lo permitía, presentaron a la Corte una solicitud interesando el cambio de jurisdicción; así, desde tan temprana fecha como el 16 de agosto de 1999, el abogado de Ramón, William M. Norris, solicitó de la Corte la asignación de fondos para llevar a cabo una encuesta que permitiera argumentar el cambio de sede del proceso.
Unos meses más tarde, el 5 de enero de 2000, el abogado de Antonio Guerrero Tony en aquella fecha, Jack Blumenfeld, presentaría una moción interesando un cambio de sede. Unos días después, el 13 de enero de 2000, contando ya con el resultado de la encuesta, lo haría el abogado William Norris, a nombre de Ramón Labañino, presentando una documentada moción basada en las declaraciones de expertos, los resultados de la encuesta y una selección de artículos de prensa, todo lo que demostraba la animosidad contra los acusados; a continuación el 24 de enero, presentaría su moción para el cambio de sede el abogado Joaquín Méndez, a nombre de Fernando González, y, por último, el 20 de marzo de 2000 se presentaría ante la Corte una moción conjunta de los cinco acusados sumándose todos a las mociones para el cambio de sede.
