Historia contemporánea de Costa Rica 1808-2010 E-Book

David Díaz Arias

• Herausgeber: Editorial Costa Rica
• Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2019

Beschreibung

En el año 2009, Fundación MAPFRE emprendió uno de los proyectos editoriales más ambiciosos en lo que llevamos de siglo en el ámbito de la historia común de los países iberoamericanos: la colección América Latina en la Historia Contemporánea. El objetivo con el que nació esta iniciativa fue el de promover el análisis de los grandes procesos históricos continentales a través de una estructura homogénea que facilitara la comparación y el análisis sistemático de la historia de los países latinoamericanos. Costa Rica se incorpora a la colección América Latina en la Historia Contemporánea cuando se cumple el décimo aniversario de su lanzamiento. De la mano de un plantel de destacados especialistas en diferentes ámbitos de la historia costarricense, la profesora Patricia Vega ha dirigido la realización de este volumen, que aborda de manera ágil y rigurosa los últimos doscientos años de la historia política, económica o cultural de Costa Rica. Confiamos en que esta publicación redunde en el mejor conocimiento de la historia de Costa Rica entre la comunidad científica y, especialmente, entre el público interesado por la historia de nuestras naciones.

Leseprobe

Historia contemporánea de Costa Rica 1808-2010

Coordinado por

Patricia Vega Jiménez

América Latina en la historia contemporánea

Presentación

En el año 2009, Fundación MAPFRE emprendió uno de los proyectos editoriales más ambiciosos en lo que llevamos de siglo en el ámbito de la historia común de los países iberoamericanos: la colección América Latina en la Historia Contemporánea. El objetivo con el que nació esta iniciativa fue el de promover el análisis de los grandes procesos históricos continentales a través de una estructura homogénea que facilitara la comparación y el análisis sistemático de la historia de los países latinoamericanos.

Fue tal vez esta visión integradora de la historia latinoamericana, junto con el hecho de apostar por incorporar a los principales especialistas de cada país, lo que mayor interés y expectación ha despertado a lo largo de estos años. Más de cuatrocientos investigadores en múltiples disciplinas han colaborado en este proyecto que ha mantenido desde el inicio un carácter accesible y renovador. Su alcance trascendió la celebración de los bicentenarios de independencia para convertirse en un referente como proyecto transversal, que sitúa a América Latina en el centro de los procesos transformadores que se iniciaron a principios del siglo XIX y continúa hasta el siglo presente proyectando los retos a los que se enfrenta toda la región, así como los países europeos que han tenido una mayor relación con Latinoamérica.

Con esta obra que ahora presentamos, Costa Rica se incorpora a la colección América Latina en la Historia Contemporánea cuando se cumple el décimo aniversario de su lanzamiento. De la mano de un plantel de destacados especialistas en diferentes ámbitos de la historia costarricense, la profesora Patricia Vega Jiménez ha dirigido la realización de este volumen, que aborda de manera ágil y rigurosa los últimos doscientos años de la historia política, económica o cultural de Costa Rica. A todos ellos queremos agradecerles su entrega y su dedicación.

Finalmente, queremos agradecer, tanto a la Editorial Costa Rica como a la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, por su decisión de embarcarse en este proyecto, aportando su larga experiencia en el campo editorial costarricense y la calidad y el rigor en sus publicaciones. Confiamos en que esta contribución redunde en el mejor conocimiento de la historia de Costa Rica para la comunidad científica y, especialmente, para el público interesado por la historia de nuestras naciones.

Fundación MAPFRE

Cronología

Antes de 1760: Economía colonial de subsistencia – vigente de manera predominante hasta bien entrado el siglo XIX.

1776 +: Apertura al comercio interno entre las colonias y España, reglamento de “comercio libre”.

1765-1840: Incorporación del Monopolio del Tabaco y monetización creciente de la economía.

1797-1821: Apertura comercial forzada por las guerras napoleónicas y la revolución en España.

1809: Jura a Fernando VII en Cartago.

1821: Independencia de España.

1821-1914: Apertura comercial creciente después de la independencia de España, primero bajo la Federación Centroamericana y luego bajo la República.

1821-1914: Mercados internacionales en auge, con productos del comercio externo (tabaco, palo brasil, oro, azúcar, café, y banano).

1821-1914: La población creciente y la colonización progresiva del territorio establecen las bases para un reducido mercado de consumo interno.

1821-1914: Instituciones económicas mejoran progresivamente (moneda, del bimetalismo al patrón oro; bancos; inversiones en transporte).

1823: Batalla de Ochomogo.

1823: Costa Rica envía su primera misión diplomática al exterior y firma sus primeros tratados internacionales.

1824: Anexión del Partido de Nicoya.

1824: Unión a la República Federal de Centroamérica.

1825: Constitución Política Federal.

1835: Guerra de la Liga.

1838: Separación de la República Federal de Centroamérica.

1848: Declaración de la República.

1848: Primeros tratados con países europeos y primera misión diplomática a Europa.

1850: España reconoce la independencia de Costa Rica.

1856-1857: Guerra contra los filibusteros.

1858: Tratado de límites con Nicaragua.

1870: Golpe de Estado de Tomás Guardia.

1889: Movilización por triunfo electoral de José Joaquín Rodríguez.

1892: Inauguración de la estatua a Juan Santamaría en Alajuela.

1895: Inauguración del Monumento Nacional en San José.

1907: Creación de la Corte de Justicia Centroamericana.

1913: Voto directo.

1914-1920: El impacto de la Primera Guerra Mundial provoca una reducción de las importaciones y causa problemas fiscales, agravados por los malos manejos en el gasto público.

1919: Caída de la dictadura de Federico Tinoco.

1921: Breve conflicto armado con Panamá.

1921-1929: Recuperación económica de posguerra, basada en altos precios del café que no fueron sostenibles.

1925: Voto secreto.

1929-1936: Gran crisis de los treinta, caída de los precios del café y el banano y traslado de la producción de este último del Caribe al Pacífico, con graves consecuencias en importaciones e ingresos fiscales, pero con un repunte de la producción interna agrícola.

1931: Fundación del Partido Comunista de Costa Rica.

1936-1950: Recuperación poscrisis, cortada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos fueron de menor intensidad sobre el comercio y consumo nacionales, seguido de un periodo de recuperación posguerra marcado por la Revolución de 1948.

1940: Creación de la Universidad de Costa Rica.

1941: Creación de la Caja Costarricense de Seguro Social.

1941: Tratado de límites con Panamá.

1942: Garantías Sociales.

1943: Código de Trabajo.

1945: Costa Rica participa como miembro fundador en la creación de las NN. UU.

1948: Costa Rica participa como miembro fundador en la creación de la OEA.

1948: Guerra Civil.

1949: Se suprime constitucionalmente el ejército.

1949: Emisión de la Constitución actual.

1950-1985: Desarrollo de la agricultura moderna de exportación y de la industria manufacturera, a través de la integración con Centroamérica y la apertura de mercados mundiales.

1950-2000: El aumento rápido de la población y la ocupación de todo el territorio útil resultan en un creciente mercado interno, integrado por los medios de transporte.

1951: Inicio del sistema de integración centroamericana.

1958: Amnistía a los perdedores de la guerra civil.

1965: Se emite el Estatuto del Servicio Exterior.

1969: Se firma en San José la Convención Americana de Derechos Humanos y Costa Rica es el primer país en ratificarla.

1970-2000: En economía y naturaleza, se abren nuevas opciones: parques nacionales, conservación, reforestación y turismo, pero se agravan problemas de contaminación y energía.

