La crisis de la televisión pública E-Book

AAVV

• Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Aldea Global
• Sprache: Spanisch
• Veröffentlichungsjahr: 2016

Seitenzahl: 580

Beschreibung

Este libro recoge, en tres bloques generales, una extensa y detallada panorámica sobre la televisión pública en el escenario actual, afectado por una profunda crisis en el contexto presente, en varios niveles, desde el económico al de su propia legitimidad como servicio público en el escenario digital. Según los editores del volumen, la investigación en la historia y en el conocimiento del sistema comunicativo televisivo español y valenciano es fundamental para apuntar certeramente hacia un futuro mejor, aprendiendo de los errores cometidos. Estructurado en tres partes, el primer bloque recoge la evolución y el futuro del servicio público de la televisión, con un total de cuatro capítulos. El segundo bloque aborda el estudio de la crisis de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con tres capítulos dedicados a profundizar en las causas y consecuencias de su cierre. Finalmente, el último bloque aglutina cuatro trabajaos que versan sobre las gobernanzas de las televisiones públicas.

Leseprobe

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Dirección científica

Jordi Balló (Universitat Pompeu Fabra)

Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València)

Javier Marzal (Universitat Jaume I)

Joan Manuel Tresserras (Universitat Autònoma de Barcelona)

Dirección técnica

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Joan Carles Marset (Universitat Autònoma de Barcelona)

M. Carme Pinyana (Universitat Jaume I)

Maite Simon (Universitat de València)

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Armand Balsebre (Universitat Autònoma de Barcelona)

José M. Bernardo (Universitat de València)

Jordi Berrio (Universitat Autònoma de Barcelona)

Núria Bou (Universitat Pompeu Fabra)

Andreu Casero (Universitat Jaume I)

Maria Corominas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona)

Alicia Entel (Universidad de Buenos Aires)

Raúl Fuentes (ITESO, Guadalajara, México)

Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)

F. Javier Gómez Tarín (Universitat Jaume I)

Antonio Hohlfeldt (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

Nathalie Ludec (Université Paris 8)

Carlo Marletti (Università di Torino)

Marta Martín (Universitat d’Alacant)

Jesús Martín Barbero (Universidad del Valle, Colombia)

Carolina Moreno (Universitat de València)

Hugh O’Donnell (Glasgow Caledonian University, Reino Unido)

Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra)

Sebastià Serrano (Universitat de Barcelona)

Jorge Pedro Sousa (Universidade Fernando Pessoa, Oporto, Portugal)

Maria Immacolata Vassallo (Universidade de São Paulo, Brasil)

Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra)

Edición electrónica

http://dx.doi.org/10.7203/PUV-ALG29-9630-8

Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions 08193 Bellaterra (Barcelona)[email protected]://publicacions.uab.es ISBN 978-84-490-4862-3

Publicacions de la Universitat Jaume I Campus del Riu Sec 12071 Castelló de la [email protected]://www.uji.es/publ/ ISBN 978-84-15444-71-8

Universitat Pompeu Fabra Departament de Comunicació Roc Boronat, 138 08018 [email protected]

http://www.upf.edu/decom/publicacions/aldeaglobal.html

Publicacions de la Universitat de València C/ Arts Gràfiques, 13 46010 Valè[email protected]://puv.uv.esISBN 978-84-370-9630-8

Primera edición en papel: abril de 2015

© Los autores y las autoras, 2015

Maquetación y corrección:Communico. Letras y Píxeles

Diseño de la cubierta:Andreu Rovira. Design Production

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirigios a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitáis fotocopiar o escanear fragmentos de esta obra.

Índice

INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y EL CIERREDE RTVV COMO SÍNTOMA,Javier Marzal Felici, Jessica Izquierdo Castillo y Andreu Casero Ripollés

1.Una crisis multidimensional.

2.Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos de RTV.

3.El valor de la radiotelevisión como servicio público.

4.El cierre de RTVV como telón de fondo.

5.Estructura de la obra colectiva.

6.Agradecimientos y créditos.

PARTE I. EVOLUCIÓN Y FUTURO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA TELEVISIÓN

EL SERVICIO PÚBLICO EN ESPAÑA: MANUAL DE LAS MALAS PRÁCTICAS,Enrique Bustamante Ramírez

1.Introducción.

2.Contexto del sistema mediático español: concentración y centralismo.

3.Buenas prácticas de servicio público.

4.Conclusiones.

INDISPENSABILIDAD DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN EL UNIVERSO CONVERGENTE,Emili Prado i Picó

1.La televisión: una mala salud de hierro.

2.El universo convergente.

3.Trazos distintivos del audiovisual convergente.

4.Redefinición de la televisión.

5.Consideraciones sobre la mutación televisiva.

6.Mantras de los enemigos de la televisión pública.

7.A modo de conclusión: decálogo sobre la indispensabilidad de la televisión pública.

LA CRISIS DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA,Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río

1.Introducción.

2.La cuarta fase: crisis del sistema de radiotelevisión autonómico. Factores económicos y políticos.

3.El valor de la televisión autonómica.

4.Reflexiones finales.

LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN LA ERA DIGITAL: INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONVERGENCIA MEDIÁTICA,Jessica Izquierdo Castillo

1.Los retos de las televisiones públicas en la era digital.

2.Análisis de las estrategias digitales de los operadores públicos.

3.Funciones principales de las herramientas digitales.

4.Herramientas digitales y el desarrollo de las funciones por parte de la televisión pública.

5.Conclusiones.

PARTE II. LA CRISIS DE RTVV

RAZONES E IMPLICACIONES DEL CIERRE DE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA: PENSAR EL FUTURO,Ramón Zallo

1.Temáticas implicadas por la gestión de RTVV y por su cierre.

2.Los efectos colaterales del cierre.

3.RTVV como expresión de un modelo discutible de desarrollo del territorio.

4.¿Qué hacer? Una propuesta en positivo.

LA RELEVANCIA ESTRATÉGICA DE RTVV EN EL SISTEMA COMUNICATIVO VALENCIANO Y PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,Maria Soler Campillo y Javier Marzal Felici

1.Introducción.

2.El estudio de RTVV desde el mundo académico.

3.Propuesta de trabajo, metodología y objetivos de la investigación.

4.El papel de RTVV en el crecimiento y la sostenibilidad del sistema audiovisual valenciano.

5.Resultados del análisis de las respuestas de los profesionales del cine y de la TV sobre la crisis del sector audiovisual valenciano.

6.Algunas conclusiones.

7.Reflexiones finales.

DEL ERE DE LOS 1.200 AL CIERRE DE RTVV: A PROPÓSITO DEL INFORME PRICEWATERHOUSECOOPERS Y DE SU CONTRAINFORME. PEQUEÑA HISTORIA DEL VERANO DE 2012,Josep Lluís GómezMompart y Francesc A. Martínez Gallego

1.Crónica de un despido colectivo.

2.De los resultados (¿inesperados?) de una sentencia.

3.El (segundo) informe de PricewaterhouseCooper.

4.Los criterios del contrainforme: la calidad periodística.

5.El informe de PwC: contra la calidad periodística en TVV.

6.El informe de PwC: contra la calidad periodística en Radio 9.

7.El aval del contrainforme.

PARTE III. LA GOBERNANZA DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS

ÉTICA Y GOBERNANZA EN LAS TELEVISIONES PÚBLICAS:LA APORTACIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL,Domingo García-Marzá

1.Introducción.

2.Ética y gobernanza: el valor de la sociedad civil.

3.Servicio público: la distribución de la responsabilidad.

4.Gobernanza y participación: la ética en el diseño institucional.