1980-2000: Una nueva gran crisis económica (1980-1985) fuerza un cambio hacia una economía más abierta y basada en señales del mercado, con logros en cuanto a exportaciones y crecimiento, pero contradicciones en cuanto a equidad y desarrollo económico.

1987: Plan de Paz Arias y Premio Nobel de la Paz.

1995: Se firma el pacto Figueres-Calderón.

2000: Movilización social contra la apertura del monopolio de telecomunicaciones.

Las claves del periodo

La reconstrucción histórica de Costa Rica contemporánea (1808-2000) no es tarea fácil. Para algunas épocas hay información en abundancia, incluso algunas ya han sido estudiadas con detalle; para otras se hace preciso recurrir a fuentes diversas y fragmentadas, que permitan construir la interpretación de los hechos con rigurosidad académica.

Para la historia reciente, en especial después de la segunda mitad del siglo XX, la profusa documentación está claramente clasificada y ordenada, pero para el pasado lejano, antes de 1821, año en el que la Capitanía General de Guatemala se independiza de España e inicia el largo proceso de formación de los Estados, la información es poca y está dispersa.

Otro desafío metodológico lo constituyen las periodizaciones. La historia política tiene un ritmo distinto al de la historia de las relaciones internacionales y estas, a su vez, del proceso económico, de la población, la sociedad y la cultura. Esto condujo a exponer una periodización específica en cada capítulo.

En todo caso, ningún proceso histórico tiene un principio y un final definitivo. La historia es una y los cortes históricos son más convencionales que reales. A sabiendas de esto, los autores consideraron cambios y continuidades en su área específica y definieron periodos con fines exclusivamente explicativos.

En el capítulo sobre “La vida política”, el Dr. David Díaz explica quela coyuntura de la independencia (1821) enfrentó a los políticos de los ayuntamientos de la Provincia de Costa Rica a la tarea de organizar una estructura de control que les permitiera, en el mejor de los casos, conservar sin alteraciones profundas la estabilidad política. En buena medida lo consiguieron al construir un poder central sin rompimientos enormes ni continuados en el seno de las elites políticas. Tal cosa se modeló posible porque, contrariamente a la norma latinoamericana, en este primer momento en Costa Rica no se produjeron levantamientos armados de las poblaciones rurales ni indígenas y, en ese sentido, tampoco aparecieron caudillos que se enfrentaran con constancia a la estructura política organizada por el Pacto de Concordia, primera constitución del país independiente.

Eso alentó que, una vez asegurado su temor a la orfandad política incorporándose a la Federación Centroamericana (1824), las elites políticas experimentaran un periodo de relativa estabilidad que se rompió en la década de 1830. No obstante, la quiebra de esa estabilidad producida principalmente por los intereses localistas tampoco fue letal para el sistema político central porque nunca logró despedazarlo del todo.

Pero la insistencia de los localismos era una amenaza para la construcción del Estado. Braulio Carrillo en la década de 1830 y Juan Rafael Mora en la década de 1850 lo tenían muy claro por lo que, a fuerza de concentrar el poder militar, tratar de modernizarlo y –algo fundamental para construir una estructura de coerción– monopolizarlo, quisieron triunfar sobre la división. Mora Porras se gloriaba de haberlo logrado. Conseguir ese objetivo, empero, implicó la centralización del poder en el Ejecutivo, con mengua de los otros poderes y enfrentándose –como Carrillo– a las municipalidades, centros de la actividad política localista.

En 1848 el país se declaró república, aunque todavía con algunas dudas sobre su viabilidad política como Estado. En 1856-1857 el país debió hacer frente a una amenaza externa de filibusteros estadounidenses y de otras nacionalidades, dirigidos por William Walker, que se asentaron en la dividida Nicaragua y pusieron en peligro la integridad de los estados centroamericanos. Costa Rica jugó un papel muy importante en la lucha contra los filibusteros y su triunfo sobre Walker dio aires a los políticos promotores de la centralización del Estado. No obstante, en la década de 1860 volvió a experimentar luchas entre algunas de las fuerzas políticas, situación que produjo una inestabilidad que solo acabaría con un golpe de Estado en 1870.

La Constitución de 1871 vendría a promover –con más fuerza que la de 1848– el marco jurídico para lograr la meta de un Estado moderno, centralizado y poseedor del monopolio de la fuerza. Asimismo, era necesario, si se quería verdaderamente construir un Estado, que su poder se afirmara sobre el de las familias enriquecidas por las actividades económicas, principalmente las cafetaleras.

El golpe de Estado de Tomás Guardia en 1870 abrió esa posibilidad, pero a costa de la concentración del ejercicio político en los militares y en una pequeña esfera de intelectuales y juristas alimentados por el pensamiento liberal y enardecidos por un sentimiento mesiánico. La ampliación burocrática que se experimenta en la década de 1870, la profesionalización del ejército y los síntomas de un Estado cada vez más vigilante e interventor se combinarán con una reforma jurídica que alcanzará brillo en 1888 con el Código Civil y con una reforma liberal que se expresará en el intento de secularización de las clases populares a través de la extensión de la educación y en el sometimiento del poder eclesiástico a las normas emanadas desde el civil.

La nueva visión política, sin embargo, no será del todo popular y más bien posibilitará la conformación de un grupo político descontento con el sistema que, por efecto de una inclusión política cada vez más acelerada, se expresó por medio de las urnas y se representó en el levantamiento popular de 1889. A partir de entonces, pero fundamentalmente al acabar el gobierno autoritario de Rafael Yglesias (1902), la disputa electoral se convertirá en el sustento del juego político, que tenderá a agudizarse después de 1913, cuando se eliminen las votaciones de grado y se establezca el voto directo.

Consecuente con esta inclusión política, la dinámica electoral estable y continuada del periodo 1889-1913 promovió la discusión pública e impresa y comprometió a los líderes políticos comunales a presionar por la inversión estatal en obras públicas, salud y educación. El Estado, entonces, incapaz todavía de construir un régimen tributario directo, tuvo que recurrir a los impuestos indirectos para hacer frente a estas inversiones. Lo más interesante en ese sentido es que, al obtener sus ingresos principales de los impuestos de importación a productos de consumo popular y de las divisas generadas por la Fábrica Nacional de Licores, la infraestructura creada, los puestos de trabajo públicos y los programas sociales impulsados fueron pagados por los mismos que los pedían. Cuando Alfredo González Flores llegó al poder en 1914 y planteó una reforma a esa estructura tributaria, parecía que empezaría una nueva etapa en la política y el Estado costarricense.

No obstante, los intentos de reforma de González Flores probaron la imposibilidad del Ejecutivo de producir una reforma tributaria que afectara directamente a las clases adineradas. El precio lo constituyó un golpe de Estado por parte de Federico Tinoco en 1917 y, pronto, la instauración de prácticamente una dictadura que caería por efecto de movimientos sociales posteriores en 1919. Entre 1920 y 1940 el país experimentará una serie de cambios que dieron al traste con el pensamiento liberal tan acentuado y alentaron la llegada de nuevos actores que pretendían transformar parte de la política social del país, para combatir también el comunismo.

Entre 1940 y 1948 Costa Rica vivió una tremenda efervescencia social producto tanto de las políticas sociales que crearon nuevas instituciones (Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social) como de la nueva legislación social (Garantías Sociales, Código de Trabajo) y del enfrentamiento político entre viejos y nuevos actores. El resultado fue la Guerra Civil de 1948, que llevó al ascenso la Junta Fundadora de la Segunda República. La Junta siguió el derrotero de las transformaciones y acentuó las vías de un Estado más paternalista, con monopolio sobre la banca, la electricidad y las telecomunicaciones.

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la impronta de ese nuevo estilo de Estado y por el papel del Partido Liberación Nacional en su desarrollo. El Estado se expandió y se convirtió en uno de los principales entes empleadores e impulsores de la economía, tanto por efecto de la creación de nuevas instituciones como por el impulso a la educación secundaria, la educación técnica y la educación superior.

Entre 1948 y 1970 el país experimentó un avance social que le dio continuidad al mejoramiento de las condiciones de vida del costarricense. El Estado, empeñado en ese proceso, produjo las bases que permitieron que el país consiguiera altos índices en su esperanza de vida, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Después de 1970 el Estado se embarcó en la producción de empresas que permitieran auspiciar la economía. No obstante, este Estado empresario entró en una serie de contradicciones, tanto por los límites de su accionar como por efecto de la corrupción. Así que después de 1978 se volvió cada vez más aguda la crítica al Estado como un ente gigante que entorpecía el desarrollo libre del mercado y de la economía. La crisis económica que se vivió después de 1980 y se agudizó en 1981-1982 hizo que el país virara hacia una serie de reformas estructurales que atrajeran el capital internacional y estabilizaran la economía.

En ese contexto, Costa Rica adquirió un liderazgo internacional que la llevó a jugar un papel central en los procesos de negociación de la paz en Centroamérica, entre 1986 y 1990. Ese liderazgo permitió una cierta unidad interna que se representó en la celebración de los 100 años de democracia en 1989.

La década de 1990 vería la consolidación de la reforma del Estado. Un pacto entre los hijos de los caudillos de la década de 1940 favoreció la posibilidad de concretizar la reforma y llevó a un cierto desprestigio del Partido Liberación Nacional, el cual fue cosechado por el Partido Unidad Social Cristiana. Junto con la reforma estatal creció el bipartidismo. Pero la reforma produjo una serie de enfrentamientos tanto políticos como sociales, que llevaron a una discusión acerca de la relación entre el Estado y su pasado. Cuando Miguel Ángel Rodríguez tomó el poder en 1998, intentó afianzar una unidad política que le permitiera terminar con la reforma, especialmente en lo que respectaba a la apertura del monopolio de las telecomunicaciones. No lo logró, y el siglo terminó con una de las más grandes movilizaciones sociales, conocida como el Combo-ICE, que aglutinó a sindicalistas, profesores, maestros, estudiantes y otros grupos contrarios la apertura. El siglo XXI comenzaba con un desgaste de las fuerzas políticas tradicionales, con un Estado en reforma, con un activo movimiento social y con la esperanza de sostener lo mejor del pasado en el futuro.

El capítulo “La política exterior”, elaborado por el máster Jorge Francisco Sáenz Carbonell, advierte que después de su separación de España en 1821, Costa Rica perteneció sucesivamente al Imperio mexicano (1822-1823) y a la República Federal de Centroamérica (1824-1838). Con excepción del paréntesis de 1823-1824, durante el cual envió su primera misión diplomática al exterior y firmó sus primeros tratados internacionales, Costa Rica no tuvo política exterior propia sino hasta 1838, cuando asumió la condición de estado soberano. Sin embargo, durante un decenio mantuvo esa política circunscrita a las relaciones con los demás países centroamericanos. No fue sino hasta 1848 cuando firmó sus primeros tratados con países europeos y envió su primera misión diplomática a Europa. Este ámbito de acción se amplió pocos años después a los Estados Unidos de América y a otros países iberoamericanos.

Contrariamente a los otros países centroamericanos, Costa Rica se abstuvo casi siempre de participar en los reiterados y siempre fallidos intentos por restablecer la unión política regional. Durante buena parte del siglo XIX, los principales objetivos de la política exterior de Costa Rica fueron el reconocimiento de su soberanía y la definición de los límites. El primero se logró con cierta rapidez, tanto por el reconocimiento de la independencia por parte de España (1850) y el establecimiento de vínculos diplomáticos con los principales países de Europa Occidental y América, como por el éxito alcanzado en la Campaña Nacional contra los filibusteros que se habían apoderado de Nicaragua e invadieron Costa Rica en 1856. El tema de las fronteras resultó mucho más complicado. La anexión del partido de Nicoya a Costa Rica enturbió las relaciones con Nicaragua, que exigía la devolución de ese territorio, pero la cuestión se complicó aún más cuando la cuenca del río San Juan se convirtió en foco de tensiones entre potencias como los Estados Unidos y Gran Bretaña, que aspiraban a controlar un posible canal interoceánico en esa región. El límite fue definido en 1858 por el tratado Cañas-Jerez, pero las dificultades continuaron y condujeron a un juicio arbitral, que en el laudo Cleveland de 1888 confirmó la validez del convenio. A pesar de ello, las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua continuaron siendo tensas a lo largo del siglo XX, y llevaron a ambos países a juicios ante la Corte de Justicia Centroamericana y la Corte Internacional de Justicia, además de infinidad de incidentes bilaterales. Con respecto a la frontera sudeste, la anexión militar por Colombia de la región costarricense de Bocas del Toro en 1836 dio pie a varios tratados de límites y de arbitraje, ninguno de los cuales resolvió definitivamente el problema. El problema persistió al independizarse Panamá de Colombia (1903), al punto que en 1921, Costa Rica y su vecina llegaron a un enfrentamiento armado, que se detuvo rápidamente por la intervención de los Estados Unidos. Finalmente, en 1941 se firmó el tratado Echandi-Fernández, que puso fin a la controversia limítrofe y fue complementado en 1980 con la firma del tratado Calderón-Ozores, que definió las fronteras marinas entre ambos países.

Durante casi todo el siglo XX, la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos en la región centroamericana influyó notoriamente en la política exterior de Costa Rica, que participó en los dos sistemas Washington de convivencia centroamericana, el primero de los cuales estableció en la ciudad costarricense de Cartago la sede de la Corte de Justicia Centroamericana, primer tribunal permanente de Derecho Internacional y de Derechos Humanos de la historia mundial, cuya duración fue, sin embargo, muy breve. El país se unió a los aliados en ambas guerras mundiales y se alineó con la potencia norteamericana en la Guerra Fría. Pese a ello, Costa Rica también pudo gozar de un margen de autonomía mayor que el de otros países de la región en sus relaciones con los Estados Unidos, en gran medida gracias a su estabilidad política y a su sistema democrático, acentuado a partir de 1948 con la supresión del ejército. A partir del decenio de 1970, Costa Rica amplió sus relaciones exteriores de modo notorio para incluir a países de Europa Oriental, el Asia y el África; participó en numerosas iniciativas de concertación y cooperación con otros países latinoamericanos, y a fines del decenio de 1980 tuvo un papel protagónico en los esfuerzos para la paz y la democracia en Centroamérica.