FINANCIACIÓN E INDICADORES DE GOBERNANZA DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN EUROPA,Francisco Campos Freire

1.Introducción.

2.Sistemas de gobernanza y financiación de la radiotelevisión pública.

3.Evolución de la financiación y presupuestos de las RTV públicas estatales europeas, 2006-2013.

4.Financiación y presupuestos de las RTV públicas de España, 2007-2014.

5.Indicadores de gestión y gobernanza de las RTV públicas europeas.

6.Test de valor público.

7.Los informes de Responsabilidad Social Corporativa.

8.Los retos de reestructuración, viabilidad y sostenibilidad ante la Agenda Digital.

9.Conclusiones.

RESPONSABILIDAD COMUNICATIVA Y TELEVISIÓN PÚBLICA,José María Bernardo Paniagua y Nel·lo Pellisser Rossell

1.Introducción.

2.De la desregulación a la responsabilidad comunicativa.

3.RTVV, un ejemplo de irresponsabilidad comunicativa.

PROPUESTAS PARA LA GOBERNANZA DE UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA,Josep Lluís Fitó y Javier Marzal Felici

1.Introducción.

2.Los órganos de control externos: la necesidad de un Consejo Superior Audiovisual Valenciano. La Comisión Parlamentaria de Control.

3.La función de las Cortes Valencianas. La Comisión de Control Parlamentario.

4.Los órganos de gobierno y de control internos.

5.El Consejo Asesor.

6.El defensor de la audiencia.

7.El Estatuto Profesional de la Redacción y el Comité de Redacción.

8.Un Comité de Empresa que defienda los intereses de los trabajadores.

9.La responsabilidad social corporativa: el compromiso con la independencia y la despolitización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS AUTORES Y AUTORAS

Introducción

La crisis de la televisión pública y el cierre deRTVVcomo síntoma

JAVIER MARZAL FELICIJESSICA IZQUIERDO CASTILLOANDREU CASERO RIPOLLÉS

UNIVERSITAT JAUME I

1. Una crisis multidimensional

A nadie se le escapa que en los últimos años estamos asistiendo a cambios muy notables que están teniendo lugar, a escalas global y local, en los campos de la economía, de la (geo)política y de las tecnologías informacionales que, a su vez, están provocando una transformación ininterrumpida y acelerada del sistema comunicativo y, en particular, del medio televisivo.

En efecto, en poco más de treinta años, hemos pasado de tener en España una oferta televisiva en la que solo había una cadena de televisión estatal (RTVE, desde 1956) a un escenario en el que poco a poco fueron emergiendo las primeras radiotelevisiones autonómicas públicas (ETB y TV3, en 1982; TVG, en 1985), que fue incrementándose (Canal Sur, Telemadrid y RTVV, en 1989), y al que se sumó la oferta de las televisiones privadas (Antena 3, Telecinco y Canal +, en 1990). Desde entonces, el nacimiento de cadenas públicas y privadas de televisión ha sido constante. En las últimas dos décadas, han proliferado televisiones públicas en casi todas las comunidades autónomas (desde la TVAC Canaria, en 1999, hasta la TVP de Asturias, en 2006). Solo unas pocas comunidades autónomas no disponen de un servicio público de radiotelevisión: es el caso de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, a las que, lamentablemente, desde el 29 de noviembre de 2013, debemos añadir la Comunidad Valenciana, tras el cese de las emisiones de RTVV. En la última década, hemos asistido a la aparición de nuevas cadenas de televisión privadas, de cobertura estatal (Cuatro y La Sexta, en 2005), además de varios centenares de canales locales que han ido surgiendo por toda la geografía española.

El apagón analógico, por la implantación de la TDT (2005-2010), ha dibujado un mapa de cadenas de TV muy amplio y complejo, que sufrirá nuevos cambios en 2015, por la reasignación de frecuencias a la que obliga la adaptación a la nueva red 4G para las telecomunicaciones, lo que se conoce como la reserva del llamado «dividendo digital». Todo ello, sumado al proceso de convergencia de la TV e internet, ha tenido como efecto inmediato la enorme fragmentación de la audiencia televisiva, que ha desencadenado una feroz lucha entre operadores públicos y privados.

Esta fuerte competencia ha sido acentuada por el empobrecimiento de la economía nacional e internacional. Estamos sumidos en una fuerte crisis financiera desde 2008 que ha influido notablemente en la reducción de ingresos por publicidad para las televisiones y, en el caso de las públicas, los presupuestos anuales han sufrido recortes dramáticos que han derivado, incluso, en la supresión de canales de la oferta de las cadenas autonómicas públicas, la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE), etc.

No podemos ignorar que la situación actual de la televisión en España, a finales de 2014, configura un paisaje en el que las televisiones públicas tienen, en general, un espacio bastante inferior a las privadas. De facto, en España domina actualmente un duopolio televisivo, formado por Atresmedia y Mediaset, que cada vez se llevan más tarta publicitaria, como consecuencia de la renuncia voluntaria de RTVE, por mandato gubernamental, a la financiación por publicidad.

El proceso de fuerte contracción del peso de la televisión pública en el sistema televisivo está relacionado, asimismo, con la expansión del pensamiento neoliberal en las últimas décadas, de manera especial en Europa y en España. De manera general, se percibe entre la ciudadanía un desprestigio creciente del propio concepto de «servicio público» –en el ámbito televisivo, pero también en sectores como la educación, la sanidad, la justicia, etc.–. Los propios medios de comunicación privados –que tienen intereses muy claros en los ámbitos televisivo y radiofónico– han contribuido a desprestigiar la labor de las radios y televisiones públicas, cuestionando, con frecuencia, el sentido y la importancia de la misión de servicio público de estas instituciones.

En definitiva, se puede afirmar que la crisis económica ha coincidido con una crisis tecnológica –la convergencia digital–, dibujando así un panorama muy complejo para las televisiones públicas, todavía más difícil en el nuevo contexto normativo que, a su vez, expresa una crisis política y de valores que afecta a la propia concepción de lo público. Por todo ello, se puede afirmar que estamos sumidos en una «crisis multidimensional», en suma, en lo que se podría denominar «una tormenta perfecta».

2. Cambios normativos: hacia la privatización de los servicios públicos deRTV

Las modificaciones legislativas que han tenido lugar en los últimos años, especialmente en el periodo 2010-2013, han abonado el terreno para la privatización de los servicios públicos de radio y televisión, por ejemplo en lo que se refiere a la definición de la radio y televisión como servicio público. En efecto, tres décadas atrás, la Ley del Tercer Canal de Televisión (Ley 46/1983) autorizaba al Gobierno de la nación la toma de decisiones necesarias para la puesta en funcionamiento de un tercer canal de televisión de titularidad estatal, para ser otorgado, en régimen de concesión, en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, mediante el apoyo de los estatutos de autonomía y del propio Estatuto de la Radio y la Televisión Española.

Ante los intentos de algunas radiotelevisiones autonómicas, en especial RTVV y Telemadrid, bajo el control del Partido Popular, por privatizar parcialmente algunos de sus servicios, el anterior Gobierno socialista trató de blindar el carácter público de las televisiones autonómicas mediante la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que en su artículo 40.1 definía las radiotelevisiones públicas como «servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento». No obstante, esta normativa también se puede considerar bastante conservadora en diferentes aspectos, como la liberalización y desregulación del sector de la televisión, «para garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas que prestan el servicio de televisión», y el asentamiento de unas bases legales que iban a favorecer la concentración mediática (Zallo, 2010).