En la segunda mitad del siglo XX, el ámbito multilateral tuvo mucha importancia en la política exterior costarricense, entre otras cosas, debido a que la defensa exterior quedó confiada a los mecanismos e instrumentos del derecho internacional. Costa Rica fue miembro fundador de la OEA y las Naciones Unidas y en varias oportunidades formó parte de órganos como el Consejo de Seguridad y el ECOSOC. En la política multilateral, el país también logró notable prestigio como adversario de las dictaduras y defensor de los derechos humanos; en 1969 se firmó en su capital, San José, la Convención Americana sobre la materia, que Costa Rica fue primera en ratificar y que estableció también en San José la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El servicio diplomático costarricense fue muy reducido durante casi todo el primer siglo de la historia soberana del país, ya que usualmente se limitaba a una o dos misiones permanentes en lugares estratégicos como los Estados Unidos y Europa, y misiones especiales para los demás asuntos. Había un gran número de consulados honorarios, pero su funcionamiento solía ser deficiente o irrelevante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo en las relaciones internacionales del país hizo aumentar el número de las representaciones en el exterior y la cantidad de funcionarios remunerados, pero no la calidad de los agentes diplomáticos, que en muchos casos eran designados con base en sus conexiones políticas o familiares y sin atender a requisitos de preparación o experiencia, y que eran removidos cuando un partido político de diverso signo triunfaba en las elecciones. En 1965 se emitió finalmente una ley para establecer la carrera diplomática, el Estatuto de Servicio Exterior, pero no fue sino hasta el decenio de 1980 cuando se empezaron a dar pasos efectivos para ponerla en práctica y establecer una efectiva carrera diplomática en Costa Rica, lo cual fue decididamente respaldado con sucesivas resoluciones de la Sala Constitucional. Otro cambio importante ocurrido durante el siglo XX en la diplomacia costarricense fue la progresiva incorporación de las mujeres a sus filas, a partir de la labor desarrollada por doña Yvonne Clays Spoelders entre 1940 y 1944. Al concluir el siglo, de los funcionarios de carrera en servicio activo casi la mitad eran mujeres, ocho de ellas con rango de embajadoras.

En el tercer capítulo, referente al “Proceso económico”, el M.A. Jorge León presenta, en dos apartados, los elementos principales de historia económica de Costa Rica, entre 1760 y 2000. El primero está referido al periodo 1760-1914, cubriendo las últimas seis décadas del dominio español y el periodo republicano hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un segundo apartado lleva el análisis desde la Primera Guerra hasta el final del siglo XX.

Para el estudio de la economía nacional, se parte de la situación existente hacia 1760 y los cambios ocurridos en las décadas siguientes, hasta desembocar en la independencia en 1821. Dichos cambios estuvieron marcados de manera muy importante por el desarrollo del monopolio del tabaco, tanto por los efectos sobre producción e ingresos –donde se privilegió a San José–, como por la introducción de nuevos instrumentos monetarios y crediticios, así como nuevas instituciones económicas al país. Desde temprano en la época colonial, la población y actividades económicas estuvieron concentradas en el Valle Central, característica geográfica que se mantiene hasta el presente. Con la independencia, se abrió un nuevo panorama que significó un redireccionamiento del comercio hacia el mercado mundial, liderado inicialmente por el tabaco, el oro, y el palo de brasil, pero en el cual desde 1830 comenzó a destacar el café, que para 1850 dominaba completamente el comercio y la vida económica.

Esa economía, basada fundamentalmente en el café, fue creciendo durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, concentrándose en el Valle Central y extendiéndose gradualmente a zonas económicas aledañas, tales como Turrialba, al este, y la zona de los Santos, al sur. La riqueza generada por el café estimuló el crecimiento urbano, principalmente de San José, pero también aumentó el consumo y la necesidad de mejorar el transporte para el comercio exterior. En la década de 1860 se buscó construir una vía de acceso al Caribe, la cual se inició a partir de 1870, con la decisión de la administración Guardia de construir un ferrocarril interoceánico, tarea que ocupó a los gobiernos sucesivos hasta 1910, cuando se completó la ruta hasta Puntarenas.

La construcción del ferrocarril en el Caribe abrió la posibilidad de incorporar al banano como una nueva actividad exportadora, al dotar de la infraestructura de transporte necesaria a esa región. A partir de 1880, pero principalmente en las décadas de 1890 y 1900, la exportación de banano impulsada por la United Fruit Company como productora, transportista y comercializadora de la fruta, se convirtió en una nueva fuente de riqueza. Esta riqueza, sin embargo, se concentró en unas pocas fincas grandes de banano, a diferencia de la producción de café, que, si bien durante el siglo XIX estuvo en manos de grandes y medianos productores, con el tiempo fue difundiendo estos ingresos también a estratos de productores menores.

Para el final del periodo en 1914, el país contaba con una economía capitalista incipiente, sujeta a crisis recurrentes por su estrecho vínculo con los mercados internacionales, y con una estructura productiva que combinaba elementos de la economía campesina con una agricultura capitalista bien establecida en café y banano. La economía campesina subsistía e incluso se expandía en las regiones periféricas, fuera del Valle Central y el Caribe.

La economía interna, en términos del consumo de la población, sufrió mucho durante la Primera Guerra Mundial, conflicto cuyos efectos duraron hasta 1920. Buenos precios del café entre 1921 y 1929 crearon una bonanza de corto plazo, pero luego las décadas de 1930 y 1940 fueron difíciles. En estas décadas los productos de exportación mostraron poco dinamismo, concentrándose buena parte de la actividad económica en la expansión de la agricultura de granos y ganadería para el consumo interno, así como una incipiente actividad industrial, surgida al amparo de las restricciones de importaciones de manufacturas existentes.

Al finalizar la primera mitad del siglo XX, la economía mostraba una recuperación significativa después de un largo periodo de constantes crisis (Primera Guerra Mundial, gran crisis de los treinta y la Segunda Guerra Mundial). Los conflictos políticos internos habían concluido con la Revolución de 1948, que le dio un giro importante a la política económica, al otorgarle al Estado –vía Constitución– nuevas funciones y una estructura más descentralizada de operar. La agricultura se mantenía como la actividad productiva predominante, generando además el 95% de las exportaciones y el 55% del empleo.

Durante la segunda mitad del siglo tuvieron lugar grandes transformaciones económicas que llevaron a un crecimiento satisfactorio del Producto Interno Bruto, así como del ingreso por persona. Dicho crecimiento fue impulsado por dos enfoques de política económica diferentes. El primer enfoque, de tipo “proteccionista”, arrancó desde 1950 y se preocupó por estimular la agricultura y la industria con una serie de medidas de política económica favorables. Para la agricultura, consistió en la introducción de nueva tecnología y abundante crédito, además de precios altos a los productores, medidas que propiciaron una gran expansión en área cultivada, así como un aumento de la producción y las exportaciones. En el caso de la industria, se establecieron aranceles altos para proteger a las empresas que comenzaban a producir bienes manufacturados, con la innovación de que lo hacían en un mercado que, además del nacional, incorporaba el mercado del resto de países centroamericanos en la figura del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Entre 1963 y 1980, aproximadamente, la industria creció rápidamente aprovechando el marco ofrecido por el MCCA, pero este entró en crisis en buena parte por problemas sociopolíticos en los demás países de la región. Esto último, asociado a problemas internos de manejo ineficiente de recursos públicos, tales como un gasto público alto y un endeudamiento externo para sostener ese gasto, provocó que el país comenzara a entrar en la que fue, tal vez, la crisis mayor del siglo XX, cuyo periodo más crítico se dio entre 1980 y 1985.

Ante la crisis, que cortó por un tiempo el acceso del país al financiamiento externo, se introdujeron medidas económicas con una orientación que se alejaba del énfasis en el desarrollo bajo condiciones de protección del pasado, para sustituirlo, en parte, por un nuevo énfasis en las decisiones del mercado, donde el mecanismo de precios y rentabilidad eran determinantes. Muchos elementos del enfoque “desarrollista” sin embargo, continuaron operando, y en un grado importante, los nuevos estímulos, como las exenciones de impuestos a las empresas en zonas francas, y los certificados de abono tributario, ambas dirigidas a aumentar y diversificar las exportaciones, comprendieron medidas de protección, pero para grupos económicos diferentes de los protegidos bajo el sistema anterior. Una mayoría de agricultores y aquellos industriales que no se habían acogido a las nuevas normas, incluyendo entre estos a muchos microempresarios, debieron hacer frente a las nuevas condiciones económicas con menor apoyo estatal, debido a que varios servicios como los de transferencia de tecnología y crédito fueron reducidos.

Para el 2000, las exportaciones se habían más que triplicado en términos reales, con respecto a los niveles de 1985, en consonancia con el objetivo de maximizar los montos de exportación, y los bienes exportados, por su parte, se habían diversificado de manera impresionante. La inflación fue, durante ese periodo y hasta el 2000, un problema no resuelto que afectó a los consumidores. En términos sociales, después de un fuerte aumento temporal en los niveles de pobreza a mediados de los ochenta, los índices bajaron de nuevo y al final del periodo solo cerca de una quinta parte de los individuos eran incluidos entre los pobres. El empleo informal aumentó durante la crisis de los ochenta, con una proliferación de micro y pequeñas empresas, pero el desempleo abierto (excepto entre 1980-1986), se ha mantenido en porcentajes aceptables. Otros indicadores sociales mejoraron, pero en el campo de la inversión pública no se recuperaron los niveles alcanzados en la década de 1970-1980.

El final del siglo encontró una economía orientada por el mercado, que ha logrado varios de los objetivos de crecimiento general, pero que no resolvió problemas sociales que afectan a grupos de ingreso medio y bajo, debido a que aumentó la concentración del ingreso a favor de los grupos de ingreso alto. Atender estos rezagos del proceso de desarrollo requiere de una nueva visión económica, que todavía para el 2000 no había sido acordada por los políticos nacionales.

El capítulo “Población y sociedad”, elaborado por el Dr. Héctor Pérez Brignoli, señala que la población de Costa Rica creció considerablemente en los siglos XIX y XX. Dicho crecimiento no solo fue el resultado de una alta tasa de natalidad, sino también del descenso de la mortalidad. Este declive fue el resultado del final de las epidemias, de las acciones gubernamentales en torno a la higiene y a la salud pública y, además, de la exitosa lucha y regresión de las enfermedades infecciosas.

La esperanza de vida de la población, a partir de la segunda mitad del siglo XX superaba los 60 años, pero medio siglo después pasa los 80 años, edad promedio entre hombres y mujeres.

Si bien Costa Rica alcanzó tasas de natalidad altísimas en los primeros 50 años del siglo XX, para el 2000 este rubro se redujo hasta alcanzar la fecundidad de reemplazo con una tasa global de 2,1.

El comportamiento demográfico poblacional fue paralelo a una transformación en los patrones de poblamiento y en los hábitos de vida. La población, que hasta 1950 era predominantemente campesina y rural, pasó a ser predominantemente urbana e inserta en la sociedad de consumo globalizada. Costa Rica es una nación compuesta de un crisol multiétnico. La población predominante es criolla-mestiza de raíz hispana, pero con significativos componentes afrocaribeños e indígenas. La migración afrocaribeña fue copiosa entre 1890 y 1930. Se trataba de grupos humanos que trabajaban en el Caribe. Después de 1980, tras el conflicto centroamericano, los nicaragüenses ingresan como trabajadores al país en distintas áreas.

El descenso de la mortalidad y de la fecundidad traerá como consecuencia, en pocos años, una población predominantemente mayor, es decir, personas adultas o adultas mayores y escasos niños y jóvenes.

El texto “La cultura”, de la Dra. Patricia Vega Jiménez, destaca la diferencia entre cultura popular y cultura de élite. La primera muestra un mundo de transgresiones sociales: prostitución, alcoholismo, drogadicción y delincuencia, entre otros, donde están implicados todos los sectores sociales.

Los cambios en el paisaje urbano, el consumo de enseres y alimentos, lo mismo que las diversiones públicas y privadas, cambian y se adaptan a las coyunturas diversas.

La educación, el arte y la literatura se han desarrollado vertiginosamente en Costa Rica. Las políticas educativas han permitido disminuir los niveles de analfabetismo copiosamente y ha facilitado el proceso de formación de profesionales y técnicos en múltiples áreas. No obstante, la educación primaria, secundaria y universitaria también es víctima de privaciones económicas que le impiden su avance. La proliferación de centros educativos de dudosa calidad ha conducido a sendas discusiones aun sin solución.

La pintura, la escultura y la música han traspasado las fronteras. Los artistas se han destacado en diversos espacios nacionales e internacionales, han creado nuevas formas y han evolucionado las existentes. Aunque el Ministerio de Cultura ha brindado un significativo apoyo, siempre es preciso recurrir a diversas y creativas formas de obtener el soporte que permita el proceso evolutivo de las artes.

La literatura ha tenido distintos momentos claramente definidos: la denominada generación del Olimpo, surgida en las últimas dos décadas del siglo XIX; la llamada “generación del Repertorio”, cuyas producciones iniciaron entre 1920 y 1930; las promociones literarias de 1930 a 1940, conocida como la generación del 40 (ubicada entre 1940 y 1950) y luego de 1950 a la actualidad.

La prensa se convirtió desde el siglo XIX en un espacio de análisis y discusión de los más diversos temas. La política ocupó un lugar de privilegio, pero también las artes, la literatura, la educación, la economía y el rumbo de la sociedad fueron asuntos que llenaron las páginas de los semanarios, primero, y de los diarios, aparecidos en la octava década del siglo XIX.

La evolución histórica del periodismo costarricense tiene cinco periodos claramente identificables. De 1821 a 1870 fue el momento inicial, cuando se realizan los primeros ensayos en el campo de la impresión de periódicos regulares. Se consolidó la prensa con una intención informativa claramente identificable. De 1871 a 1900 la prensa creció y se desarrollaron diversas formas de periodismo especializado. A partir de 1901 y hasta 1930, la prensa comercial, financiada fundamentalmente por publicidad, se apuntaló. Después de 1931 y hasta 1950, los periódicos se convirtieron en complejos negocios vinculados a grupos de poder económico. A partir de 1950 y hasta el siglo XXI, algunas de las empresas periodísticas se transformaron en consorcios que dominan el mercado noticioso y marginan y hasta provocan la desaparición de los medios informativos pequeños. Su capacidad económica, derivada de la publicidad, les permite invertir en tecnología, clave en el siglo XXI, lo que a su vez facilita su diversificación económica y su liderazgo en la convergencia mediática.

En la segunda década del siglo XX se inicia la radiodifusión en Costa Rica. Se trata del medio de mayor alcance en el país, especialmente en las zonas rurales alejadas.

En la década de 1910 el cine ingresa al país y en un plazo muy corto se convierte en un espacio de diversión y esparcimiento. Las salas de cine, que compartieron el sitio con el teatro, proliferan en la capital y las cabeceras de provincia. Incluso para 1930 se incursionó en largometrajes narrativos con escaso éxito de taquilla.

La presencia de Internet ha obligado a todos los medios de comunicación social a efectuar cambios radicales. La prensa debió repensarse y adaptarse en formato y contenido. La impresión comparte el espacio con las ediciones digitales. La televisión digital está a las puertas mientras la radio también se transmite a través de la red. La primicia noticiosa se divulga a través de las redes sociales, que a su vez han cambiado las formas de sociabilidad.

Este libro es un breve vistazo por los principales hechos históricos que han dado forma a la historia contemporánea de Costa Rica, evidencia los aciertos y los fracasos e intenta evidenciar los múltiples retos que le esperan al país.