Poco tiempo después, con el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en el poder, las Cortes Generales aprobaron la Ley 6/2012, de 1 de agosto, que modificaba la ley anterior, señalando en su preámbulo que

la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja dotar a las Comunidades Autónomas de mayor flexibilidad en la prestación de su servicio de comunicación audiovisual […] pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada.

Estos profundos cambios, que permiten privatizar la gestión de servicios de las radiotelevisiones autonómicas, de titularidad pública, se producían unos pocos meses después de la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, que fracturaba el modelo de gestión independiente, desde un punto de vista político, de la radiotelevisión pública estatal, que tanto tiempo había tardado en llegar desde el final de la dictadura franquista.

De este modo, los cambios normativos introducidos en los últimos años constituyen, de facto, un cuestionamiento profundo del sentido mismo de lo que entendemos por «servicio público», en el ámbito de los medios de comunicación.

3. El valor de la radiotelevisión como servicio público

Así pues, la intensa actividad de los poderes ejecutivos a la hora de legislar sobre las radios y televisiones públicas parece sintomática de la enorme vitalidad que sigue teniendo en nuestro país el debate en torno al papel que han de tener los medios de comunicación públicos en nuestro sistema comunicativo, que enfrenta así a conservadores y progresistas, a neoliberales y socialdemócratas, a la derecha e izquierda políticas. No creemos exagerado afirmar que, en cierto sentido, nos hallamos ante la reedición del viejo debate, no por ello menos actual, en torno al equilibrio entre medios de comunicación públicos y privados que expresaba el conocido Informe MacBride, realizado para la UNESCO en 1980, sobre el papel de los medios de comunicación en el mundo contemporáneo.

En ese importante estudio se subrayaba la necesidad de corregir la desigualdad y los desequilibrios del mundo actual a través de la democratización de los medios de comunicación, constatando que la libertad de información y el desarrollo social de los países solo se podían garantizar mediante la existencia de una oferta mediática rica y plural. En definitiva, el Informe MacBride reclamaba la necesidad de una mayor intervención de los estados en el sistema comunicativo internacional. El documento suscitó numerosas críticas e incluso provocó el abandono de la UNESCO de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que lo interpretaron como «intervencionista». Más de treinta años después, se reconoce la importancia que tuvo el citado informe, que no se puede ignorar de ningún modo (Tresserras, 2005).

Emili Prado y Miquel de Moragas definen las radios y televisiones de «servicio público» como aquellas que ofrecen

garantías democráticas (especialmente defensa del pluralismo), estímulo a la participación ciudadana, función cultural, identitaria, social y de bienestar social, de equilibrio territorial, económico y desarrollo, motor de la industria audiovisual, innovación y experimentación creativas, función humanística y moralizadora, y función divulgadora y socializadora del conocimiento (Moragas y Prado, 2000: 379-380).

Sin duda alguna, el régimen de «austericidio colectivo» al que estamos sometidos por el actual Gobierno conservador en España, y por el pensamiento neo/ultraliberal, a nivel internacional (especialmente, en Europa), dificulta enormemente que el ciudadano medio pueda ser consciente de que los medios de comunicación públicos cumplen una importante función económica, social y cultural, que repercute, de forma más o menos tangible, en nuestras vidas.

4. El cierre deRTVVcomo telón de fondo: los retos de la gobernanza

Es evidente que el cierre de RTVV, o al menos el final de las emisiones de RTVV –ya que el cierre es un largo proceso que todavía no ha concluido, a fecha de febrero de 2015, en un sentido estricto–, ha tenido una fuerte repercusión en una parte importante de la sociedad valenciana, en especial en la comunidad académica universitaria.

En los últimos meses ha sido continua la convocatoria y celebración de encuentros, mesas redondas, conferencias, la publicación de artículos de opinión, de cartas al director, etc., en especial en la Comunidad Valenciana, así como un aumento notable de actividad en las redes sociales, todo ello a propósito de esta lamentable noticia de actualidad. En el campo de la política valenciana, hemos asistido a meses de duros enfrentamientos. Por desgracia, los partidos políticos de la oposición no pudieron impedir la aprobación en el Parlamento valenciano de la ley para el cierre y liquidación del servicio público de RTVV, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el 27 de noviembre de 2013, un día triste para la historia de la Comunidad Valenciana, única autonomía con lengua propia que se ha visto privada de un servicio público de radiotelevisión. Habían pasado 29 años desde la aprobación de la Ley 7/1984 de Creación del ente RTVV, de 4 de julio, que fue apoyada unánimemente por todos los diputados de la cámara valenciana, y 24 años de emisiones ininterrumpidas. El debate previo a la votación de la «Ley 4/202013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU» permitió entender, con toda claridad, que la decisión tomada era de naturaleza política y no económica. En efecto, el principal argumento del cierre era la imposibilidad de asumir el coste de la readmisión de trabajadores, afectados por un expediente de regulación de empleo, aplicado durante 2012 y 2013, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El cierre y liquidación de esta radiotelevisión pública salía adelante con una votación bastante ajustada: 49 votos del Partido Popular, frente a 42 votos del resto de formaciones políticas. Fue un debate en el que el Gobierno valenciano, sin ningún informe serio que lo avalase, demostró su incapacidad para convencer racionalmente al resto de fuerzas políticas de la necesidad del cierre, que justificó alegando que la Generalitat Valenciana no podía asumir el coste financiero de la readmisión de más de un millar de trabajadores, a lo que obligaba el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal. Un escenario que, según el ejecutivo, ponía en riesgo la continuidad de servicios más importantes como la sanidad y la educación.

Hoy, un año después, ese coste de la readmisión de trabajadores, que suponía poco más de 80 millones de euros, parece una cifra irrisoria si lo comparamos con los más de 250 millones de euros que la Generalitat Valenciana lleva gastados en el proceso de liquidación del servicio público de radiotelevisión, como ha sido reconocido por el propio Gobierno valenciano. Un gasto sin precedentes que priva a los ciudadanos de la comunidad de un servicio público de gran relevancia.

Sin lugar a dudas, la liquidación de RTVV se produjo en el contexto de una profunda desafección de la ciudadanía hacia su radiotelevisión pública, cuando las encuestas revelaban que una gran mayoría de valencianos/as no se sentían identificados/as con este proyecto comunicativo. Incluso muchos estudiantes de Ciencias de la Comunicación de las universidades valencianas contemplaron el cierre, al menos en un primer momento, con cierta indiferencia. Esto da cuenta del grado de adoctrinamiento del que todos somos víctimas, cuando antes nos hemos referido a «la expansión del pensamiento neo/ultraliberal», que ha dejado una profunda huella en el imaginario colectivo, asediado mediáticamente desde hace décadas. El paso del tiempo y el silencio de la señal de barras de TVV nos está ayudando a entender, incluso entre los ciudadanos más críticos con la desaparecida RTVV, que ese servicio público era y es imprescindible para la cohesión social y vertebración del territorio, para construir, en definitiva, la identidad de un pueblo, como el valenciano, que tiene una lengua y cultura propias, con una larga tradición histórica.

A nuestro juicio, la situación actual nos exige tomar conciencia de que la salud de nuestra democracia necesita unos medios de comunicación públicos y privados independientes del poder político. En cierto modo, el cierre de RTVV es, en sí mismo, un síntoma de la grave enfermedad crónica que sufre nuestro sistema político y nuestra sociedad, y que, para muchos, nos devuelve a la casilla de salida del día después del fin de la dictadura franquista.