La vida política, 1808-2000

David Díaz Arias

1. De Cádiz a la Independencia, 1808-1821

Hacia el final del periodo colonial, Costa Rica formaba parte de la Capitanía General de Guatemala y, específicamente, de la Diputación Provincial de León de Nicaragua y Costa Rica. En octubre de 1808, el gobernador de Costa Rica, Tomás Acosta, recibió un real decreto fechado en Madrid el 10 de abril de ese año en que se comunicaba que Carlos IV había abdicado y su hijo Fernando había aceptado la corona. El mismo decreto mandó celebrar ese acontecimiento en el territorio de la monarquía, lo cual incluía, por supuesto, a los municipios de Costa Rica. Los vasallos del nuevo rey en Cartago (capital entonces de la provincia de Costa Rica), esperaron por más órdenes sobre cómo proceder con la celebración, pero estas ya no llegaron. Así, en enero de 1809, el gobernador decidió ejecutar el decreto y festejar al rey Fernando VII por medio de una jura.

La fiesta de jura comenzó el 14 de enero por la noche y se extendió hasta el día 23 de ese mes. El sentido en que se produjeron los ritos enmarcados en esta celebración iba de lo piadoso a lo profano. De esa forma, una misa de acción de gracias fue la primera que se presentó a las actividades festivas. A la iglesia acudieron las autoridades principales de Cartago: el gobernador, los alcaldes ordinarios, el regidor alcalde provincial, el síndico procurador y los jefes y oficiales del batallón de la ciudad. Según la descripción del evento, las autoridades civiles llegaron a una iglesia llena de curas. La reunión del rito inicial de la alegría por el cambio real fue primeramente un espacio sagrado en el que confluyeron las autoridades de los dos cuerpos principales de dominio ideológico y material del régimen colonial.

Dentro del templo, ambas jerarquías se dividían: una, la civil representada por el gobernador, adquiría una posición de espectador frente a la otra, la religiosa, que dominaba el (su) espacio y el (sus) ritos totalmente. La subordinación de lo civil a lo eclesiástico era bastante clara. Lo otro claro era el simbolismo, ya que, si en sala capitular el retrato del rey dominaba a finales de octubre y principios de noviembre de 1812. Las actividades festivas que se emprendieron en esa ocasión fueron similares a las que tres años atrás se habían desarrollado para jurar fidelidad al nuevo rey: repique de campanas, iluminación, salvas de artillería, juegos artificiales, música y refrescos. La jura se realizó el 31 de octubre de 1812.

En la representación de ese día, dos elementos destacaron: la imagen del rey como representación del poder tradicional y la constitución como palabra escrita y como representación de la sabiduría. La continuidad de la mayoría de las imágenes que procedían de la tradición del juramento colonial (Dios y los Evangelios) seguirá presentándose en las festividades de jura que tuvieron lugar en los siguientes años.

Entre noviembre y diciembre de 1812 se realizaron elecciones con el fin de nombrar electores que a su vez se encargarían de nombrar un regidor en lugar del alcalde provincial depuesto por las Cortes y compromisarios que designarían los alcaldes, órdenes, regidores y síndicos que administrarían la provincia. El 1º de enero de 1813 Juan de Dios de Ayala recibió de esos nuevos representantes políticos el juramento de “guardar y hacer guardar, la Constitución Política de la Monarquía Española, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo”. Este proceso de elección política tuvo que repetirse en 1820 una vez restablecida la Constitución de Cádiz, en medio de una agitación tanto en la península ibérica como en sus reinos americanos.

Así, es claro que hacia 1821, cuando declararon su independencia, los municipios de Costa Rica tenían ya afirmado el marco de juramento colonial conjugado con el constitucional-monárquico y habían aprendido a insertar los nuevos símbolos como la Constitución en los ritos de celebración venidos de la tradición.

Todavía entonces, como se ha indicado, Costa Rica seguía siendo parte de la Capitanía General de Guatemala, aunque había intentado apartarse de ella. De hecho, en 1814 las autoridades de la Diputación Provincial de Costa Rica y Nicaragua solicitaron a las Cortes en España que esas dos provincias fueran separadas de Guatemala y convertidas en una capitanía y se estableciera en ellas una audiencia. En ese documento se señalaba que “la dependencia de Guatemala sirve de rémora á su felicidad y que como un grave peso sobre las dos Provincias las sumerge en la miseria, pudiendo ser muy útiles á esa Madre Patria…”. El plan era instaurar la cabecera de la capitanía y la audiencia en León de Nicaragua y una intendencia en Costa Rica. El deseo era dejar de depender de Guatemala en asuntos económicos y legales.

Pero existía un segundo nivel de quejas frente a la administración central, esta vez al interior de la Diputación Provincial de Costa Rica y Nicaragua. De la misma forma en que en León, Nicaragua, se pedía la independencia de administración guatemalteca, en Cartago, Costa Rica, se buscaba la forma de separarse del control nicaragüense. Así, en 1820, en la petición que remitieron los procuradores síndicos del Ayuntamiento de Cartago al diputado suplente del reino de Guatemala, Juan Nepomuceno de San Juan, se observa que para los habitantes de la provincia de Costa Rica la independencia administrativa y religiosa de Nicaragua se vislumbraba como una condición para el florecimiento del comercio y la industria. De esa forma, la petición afirmaba que “el único modo de hacer florecer en esta provincia el comercio, la industria y demás adelantamiento de que ha carecido hasta ahora, y carecerá siempre que esté sujeta a la arbitrariedad de León, quien abiertamente es opuesto a la separación del Obispo y cuanto se más útil y favorable”.

Por otro lado, la distancia y los malos caminos entre León y Cartago sirvieron también como alegatos que justificaban la separación. Ese argumento aparece en las instrucciones que el cabildo de Cartago remitió al diputado a las Cortes por Costa Rica, José María Zamora y Coronado, en el que le comunicaban la necesidad de Costa Rica de convertirse en una junta provincial “para quedar independiente y sin ninguna sujeción á la de León de Nicaragua…”.

Ese era el escenario cuando llegaron a Guatemala las noticias procedentes de México que, en setiembre de 1821, anunciaban no solo la independencia de México sino también la integración a este por parte de los cabildos de Comitán, Ciudad Real y Tuxtla (o sea de la generalidad de la provincia de Chiapas). Así, las noticias dejaron a las autoridades de Guatemala frente al problema de declarar la independencia o enfrentarse a México. El acta de independencia que se escribió en Guatemala el 15 de setiembre de 1821, aunque a regañadientes y de forma hasta tímida, optó por el primer camino e invitó a las otras provincias a hacer lo mismo. La provincia de Costa Rica, dependiente de Guatemala en los ramos de guerra, justicia y hacienda, pero parte integrante de la Diputación provincial de León (Nicaragua) y sujeta a esta en su autoridad política, económica y policial, entró en ese momento en la encrucijada.

2. La independencia y la centralización política inicial, 1821-1825

Una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San José tuvo lugar el 30 de octubre de 1821. ¿La causa? El Ayuntamiento había recibido una copia de la orden del gobernador de la provincia de Costa Rica, el coronel Juan Manuel de Cañas, en la que se llamaba a los ayuntamientos a jurar la independencia de España y la anexión al Imperio Mexicano. Después de la discusión, los miembros josefinos declararon, entre otras cosas: “1º Que el lazo que ataba a los pueblos de la provincia de Costa Rica bajo la tutela de las autoridades de Guatemala y León había quedado definitivamente roto, por cuanto los pueblos, autoridades y corporaciones del reino de Guatemala habían proclamado la independencia del Gobierno español. 2º Que por ese motivo, todos y cada uno de los pueblos de ese reino volvían a su estado natural de libertad e independencia, y en el uso de sus primitivos derechos. 3º Que, por consiguiente, los pueblos debían formar por sí mimos el Pacto social bajo el cual debían de constituirse en nueva forma de gobierno...” (Obregón, 1977: 78-79).

El acta del ayuntamiento de San José no puede ser más clara: al romperse los votos coloniales, la soberanía había vuelto a los pueblos. Efectivamente los pueblos en plural, ya que, como ocurriría en la península ibérica y en toda América, en Costa Rica los ayuntamientos, unidades políticas en las que se sentían representados los grupos, se atribuyeron la legitimidad del poder sobre su jurisdicción. Es esta la semilla del localismo que luego deberá combatir el naciente Estado.

Juan Manuel de Cañas, el último gobernador colonial que ejerció ese oficio en Costa Rica, intentó sostener a Cartago, la capital colonial, en la cima de la pirámide institucional en el interior de la provincia recién emancipada. Su estrategia radicó en convencer, después del 13 de octubre de 1821 (cuando se recibió el acta de la independencia de Guatemala), a los distintos ayuntamientos de la provincia para que, en un solo coro, se ajustaran a lo que se había hecho en León: jurar la independencia de Guatemala y, condicionalmente, de España, “hasta que se aclararan los nublados del día”.

Esa frase, que se volvió popular en Costa Rica hasta hoy para describir cualquier situación que precisaba de tiempo para resolverse, más o menos significaba no seguir a Guatemala y esperar la reacción del imperio español. No obstante, a pesar de su afán, Cañas no tuvo éxito y, a pesar de sus fanfarronerías, no supo producir una acción militar para enfrentarse a quienes discrepaban de su posición con respecto a la independencia. A pesar de eso, los distintos puntos de vista sobre lo que debía hacerse sí provocarían un encuentro militar.

En efecto, el 5 de abril de 1823, en un sitio conocido como las Lagunas de Ochomogo, se celebró un enfrentamiento entre los ayuntamientos de San José, Alajuela y Cartago, y, aunque no participó en esa batalla, pero sí en otro flanco al ocupar Alajuela, Heredia. Ese día triunfó San José sobre Cartago y eso significó que las fuerzas “imperiales” sucumbían frente a las “republicanas”. Pero ¿por qué, a pesar de todo, esta batalla fue de un día y no tuvo una continuación en escaramuzas que dieran la revancha al grupo perdedor en la inmediatez?

La batalla de las Lagunas de Ochomogo tiene su origen en la dirección que tomó la provincia a partir de noviembre de 1821. A raíz de la situación política en que quedaba Costa Rica con la independencia de Guatemala y la de León, los ayuntamientos se declararon adherentes a la causa de la diputación, o sea a permanecer sin alterar la institucionalidad política (caso de Heredia) o a jurar la independencia y mantenerse al margen de los acontecimientos de Guatemala y León (caso de San José, Alajuela, Cartago y Ujarrás). Ahora bien, el primer acuerdo entre las autoridades locales es fundamental para entender por qué la provincia no desembocó inmediatamente en una guerra civil como sí ocurrió en otras partes.

Al devolverse la soberanía a los ayuntamientos y disolverse la autoridad común, el Ayuntamiento de San José propuso organizar una junta provincial que actuara como autoridad común, en el estilo en que lo hacía la gobernación hasta el final de la dominación española, nombrándola a partir de elecciones o bien desde los mismos ayuntamientos. Es esta iniciativa, reformada un tanto por la autoridad local de Cartago, la que organizó la Junta de Legados de los ayuntamientos que se instaló el 25 de octubre de 1821 en la ciudad de Cartago y es la misma idea de mantener un poder central superior al de los ayuntamientos la que propició el 12 de noviembre de 1821 la instalación de la Junta de Legados de los Pueblos.

Los miembros de la Junta de Legados de los Pueblos respondían directamente a las órdenes de los ayuntamientos que representaban. El 1º de diciembre de 1821 al aprobar el Pacto social fundamental interino de Costa Rica (considerado por varios investigadores como la primera constitución de la Costa Rica independiente) con la firma de los representantes de veintidós ciudades, villas y pueblos, la Junta de Legados edificó la estructura que sostendrá a la provincia unida frente a la disociación local.

Así que formaron una Junta Superior Gubernativa, compuesta por siete vocales propietarios y tres suplentes elegidos popularmente, la cual debía dirigir un gobierno provisional hasta que se emitiese la Constitución del Estado al cual se habría de adherir Costa Rica. ¿Adherir? Sí, a pesar de las rivalidades que había entre republicanos y grupos más conservadores que soñaban con testas coronadas y el linaje real, el consenso entre ellos radicaba en que Costa Rica por sí misma no podía formar un país independiente.

En la apertura del Pacto quedó impresa esa posición: “La provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno español y de cualquiera otro que no sea americano”.

¿A qué se debía este temor? Fundamentalmente a que la visión política en general en el siglo XIX precisaba como meta efectiva la creación de estados grandes, ya que se consideraba que eran los únicos que tendrían la posibilidad de obtener un éxito económico, sin mencionar el poder político-militar que aseguraban frente a las ambiciones de otros estados.

¿Cuáles eran las opciones para los pueblos de Costa Rica? Tres: anexarse al imperio mexicano (cosa que ya había sido jurada por Cartago y por Heredia), unirse a la Gran Colombia (plan propuesto por el cabildo de Tres Ríos, pero también promovido en 1823 por algunos miembros republicanos de San José y Cartago), o bien conformarse con Centroamérica, lo que ya proponía con un guiño de ojo el acta de independencia del 15 de setiembre.

Esta división política alteró los ánimos y puso en problemas a la Junta Superior Gubernativa (instalada el 13 de enero de 1822 en Cartago) frente a los poderes locales. Heredia y su pretensión de seguir a León, había llevado a la Junta de Legados en noviembre de 1821 a dudar de la “fidelidad al sistema” de ese ayuntamiento, así como de su “unión recíproca con los demás pueblos de la provincia”. Los grupos más conservadores de Cartago, es decir, aquellos que detestaban las ideas republicanas, con Joaquín de Oreamuno y Manuel María de Peralta a la cabeza, permanecían a la espera de noticias sobre el avance que tenía en México el proyecto de creación de un imperio al mando de Agustín de Iturbide que, eventualmente, devoraría a los territorios centroamericanos y echaría por tierra la autoridad de la Junta Superior Gubernativa y volvería al sistema institucional colonial, quizás con un cambio provechoso para los fieles: convertir a la provincia de Costa Rica en diputación y con eso lograr una mayor autonomía con respecto a las autoridades de Nicaragua.

La tensión que originó este enfrentamiento fue controlada momentáneamente por varias razones: por la amenaza de la Junta a sostenerse, por la llegada tardía de noticias sobre lo que pasaba en México, por el dominio que ejercían los republicanos en la Junta e, incluso, gracias a los temores que provocó un terremoto en mayo de 1822 en un momento en que la provincia estuvo a punto de enfrascarse en una guerra civil. No obstante, la riña continuaba contra el poder central que se sujetaba a las riendas en enero de 1823 anunciando que “la corporación o funcionario público de cualquier grado, clase o condición que intentara usurpar la autoridad del Gobierno y trastornar el régimen establecido, sería penado con doscientos pesos de multa, despojado de su empleo, procesado con sus cómplices como reo de sedición y juzgado”.