En este sentido, la crisis de RTVV, y del modelo público de las radiotelevisiones de proximidad en España, nos permite tomar conciencia de la necesidad de crear órganos de regulación y control (internos y externos) para evitar la mala gestión política y económica de las radiotelevisiones públicas. Del mismo modo que la crisis económica nos ha permitido tomar conciencia de que es necesario que existan órganos de control eficaces de la actividad financiera, a nuestro entender, el caso de RTVV, junto a otros como TeleMadrid, RTVE, Canal Sur, TVG, TV3, etc., convertidos en instrumentos de los poderes políticos de turno, deben llevarnos a plantear la necesidad de crear órganos de control como el Consejo del Audiovisual Estatal y los consejos audiovisuales en los diferentes territorios autonómicos, órganos que existen en todos los países desarrollados del mundo, cuya misión debe ser velar por la calidad de los contenidos que emiten los operadores públicos y privados, y por el cumplimiento del marco legal existente. Este tipo de órganos, desprestigiados en nuestro país por ciertos grupos de interés –los medios de comunicación privados, que no desean someterse a control alguno–, tiene como finalidad velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía, dado que el espacio radioeléctrico es un bien público de gran importancia estratégica. En cierto modo, la existencia de una RTV de calidad y de instrumentos de control como los consejos audiovisuales son herramientas imprescindibles para hacer posible una ciudadanía más crítica, más madura, que contribuiría a hacer más competitivo y desarrollado nuestro país. La existencia de medios de comunicación públicos de calidad es tan importante como la existencia de un sistema educativo público, sólido y firme, de un sistema sanitario público de calidad o de un sistema judicial independiente.

En definitiva, el cierre de RTVV constituye la principal motivación para la preparación de la presente obra colectiva, LA CRISIS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA. EL CASO DE RTVV Y LOS RETOS DE UNA NUEVA GOBERNANZA, en la que participan muchos de los principales especialistas de nuestro país.

5. Estructura de la obra colectiva

Este libro recoge, en tres bloques generales, una extensa y detallada panorámica sobre la televisión pública en el escenario actual, afectado por una profunda crisis en el contexto presente, en varios niveles, desde el económico al de su propia legitimidad como servicio público en el escenario digital.

El primer bloque recoge la evolución y el futuro del servicio público de la televisión, con un total de cuatro capítulos. En el primero, Enrique Bustamante presenta un manual de las malas prácticas comunicativas desarrolladas en el contexto español, donde, según el autor, no es factible aplicar una gobernanza reconocida internacionalmente para el buen funcionamiento del servicio público, debido a la propia naturaleza de la televisión pública en España. En este sentido, el autor apela a la sociedad civil española y a la actuación de la Unión Europea como únicas entidades posibilitadas para reconducir las disonancias entre la televisión y su función pública en la era digital. El segundo capítulo reclama la indispensabilidad de la televisión pública en el escenario convergente. Emili Prado expone aquí la confluencia de dos revoluciones en curso, la de las redes y la digitalización, que están modificando el panorama mediático, desde la propia noción de medios. En el tercer capítulo, Juan Carlos Miguel de Bustos y Miguel Ángel Casado del Río abordan el caso español de las televisiones autonómicas y ofrecen un estudio de su actual situación a través del análisis de las principales causas que han llevado a estas radiotelevisiones a su actual situación, marcada por la complejidad y el peligro al que se enfrentan, con su posible privatización o, como en el caso de la televisión valenciana, su desaparición. El cuarto capítulo cierra el bloque con el estudio que Jessica Izquierdo realiza de las estrategias que las televisiones públicas desarrollan en su adaptación al escenario convergente, con la presentación y el análisis de las herramientas y funciones principales que estos operadores aplican para la consecución del servicio público en la era digital.

El segundo bloque aborda el estudio de la crisis de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con tres capítulos dedicados a profundizar en las causas y consecuencias de su cierre. Así, el capítulo quinto está firmado por Ramón Zallo, que expone las razones e implicaciones que tiene el cese de las emisiones de RTVV, y lo hace en clave de reconstitución, con la intención de aportar claves positivas que sugieren algunas condiciones para el resurgimiento de la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana. A continuación, María Soler Campillo y Javier Marzal Felici ponen de manifiesto la relevancia estratégica que la RTVV tiene para el sistema comunicativo valenciano. De esta forma, los autores reflexionan sobre la necesidad de las televisiones de proximidad públicas, no solo como elemento dinamizador del sector comunicativo próximo, sino también para el desarrollo económico, social y cultural de su territorio. En el capítulo siguiente, Josep Lluís Gómez Mompart y Francesc Martínez Gallego presentan con detalle los resultados del contrainforme que estos autores elaboraron a petición del Comité de Empresa de RTVV, que impugna con criterios periodísticos y organizacionales las tesis del informe que la corporación solicitó a la consultora PricewaterhouseCoopers, con el fin de analizar las necesidades estructurales de la empresa y plantear una reducción drástica de la plantilla.

El tercer bloque aglutina cuatro trabajos que versan sobre la gobernanza de las televisiones públicas. Domingo García-Marzá abre este bloque con una exposición sobre la ética empresarial en la gestión pública y argumenta que, en las condiciones de nuestro sistema democrático, la única forma de defender una televisión de titularidad pública, de servicio público, es diseñar una gobernanza que no recaiga solo, ni principalmente, en los partidos políticos, sino que se sume como responsable principal a la sociedad civil. En el contexto europeo también se enmarca el trabajo de Francisco Campos Freire, que presenta la crisis de financiación de las radiotelevisiones públicas europeas y las consecuencias sociales y económicas, directas internas, en sus respectivas organizaciones, e indirectas externas, sobre el conjunto del sector audiovisual, la diversidad comunicativa y el espacio del pluralismo informativo, destacando la necesidad de implementar nuevos indicadores de gestión, sistemas de rendición de cuentas, introducción de la responsabilidad social corporativa y aplicación de los test de valor público para incrementar o recuperar la confianza y credibilidad de las radiotelevisiones públicas ante la sociedad. En el ámbito de la responsabilidad comunicativa, José María Bernardo y Nel·lo Pellisser presentan un estudio de las cuestiones relacionadas con la televisión pública como derivación de la propia delimitación de la responsabilidad comunicativa, y de las implicaciones y exigencias con respecto a los agentes y productos audiovisuales. Este enfoque lo aplican como una aproximación crítica a la RTVV, con la finalidad de verificar el conjunto de irresponsabilidades que confluyen en el funcionamiento del ente a lo largo de su trayectoria. Por último, Josep Lluís Fitó y Javier Marzal Felici presentan sus propuestas para la gobernanza de una radiotelevisión pública valenciana que garantice un buen servicio público, de calidad, para lo que presentan como imprescindible la existencia de órganos de control externos e internos de la institución, como, entre otros y en especial, el caso de un Consejo Audiovisual Valenciano.

6. Agradecimientos y créditos

Como es lógico, una obra de estas características no sería posible sin la generosidad y el talento de los autores que participan en ella. Por ello el libro está dedicado principalmente a los autores y las autoras de los diferentes capítulos que lo conforman.

Por otra parte, debemos hacer referencia a las instituciones y entidades que han hecho posible esta obra. Por un lado, el libro se incluye dentro de los proyectos de investigación «La producción periodística de la información política: fuentes, agendas y enfoques» (P1-1B2010-53) y «Periodismo y fuentes de información política: relaciones y dinámicas comunicativas» (CSO2010-16313), dirigidos como Investigador principal por el Dr. Andreu Casero Ripollés, y los proyectos de investigación «Análisis de los flujos de transferencia de conocimiento entre los sistemas educativos superiores y la industria del videojuego» (11I301.01/1), «La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el entorno de la crisis financiera global» (P1·1A2014-05) y «El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación. Mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos» (CSO2012-36456), dirigidos como Investigador principal por el Dr. Javier Marzal Felici, financiados respectivamente por la Universitat Jaume I de Castellón (Plan de Promoción de la Investigación, 2011-13 / 2012-14 / 2015-2017) y el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 / 2014-2016), respectivamente. También queremos agradecer al consejo de dirección de la colección Aldea Global su confianza y apuesta por la publicación de esta obra colectiva, tras una evaluación rigurosa, como corresponde a esta prestigiosa colección que editan la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I y la Universitat de València.

Algunos textos de este libro fueron originalmente preparados para el XII Congreso de Comunicación Local, ComLoc, celebrado en el Paraninfo de la Universitat Jaume I los días 16 y 17 de diciembre de 2013, organizado en tiempo récord como respuesta al anuncio del cierre de RTVV; otros estudios han sido preparados con ocasión del curso de verano «¿Quién manda en televisión? Modelos de gobernanza en los medios de comunicación públicos», celebrado en la Llotja del Cànem de la UJI, los días 7, 8 y 9 de julio de 2014. En ambos casos, debemos expresar nuestro reconocimiento al equipo de gobierno de la Universitat Jaume I, que ha apoyado estas iniciativas, y otras en la misma línea, con gran entusiasmo.

Por otro lado, la realización de este libro está directamente relacionada con la intensa actividad que venimos desarrollando, desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castelló, en el debate público y político sobre la necesidad de restituir el servicio de radiotelevisión pública en la Comunidad Valenciana. En efecto, esta reivindicación está siendo canalizada a través de diferentes iniciativas con las que se siente muy comprometida la Universitat Jaume I de Castelló, así como el resto de universidades públicas y decenas de instituciones y entidades de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, la Comisión Interuniversitaria en favor de una Radiotelevisión Pública Valenciana (CIRTPV), constituida el 3 de marzo de 2014, está formada por un representante de cada una de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana –de la que es miembro uno de los editores de este libro, Javier Marzal Felici, por la UJI–, y tiene como principal objetivo generar un espacio de reflexión, análisis y ordenación de la diversidad de iniciativas para integrar recursos, sinergias y propuestas, con el fin de garantizar un servicio básico de comunicación audiovisual en valenciano y propiciar las bases de la futura RTV pública valenciana. En segundo lugar, cabe destacar la constitución de la Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano (MESAV), creada también el 3 de marzo de 2014, que se define como una plataforma que agrupa a la mayoría de asociaciones profesionales, entidades e instituciones del campo de la comunicación de la Comunidad Valenciana (asociaciones de trabajadores, actores, dobladores, productores, directores, periodistas, centros universitarios, centros de formación profesional, etc.), que persigue el restablecimiento del servicio público de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana y la reactivación del sector empresarial y profesional del audiovisual. Queremos hacer explícito nuestro agradecimiento al rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent Jordà, y al vicerrector de Cultura de esta, Wenceslao Rambla, por su confianza y apoyo en la consecución de este proyecto editorial.

En estos momentos creemos que es fundamental mirar hacia adelante. Consideramos que la cultura y la lengua propias de la Comunidad Valenciana deben tener un altavoz tan necesario como una radiotelevisión pública, al servicio del bien común, gestionada profesionalmente. Entendemos que, para apuntar certeramente hacia un futuro mejor, es necesario aprender de los muchos errores cometidos, y ello exige seguir investigando en la historia y en el conocimiento del sistema comunicativo y televisivo español y valenciano. Confiamos en que esta obra colectiva contribuya a hacer posible este objetivo.

Parte IEvolución y futuro del servicio público de la televisión

El servicio público en España: manual de las malas prácticas

ENRIQUE BUSTAMANTE RAMÍREZ

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1. Introducción

El antetítulo del XII Congreso de Comunicación Local, ComLoc, de noviembre de 2013, en donde se presentó este texto como ponencia refiriéndose a los «nuevos escenarios» abiertos a partir del cierre abrupto de Radiotelevisión Valenciana, no resulta exagerado. Primero, porque el intento frustrado de externalización cuasi total de RTVV inaugura un nuevo «modelo de servicio público», insólito en el marco europeo, aberrante en sus modalidades de financiación subvencionada a empresas privadas de sus misiones básicas que, aunque ya existía anteriormente en germen, se acuña ahora con total desnudez. Segundo, y fundamentalmente, porque el cierre de Canal Nou ilustra ya sin ambages las consecuencias finales de una radiotelevisión pública sometida a la manipulación partidista sistemática y, por ello mismo, aquejada de una gestión irracional y corrupta del servicio público.

Las reacciones ante ese drástico final son también significativas de la dominación de los intereses y lobbies privados en nuestro país, como asimismo del extremo cinismo de su discurso, apadrinado por políticos y periodistas variopintos. Así, mientras los medios más reaccionarios de la derecha y del pensamiento neocón radical aplaudían la confirmación de la eliminación del Estado de la comunicación social, medios y comentaristas progresistas alegaban el silencio de los periodistas de esas cadenas clausuradas ante la manipulación sistemática de años como pecado que el cierre venía a castigar justamente. Poco importaba que asociaciones, sindicatos y periodistas, tanto en RTVV como en Telemadrid, ostentaran una década de protestas y acciones contra esa manumisión al poder político.

Por si quedaran restos de inocencia tras nuestra agitada historia radiotelevisiva de casi sesenta años, la clausura deRTVV, tras su intento frustrado de adopción del «modelo Murcia», la ha descartado absolutamente. Después de muchas décadas de tradición y experiencia del servicio público en los grandes países europeos occidentales de nuestro entorno, tras más de veinte años de doctrina europea en esa materia, ningún político ni partido ni gobierno, por localista e inculto que sea, puede ignorar sus obligaciones y responsabilidades en el campo de la comunicación social y de la cultura.

Resultaría superfluo y reiterativo recordar, en efecto, que el servicio público de radiotelevisión es un mandato imperativo de nuestro modelo social europeo, por mucho que cada Estado tenga la capacidad de adecuarlo a las situaciones nacionales; o volver a las menciones y citas del protocolo de Ámsterdam, incorporado al Tratado de Lisboa con valor constitucional, que concuerda con el tratado de derechos fundamentales de la Unión de 2007; o intentar no olvidar que incluso en funciones de vigilancia la Comisión de Bruselas ha confirmado la legitimidad del servicio público en sus comunicaciones sobre financiación pública de 2001 y 2009. Resultaría también repetitiva en este artículo la mención que tantas veces hemos hecho a nuestra Constitución, a las obligaciones españolas contraídas con el Convenio de la Diversidad de la UNESCO de 2005 –firmado por el Parlamento en 2007–, o en el seno del Consejo de Europa, muy activo desde hace años en este campo.

Estas menciones sirven, no obstante, para refrendar que la doble doctrina europea a la que estamos absolutamente obligados, de la Unión y del Consejo, no se apoya solamente en principios éticos y sociales, tan violentados tradicionalmente en los países mediterráneos según el tantas veces citado modelo de comunicación «corporativo» que señalaron Hallin y Mancini hace cuarenta años, o aquel que fue caracterizado a finales de los años noventa como el de «la política por encima del sistema radiotelevisivo», marcando todas sus decisiones (Brants y Siune, 1998: 129); sino en estructuras y buenas prácticas de gobernanza, acuñadas durante décadas en Europa, refrendadas repetidamente por los documentos y reglamentos europeos, sintetizadas por muchos autores en tiempos recientes, únicos mimbres que posibilitan la construcción y sostenibilidad del servicio público para el futuro con sus misiones y funciones inesquivables.