La Junta intentaba mantener el monopolio de la fuerza que, hasta el momento, no se había alborotado ni en las ciudades, ni en las villas, ni en los pueblos. Probablemente es esta misma situación la que impulsó la instalación de un Congreso provincial en marzo de 1823 con la intención de reafirmar la independencia de la provincia de Costa Rica. Allí se declaró, como una amenaza, que “toda oposición enderezada a seducir clandestinamente a los pueblos, sugiriéndoles falsamente que la provincia estaba ligada al Imperio [Mexicano] y no en plena y absoluta libertad, conforme se había declarado, fuera tenida como alto crimen de lesa nación y el individuo que lo perpetrase como reo de Estado, y que las autoridades establecidas quedaban en el ejercicio de sus funciones, con arreglo a las leyes vigentes, en todo lo que no se opusiese a las resoluciones del Congreso” (Fernández, 1971: 48).

El Congreso, compuesto por veintiún diputados, vino a limitar –aunque tímidamente– las potestades supremas de la Junta al arrogarse sobre sí la redacción de la legislación, pero, por otra parte, concentró aún más el poder central al reducir el número de miembros propietarios de la Junta hasta tres y transformarla en Diputación permanente. Quedaba así fundado lo que se denominó el Triunvirato. Junto a él, el Estatuto Político redactado por el Congreso estableció un jefe político, un intendente y un comandante general de las armas. Conviene anotar que el Triunvirato estaba por encima de esos otros nombramientos.

A pesar de la novedosa estructura, la Diputación tenía sus días contados. La división política que enfrentó, en cierta medida, al antiguo régimen frente a una modernidad política leve, explotó en Cartago gracias a la dedicación del cura José Joaquín Alvarado, quien, desde el púlpito, exhortaba a sus feligreses a repudiar el republicanismo y a jurar el imperio. Las fanfarronadas de Alvarado se estimularon a fines de marzo de 1823 cuando la provincia conoció la noticia de que las tropas mexicanas dirigidas por Filísola habían ingresado a Guatemala y, ante la negativa de San Salvador a jurar su adhesión al imperio de Iturbide, sujetaron por la fuerza a esa provincia, no sin ser antes bravamente resistidos. Los partidarios de deshacerse del poder central construido en Costa Rica se hincharon de valor y, el 29 de marzo de 1823, tomaron el cuartel de Cartago.

Finalmente, la división política se decidía por las armas y enfrentaba fundamentalmente a los espacios que habían estado haciendo la política hasta el momento: Cartago, San José y Alajuela. Es importante anotar que, hasta este momento, realmente otros ayuntamientos que habían estado participando en la elección de representantes no se involucraron directamente en las escaramuzas. ¿Por qué? La ausencia de armas podría ser una explicación y también lo puede ser el que esos sitios tuviesen poco interés por el poder que se peleaba.

No obstante, esto no quiere decir que las clases populares no tuvieran participación en las grietas que se erigían en la estructura de poder. En San José, por ejemplo, el 18 de febrero de 1823 los republicanos lograron movilizar a una muchedumbre enardecida que gritó por las calles la declaración de la república, algo que también consiguió hacer el bachiller Rafael Osejo dos días después en Cartago. Por su parte, como lo señalamos más arriba, los fieles fueron interpelados por ciertos curas y por los líderes políticos en Heredia y Cartago para oponerse a este movimiento. Así, aunque no sabemos cuál era la composición étnica y la estructura económica de las milicias que se enfrentaron en las Lagunas de Ochomogo, es válido afirmar que la integración era heterogénea pero concentrada en población de las ciudades y las villas y representada en su mayoría por campesinos libres, algunos militares y comerciantes. No es tan seguro que los pueblos de indios se involucraran en el trance.

La derrota sufrida por los “imperialistas” cartagineses el 5 de abril de 1823 en Ochomogo fue una derrota localista. A su vez constituyó un triunfo de los Ayuntamientos de Alajuela y San José y la integración definitiva de Heredia –no sin intentos posteriores por seguir insistiendo en su separación del proyecto republicano–. Fue por tanto un triunfo –aunque no total ni aplastante– de la centralización política que se había impulsado desde noviembre de 1821. Básicamente los ayuntamientos ganadores se aseguraron el control sobre los perdedores. La capital, hasta entonces ubicada en Cartago, se trasladó a San José.

Pero la legitimidad del proyecto político central no se había asegurado por medio de las armas. De hecho, restablecido el orden, elegido un nuevo Congreso, establecido un nuevo Estatuto y nombrada una nueva Junta Gubernativa, las divergencias continuaron. Tampoco desaparecieron al integrarse Costa Rica a la Federación Centroamericana.

Este ambicioso proyecto político de unidad regional que pretendió unificar al istmo centroamericano y que fue anunciado por el acta de independencia del 15 de setiembre de 1821, fue acogido en Costa Rica como una especie de mal necesario, aunque con buenos deseos. El temor continuaba siendo la orfandad y el motivo era la necesidad de formar parte de un poder político que se pudiera enfrentar en igualdad de condiciones al proyecto político mexicano (ya desistido de formar un imperio desde febrero de 1823) y al de la Gran Colombia, sin dejar de mencionar el miedo por la vuelta a la carga de las tropas españolas. El temor era la debilidad de un pequeño territorio frente al mundo. Así justificó la Junta la necesidad de integrarse al proyecto de una república centroamericana, ya que de lo contrario: “quedaría Costa Rica reducida a un estado de nulidad y obscuridad, a una administración torpe y errante, y tal vez a destruirse a sí misma por falta de solidez y discernimiento y de una protección y apoyo fuerte en lo exterior”.

Con su integración a la Federación Centroamericana el 5 de marzo de 1824, Costa Rica acogió el sistema gubernativo federal. Se convirtió por tanto en Estado y debió convocar a un Congreso Constituyente que se encargara de confeccionar una Ley Fundamental para el Estado que quedó lista en enero de 1825. Asimismo, se desarrollaron elecciones para nombrar a un primer y segundo Jefe de Estado. Ya para 1825, Costa Rica tenía Jefe de Estado, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Comenzaba un nuevo período político.

3. De Estado a República, 1825-1848

Manuel José Arce, primer presidente de la Federación Centroamericana, tuvo que abandonar el poder por la presión que ejercieron las sublevaciones en su contra en Guatemala y en El Salvador. Para enfrentar las críticas de sus enemigos escribió en 1830, en su exilio en México, un libro sobre su vida política que llamó Memoria y que dedicó “a los costarricenses”. En la dedicatoria Arce escribió:

Costa Rica, en donde verdaderamente han gobernado funcionarios que tienen virtudes republicanas: Costa Rica, en donde únicamente se han obedecido las leyes: Costa Rica, que cuerdamente se ha eximido todo lo posible de los males de la revolución y que se encuentra sin el oprobio de los bienes que han cogido los jefes revolucionarios; es la porción de Centro América que, en mi concepto, y según el juicio de las personas imparciales, que conocen nuestras desgracias, merece los encomios que siempre acompañarán a los pueblos virtuosos.

Aunque muy posiblemente los líderes políticos del Estado de Costa Rica de aquella época no leyeron estos apuntes de Arce, la evidencia indica que realmente estaban en ese momento construyendo una visión oficial de Estado con imágenes muy parecidas. Así, aunque las elites políticas reconocían que su país no era viable como estado-nación aparte, sí aspiraban a una autonomía política y religiosa, especialmente frente a Nicaragua, y la paz que se aseguró en la transición de la emancipación se sobrepuso como un atributo básico de esa particularidad.