Por eso, en el informe que redactamos para el Consejo de la Reforma de los Medios Públicos del Estado, hacíamos hincapié en las estructuras de gobernanza y financiación, como condiciones sine qua non para afianzar un auténtico servicio público, superando la vía principista y voluntarista; aunque también señalábamos que esas estructuras no garantizaban por sí solas el éxito, en ausencia de una toma de conciencia de los agentes políticos y, sobre todo, de la sociedad civil, y concluíamos que la falta de estructuras adecuadas condenaba al servicio público a la crisis permanente, a su degradación y, finalmente, a su marginación o extinción, tal y como afirmábamos en el Informe para la reforma de los medios de titularidad del Estado (La Moncloa, 2005).

En paralelo y a escala internacional, un informe de la UNESCO de ese mismo año reconocía igualmente que «podría ser simplista asumir que una réplica completa de estos sistemas y prácticas en diferentes ambientes, producirán los mismos benéficos resultados». Porque «como en otras esferas de actividad, el éxito o fracaso del servicio público de radiodifusión es dependiente de un número de factores, incluidos: historia local, geografía, cultura, ethos político, y condiciones sociales y económicas» (UNESCO, 2005: 52).

Recordar esos elementos básicos de buena gobernanza, de forma sintética pero contrastada con los hechos recientes, se convierte así en un ejercicio vital del análisis de la situación española. Más aun en el contexto de un sistema mediático y televisivo que ha evolucionado considerablemente en la última década, no solo o no tanto por el impulso de los cambios tecnológicos o por la crisis económica como consecuencia de decisiones políticas y regulatorias que, con frecuencia, se arroparon en esos factores para mejor moldear el espacio público español.

Porque en materia de pluralismo de ideas y expresiones, o de diversidad cultural que las engloba, el sistema de comunicación del que se dota a una esfera pública en democracia resulta inevitablemente integral, articulado entre medios y soportes diferentes, conformado por actores interrelacionados públicos y privados, cincelado a golpe de leyes y decretos –reflejo de la correlación de fuerzas en una sociedad–, recorrido por equilibrios y desequilibrios de poder. En definitiva, la legitimidad y las misiones del servicio público en cada país y momento histórico no pueden abstraerse de la situación de ese sistema, lo que implica necesariamente una mirada sobre las características dominantes de la comunicación social en la España de los últimos años, especialmente por sus procesos de concentración de mercado y de poder.

2. Contexto del sistema mediático español: concentración y centralismo

La penetración de la prensa escrita en número de lectores totales ha descendido abruptamente en los últimos años, como consecuencia de su doble crisis, publicitaria y de audiencias, económica y digital (–6% en una década). Estas cifras se aceleran incluso si consideramos la difusión de ejemplares (–17,64% entre 2001 y 2011, –6% en 2011 y un 4,4% más baja en el primer semestre de 2012) y su descenso en la captación de recursos publicitarios (–8,12% en 2012) (OJD –Oficina de Justificación de la Difusión–, AEDE –Asociación de Editores de Diarios Españoles–, Libro Blanco de la Prensa diaria, 2013).

Pero la crisis está castigando más duramente a la prensa regional y local, cerrando masivamente cabeceras y fomentando más aún la concentración en la prensa y su centralización en los grupos de alcance estatal: de los 10 diarios que en 2010 superaban los 100.000 ejemplares de difusión ya solo quedaban 5 en 2013 –de 87 controlados por la OJD–, y solo dos de ellos eran «regionales» –La Vanguardia y El Periódico–, aunque pertenecientes a grupos de implantación nacional; se podrían añadir otros cinco de más de 50.000 ejemplares/día, pero ahí está asimismo un diario nacional –La Razón–, dos pertenecientes a Vocento –El Correo y El Diario Vasco– y apenas quedan dos de otros grupos específicamente locales –La Nueva España y La Voz de Galicia–. Si agrupáramos estos diarios por grupos empresariales, siete de ellos concentran una cuarentena de cabeceras, más del 65% de la difusión diaria de la prensa de información general, y prácticamente toda la prensa económica y deportiva, y los que podrían tener un origen regional –como Prensa Ibérica o Vocento– hace tiempo que se convirtieron en cadenas de ámbito estatal.

La radio, segundo medio masivo en orden a su penetración en los hogares españoles –el 61,8%–, muestra un panorama más concentrado aún y muy centralizado en los mercados publicitarios y en la audiencia de programaciones generalistas: en 2012, tres cadenas de ámbito estatal –SER, COPE y Onda Cero– controlaban un 92,8% de los ingresos publicitarios –323,7 millones de euros–, más aún con Punto Radio, mientras que cientos de emisoras, autonómicas o locales, se disputaban un resto del 5,1% (CMT, 2012); en términos de audiencias, las cuatro cadenas nacionales –SER, Onda Cero, COPE y RNE– sumaban en 2013 casi 10 millones de oyentes de 11,3 en total acumulados por el soporte. Una inclinación que se agrava aún más en la audiencia de programas temáticos: 12,3 millones de oyentes para cuatro grupos –incluyendo a RNE– de un total de 14,6 (Estudio General de Medios –EGM–, 2013).

En la televisión, el duopolio de licencias que se mantuvo durante quince años en España (1990-2005) se ha visto reforzado, gracias al llamado «decreto proconcentración», que permitió las fusiones entre concesionarios al elevar el listón permitido hasta un 27% del share medio, tres cadenas de ámbito estatal y ocho programas (Ley 7/2009, BOE de 4/7/2009). La destrucción temprana de los fugaces logros de pluralismo en dos cadenas más –presentadas como los «canales pares» progresistas–, sin el menor reconocimiento autocrítico de su fracaso por parte del Gobierno socialista, y la consolidación agigantada del duopolio anterior se reforzaron además con la drástica rebaja de exigencias de interés general a los concesionarios privados que supuso la Ley General del Audiovisual (LGA) de 2010: alargamiento y prórroga automática de las concesiones, desregulación especialmente de la publicidad comercial hasta límites insólitos en la regulación europea, con el pretexto de aplicar la última Directiva de Servicios Audiovisuales –especialmente en la publicidad indirecta y en el tiempo de las «telepromociones»–, disminución de obligaciones respecto al cine y la producción audiovisual –incluyendo la ficción serial en las inversiones exigidas antes para obras unitarias–, etc.

Como era de prever, tras este desarme regulatorio se abrió paso a la absorción por las dos grandes cadenas clásicas de los nuevos canales, rápidamente realizada entre Telecinco y Cuatro y pronto negociada y consumada entre Antena 3 y la Sexta (en 2012), con el apoyo del Gobierno de Rajoy para eliminar la mayor parte de las salvaguardas impuestas por la Comisión de la Competencia. Así, y tras un efímero periodo de seis años de mayor concurrencia, Mediaset y Atresmedia (Antena 3) sumaban un 53,9% de la audiencia en 2012, pero concentraban un 82% de los ingresos publicitarios –casi un 90% estimado en 2013–. Es decir, en términos de concurrencia en este sector tan proclive a acumular la inversión en los ganadores de cuotas masivas, los restantes competidores resultaban completamente marginales a la competencia en el mercado. Como atestiguan los numerosos cierres de canales por quiebra económica sucedidos entre 2012 y 2013: Veo, Net, Marca TV, Intereconomía, etc.

De esta forma, el panorama de las cadenas privadas en el tiempo transcurrido de mandato del Partido Popular está marcado por la consolidación del duopolio casi perfecto. Habiendo absorbido buena parte del mercado publicitario que antes correspondía a TVE, los dos grandes grupos televisivos privados conseguirán en buena medida, pese a la crisis creciente del mercado publicitario, mantener unos beneficios notables: 313 millones de euros en 2010 y 217 millones en 2011. Además, desde 2010 se suceden prácticas sistemáticas de violación de los tiempos comerciales permitidos, de los límites y exigencias para la publicidad no convencional e incluso de la separación entre programas y spots, sustituida casi siempre por rápidas ráfagas imprevisibles de autopromoción que dan paso inmediatamente a la publicidad. Sin que ninguna autoridad responsable tomara medidas de ningún tipo.

Queda fuera de nuestro análisis la televisión de pago –aunque superó en 2012 por vez primera los recursos de las cadenas en abierto– porque en esencia se trata de un medio censitario y no universal (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –CMT–, 2012), pero respecto al que cabe señalar la situación de práctico monopolio por soporte tecnológico –Digital + en el satélite, ONO en el cable, Imagenio en el ADSL, etc.

No se puede dejar de citar, finalmente, el embrollo jurídico generado por los gobiernos socialistas en la transición a la TDT, presentada oficialmente como modélica pero duramente cuestionada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012, con una sentencia que anula la concesión por el Consejo de Ministros de nueve licencias de canales privados que se adjudicaron sin concurso previo ni condiciones objetivas, como obligaba la propia Ley General Audiovisual promulgada pocos meses antes. La guerra mediática desencadenada en mayo de 2014, con mensajes en las propias cadenas amenazadas de extinción, tras la decisión de cierre del Ministerio de Industria, viene a subrayar las características clientelares y pintorescas de nuestro sistema privado.

Si añadimos la necesidad planteada a corto plazo de una nueva migración de frecuencias para maximizar el dividendo digital y ganar espacio para la telefonía móvil, que penalizará especialmente a los canales públicos –de TVE y de las televisiones autonómicas– y ocasionará presumiblemente nuevos gastos a los hogares, hay que concluir que el apagón analógico de 2010 fue una gran chapuza tecnológica y política, además de un fraude en términos de diversidad cultural e informativa.

Pero el recuento del poder en cada sector monomedia resultaría incompleto si no tuviéramos en cuenta los lazos cruzados o transversales que se establecen entre ellos. De forma que, como demuestran dos libros recientes de Serrano (2010) y Reig (2011), el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España, en alianza frecuente con los grupos multinacionales: los 9 grupos analizados por el primer texto citado, o los 10 que disecciona el segundo se resumen en 5 de primera fila, que acumulan la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios y componen una cúspide de poder prácticamente total en el ámbito central y regional, con intensas vinculaciones entre ellos y el poder económico y financiero. Y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos.

Como escribíamos en el prólogo del libro Traficantes de información (Serrano, 2010), la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales externos –bolsa, obligaciones, fondos de capital riesgo, etc.– homogeneíza las estrategias y los comportamientos de los grandes medios de comunicación, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que hemos caracterizado como procesos de financiarización –endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales, necesidad imperiosa de altas tasas de beneficio–, suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones– los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, está la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también y cada vez más de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, que completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva nacional e internacional.

En cuanto a la radio y televisión local, sometida por todos los gobiernos desde hace treinta años a un notable boicot de su despliegue como servicio público, municipal o comunitario, el Gobierno del PP no ha tenido que tomar medida alguna para certificar su marginación absoluta, limitándose a la inacción total. Consagrada su irrelevancia frente a un modelo hegemónico impuesto de cadenas comerciales, castigada en la Ley General Audiovisual en su modelo «sin ánimo de lucro» –art. 32– y por la prolongada ausencia de desarrollo reglamentario, penalizada duramente en el reparto de frecuencias, la auténtica TV local ha desaparecido prácticamente del mapa. En su lugar se edificó un edificio ilusorio de más de 1.200 emisoras locales comerciales de TV local en TDT –266 demarcaciones– y un novedoso modelo de emisoras regionales privadas en algunos territorios, que se constituyó en una extensión masiva desde 2008 de las prácticas clientelares partidistas de los gobiernos autonómicos hasta hacer fracasar absolutamente ese modelo de negocio hasta ahora –1,5 millones de euros de inversión publicitaria total en 2012 para la televisión local, según Infoadex, 2013– (Bustamante, 2010).

Dada esa situación de evidente quiebra absoluta de la televisión local y regional privada, resulta sorprendente que ni el Gobierno Zapatero ni el posterior de Rajoy hayan adoptado medida alguna sobre esos cientos de frecuencias congeladas e inútiles, ni sobre los múltiples abusos legales a que esa situación ha dado lugar. Y que ninguno de los responsables de ambos ejecutivos imaginara siquiera la posibilidad de volver a sacar a concurso esas emisoras para proyectos sin afán de lucro.

En todo caso, el panorama mediático privado, ya claramente hegemónico en nuestro país, puede sintetizarse sin lugar a dudas como uno de los más concentrados y antidemocráticos de toda Europa, a pocos pasos del italiano y de alguno de los países del antiguo «socialismo real». Y como uno de los más centralistas, a contrapié de la estructura constitucional del Estado autonómico y de la diversidad lingüística y cultural de nuestras regiones y nacionalidades.

Ambas desgraciadas características de nuestra esfera pública, que los cantos míticos a internet no logran en absoluto difuminar, constituyen inevitablemente el marco en el que hay que situar el papel del servicio público central y local, la trascendencia de sus misiones axiales y la necesidad de estructuras que intenten garantizarlas.

3. Buenas prácticas del servicio público

Las buenas prácticas de gobierno del servicio público, testadas y verificadas durante años, especialmente en la británica BBC y en las alemanas ARD y ZDF, han sido recopiladas y sistematizadas por informes del Consejo de Europa que guardan toda su vigencia –ver especialmente Nissen (2006) y Bron (2010)–. Justo antes de esas recopilaciones, el Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado de 2005 en España –en adelante, IRME, 2005–, plasmaba en recomendaciones concretas y adaptadas a nuestra historia y situación las buenas prácticas europeas. Ese mismo año, una comisión de investigación de la UNESCO sintetizaba en un manual de «buenas prácticas» las experiencias mundiales de servicio público (UNESCO, 2005).

Seguiremos sus líneas fundamentales para contrastarlas con la situación y las decisiones políticas adoptadas en España en los ámbitos estatal y autonómico.

3.1 Definición integral del servicio público, atribución legal

Todos los textos citados insisten en ambos elementos primigenios para la buena marcha de un servicio público, como por otra parte exige reiteradamente la doctrina europea.

El Estatuto de 1980 no cumplía ninguna de estas obligaciones europeas. La reforma de su definición en 2001, por medio de una «ley escoba» del presupuesto del Estado, resultaba altamente ambigua respecto a la definición y no atribuía legalmente su gestión –art. 5–. Solo la ley de reforma de RTVE de 2006 cumplió ambas condiciones –BOE de 6/6/2006, art. 3–.

En cuanto a las radiotelevisiones autonómicas, solo algunas pocas cumplieron estas condiciones realizando sus propias reformas legales en los años posteriores: la Corporación Catalana de RTV –BOPC 136, 8/10/2007–, la RTVA de Andalucía –BOPA, 780, 14/12/2007– y la RTPA de Asturias. Y ello a pesar de que la Ley General Audiovisual –en adelante, LGA– de 2010 extendía esas exigencias a las comunidades autónomas. Porque sin definición legal resultaba imposible cumplir las reglas de proporcionalidad del dinero público (véase más adelante). Y la atribución legal a una sociedad concreta no se cumplía en la mayor parte de la legislación regional anterior.

3.2 Gestión autónoma-independencia editorial

Que eviten la «ocupación» de los medios públicos por los Gobiernos, que garanticen la autonomía de los servicios (Nissen, 2006). Director general y Consejo, nombrados por el Parlamento por mayorías cualificadas reforzadas (Nissen, 2006), con profesionales de experiencia en el campo audiovisual.

Plena autonomía gerencial y editorial respecto del poder ejecutivo –p. 131–; auténtico Consejo de Administración con dedicación exclusiva y plenos poderes de control; elegido por el parlamento por mayoría reforzada de dos tercios para obligar al consenso político, de entre personas con acreditada experiencia de cinco años en la comunicación social (IRME, 2005: 131-135).

Ley General del Audiovisual, 2010: dirección editorial «que refleje el pluralismo político y social del ámbito de cobertura» –art. 42–.

La Ley de Reforma de RTVE de 2006 supuso la conquista de ese cambio esencial respecto al Estatuto de 1980 y a la tradición española de nombramientos gubernamentales. La LGA de 2010 la reafirmó respecto a RTVE, e intentó ampliarla a los canales autonómicos. Por vez primera, tras 50 años de historia de la televisión en España, el servicio público cortaba el cordón umbilical con el Gobierno en el nombramiento de la cúspide de gestión y control de RTVE, lo que en una institución piramidal afectaba a toda su organización, a su gestión y a sus contenidos. Se mantuvo sin embargo la tentación política, al prever legalmente que, en la primera vez, y si no había acuerdo parlamentario amplio requerido durante dos meses, se podía elegir al máximo puesto de gestión por mayoría simple (Bustamante, 2013a).

Las radiotelevisiones autonómicas no trasladaron a su escala la reforma democrática de RTVE de 2006, salvo la Corporación Catalana de RTV y, parcialmente, RTVA y RTPA. En los dos primeros casos, la tentación intervencionista reaparecía: en TV3, había excepciones para la primera vez; en Canal Sur, la mayoría reforzada se rebajaba a tres quintos de los votos del Parlamento, lo que casualmente permitía en ese momento nombramientos sin contar con la oposición mayoritaria del PP.

En todo caso, y frente a estos avances históricos, la mayor involución se producirá con el Gobierno del PP –Real Decreto de 20 de abril; BOE de 21/4/2012–, con su transformación sustancial del sistema de elección del presidente de la Corporación al exigir solo, en segunda votación, una mayoría simple del Congreso en lugar de la mayoría reforzada de dos tercios, «que ha demostrado ser ineficaz». De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración, reducidos de 12 a 8 para mejor eliminar a los representantes de las centrales sindicales mayoritarias –CC. OO. y UGT–, podían ser nombrados con los únicos votos del grupo gubernamental, y se desprofesionalizaba su gestión y eliminaban sus incompatibilidades al dejar de exigirles dedicación exclusiva. Unas reformas inmediatamente calcadas por el Gobierno catalán de CiU para TV3 –con apoyo parlamentario del PP– (Zallo, 2011; Bustamante, 2013b). Se retrocedía así de un modelo de «gobierno parlamentario», penosamente conquistado, a uno de nuevo «gubernamental» en la peor tradición española, de acuerdo con la terminología de Hallin y Mancini y según un análisis reciente de Isabel Fernández Alonso y Ana Fernández Viso (2012).

3.3 Contenidos de servicio público: pluralismo, diversidad

Autonomía de los servicios, independencia editorial (Nissen, 2006). «Conviene […] conservar una gran prudencia respecto a toda externalización, completa o parcial, de las funciones esenciales» (Nissen, 2006: 52).

Mandato marco a nueve años, contratos-programa cada tres años, aprobados por el Parlamento con catálogos de precios de las funciones del servicio público –pp. 87-92–. Con indicadores de seguimiento cuantitativos y cualitativos –pp. 85-87–, controlados por la Comisión del Parlamento, y por la autoridad audiovisual independiente. La información, «corazón de la distinción del servicio público», y garantizada internamente, debe dotarse de un estatuto y un consejo de información, que garanticen su independencia respecto de las presiones políticas y económicas –pp. 89-90–. El derecho de acceso debe ser garantizado (IRME, 2005: 102-103).

LGA, 2010: contrato-programa –art. 32–; derecho de acceso –art. 28–.

Derecho de acceso: facilitar la participación de los ciudadanos (UNESCO, 2005).

La Corporación RTVE suscribió en efecto su mandato marco a nueve años, pero el contrato-programa nunca ha sido formalizado ni con el Gobierno ni con el Parlamento, pese a plazos legales perentorios insertados en la Ley de Reforma de 2006 y en la LGA de 2010.

En cuanto a las RTVAA, el panorama es caótico, ya que según análisis recientes solo tres entes públicos contaban con mandatos-marco y cuatro habían firmado contratosprograma alguna vez, la mitad de los cuales ya estaban caducados en 2011 (Fernández y Fernández, 2012). Ello no quita la conclusión de que las televisiones autonómicas han jugado un papel decisivo en la oferta de muchos programas de servicio público, especialmente en la información, ni niega que han desempeñado un papel decisivo como motor de la producción audiovisual local, tal y como ha mostrado un informe reciente (Accenture, 2012); aunque los abundantes datos de este informe puedan ser cuestionados por tratarse de un estudio de encargo de parte –la FORTA, Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos–, hay ya investigaciones académicas independientes que lo corroboran (Casado del Río, 2012). Por lo demás, las radiotelevisiones autonómicas, drenadas en sus audiencias por la hiperfragmentación general, mostraban en cambio un notable liderazgo en términos de share de sus informativos diarios con su atractivo de proximidad –en torno al 15% en 2014.

Los matices por comunidades son sin embargo importantes, especialmente en los canales nacidos desde el año 2000, ya que muchos de ellos acudieron rápidamente a una externalización que en ocasiones llegaba a los contenidos estrictos de servicio público, y en algunos casos alcanzaba hasta los propios informativos, a despecho de las previsiones legales de la Ley General del Audiovisual de 2005. Más allá de la discusión sobre las ventajas y problemas del outsourcing en este sector, aceptable parcialmente en ocasiones para ahorrar costes y dinamizar la industria audiovisual local –como en Asturias o Aragón inicialmente–, las externalizaciones abusivas de algunos canales llegaban a pervertir la propia esencia de la misión informativa del servicio público, sin dejar de hacerla compatible con las manipulaciones gubernamentales a través de «editores» internos, y beneficiaban preferentemente a grupos empresariales ajenos a la región (Sarabia, Sánchez y Cano, 2012).

Sobre este panorama, ya incierto, la Ley 6/2012 –BOE de 2/8/2012– volvió a modificar la Ley General Audiovisual de 2010 –artículo 40, apartados 2 y 3–para permitir que los gobiernos autonómicos pudieran «flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómica», es decir, privatizar o externalizar a voluntad de cada partido en el poder la gestión de los canales autonómicos y sus servicios públicos esenciales, incluyendo los servicios informativos.

El cambio legal estaba hecho a medida de Telemadrid o Canal Nou (RTVV) de Valencia, caracterizadas desde hacía años por su gestión de despilfarro económico y por su manipulación descarada de la información, y castigadas por su caída libre de audiencias –menos del 4,5% en 2012–, que podrían así confiar completamente su gestión a empresas privadas después de ejecutar ERES masivos que pusieron inmediatamente en marcha: Telemadrid, con pérdidas de 48 millones de euros en 2012 y una deuda acumulada de 280 millones, planteó un plan de eliminación –Deloitte y Cuatrecasas– de 925 puestos de trabajo –un 78% de su plantilla–; RTVV, con un endeudamiento total de 1.300 millones de euros, planificó un ERE de 1.198 empleos –un 76% de su plantilla–, cuyo rechazo por los tribunales determinó su cierre total el pasado 29 de noviembre de 2013.